El gobierno busca recomponer la autoridad de las Fuerzas Armadas para apuntalar sus planes de ajuste.
Una línea une las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los
indultos de Menem y el nombramiento de Milani al frente del Ejército: el
afán de los gobiernos constitucionales de turno de contar con el apoyo
de las fuerzas armadas.
Con el Juicio a las Juntas, Alfonsín circunscribió las
responsabilidades a cinco o seis militares; Menem los indultó, De la Rúa
rechazó su extradición a Europa. Cristina se ilusionó con dar vuelta la
hoja de los juicios -que abarcan a una parte minoritaria de los
represores y dejan impunes a sus cómplices civiles- antes del final de
su mandato. Ahora Macri quiere mandar a los genocidas a sus casas.
Es un paso ineludible para restaurar la autoridad de las fuerzas
armadas. Ante la crisis, los militares son el último recurso de la
“democracia” frente a la “conmoción social”.
El caso argentino es peculiar, porque el fracaso de la dictadura y el
movimiento de derechos humanos local -que enlazó la lucha contra la
impunidad de la dictadura con la lucha contra el “gatillo fácil”, las
redes de trata y la criminalización de la protesta de las democracias-
pesan sobre ella como una hipoteca. A Duhalde, la masacre de Avellaneda
le costó el gobierno.
Una política definida
Las editoriales pro-amnistía de La Nación, el “exabrupto” de Lopérfido
sobre los 30 mil desparecidos, las entrevistas del secretario de
Derechos Humanos Avruj con los familiares de los milicos “víctimas del
terrorismo”, los desfiles del Bicentenario, entre otros, conforman una
política definida. En la lista habría que incluir, además, la invitación
de “Piter” Robledo a los nazis del partido Bandera Vecinal -con
arraigados vínculos en el aparato represivo- y otros simbolismos, como
la reivindicación oficial del prólogo original que Ernesto Sábato
escribió para el Nunca Más, fundacional de la “teoría de los dos
demonios”. Hasta en la Plaza de la Memoria, en Tecnópolis, el gobierno
borró toda referencia a la lucha de los organismos de derechos humanos y
a la cifra de los 30 mil.
Patricia Bullrich, el ministro de Defensa y el Estado Mayor Conjunto
vienen manteniendo discretas reuniones en el marco de la “emergencia de
seguridad” que declaró el gobierno a principio de año. Este giro está
acompañado con anuncios y medidas concretas, como el “protocolo
represivo” de Bullrich-Macri y el reforzamiento de las detenciones
arbitrarias de la policía en la vía pública (ídem, 23/7); la reanudación
de los intercambios con el FBI y la DEA y la mayor penetración de
Interpol en el control de las fronteras y puntos de acceso al país.
Empalma con el regreso de “Jaime” Stiuso y la restauración de la “pista
iraní” de Nisman, la CIA y el Mossad por el atentado a la Amia y “la
preocupación oficial por posibles objetivos del terrorismo en el país”
(Clarín, ídem), porque la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”
es la vía predilecta de la militarización fronteras adentro y de la
penetración de los servicios de inteligencia extranjeros.
Desde las gestiones K, tropas argentinas integran las misiones de la
ONU en Haití y Sudán y prestan “apoyo logístico” en las fronteras
(operativo “Escudo Norte”). En el mismo sentido deben apuntarse las
leyes antiterroristas del kirchnerismo. Por otra parte, la incorporación
de las fuerzas armadas a tareas de “seguridad interior” -en general, en
nombre de la “lucha contra el narcotráfico”- figuró en las campañas
electorales de Massa y Scioli-Berni.
El macrismo apura esta restauración reaccionaria para apuntalar sus planes de ajuste contra los trabajadores.
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