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martes, 13 de diciembre de 2016

Gas: se viene un megatarifazo

7 de diciembre de 2016 | #Prensa Obrera 1440 | Por Gabriel Solano
 
TARIFAZO

Metrogas y GasBAN han reclamado aumentos de más del 600%
 
Las audiencias que se están realizando en estos días, en distintos puntos del país, para establecer el porcentaje del aumento que recibirán las empresas transportistas y distribuidoras de gas vienen a terminar de convalidar un sistema de tarifazos permanentes, cuya aplicación conlleva una confiscación de los usuarios en beneficio de un puñado de empresas privatizadas.
 
En octubre pasado, el gobierno premió a las petroleras con un aumento que osciló entre el 200 y el 400% para el gas en boca de pozo, sin haber hecho públicos los verdaderos costos de extracción y tomando como parámetro el precio de importación del mismo. Con ello, se estableció un régimen de ajustes semestrales en función de un sendero de valores en dólares hasta 2019.
 
Ahora, llegó el turno de premiar a las empresas transportadoras y distribuidoras de gas, las otras dos partes que componen el precio final de la boleta de gas. Las empresas que monopolizan el transporte (TGN y TGS) han reclamado un aumento del 26,7%. A ello, debe sumársele la distribución. Metrogas y GasBAN ha pedido aumentos en los cargos fijos y variables. 
 
Metrogas ha solicitado un aumento del cargo fijo del 566% y del cargo variable del 27%. GasBAN ha solicitado un aumento del cargo fijo del 110% y del 33% del cargo variable. Este mega-aumento del cargo fijo será para todos los usuarios, ya que aumenta independientemente del consumo. Por ello, perjudica con mayor fuerza a los sectores con menos ingresos que son quienes también menos consumo de gas realizan. El aumento del cargo variable, por su parte, implica beneficios de más del 100% para las empresas, siendo que la distribución representa aproximadamente un cuarto del precio final de la factura.
 
Las distribuidoras y transportadoras también reclaman nuevos aumentos para el año que viene. De aprobarse su propuesta, la tarifa del gas sufriría durante 2017 los siguientes aumentos: en enero y en julio de los montos solicitados hoy (de casi el 600%) y en abril y octubre del que surja de la fórmula de ajuste decidida tras la audiencia pública de septiembre que depende del tipo de cambio y que están autorizados a aplicar automáticamente. Se trata de una seguidilla de aumentos que supera por mucho la inflación del 17% planteada en el Presupuesto 2017. El gobierno utiliza como criterio esta “inflación futura” para imponer techo a las paritarias en un 20% pero las privatizadas ajustarán la tarifa según la inflación acumulada.  
 
Estos aumentos, ya de por sí confiscatorios, se agravarán si la presión devaluacionista sobre el peso termina llevando el dólar a los 25 pesos, reclamados por los lobbistas de la Unión Industrial. Este sistema de dolarización injustificado -porque los costos son en pesos y no en dólares- ya colapsó en el pasado con la crisis de 2001. La “emergencia económica” posterior compensó a las empresas con subsidios millonarios, lo cual no fue obstáculo para que realicen juicios por miles de millones de dólares en el Ciadi por incumplimiento de los contratos. Estos juicios, que fueron reconocidos por el gobierno anterior, engrosan la deuda externa del país.
 
Es evidente que la política del gobierno apunta a repetir la misma experiencia que llevó al país a la bancarrota. Si la dolarización de tarifas bajo un tipo de cambio fijo como la convertibilidad permitió ganancias siderales, ni qué hablar de las que generará con un tipo de cambio libre, en medio de presiones devaluatorias explícitas. El lobby devaluador ganará nuevos adeptos, pues del nivel que tenga el tipo de cambio dependerán las ganancias de las privatizadas y petroleras.
 
Es necesario pegar un viraje de 180 grados. En primer lugar, debe anularse la dolarización de tarifas e investigarse el uso dado a los subsidios millonarios que el Estado repartió sin control entre las mismas empresas energéticas que hoy reclaman este tarifazo en nombre de las inversiones que  no realizaron en el pasado. Una auditoría independiente debe establecer el verdadero costo de extracción, transporte y distribución, única manera de determinar las tarifas. Un programa de este tipo requiere la nacionalización integral del petróleo y gas, y de las redes monopólicas de transporte y distribución.
 
 

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