The people united will never be defeated - ¡Proletarios del mundo, uníos!

lunes, 17 de octubre de 2016

La burguesía no paga impuestos

500 pesos por hectárea por año en la mejor tierra
 
13 de octubre de 2016 | #Prensa Obrera 1432 | Por Christian Rath


La gobernadora María Eugenia Vidal ha confirmado que no aplicará el revalúo sobre tierras y propiedades. Propone, en el presupuesto que acaba de presentar, un 35% de aumento en el inmobiliario -rural y urbano. El inmobiliario rural se basa en la aplicación de una alícuota sobre una base imponible que es la valuación fiscal de la tierra libre de mejoras. Es esta valuación la que no se toca.

De este modo se consagra la continuidad del desfalco que ha convertido al impuesto inmobiliario rural en un tributo en extinción.

La hectárea en Pergamino, en una de las zonas más ricas de la pampa húmeda, está entre 8 y 10.000 dólares. Un propietario paga $ 527 por hectárea por año en concepto de impuesto inmobiliario rural.

En Guido, una zona de menor calidad de suelo, en la que el valor de la hectárea puede estar en el orden de los 1.000 dólares, el propietario paga $ 41,90 por hectárea por año.

La gobernadora puede alegar, en su defensa, que Felipe Solá, Daniel Scioli y Sergio Massa fueron parte de este exterminio del impuesto.

En 2012, el entonces gobernador Scioli impulsó un revalúo impositivo que redituó solo monedas. De paso, reveló el carácter rabiosamente capitalista de La Cámpora, del PS y sus aliados del FAP. Frente a un retraso del 98% de la valuación rural en dólares, el revalúo se limitó a un 40%. El inmobiliario rural en relación al total de los recursos de la provincia siguió cayendo: en el 2015, no fue más que el 1,2 % del total.

En treinta años

En 1984 el impuesto inmobiliario rural representaba el 36 % de los ingresos totales de la provincia de Buenos Aires1. En 2014, como queda dicho, no llegó al 2 %. El rechazo de los terratenientes a todo revalúo se refuerza, además, porque un cambio en la valuación establece una base sobre la cual se pueden cobrar varios impuestos.
“Hubo intentos anteriores por hacer una revaluación, como en 1974, pero no se llevó a cabo. Lo que se hizo mientras tanto fueron actualizaciones, que aumentan un cierto porcentaje por zonas o por otras características, pero sin una evaluación detallada por terreno” (Carlos Martínez, investigador, en chequeado.com). Lo que no se dice, además, es que las “actualizaciones” están tercerizadas y los terratenientes pagan para que el profesional a cargo disminuya lo más posible el tributo a pagar.

(Ni mencionar que la ley provincial “obliga” a realizar el revalúo, cuanto menos, cada diez años).

La demolición del impuesto inmobiliario rural es una tendencia de conjunto. En Santa Fe y Córdoba la recaudación por este tributo es tan insignificante como en Buenos Aires. Ha desaparecido la progresividad en un impuesto que nació como tal. En la provincia de Buenos Aires un mismo propietario se oculta detrás de distintos armados societarios y tributa solo por cada propiedad y no por la totalidad de sus explotaciones, lo que implicaría una alícuota mayor. En Córdoba el inmobiliario rural directamente no tiene tramos por escala. Tributa lo mismo un campo de 100 hectáreas que uno de 10.000.

Esto sin contar la evasión directa que tiene “premio”: en cinco años prescribe toda pena o multa.

Los propios protagonistas del desfalco, además, evaden otros impuestos. Un estudio hecho a partir de 8.800 propiedades fiscalizadas por imágenes satelitales en la cuenca sojera en torno a Junín, reveló que las dos terceras partes evadían Ingresos Brutos porque no estaban declaradas en ningún lado (Arba, Informe enero 2009).

Quién paga la deuda pública

Los terratenientes alegan que la tierra debe abonar por su productividad y no por el valor comercial de la hectárea, siendo que este último valor es una expresión de la renta agraria en la explotación económica.

Invocan, además, que aún al día de hoy siguen pagando retenciones a la exportación, cuando lo que se paga en concepto de impuesto inmobiliario corresponde al aumento que se ha producido en la valorización de las propiedades -que ha seguido una línea ascendente, con sus oscilaciones, en los últimos veinte años.

Lo concreto es que el desfalco del inmobiliario rural es la contracara de la confiscación que sufre el salario. Con un IVA del 21%, más el impuesto a los Ingresos Brutos, el inmobiliario urbano en lo que le cabe y otros impuestos, el trabajador aporta más del 35 % de su salario en concepto de gravámenes en beneficio del Estado. ¿A cuánto asciende esta confiscación si se le suma la inflación?

La decisión de la gobernadora de suspender el revalúo quizás haya tenido que ver en la aceptación de la marcha atrás del gobierno en cuando a la rebaja de 5 puntos a las retenciones de la soja. “Llegó a tal grado el nivel de cautela de no hacerle pagar al gobierno los costos políticos de la decisión que la medida fue aceptada y comprendida por la mayoría de la dirigencia gremial” (La Nación, 8/10).

1. Alejandro López Acotto, Carlos Martínez y Martín Mangas, Finanzas provinciales e impuesto inmobiliario, UNGS, 2014.

Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1432/politicas/la-burguesia-no-paga-impuestos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Politica Obrera

Luchar, Vencer , Obreros al Poder