La foto en la Casa Rosada de todas las fracciones de la burocracia sindical de la CGT y de los gobernadores del FpV-PJ con Mauricio Macri dice más de la situación política que muchos editoriales de los diarios. El apoyo a lo que fue presentado como un “plan universal de salud” no es otra cosa que el reconocimiento de la confiscación de los fondos de las obras sociales que comenzó el kirchnerismo y ahora remata el macrismo. De los 29.000 millones de pesos adeudados (70.000 millones de pesos si hubieran sido indexados), sólo el 10% será devuelto de inmediato a las obras sociales. Del 90% restante el gobierno se apropiará la mitad para financiar el sistema público de salud y la otra mitad será devuelta a las obras sociales con bonos, lo cual supone otra quita importante.
La misma naturaleza confiscatoria tiene el pacto firmado por los gobernadores para la distribución de los fondos de la coparticipación federal. Las provincias no sólo deberán esperar para recibir los fondos que le debe el Estado nacional, sino que además se echará mano a los fondos de la Anses para cubrir parte de la deuda. Así, mientras los jubilados recibirán una fuerte quita de la deuda que la Anses tiene con ellos por la mala liquidación de haberes, los fondos previsionales seguirán siendo utilizados para cubrir gastos que corresponden al Tesoro.
Gobernabilidad
En el macrismo festejaron la foto conjunta, señalando que se trata de una señal favorable para la “gobernabilidad”. El solo hecho de que ésta sea la preocupación demuestra que es más un gesto de debilidad que de fortaleza. El cuadro de bancarrota económica y de disolución política, luego de ocho meses de gobierno, se ha agudizado. El macrismo no puede gobernar sin el concurso de la oposición y de la burocracia sindical. El oficialista Clarín hizo gala de una sinceridad brutal al señalar que, incluso en este cuadro, Macri caracteriza que una movilización acotada de la CGT serviría como válvula de escape ante una presión social que se acumula y amenaza con explotar. De este modo, deschavó el verdadero objetivo que está detrás de la unificación de la CGT.
La gobernabilidad no sólo está en juego para el macrismo sino también para los gobernadores. La asistencia perfecta de éstos a la Casa Rosada, incluyendo a Alicia Kirchner, muestra que la situación de las provincias es aún más delicada que la del gobierno nacional. Como resultado de la rebaja de las retenciones y de la caída de la actividad económica, los ingresos impositivos provinciales han sufrido un fuerte deterioro. La respuesta a esta situación ha sido recurrir a un mayor endeudamiento, siguiendo la receta del gobierno nacional. Se trata, sin embargo, de una respuesta precaria y de corto plazo. Las perspectivas hablan de una agudización de la crisis. En la mayoría de los casos los gobiernos provinciales deberán hacer frente al reclamo de una reapertura de paritarias, agudizando la crisis fiscal.
Bancarrota económica y social
La preocupación por la gobernabilidad es el resultado directo de la agudización de la bancarrota económica. Las medidas tomadas por el macrismo no han hecho más que agudizar la ‘herencia recibida’ del kirchnerismo. Ninguna de las medidas económicas adoptadas cumplió las premisas establecidas por el gobierno. La devaluación no reavivó el comercio exterior, que sigue por el piso. En un cónclave de la burguesía industrial realizado en Córdoba, crecieron los reclamos favorables a una nueva devaluación. El ajuste realizado hasta el momento, con despidos y tarifazos, no impidió que se agrave el déficit fiscal. La necesidad de cubrir este déficit con endeudamiento aceleró la emisión monetaria. Se estima que el techo de asistencia del BCRA al Tesoro establecido en 160.000 millones de pesos será duplicado. Esto porque a la asistencia directa comprometida por el BCRA debe sumarse la emisión que éste debe hacer para comprar los dólares provenientes del endeudamiento. Como luego el BCRA tiene que esterilizar esa emisión con Lebac, que pagan un promedio de 30% anual, el costo total del endeudamiento debe contemplar la tasa de interés del préstamo tomado por el Tesoro más la que paga el BCRA por las Lebac. Varios economistas establecieron que la tasa total es del 12% anual en dólares, sólo compatible con un país en bancarrota. Este cuadro explica por qué la inflación no se reduce a pesar de la gran recesión, y que incluso muchos teman un rebote inflacionario.
En estas condiciones, el gobierno se aferra al blanqueo de capitales votado por el Congreso como si fuese su tabla salvadora. Sin embargo, dicho blanqueo no va modificar la sequía de inversiones, que tiene como causa de fondo la caída de la tasa de beneficio del capital. Muchos de los fondos blanqueados quedarán en el exterior, lo cual ha generado una nueva oleada de creación de empresas off shore. Tampoco los impuestos que se cobrarán sobre ese capital declarado revertirán la crisis fiscal.
El peso fundamental de esta bancarrota económica recae sobre las masas, agudizando todas las contradicciones de la crisis social. Existe una conciencia extendida sobre el peligro de una intervención popular que ponga las cosas en su lugar. Esto explica las maniobras de la Justicia para administrar el tarifazo y las alusiones del Papa a los altos índices de desocupación. El temor por la gobernabilidad no tiene que ver con las internas palaciegas del pejotismo, sino con la acción directa de las masas que puede despertar el ajuste en curso. Por eso las medidas de contención se combinan con acciones represivas, entre las que se destaca el fallo de la Corte Suprema contra el derecho a huelga de las comisiones internas y seccionales, que se quiere poner en marcha ahora contra el “Pollo” Sobrero y la seccional Sarmiento de la Unión Ferrovaria.
Actuar
La clave de la situación actual se concentra en impulsar la lucha de los trabajadores y de los sectores populares contra el ajuste. Esto requiere una delimitación con la burocracia sindical, comprometida hasta la coronilla con la política oficial, y con el kirchnerismo, quien por boca de Cristina Kirchner reconoció que “no tiene voluntad opositora”. La ex presidenta ha sepultado para siempre el nonato Frente Ciudadano, reemplazándolo por devaneos inconducentes con Sergio Massa.
La movilización del 9 de agosto, convocada por sectores del movimiento obrero combativo, organizaciones sociales y la izquierda, debe ser un primer paso en ese sentido. La movilización levanta las consignas centrales de la etapa: anulación del tarifazo, reapertura de paritarias, abajo los despidos y suspensiones, eliminación del impuesto al salario, defensa del derecho de huelga (fallo de la Corte y ataque a los ferroviarios de Oeste). Se trata del programa que concentran las luchas que están en curso, desde el cacerolazo contra el tarifazo hasta el parazo de los docentes de la provincia de Buenos Aires por la reapertura de las paritarias.
Para la izquierda, y en particular para el Frente de Izquierda, la gran tarea es impulsar todas las movilizaciones, colocándose a la cabeza de las luchas contra el ajuste, ante la deserción de todo el arco opositor, ya sea kirchnerista o centroizquierdista. Se trata de desarrollar las condiciones para que la polarización social evolucione a una polarización política, entre el gobierno ajustador y la izquierda revolucionaria y la clase obrera. Sobre esta base, llamamos al Frente de Izquierda a impulsar con todo la movilización del 9 de agosto en todo el país.
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