25 de febrero de 2016
|
#1400
| Por Marcelo Ramal
El masivo paro estatal del 24 ha dejado conclusiones políticas de fondo
A sólo
sesenta días de su asunción, la clase obrera hizo valer un
pronunciamiento claro contra la agenda ajustadora y procapitalista del
gobierno.
El masivo paro estatal del 24 ha dejado conclusiones políticas de
fondo, más allá de una adhesión que superó los cálculos -y la
orientación- de sus propios organizadores. El paro recogió la adhesión y
simpatía de una clase obrera golpeada por la carestía, los despidos
estatales y privados y la persistencia del impuesto al salario. Ello se
tradujo en las columnas de los sindicatos y comisiones internas que
también pararon y se movilizaron, bajo la acción del clasismo. Pero el
24 también representó un golpe monumental al protocolo represivo de
Bullrich-Macri: las “reglamentaciones” redactadas por los burócratas
oficiales sencillamente sucumbieron ante la masividad de las columnas de
trabajadores -el gobierno debía optar entre una represión abierta, sin
la menor condición política para ejercer, o la contemplación de las
columnas, que es lo que finalmente hizo. A sólo sesenta días de su
asunción, la clase obrera hizo valer un pronunciamiento claro contra la
agenda ajustadora y procapitalista del gobierno.
Crisis política
Esta irrupción obrera se produce en medio de una crisis política del
gobierno “Cambiemos”. El “rodrigazo” en cuotas o “gradual”-devaluación
primero y tarifazo después- terminó sacando a la superficie todas las
contradicciones de la quiebra nacional. Para resarcirse del tarifazo, la
patronal industrial y agraria reclama otra devaluación, un planteo que
se acentúa con la caída de los precios internacionales y el derrumbe de
la economía brasileña. La cosecha continúa siendo acaparada, a la espera
de una devaluación mayor. Por el mismo motivo,la f uga de capitales y
las reservas internacionales han vuelto a drenar. “Gradualmente”, se
configura el escenario de una corrida cambiaria.
El desmadre económico acentúa las urgencias oficiales para lograr un
socorro financiero internacional. Pero ese auxilio está condicionado al
arreglo con los fondos buitre, cuya factura superará los 15.000 millones
de dólares. Cuando se suma esa deuda al conjunto de las hipotecas
pendientes, se tiene que la deuda argentina se acerca a la mitad de su
Producto Bruto, muy por arriba del “desendeudamiento” celebrado por
igual por kirchneristas y los actuales oficialistas.
Pero el rescate financiero conducirá a nuevas contradicciones. El
gobierno deberá emitir moneda como contraparte de los dólares que
ingresen, o sea que el reendeudamiento también será inflacionario.
A partir de este cuadro, un sector de la burguesía y del propio
gobierno ha salido a criticar el “gradualismo” y reclama un ajuste
fiscal a fondo (tarifazos de todos los servicios y el transporte,
despidos masivos en la administración pública) como preludio de un nuevo
endeudamiento. Quieren deflacionar la economía por medio de una
recesión, cuyo objetivo inmediato sería liquidar el capital sobrante y
producir una desvalorización histórica de la fuerza de trabajo, en este
caso, por la vía de golpear la capacidad de acción de la clase obrera.
Pacto buitre
Es claro, a partir de lo anterior, que el acuerdo con los buitres sería
la piedra angular del nuevo régimen político que quiere poner en pie el
macrismo. Los buitres más recalcitrantes exigen que el Congreso derogue
primero las leyes cerrojo y de pago soberano como condición para
finiquitar un acuerdo. O sea que es el capital financiero quien está
diseñando los términos del nuevo régimen político en Argentina. Las
diferentes muestras de gobernabilidad que han brindado el kirchnerismo y
el pejotismo en estos sesenta días son el anticipo del compromiso
político en ciernes para cerrar el acuerdo con los buitres. Por lo
pronto, los gobernadores pejotistas -con Urtubey a la cabeza- lo apoyan
sin reservas, ya que dependen de él para habilitar una escalada de
endeudamiento de sus provincias.
De este modo, el “bonapartismo de verano” que representaba el régimen
de los decretazos le abre paso a una coalición de “acuerdos a medida”,
según la agenda de la crisis. Es claro que estos acuerdos funcionan
sobre la base de componendas y trenzas extraparlamentarias, convirtiendo
al Congreso en una mera escribanía. Detrás del folklore de las plazas
del aguante, los camporistas mantienen sus lazos politicos y
parlamentarios con los gobernadores del ajuste y se han disciplinado a
una “normalización” del pejota que tendrá como cabeza a Barrick Gioja.
La izquierda
La huelga y las manifestaciones de este 24 han sacudido esta modorra de
pactos, así como la pretensión de confinar la crisis política a un
supuesto conflicto entre macristas y kirchneristas. La plaza de este 24
exhibió la verdadera grieta: de un lado, los trabajadores cesanteados o
precarizados; del otro, los gobiernos ajustadores, de Macri a Alicia
Kirchner, pasando por el massista Morales y los intendentes camporistas
del conurbano.
Pero más allá de los despidos, la agenda de la clase
obrera está sacudida por la crisis de la paritaria docente, donde las
marchas y contramarchas oficiales delatan el terror del gobierno a que
el ciclo lectivo se inaugure con un paro general docente; por el fiasco
del impuesto al salario, donde el decreto macrista ha terminado
incorporando miles de trabajadores a esta confiscación, y, naturalmente,
por la carestía, que mete mayor presión al conjunto de las paritarias.
La izquierda debe tomar nota de este cuadro y tomar la iniciativa, por
medio de una enérgica agitación política. Es necesario explicar a fondo
la dimensión nacional e internacional de la crisis en curso, no sólo
para que la clase obrera defienda sus conquistas amenazadas sino también
para que se erija en alternativa política.