Foto: Ignacio Smith
El veto de Macri a la ley de prohibición de despidos y suspensiones es
mucho más que el intento de establecer un acto de autoridad por parte de
un gobierno de origen minoritario (en la primera vuelta apenas superó
el 30%). Su objetivo de fondo es descargar la bancarrota económica sobre
las espaldas de los trabajadores para recuperar la tasa de beneficio
del capital.
Ofensiva anti-obrera
El lugar elegido para anunciar el veto presidencial -la planta de
Cresta Roja- deja claro cuál es el “modelo” de Macri. La patronal de
Cresta Roja ha reducido en dos tercios el plantel de empleados, ejecutó
más de 2.000 despidos y obligó a los trabajadores a renunciar a su
estabilidad laboral y antigüedad, dejándolos con contratos basura de
renovación trimestral.
En pos de ese “modelo”, Macri ya tiene en carpeta una reforma laboral
flexibilizadora. El primer paso será una “ley de empleo joven”, la cual,
al otorgar a las patronales beneficios impositivos para los nuevos
empleados que contraten, termina por ser un incentivo para despedir a
los “viejos” trabajadores. Pero el asunto no termina allí. El Ministerio
de Trabajo, junto con las cámaras empresarias y la burocracia sindical,
han formado comisiones para discutir la “productividad”, que para los
capitalistas sólo significa una mayor explotación de la fuerza de
trabajo. Con la excusa de un alto ausentismo, quieren establecer el
presentismo a todos los trabajadores y hasta el descuento de los días de
huelga. La reforma podría incluir también la ilegalización de las
huelgas que no sean convocadas por las direcciones sindicales, en un
claro ataque a las luchas por abajo que son motorizadas por el activismo
clasista.
Esta ofensiva contra los trabajadores tiene su capítulo principal con
la desvalorización del salario, que es el resultado de una política
consciente y premeditada del gobierno. Los aumentos salariales están muy
por detrás de una inflación que supera el 40%, como consecuencia de la
megadevaluación y los tarifazos, convalidando una pérdida del poder
adquisitivo de los trabajadores del orden de los 10 puntos porcentuales.
Mientras especulan con la quiebra del Tesoro y del Banco Central, al
cual le prestan dinero a tasas usurarias, los capitalistas le imponen a
los trabajadores la venta de su fuerza de trabajo por debajo de su valor
(la canasta familiar).
Cómplices
Este objetivo antiobrero envuelve al conjunto de la clase capitalista y
sus partidos. Por eso el veto de Macri ha pasado con el aval del Frente
para la Victoria y del massismo. En el Senado, donde tiene más de dos
tercios de los votos, el FpV ya anunció que no piensa insistir con la
ley. Tiene su lógica: los gobernadores que dictan la política en el
Senado aplican ellos mismos despidos o rebajas salariales en sus
respectivas provincias. Horas antes del veto presidencial, los
gobernadores pactaban con Macri un precario rescate financiero de las
provincias, a cambio de un monitoreo del “ajuste” por parte del gobierno
central.
Este pacto del veto y del ajuste incluye a Santa Cruz, gobernada por
una integrante de la familia Kirchner. Su pretensión de imponer una
paritaria de 15%, cuando la inflación patagónica supera incluso la media
nacional por los efectos del tarifazo, ha creado una rebelión
provincial. La docencia, los trabajadores del Estado, e incluso los
obreros de la construcción están en un virtual estado de huelga general.
Una situación similar es la que se vive en Tierra del Fuego, también
gobernada por el Frente para la Victoria, donde los trabajadores
protagonizan una huelga general que supera los 85 días.
La complicidad con el ajuste en marcha alcanza por sobre todo a la
burocracia sindical. En un cuadro de despidos, desvalorización del
salario y continuidad del impuesto a las ganancias sobre los
trabajadores, las cinco centrales sindicales se limitaron a pedirle al
Congreso la aprobación de una ley de prohibición de despidos muy
limitada (con un plazo de vigencia de sólo seis meses y sin
retroactividad para lograr la reincorporación de los 130.000 despedidos
de este año). El recurso de ir al Congreso fue la coartada para dejar a
un lado los métodos de lucha que tienen los trabajadores para pelear por
sus reclamos. Prometieron, sí, que si la ley era vetada convocarían un
paro de repudio. Sin embargo, llegó el veto pero no el paro. A cambio de
ello, la burocracia negoció por lo bajo fondos para las obras sociales,
puestos en el directorio del Pami e impunidad para sus manejos
financieros turbios.
De este modo la burocracia demostró lo que es: un agente de las
patronales dentro del movimiento obrero. Sus intereses de casta se
encuentran totalmente diferenciados de los intereses de los
trabajadores.
Crisis
Pero la ofensiva antiobrera que encabezan Macri y los gobernadores en
nombre de toda la clase capitalista tiene bases endebles. El alcance de
la bancarrota económica corroe la estabilidad del régimen. Las altas
tasas de interés han armado una bicicleta financiera que les facilita
grandes ganancias a los especuladores pero profundizan la recesión
económica. El tarifazo, que beneficia a las privatizadas, no sólo golpea
a las familias sino que agrava los costos industriales y comerciales
neutralizando las ventajas que les dio la devaluación. Su inviabilidad
se prueba en la Patagonia, donde el tarifazo liquida las perspectivas de
regiones enteras y ha colocado a varias ciudades a las puertas de la
rebelión popular. Temeroso de esa perspectiva, el gobierno del “veto”
debió recular parcialmente con los megatarifazos del gas y la luz en el
Sur. Pero la crisis no se ha cerrado, porque los aumentos que se
terminaron convalidando son igualmente confiscatorios.
Este cuadro se agrava considerablemente por la crisis brasileña, que
afronta un retroceso económico y productivo de envergadura. La
devaluación monetaria organizada por Prat-Gay no logró aumentar las
exportaciones, menos aún las industriales, que tienen como destino
exclusivo a Brasil. En este cuadro crecen las presiones capitalistas en
favor de una nueva devaluación que lleve al dólar por encima de los 20
pesos. La política económica oscila entre la hiperinflación y la
recesión económica, dos formas de confiscación de la clase obrera y el
pueblo.
El golpe de Estado ejecutado en Brasil contra Dilma Rousseff, con la
complicidad de Macri, es la última palada de tierra sobre el moribundo
Mercosur.
Después de competir en ver quién desvaloriza más su fuerza de trabajo,
cada gobierno de la región reclama libertad de comercio para cerrar
acuerdos con las potencias imperialistas y China. Las burguesías
nacionales de América latina han sido incapaces de consagrar la
autonomía y la unidad de la región. Sus intereses de clase la llevan a
actuar como fuerzas subordinadas del capital financiero internacional,
condenando a nuestras naciones al atraso y la miseria social.
Nuestra respuesta
La crisis ataca y, a la vez, plantea una oportunidad para los
trabajadores, ya que pone de manifiesto las bases precarias que tienen
el gobierno y los capitalistas para desarrollar una ofensiva en regla.
También facilita la comprensión política de la situación, al colocar a
todos los partidos patronales en el campo del ajuste. Los intentos del
kirchnerismo de actuar como oposición al macrismo no ha superado la
prueba de los hechos. Sus gobernadores son los que aplican el ajuste, y
sus bloques parlamentarios facilitaron el pacto con los buitres.
La clave del proceso político se reduce a lo siguiente: los
trabajadores debemos tomar la iniciativa para enfrentar el ajuste en
marcha, organizando las luchas contra los despidos, las suspensiones, la
carestía y los tarifazos. El programa de esa lucha es claro: ningún
despido ni suspensión; ocupación de la fábrica o repartición que cierre o
despida, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario;
por un salario igual a la canasta familiar, hoy en 20.500 pesos; abajo
el impuesto al salario; por el 82% móvil y un aumento de emergencia para
todos los jubilados, cuya mínima apenas llega a la cuarta parte de la
canasta familiar.
Nuestra consigna de plan de lucha y paro nacional apunta en esa
dirección. Es la necesidad que tienen los trabajadores para derrotar el
ajuste y es la forma de mostrar nítidamente la política traidora de la
burocracia sindical.
Llamamos la atención sobre las grandes rebeliones populares que se van
desarrollando en el país, especialmente en la Patagonia Rebelde. Como
tantas veces en nuestra historia, la resistencia popular contra los
gobiernos antiobreros evolucionó del interior al centro del país. A ese
centro político -a la Plaza de Mayo- marcharon días atrás decenas de
miles de jóvenes junto a la Conadu H, en defensa de la universidad
pública y de los docentes universitarios en lucha.
La pueblada masiva en Comodoro Rivadavia, que reunió la marcha más
numerosa de la historia de Chubut, impuso la vuelta al trabajo de miles
de petroleros. Ese es el camino a seguir para derrotar los despidos, las
suspensiones y las rebajas salariales.
Llamamos la atención, también, sobre el triunfo de una lista combativa y
clasista en el sindicato del Neumático (Sutna), que derrotó a la
burocracia sindical identificada con el kirchnerismo. Muestra que la
recuperación de los sindicatos por parte de los trabajadores es una
transición política en marcha, que da cuenta del agotamiento de la
burocracia sindical integrada al Estado y del surgimiento de una nueva
generación de luchadores obreros. Esa transición se enlaza con otra
cuestión de fondo: la superación política del peronismo por parte de una
fracción creciente de la clase obrera, que lucha por una perspectiva
política independiente de los trabajadores, anticapitalista y
socialista. Por referencia a esos extraordinarios avances, todo
seguidismo al kirchnerismo, una fuerza del ajuste que se hunde en medio
de los escándalos por corrupción, es un crimen y una formidable
regresión política. El “frente único” que tenemos que impulsar para
derrotar el ajuste debe tener una base de clase, para luchar contra el
gobierno y las patronales.
Esta es la perspectiva con la que el Partido Obrero desarrolla el
Frente de Izquierda. Sobre esta base llamamos a reforzar la lucha contra
el ajuste antiobrero y a desarrollar la construcción de una alternativa
política de los trabajadores.
22 de mayo de 2016