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viernes, 17 de noviembre de 2017

El 6, todos a Plaza de Mayo

16 de noviembre de 2017 | #Prensa Obrera 1482 | Por Néstor Pitrola

En Prensa Obrera N° 1.481 publicamos la iniciativa de impulsar una movilización de sindicatos y organizaciones sociales por parte de la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, votada en su Mesa Nacional, a partir de una campaña política nacional contra la reforma laboral, jubilatoria e impositiva, es decir contra la ofensiva capitalista en marcha contra los trabajadores. Nuestra campaña de clarificación política se dirige al conjunto del movimiento obrero, para ello nos dirigimos a todos los trabajadores con El Clasista y, próximamente, con un folleto explicativo y didáctico, punto a punto, de la reforma laboral en marcha.

La campaña de agitación política es insustituible para llevar la comprensión a todos los trabajadores y, especialmente, a la vanguardia obrera de activistas sobre el alcance de la ofensiva y el papel de la CGT, cuyo triunvirato viene tejiendo un pacto con Macri alrededor de una flexibilización aguda de la ley laboral y los convenios con la excusa de que eso dispararía las inversiones y el blanqueo laboral. La base de esta política es un aumento sustancial de la tasa de explotación de los trabajadores; un ataque a los jubilados de enorme magnitud, que financiará rebajas impositivas y de cargas sociales a las patronales, y un pacto con los gobernadores propios y del PJ, que viabilizará los impuestazos en las provincias y el pasaje por el Congreso de las reformas laboral, jubilatoria y tributaria. Un gran acuerdo contra la clase obrera, por parte de Cambiemos y las distintas alas del peronismo. Su primer acto ha sido la aprobación del Presupuesto de la provincia de Buenos Aires, con el voto de todos, a excepción del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Nuestra política

Nuestra política es dirigirnos a todos los sindicatos argentinos que serán sacudidos en sus bases y cuerpos de delegados por semejante ofensiva, impulsando asambleas y plenarios, pronunciamientos, discusiones programáticas y aún mesas redondas, motorizando el apoyo a cada lucha parcial y preparando al movimiento obrero para quebrar el pacto en marcha y, más tarde o más temprano, reunir la fuerza para irrumpir en la arena nacional a derrotar el ajuste.

En este marco realizamos una ronda de reuniones y contactos con CTA Autónoma (ATE, APM, etc.), Unión Ferroviaria de Oeste, Aceiteros Federación y Capital, Ademys, ATE Sur y distintos sectores del sindicalismo docente combativo y, al mismo tiempo, participamos en una reunión en la carpa de Pepsico impulsando la movilización. Por su parte, y sin participación alguna de nuestra parte, la CTA articuló la participación del trío de organizaciones de la “economía popular” que son parte de la Mesa de la Emergencia Social con el gobierno de Macri, un sector de fuerte vinculación con el Vaticano alrededor del eje de la contención social a la pobreza.

En ese marco giramos y publicamos una propuesta de programa de convocatoria a la movilización. El programa incluye la denuncia de los convenios flexibles de Vaca Muerta y Atilra (kirchnerista), a lo que habría que agregar el convenio del Estado por Productividad y Presentismo firmado en julio por UPCN y por ATE “en disconformidad” y, ahora, el pacto de la UOM (también kirchnerista) de Tierra del Fuego, congelando los salarios hasta el 2020 para financiar la promoción industrial del bolsillo de los trabajadores.

Hacia el 6 de diciembre

El martes 14 de noviembre, unos 50 dirigentes se reunieron para dar forma definitiva a la movilización, al programa, a su fecha y escenario, y al método de intervención en el movimiento obrero para llevarla adelante. La movilización será el 6 de diciembre de Congreso a Plaza de Mayo. Su eje es la lucha contra la reforma laboral, hay un programa básico de acuerdo que publicamos en estas páginas y culminará en un acto con oradores, lo que resulta fundamental para nosotros para que cada organización exprese su planteo político hacia el movimiento obrero.

La CTEP no ocultó su vinculación con el “nuevo obispado progresista” y puso su eje en la pobreza (léase asistencialismo), lo que rememora los planteos del Frenapo que otrora agrupara al degennarismo con el ARI de Carrió o al Concejo Consultivo de Duhalde en los tiempos del post Argentinazo. Los representantes de la CTA Autónoma, ya sin Micheli definitivamente, no formularon un planteo de este tipo aunque se mostraron en tándem con la CCC (Encuentro Popular) y proclives a los acuerdos con la CTEP que políticamente acaba de jugar con Randazzo, la financiada variante bonaerense del peronismo post cristinista. Los planteos de movilizar al Congreso y no a Plaza de Mayo, indicaron cierta orientación para favorecer la ley de emergencia alimentaria que prepara este sector, como continuidad de su política asistencial.

Los planteos de la izquierda

La izquierda no ahorró sorpresas. El “Pollo” Sobrero planteó hablar con la CGT, con la CTA Yasky, con todos los sectores, en función de que habría “debates internos” en sectores de la central obrera. Fue parte de una negativa cerrada a denunciar el pacto Macri-CGT y despreció el programa en debate “porque a la reforma laboral la derrotamos todos o no la derrota nadie”. Aceiteros fue también opuesto a cualquier “agravio” a la CGT, pero marcó que no hay nada que hacer hoy atrás de ellos. El PTS, a través de distintos representantes planteó otra idea sorprendente: que la CGT -que negocia la ley punto a punto- se ponga a la cabeza del movimiento obrero contra la reforma. Izquierda Socialista reivindicó sin ambigüedades la movilización a Plaza de Mayo por el programa propuesto.

El debate del papel de la CGT es ciertamente crucial, recordemos también que el trío CTEP-CCC-Barrios de Pie, es la “pata social” del “diálogo” Triaca-Triunvirato cegetista. Es decisivo porque las distintas alas del PJ se apoyan en la burocracia sindical peronista: “nada que rechacen los sindicatos será aprobado”, lo que en buen romance significa que aquello que aprueben pasa, porque los “aprobaron los sindicatos de Perón”.

En resumen, los acuerdos de movilización alcanzados tienen el valor de colocar una referencia de lucha, mientras la CGT entrega al movimiento obrero. Pero servirá en la medida que pueda contribuir a una perspectiva política independiente en el movimiento obrero que se irá dirimiendo en la arena de lucha de clases, paro a paro, lucha por lucha, plenario por plenario. Así lo expresaron todos nuestros oradores en la reunión: Romina Del Plá, Alejandro Crespo, Ileana Celotto, Víctor Grosi, Antonio Roselló, Mario Diamonte y María “Tango” (Polo Obrero). AGD-UBA ya tiene mandato resuelto en asamblea general, el Sutna inicia el debate en todo el gremio, lo mismo el Sitraic y así en todas las organizaciones sindicales que integramos.

Hacia una gran movilización nacional


La movilización tendrá carácter nacional, lo que abre de inmediato la deliberación, en todo el país, entre las fuerzas que pueden expresar el movimiento en cada localidad. El paro del Inti, de Fabricaciones Militares, el paro judicial y distintos plenarios ya realizados como el de Astilleros (que se movilizará), al igual que el paro docente del 7 de noviembre de los Suteba Combativos, Aten, Amsafe y Adosac, muestran el enorme potencial de esta convocatoria.
Nuestra política es muy clara. Quebrar el gran acuerdo nacional post electoral en marcha, preparar al movimiento obrero para hacer saltar por el aire el pacto Macri-CGT y trabajar asambleas y plenarios en el rumbo de un Congreso de Bases del Movimiento Obrero para abrir una salida obrera a la crisis, contra la ofensiva antiobrera. El programa de reivindicaciones aprobado es agudo, lo trabajaremos en el movimiento obrero y nuestros oradores de la CSC y del Polo Obrero lo expresarán así en el acto final.

Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1482/sindicales/el-6-todos-a-plaza-de-mayo

jueves, 16 de noviembre de 2017

[Editorial] La hoja de ruta de una gran confiscación social

16 de noviembre de 2017 | #Prensa Obrera 1482 | Por Marcelo Ramal

Nada refleja con mayor contundencia el carácter del “paquetazo” oficial que las declaraciones de apoyo de los directivos de Coca-Cola, por un lado, y de bancos como el HSBC, por el otro. Aunque en ambos casos habían aparecido quejas por algunas de las medidas impositivas -el impuesto a las gaseosas o la ‘renta financiera( lobbystas de mierda )-, los capitalistas saben muy bien lo que está en juego. El paquete oficial es una tentativa extraordinaria por levantar la tasa de ganancia del capital, liberándolo de la carga de varios impuestos y asegurándole la liquidación de conquistas fundamentales de la clase obrera. Los subsidios fiscales a los capitalistas serán compensados con impuestazos al consumo, con despidos estatales y, en lo inmediato, con un saqueo brutal a los jubilados y al Anses. Al compás de la exigencia de los capitalistas, el PJ-FpV y el massismo, junto a sus agentes burocráticos en el movimiento obrero, extreman sus esfuerzos para acordar con el gobierno.

Pagan los jubilados y estatales


En estas horas, el gobierno y los gobernadores del PJ, el FpV, massistas y “socialistas” discutían la letra fina de un pacto fiscal con consecuencias explosivas para las provincias y sus trabajadores. El macrismo exige la eliminación gradual del impuesto a los Ingresos Brutos de las empresas que representa, en promedio, el 75% de la recaudación de los distritos. A cambio de ello, el gobierno les ofrece una mayor tajada del impuesto a las ganancias, a costa de quitársela a la Anses. Como consecuencia de ese despojo, y de la rebaja de aportes patronales que también anunció el gobierno, la caja de los jubilados sufrirá una pérdida anual de 10.000 millones de dólares. Eso explica la anunciada decisión de amputar el sistema de “movilidad” jubilatoria, condenando al 70% de los pasivos a percibir la mitad de una canasta de pobreza. En suma, los jubilados bancarán la eliminación de impuestos a los capitalistas. Pero ello no bastará para cerrar los números de las provincias: por eso, el gobierno apura un nuevo ‘pacto de responsabilidad fiscal’, que implica ajuste en los gastos sociales y despidos. En las negociaciones en curso, el gobierno habría ofrecido tomar a su cargo a las trece cajas previsionales que dependen de provincias, con regímenes jubilatorios propios.

Detrás de esta oferta ‘generosa’, se anticipa la intención de ‘armonizarlas’ de prepo -y a la baja- con los haberes nacionales. El vaciamiento en puerta de la Anses ya ha colocado en la agenda oficial el retorno de la jubilación privada, bajo la forma de un ahorro complementario para quienes pretendan superar los haberes de miseria del sistema oficial. El gobierno ha resignado ciertos impuestos que cuestionaban los lobbyes capitalistas regionales -como el gravamen al vino ( ganaron los lobbystas cuyanos) - pero, al mismo tiempo, anunció la intención de reducir en un 10% la planta de estatales, lo que podría implicar el despido de 70.000 trabajadores. El vencimiento de contratos de miles de precarizados en diciembre coloca a los estatales en urgente alerta.

Pagan las conquistas obreras

En el toma y daca por el reparto de los recursos impositivos, los gobernadores han colocado una cuestión decisiva en la balanza: “el apoyo decisivo de sus diputados y senadores a las reformas que el gobierno busca aprobar, como la tributaria y la laboral” (Clarín, 14/11). El principio rector del paquete oficial es trasladarle a los trabajadores el fardo del ajuste. Nada retrata mejor esta orientación que el acuerdo ‘impositivo’ en Tierra del Fuego, donde la moneda de cambio para el recorte de beneficios a la patronal electrónica… es la aceptación -por parte de la UOM fueguina- de un congelamiento salarial por dos años; o sea, de una reducción de salarios a término del 30 o 40%. Es esta misma orientación la que sigue la burocracia sindical en torno de la reforma laboral. El gobierno le ha admitido al triunvirato cegetista algunos cambios que, bien mirados, sólo apuntan a enmascarar el carácter antiobrero de la reforma. Por ejemplo, acepta incluir en el cálculo de las indemnizaciones a las comisiones -que sólo afectan a un sector particular y reducido de trabajadores- y a las horas extras ¡a sabiendas de que el proyecto prevé eliminarlas por la vía de establecer un banco de horas! El gobierno aceptaría que quien sufre cambios en sus condiciones laborales pueda recurrir a juicio, pero sin asegurarle la reposición en su puesto. Además, gobierno y burócratas discuten instituir una “mesa de diálogo permanente”, para disfrazar una pérdida de derechos laborales que quedaría consumada con la sanción de la ‘reforma’. La burocracia también promete una futura “batalla en la Justicia” en torno de aspectos de la ley que podrían dar lugar a diferentes interpretaciones. Con ello, fingen ignorar el copamiento judicial en marcha por parte del gobierno, con eje singular en el fuero laboral. En cualquier variante, en la reforma quedarán las pasantías precarizadoras para los jóvenes, el indulto a los evasores (blanqueo) y la ‘agencia de evaluación de tecnologías médicas’ para las obras sociales, dirigida a recortarle a los afiliados las prestaciones más complejas y costosas. A cambio de ese ajuste a la salud obrera, y de preservar el monopolio de la representación sindical, la burocracia ha entregado la ‘reforma’ antilaboral.

Pacto político

En su apoyo a este paquete antiobrero -incluso con sus consecuencias devastadoras para los presupuestos provinciales-, los gobernadores de la oposición expresan la dependencia mortal de pejotistas, massistas y también kirchneristas para con la clase capitalista, que está jugada a fondo con los anuncios del oficialismo. Nada de ello exime a la salida oficial de sus enormes contradicciones: el macrismo ha colocado el presupuesto público al servicio de los capitalistas, cuando ese presupuesto -y también el Banco Central y la Anses- carga con los quebrantos de la gestión anterior. La pretensión de resolver esa contradicción con un mayor endeudamiento se enfrenta, por un lado, a los límites de la hipoteca ya existente y, por el otro, a los virajes financieros que impone la crisis capitalista internacional. A despecho de ello, los “nacionales y populares” de diferente laya se han entregado de pies y manos al macrismo. El ‘respeto al mandato de las urnas’ se ha convertido en la coartada para aceptar sin rodeos a esta verdadera confiscación social. Ello no exceptúa a Cristina Kirchner y a su “unidad ciudadana”, a la cual uno de sus mayores laderos -Aníbal Fernández- acaba de declarar extinta, en nombre del retorno al Pejota.

Mal que les pese a todos ellos, el movimiento obrero está siendo recorrido por una verdadera conmoción, como lo revelan distintos plenarios de delegados o asambleas que debaten y rechazan la reforma laboral. En este cuadro, el Partido Obrero ha lanzado una campaña política en regla contra el paquetazo macrista, dirigida en primer lugar a las grandes concentraciones obreras y a los sindicatos. Como parte de ello, la Coordinadora Sindical clasista del PO se ha dirigido a diferentes organizaciones para promover una iniciativa de lucha y movilización contra la reforma, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre y que debería ser el punto de partida de un plan de acción en regla contra el paquete antiobrero. Tomemos a la acción del 6 como un punto de apoyo para redoblar el debate y la organización en todos los sindicatos y lugares de trabajo. Hagamos de esta campaña un gran factor de reagrupamiento político de los luchadores, contra el gobierno ajustador y sus cómplices.
 
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1482/politicas/la-hoja-de-ruta-de-una-gran-confiscacion-social

miércoles, 15 de noviembre de 2017

El 17 de diciembre, Picnic de fin de año del PO

9 de noviembre de 2017 | #Prensa Obrera 1481 | Por Emiliano Fara

En los bosques de Palermo

El 17 de diciembre, en los bosques de Palermo, realizaremos nuestro Picnic anual. Será una jornada de camaradería, debates, entretenimiento y organización, en un marco diferente al que cotidianamente reúne a los trabajadores, jóvenes y mujeres, en la lucha por sus reivindicaciones y la acción política, en la construcción de una alternativa obrera y socialista.

En el marco de la crisis actual, con los planes de ajuste y reformas que plantea el gobierno, y el pacto de éste con la CGT, el Picnic será un terreno de organización y defensa de los intereses obreros y populares.

Las mesas debate reflejarán las acciones y los desafíos que se plantean hacia 2018: la crisis internacional, la lucha docente, la lucha por el “Ni una menos”, los derechos de las mujeres y la lucha por los derechos humanos, y por Justicia por Santiago Maldonado, tendrán lugar en los debates que organizaremos. Habrá, además, una mesa-debate sobre la reforma laboral con sectores de lucha del movimiento obrero.

Habrá, además, todo un espacio de muestras artísticas dedicadas al aniversario de la Revolución de Octubre, continuidad del seminario que estamos realizando y muestras fotográficas de la lucha por Santiago Maldonado.
Están comenzando las inscripciones para los diferentes campeonatos de fútbol masculino de mayores, femenino e infantil. Son varios los equipos que desde varias fábricas de Capital y el Gran Buenos Aires anticiparon su participación. Así como compañeros de los barrios del conurbano, que participan tradicionalmente del torneo, que tendrá más de 20 canchas habilitadas dentro del parque de diez hectáreas. Habrá, además, campeonatos de ajedrez, básquet y vóley.

Tendremos un escenario de tango, folklore y otro de rock. El escenario central contará con la participación de bandas de cumbia, tango y rock de primer orden nacional, en cada caso.

La recreación infantil ya cuenta con una comisión que está organizando el entretenimiento de los cientos de chicos que participarán del Picnic. Talleres de circo, juegos, pintura y plástica serán de la partida junto con los inflables, y el campeonato de fútbol para los más chiquitos.

Ofreceremos un buffet a precios muy populares, con diferentes tipos de menús.

Sumate al Picnic.



Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1481/partido/el-17-de-diciembre-picnic-de-fin-de-ano-del-po

Absolución a delegados de Perfil

9 de noviembre de 2017 | #Prensa Obrera 1481 | Por Nelson Marinelli
 
RESULTADO DE UNA LARGA LUCHA

Gran victoria contra una ofensiva antiobrera y antisindical

El fallo absolutorio de los compañeros de la Editorial Perfil -entre ellos la totalidad de los integrantes de la Comisión Interna- es una enorme victoria de la lucha de los trabajadores de prensa, que fue acompañada, a lo largo de los cuatro años que duró la causa judicial, por amplios sectores democráticos, sindicales combativos, políticos y de los derechos humanos.

Los compañeros habían sido acusados de “atentar contra la libertad de prensa” y por “haber impedido la salida de las publicaciones de Perfil de la planta de impresión de la empresa”. Esto, en el marco de un paro de actividades realizado a fines de 2013 para reclamar la reincorporación de compañeros despedidos. Se trataba de dejar establecido que era penable cualquier demora que una medida de fuerza pudiera ocasionar en la salida o distribución de una publicación o emisión periodística. Y, en consecuencia, dejar abierto el pedido de desafuero y posterior despido, en el caso de los delegados, y el despido directo en el caso de los que no lo son.

El proceso acusatorio -llevado adelante “de oficio” por la fiscalía, ante una denuncia de la patronal- tuvo una enorme repercusión porque pretendía bloquear toda posibilidad de lucha y hasta de organización gremial en el gremio de prensa.

La decisión de actuar por propia iniciativa y la saña puesta en juego por el fiscal a lo largo del juicio dieron cuenta de que se trataba de sentar jurisprudencia contra la lucha obrera y en beneficio de todas las patronales de prensa, en una etapa de concentración de éstas en grandes monopolios.

Que esto era así lo dio cuenta el diario Clarín, que publicó una nota en la que transcribe y adhiere al reclamo de la cámara patronal (Adepa) de que los compañeros fueran procesados porque habrían cometido el delito de “ataque a la libertad de expresión”.

Los aplausos y los cánticos de alegría y de triunfo, que comenzaron en la sala de audiencias y se extendieron por los pasillos del edificio judicial al darse a conocer la sentencia, fueron la respuesta a este intento de avasallamiento a la lucha y la organización de los trabajadores. También fue un desahogo de la tensión acumulada a lo largo de los cuatro días del juicio oral.

En la sala -donde no quedaba una sola butaca vacía- había una mayoría de trabajadores de prensa, entre ellos directivos del sindicato de Prensa (Sipreba), de la Federación Nacional de Trabajadores de Prensa, acompañados por otros dirigentes sindicales y políticos, entre ellos los legisladores porteños Gabriel Solano y Marcelo Ramal y el diputado nacional (MC) Néstor Pitrola.

El fiscal, que pidió en dos oportunidades sendas postergaciones de la fecha para hacer su alegato, mostró la inconsistencia de sus argumentos y debió recurrir a la tergiversación de testimonios y a asentar su argumentación, básicamente, en los dichos de los altos directivos de la empresa que pasaron por el tribunal.

Su endeblez era tal que se vio obligado a pedir la pena mínima de un mes y medio de prisión en suspenso para los seis compañeros, con cínicas argumentaciones de reconocimiento a la “importante labor, ad honorem, que realizan desde hace años estos delegados en defensa de sus compañeros”. Es que el objetivo central de su ataque consistía en lograr la culpabilidad de los compañeros, y no importaba centralmente la duración de la pena.

Los alegatos de la defensa fueron contundentes. Desarmaron uno por uno los planteos del fiscal y las intenciones persecutorias que se escondían detrás de su incriminación a los compañeros.

Claudia Ferrero, una de las abogadas, destacó que el fiscal pretendía que se identificara el ataque a la libertad de prensa con el perjuicio del interés material empresario.
“Pero justamente -dijo- ésa es la consecuencia natural de cualquier medida de fuerza masiva de los trabajadores, que se afecte el normal funcionamiento de la actividad empresaria”.

Además, no son las patronales sino los trabajadores los que sufren diariamente la censura por parte de las empresas, cuando se ven impedidos de exponer con libertad sus ideas en los medios donde trabajan si éstas no coinciden o no colisionan con los de la empresa propietaria.

Y sólo en situaciones excepcionales ha sucedido lo contrario. Por ejemplo, cuando a mediados de 1987, los trabajadores de Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y Ambito Financiero se levantaron contra la decisión de sus patronales de publicar una solicitada a favor del dictador Jorge Rafael Videla y lograron evitar que apareciera.

Ferrero denunció la patraña del fiscal de colocar como “testigos imparciales” a quienes ocupan los más altos cargos directivos en la empresa, a lo que debió recurrir porque hasta los efectivos policiales que actuaron entonces y que fueron aportados como testigos por la fiscalía, declararon que en el momento del conflicto no habían constatado delito alguno.

A su vez, el otro abogado de la defensa, Fernando Gómez, destacó que si se hablaba de delitos, el más flagrante en esos días lo había cometido la empresa con el despido de un miembro de la Junta Electoral en el mismo momento que se realizaban elecciones de delegados, señalando que era la patronal entonces la que debía estar en el banquillo de los acusados.

La lucha de los compañeros dio como resultado este triunfo de enorme trascendencia para todos los trabajadores de prensa, ya que desbarató el intento de criminalizar la protesta gremial, de convertir la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores en un delito penal y liquidó este ataque antiobrero, en defensa de la organización sindical y de los derechos de huelga y protesta.

Como destacó Rubén Schofrin, delegado de Perfil y secretario adjunto del Sipreba, “Se trató de un ataque a fondo no sólo contra los trabajadores de Perfil sino contra la organización del conjunto de los trabajadores de prensa del país” ya que “sería como retroceder al siglo XIX en cuanto a la posibilidad de defensa de los derechos de los trabajadores”.

Un importante triunfo de los trabajadores en el marco de la ofensiva macrista de liquidar derechos sindicales y las organizaciones sindicales de lucha de los trabajadores, a la cual el fiscal apuntalaba con su ataque antiobrero.

Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1481/sindicales/absolucion-a-delegados-de-perfil

martes, 14 de noviembre de 2017

Carta blanca a la Gendarmería

9 de noviembre de 2017 | #Prensa Obrera 1481 | Por Liliana Alaniz (Apel)
 
Caso Santiago Maldonado

La decisión de la fiscal Silvina Avila de apartar de la investigación por la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), con el asentimiento del juez, puede significar una carta blanca para la Gendarmería y los funcionarios públicos.

Para la fiscal, la participación del organismo -que colaboraba con ella en la investigación- dejó de ser necesaria cuando el juez Gustavo Lleral asumió la dirección de la causa.


La Procuvin era el único estamento del Ministerio Público Fiscal que estaba investigando específicamente el accionar de la Gendarmería Nacional en el contexto de la muerte de Maldonado. Su apartamiento habría sido avalado por el juez Gustavo Lleral, quien no realizó manifestación alguna al respecto.

La separación le viene como anillo al dedo al gobierno nacional, que desde el 1° de agosto intenta correr de escena a la Gendarmería Nacional de su responsabilidad por la desaparición -y ahora por la muerte- de Santiago Maldonado, luego de que la fuerza ingresase a sangre y fuego en la Pu Lof (comunidad mapuche) de Cushamen.

Encubrimiento recargado

Dos días atrás, Mauricio Macri, luego de haber mantenido ‘silenzio stampa’ frente al caso, aprovechó para volver a reforzar el accionar de encubrimiento de Patricia Bullrich, Marcos Peña y Elisa Carrió.

En una entrevista con La Nación+, el mandatario se enredó en sus propios dichos, al exigir "no digan que esto fue una desaparición forzada porque es imposible que un gobierno democrático participe en hacer desaparecer a nadie” -una falacia que huele a confesión, ya que para que se configure el crimen de desaparición forzada de personas no es impedimento que se trate de un gobierno democrático.

Por el contrario, la actuación de este gobierno fue de enardecer la actividad represiva y, en particular, sobre lo ocurrido en el territorio ancestral mapuche, de un intenso encubrimiento: no se peritaron inmediatamente los escuadrones de GNA; los vehículos fueron peritados recién diez días después de la desaparición, previamente lavados y se montaron un sinnúmero de versiones sobre el paradero de Santiago.

No olvidemos que la Gendarmería tenía en sus manos las fotos que demostraban que él estaba en la Pu Lof aquel día, mientras el gobierno operaba para negar incluso su presencia en el lugar. La aparición del cuerpo de Santiago vino a confirmar lo que afirmó el movimiento popular desde el primer día: que se encontraba allí junto al pueblo mapuche levantando los reclamos por tierras y contra el procedimiento ilegal que soporta Facundo Jones Huala.
En sus nefastas declaraciones, el Presidente se hizo eco de las operaciones de Clarín respecto de supuestos testigos falsos, pero agregando un condimento adicional, con la aserción de que “todos los días aparecía una declaración de la otra parte afirmando cosas”. A confesión de parte, relevo de pruebas: si quienes pugnamos por la justicia y la verdad somos “la otra parte”, los asesinos son el gobierno y el Estado.

En este cuadro, advertimos que el apartamiento de la Procuvin puede ir de la mano con la impunidad: si la fiscal Avila, con el asentimiento del juez Lleral, cree que no debe continuar actuando el organismo, puede significar que entienda que el accionar de la Gendarmería Nacional no fue la responsable de la muerte de Santiago y, por ende, se extiende a los funcionarios públicos la carta blanca.
 
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1481/politicas/carta-blanca-a-la-gendarmeria

lunes, 13 de noviembre de 2017

La propuesta de la CSC-PO al movimiento obrero

9 de noviembre de 2017 | #Prensa Obrera 1481 | Por Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero

Una delegación de la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, compuesta por Alejandro Crespo, Rubén Schofrin, Cristian Henkel, Miguel Bravetti, Daniel Sierra, Víctor Grosi y Néstor Pitrola, comenzó una ronda de entrevistas con sindicatos, votada en la Mesa Nacional, con vistas a una acción común en las próximas semanas, como parte de la campaña de lucha contra las reformas antiobreras del gobierno y el ataque al movimiento obrero combativo. El martes 7 de noviembre, la delegación se reunió con Hugo “Cachorro” Godoy y Fito Aguirre, de ATE Nacional, y Ricardo Peidro, de Visitadores Médicos, en la sede de la CTA Capital. Allí se coincidió en la necesidad de una acción común tras un intercambio sobre el momento político del movimiento obrero cruzado por la ofensiva del gobierno Macri y por el papel paralizante de la CGT. Tras la reunión, la CSC-PO envió la siguiente propuesta de programa de cara a lo tratado, para ser consensuada con todos los que participen de la iniciativa.
El paquete de “reformas” impulsado por el gobierno es un plan de guerra contra los trabajadores.
A la “flexibilización” de los convenios colectivos -siguiendo el modelo de Vaca Muerta y Atilra- se agrega el proyecto de ley “a la brasileña” que se apresta a enviar al Congreso.
Los 145 artículos del proyecto implican una completa reorganización de las relaciones laborales de nuestro país, desde el aumento de la jornada de trabajo a la eliminación de las indemnizaciones por despidos, pasando por la extensión de las tercerizaciones.
La ofensiva abarca la anulación de la movilidad jubilatoria y la eliminación de los regímenes especiales, en particular de la docencia y estatales provinciales, una reforma educativa que subordina la escuela a las necesidades de los empresarios y la implementación de un régimen de una Cobertura Unica de Salud, que profundiza el vaciamiento del hospital público y allana la privatización mercantilizando la salud pública.
Junto a esto una escalada de impuestazos y tarifazos.
Para aplicar este “plan de guerra” el gobierno teje un pacto de tires y aflojes con los gobernadores del PJ, con los diputados y senadores que les responden y especialmente con la CGT.
Después del paro del 6 de abril, la CGT paralizó a los trabajadores y aisló cada lucha obrera. En plena campaña electoral empezó a negociar las reformas de Macri.
El premio a ellos será mantener “el modelo sindical” del unicato, las patotas y los negociados.
Es necesario superar a las direcciones entregadoras y abrir una deliberación de fondo en los sindicatos y lugares de trabajo, mediante asambleas y plenarios con mandatos de base por la defensa del derecho al trabajo, del salario y de las conquistas amenazadas.
Impulsamos una gran movilización de los sindicatos combativos y organizaciones de lucha el 6 de diciembre (como fecha tentativa) por:
Abajo la reforma laboral y el pacto Macri-CGT.
Basta de despidos y cierres. Ocupación de toda fábrica o lugar de trabajo que cierre o despida masivamente. Apertura de los libros de los vaciadores. Ningún despido en el Estado.
Anulación inmediata del impuesto al salario.
Defensa de los convenios colectivos. No a las cláusulas de “flexibilidad” y “productividad” como las impuestas en petroleros, estatales, Atilra y varios más. Que ningún convenio se firme sin la aprobación de asamblea en cada gremio.
Pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado.
Abajo la reforma educativa privatista del “Plan Maestro” y la “Escuela del futuro”. No a las pasantías de trabajo gratuito y precario para la juventud.
Fuera la reforma previsional, 82% móvil. Reposición de los aportes patronales derogados por Menem y Cavallo en 1993. Defensa de los regímenes especiales y rechazo al aumento de la edad jubilatoria.
No a la CUS. Defensa del sistema público de salud. No al ajuste en las obras sociales.
Basta de desocupación, precarización laboral y tercerización. Pase a planta permanente y/o convenio colectivo de todos los planes sociales y trabajadores precarizados.
Blanqueo laboral con estabilidad del trabajador que denuncie su situación. No a la rebaja de aportes sociales.
• Duplicación del salario mínimo vital y móvil. Por un salario equivalente a la canasta familiar. Ningún techo paritario.
Por la vigencia del convenio principal en las tercerizadas.
Contra la criminalización de la protesta y la represión. Desprocesamiento de todos los luchadores.
Defensa de los sindicatos con simple inscripción y las fábricas bajo gestión obrera. Por la democracia sindical y la independencia de los sindicatos del Estado y las patronales.
Justicia y Castigo por Santiago Maldonado.
Por un congreso sindical con mandato de asambleas para disponer un plan de lucha de todos los trabajadores.
 
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1481/sindicales/la-propuesta-de-la-csc-po-al-movimiento-obrero

Reforma impositiva, el otro pacto

9 de noviembre de 2017 | #Prensa Obrera 1481 | Por Pablo Heller

El impuesto a la renta financiera es simplemente una cortina de humo para hacer pasar el corazón de la reforma impositiva, que pasa por un enorme beneficio al capital que va de la mano de un fuerte ajustazo contra el pueblo. Un informe de la consultora Quantum Finanzas estima que el impuesto a la renta financiera recaudaría anualmente el equivalente entre 700 y 1.000 millones, equivalentes a sólo el 0,14- 0,17% del PBI. Es que sólo abarca al 4% de los inversores, pues la gran mayoría de las transacciones financieras son realizadas por empresas que ya estaban gravadas por el impuesto a las ganancias. Además, el proyecto oficial exceptuaría a los extranjeros, a los fondos de inversión y las operaciones en acciones. Está todavía por verse qué va a pasar con los bonos emitidos bajo ley extranjera, porque sería fuente de litigio con sus tenedores. Pero lo mismo puede ocurrir con los restantes bonos, lo que podría derivar en juicios al cambiarse las condiciones de emisión.

El alcance absolutamente acotado del impuesto explica que la cotización de los títulos públicos argentinos no se haya visto alterada
. Si el impuesto termina afectando a alguien, será a los pequeños ahorristas, no a los grandes operadores. Por otra parte, siempre está el recurso de aumentar la tasa de interés sobre los plazos fijos y sobre las nuevas emisiones, de modo de neutralizar la incidencia del impuesto. El endeudamiento es una pieza clave en la estrategia económica oficial y nadie va a comprometer la bicicleta financiera, que es su engranaje principal.
Precisamente, el Banco Central acaba de aumentar la tasa de interés de las Lebac para contrarrestar el salto de la inflación en este último mes y preservar el rendimiento de los títulos y colocaciones financieras, aunque esto se dé de patadas con una reactivación.

El núcleo de la reforma

Por lo demás, la reforma prevé grandes ventajas impositivas a los capitalistas: rebajas del impuesto a las ganancias para las empresas del 35 al 25 por ciento, el impuesto al cheque podrá ser tomado a cuenta de Ganancias, el ajuste por inflación podrá ser deducido de los balances contables de la empresas en su liquidación impositiva anual y rebaja de los aportes patronales y la sustitución del impuestos a los ingresos brutos de las empresas por un nuevo impuesto al consumo.

La reducción de ingresos brutos -contra lo que sostiene la propaganda oficial- no es garantía de una rebaja de los precios -eso requeriría una apertura de libros y cuentas y un control generalizado de los trabajadores de todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización. Bajo el manejo despótico del capital, las rebajas impositivas, como ya ocurrió en el pasado, terminan engrosando el bolsillo patronal. En lo inmediato, la rebaja de ingresos brutos a ciertas empresas que viene de disponer la Capital y la provincia de Buenos Aires ha sido “financiada” con un impuestazo, aumentando el inmobiliario urbano 36 y 56 por ciento, respectivamente, incluido el propietario de vivienda única.

Los gobernadores, incluido los opositores, empezando por los del PJ, han dado su aval a esta reforma. No hacen otra cosa que amoldarse a sus mandantes, la clase capitalista, de la cual son tributarios, y que ha respaldado masivamente los anuncios gubernamentales. Esto no anula las disputas por los ingresos fiscales. Las provincias están reclamando una compensación por el impuesto al ingreso bruto que dejarían de cobrar, lo que se agrega al reclamo por la anulación de aumentos a los impuestos internos sobre algunos productos regionales. El gobierno ya ha cedido con el impuesto al vino y, según algunos trascendidos, estaría dispuesto a avanzar con medidas similares como prenda de negociación, siempre que los gobernadores se sometan al contenido fundamental de la reforma. La cuestión central gira en torno a la ley de Responsabilidad Fiscal, que condiciona la entrega de recursos al ajuste que hagan las provincias. Un suerte de premios y castigos que será monitoreado por el Estado nacional, el cual pasaría a concentrar en sus manos la recaudación de los recursos y manejar su distribución.

Complicidad

Mas allá de los tironeos, el respaldo de la oposición ha sido claro. Al apoyo del senador Miguel Pichetto se une la presencia de tres gobernadores (de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, distritos donde Cambiemos se impuso en las legislativas) en el viaje que Macri emprendió a Nueva York, a la que suma el gobernador de Neuquén y Lavagna hijo, en representación del masssimo.

Viene al caso señalar que en estas tratativas entre el Estado Nacional y las provincias, el pato de la boda serán una vez más los jubilados. Como lo reveló Carlos Pagni: “La principal carta de negociación es otra: el cambio del cálculo de la movilidad jubilatoria automática” (La Nación, 6/11). Con ajustes que pasarían a ser trimestrales en vez de semestrales, pero indexados por el índice de precios al consumidor en reemplazo de la actual fórmula que combina recaudación de impuestos y aportes. Si esta modificación fuera aprobada por el Congreso, el gobierno lograría dos objetivos. Por un lado, evitar que el elevado gasto público previsional (más del 40% del total nacional) crezca en 2018 por encima de la inflación y eleve el déficit fiscal. Por otro, “contar con una masa de recursos para negociar con las provincias la redistribución de fondos coparticipables por la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, hoy en manos de la Corte Suprema y que los gobernadores buscan reemplazar con un acuerdo político” (ídem).

Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1481/politicas/reforma-impositiva-el-otro-pacto

domingo, 12 de noviembre de 2017

Balance de las elecciones salteñas

9 de noviembre de 2017 | #Prensa Obrera 1481 | Por Julio Quintana

Vamos por la organización obrera y popular para derrotar el ajuste

El dato más importante de la elección en Salta fue la derrota de las listas de Urtubey a manos de las listas macristas que incluían al peronismo de Sáenz y Romero, a los radicales y a los derechistas Durand Cornejo y Martín Grande. Todos ellos, ex socios del gobierno provincial. Esta derrota se explica por la quiebra del partido Justicialista, que también benefició al “Oso” Leavy, que se pintó de kirchnerista “puro” a última hora y obtuvo la tercera banca en disputa. Pero esta derrota, más que nada, es una sentencia inapelable contra diez años de gobierno urtubeísta, en los que Salta estuvo al tope de la desocupación, el trabajo en negro, desnutrición y mortalidad infantil, la impunidad y la violencia de género.

Ajuste y crisis política

Urtubey fue el más macrista de los gobernadores justicialistas y lo pagó. La “ola amarilla” se impuso también contra él. El gobernador salteño se apoyó en el ajuste nacional, triplicó la deuda provincial a tasas usurarias y en dólares y llevó adelante sus propios tarifazos; cerró por decreto y a la baja la paritaria de los docentes y estatales e impulsó los despidos e impuestazos en los municipios con resultados dispares. También dejó pasar la cesantía de más de 400 obreros del Tabaco (Coprotab) y cerró filas con las patronales de los ingenios Tabacal y San Isidro en la ofensiva contra sus trabajadores. Los diez años de gobierno antiobrero de Urtubey fueron concluyentes para todo un sector de los trabajadores salteños.

Urtubey se puso a la cabeza de la campaña de sus candidatos convirtiendo la elección en un plebiscito a su gobierno. Con la derrota del oficialismo provincial, no sólo entró en crisis su proyecto de ser candidato a presidente en el 2019. Urtubey le pidió la renuncia a todo su gabinete y él mismo renunció a la presidencia del PJ provincial, a la vez que llamó a la “unidad y al regreso de todos los que se fueron del partido”. Romero y el “cristinista” Leavy, encabezando el PJ, saludaron ese guiño y esperan un reparto de ministerios y cargos partidarios. Así el gobernador salteño ya se está armando de una amplia mayoría en la Legislatura, para hacer aprobar una ley ómnibus que profundiza el régimen de exenciones a los capitalistas y un reforzamiento reaccionario de la capacidad de arbitraje de la secretaría de trabajo de la provincia sobre los conflictos obreros.

Nuestra elección y un balance necesario


Desde el PO salteño encaramos esta elección como parte de una lucha estratégica:
planteamos la defensa de las bancadas obreras como un punto de apoyo para enfrentar el ajuste que se viene y proyectar a la clase obrera como una alternativa de poder. Bajo esta perspectiva, con Pablo López obtuvimos 53 mil votos (7,84%) a diputado nacional, superando en un 13% las Paso de agosto pasado y en un 26% las generales de 2015. Pero este crecimiento no alcanzó para retener una bancada obrera en el Congreso, quedando ésta en manos de Leavy.

A nivel provincial logramos retener un diputado con Claudio Del Plá y una banca en el Concejo capital con Cristina Foffani. Aunque crecemos un 16% (concejal) y un 42% (senador) con respecto a las Paso, no pudimos retener la senaduría de Gabriela Cerrano. En Orán también retuvimos la banca con Nelly Díaz; mientras en Colonia Santa Rosa, Rosario de Lerma, San Lorenzo y El Bordo, con muy buenas elecciones, quedamos en las puertas de los concejos.

Con estos resultados retrocedemos y perdemos bancas en relación con 2013. Nuestra victoria electoral en aquel momento abrió una verdadera crisis de poder, por el antagonismo social y político entre la agenda obrera y popular que levantamos desde el Partido Obrero y la agenda patronal y oligárquica de los Urtubey, Romero, Sáenz, Isa, los radicales y Olmedo. Con sus negocios en peligro, cerraron filas contra nuestros planteos para impedir que prosperen. Ante esta maniobra, sólo con una irrupción obrera y popular se podría haber impuesto una salida favorable a los trabajadores. Pero ésta no se produjo, primando en muchos de los que nos votaron aquella vez la ilusión de que sólo debíamos impulsar acuerdos parlamentarios con los bloques políticos patronales para hacer avanzar nuestra agenda. Esta limitación estaba presente ya en nuestro triunfo electoral, que no se había dado en un cuadro de intensificación de la lucha de clases y de la acción independiente de los trabajadores, sino que había sido el resultado de una feroz batalla política que se abrió paso ante la crisis de los partidos tradicionales. Primaba la ilusión que podíamos conquistar nuestro programa por medio de la acción parlamentaria, sin necesidad de imponerle al Estado las reivindicaciones por medio de la acción directa. Al no poder cumplirse las expectativas de progreso social que se abrieron con nuestro triunfo, se pasó rápidamente a un escenario de desilusión.

Este balance electoral es una oportunidad para profundizar el debate para determinar la capacidad que tuvimos en esta lucha política para exponer el antagonismo social existente y convocar sobre esta base a la organización e intervención política de la clase obrera para pelear por el poder.

La unidad que promueve Urtubey y que en los hechos se da entre todos ellos para viabilizar el ajuste, junto a un trabajo sistemático de oposición y delimitación política por nuestra parte, volverá a colocar en el orden del día la disyuntiva de 2013. La abordaremos reforzados con las conclusiones de esta enorme experiencia política. 
 
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1481/politicas/balance-de-las-elecciones-saltenas

El despido barato, un eje de la reforma laboral

9 de noviembre de 2017 | #Prensa Obrera 1481 | Por Néstor Pitrola

La Coordinadora Sindical Clasista lanzó campaña y propuesta de movilización a todo el sindicalismo combativo

La ofensiva antilaboral para incrementar la tasa de explotación de los trabajadores es muy vasta. Incluso trasciende los 145 artículos de la reforma laboral, porque la misma ley propuesta crea las condiciones para nuevos ataques a través de los convenios colectivos por empresa y hasta individuales, y aún para el desconocimiento mismo de la Ley de Contrato de Trabajo.

El articulado propuesto es tan devastador que se presume fue propuesto tras los resultados electorales, para luego negociar algunas cláusulas y hacer pasar el grueso de las medidas vitales para los objetivos de disminución del costo laboral -o sea de superexplotación obrera.

Dentro de ellos resalta un punto crucial: abaratar el despido.

En la Argentina no rige hace mucho la estabilidad laboral, excepto para la reducida planta permanente del Estado, hasta cierto punto. La estabilidad de los bancarios fue eliminada por la dictadura, repuesta por el Parlamento en 1985 y vetada por Raúl Alfonsín, desapareciendo definitivamente. Rige en su lugar la indemnización en caso de interrumpir el contrato laboral por tiempo indeterminado. Pues bien, la ley Macri apunta directamente contra este régimen.

En primer lugar, elimina del cálculo indemnizatorio a las horas extras, viáticos, aguinaldo y cualquier otra remuneración excepcional, liquidando la jurisprudencia del “mejor mes” o del promedio remunerativo del trabajador, y confinando el cálculo, ya reducido en el pasado, al ingreso mensual absolutamente habitual por año trabajado.

A esto se le agrega que baja a un año el tiempo de prescripción de cualquier reclamo judicial del trabajador. Una de las monstruosidades más notables de la ley antiobrera. Quien no fue indemnizado y por distintos motivos del drama personal de un trabajador cesanteado y hambreado, incluida la falta de un abogado que considere conveniente y lucrativo su juicio, no realice el reclamo judicial en un año, se queda definitivamente sin su derecho.

Pero la cosa no termina allí, va mucho más lejos. El articulado de la ley permite extender a todos los gremios el régimen de la construcción, llamado “fondo de cese laboral”, inspirado en la ley 22.250 de la dictadura. Por este sistema, la patronal aporta un porcentaje del 12% el primer año y del 8% en los años restantes, que se acumula en una libreta de ahorro del trabajador y cuyo monto percibe al retiro, sea compulsivo o voluntario.

El fondo de cese de los compañeros de la construcción es administrado por el IERIC, compuesto por la Cámara Argentina de la Construcción, la Uocra y el Colegio de Arquitectos, que manejan millones, cobran una comisión y “remuneran” al compañero con el interés vigente en una caja de ahorro, habitualmente a la mitad de la inflación o menos. Por lo tanto, el importe que cobra el compañero está completamente desvalorizado al momento del cese.

Por otro lado, las empresas incorporan el porcentaje al costo laboral y ya lo descuentan al momento de fijar el valor de la “masa salarial” a la firma de convenios o de la contratación del empleado. El obrero de la construcción es de los peor remunerados en la escala de toda la clase obrera y el costo indemnizatorio ha pasado a ser cero a partir del régimen del fondo de cese que rige hace 35 años. Mientras despotrican contra “los impuestos al trabajo”, como llaman a las cargas sociales, incorporarían uno más, pero que termina con todo vestigio de estabilidad laboral para el trabajador, acabando con todo obstáculo económico al despido.

En la construcción se ha esgrimido para imponer este régimen la duración de las obras, aunque antes de 1980 hubo obras y se hacían igual. Ahora se esgrimirá estacionalidad, lo cual es válido casi para todas las industrias. El conchabo y despido sin obstáculos permite evitar la hora extra del trabajador estable en período de necesidad patronal, otro flanco del abaratamiento.

La indemnización tiene un valor resarcitorio para el trabajador que queda en la calle, pero además tiene un valor disuatorio hacia la patronal para pensar dos veces el despido, en particular cuando el trabajador tiene cierta antigüedad. En el caso de un trabajador de muchos años de antigüedad, el nivel de licuación del “ahorro” de la libreta de fondo de cese es directamente brutal. Basta imaginar la inflación de los últimos quince años, que supera lejos el 1.000%.

El objetivo estratégico de las patronales es abaratar el despido, lo que lejos de traer empleo agravará la desocupación. Por eso habilitan, además, el monotributo en relación de dependencia, que no tendría tampoco fondo de cese.

Entre muchos, un eje central de la precarización que promueve la reforma laboral que debaten en las sombras Triaca y la CGT, es terminar con la indemnización.

Apuremos la clarificación a todo el movimiento obrero.

El paro del Inti, el paro judicial del 15 de noviembre, la gran movilización nacional de Fabricaciones Militares, el paro nacional de los trabajadores del gas, el plenario convocado en Ensenada por Astilleros Río Santiago, el paro de los Suteba combativos, Adosac, Aten y Amsafe del pasado 7 de noviembre, son los primeros indicios de las reservas del movimiento obrero. AGD-UBA en asamblea general ya lanzó una campaña de movilización que incluye la defensa de los sindicatos inscriptos, otro eje de ataque de Macri contra el clasismo y a favor de la burocracia central.

Debatamos el rechazo a la reforma en asambleas en los lugares de trabajo, exijamos plenarios de delegados con mandato. Impulsamos la más amplia campaña de pronunciamientos para imponer un plan de lucha de toda la clase obrera. La Coordinadora Sindical Clasista, en ese camino, ha propuesto una acción común a todos los sindicatos combativos.
 


Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1481/sindicales/el-despido-barato-un-eje-de-la-reforma-laboral

sábado, 11 de noviembre de 2017

1917-2017: La salida es obrera y socialista

9 de noviembre de 2017 | #Prensa Obrera 1481 | Por Partido Obrero

Hace 100 años que tuvo lugar la gran revolución de Octubre.

Los obreros y campesinos tomaban el poder, derrotaban a la clase capitalista e iniciaban la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados.


Aunque tenía lugar en la lejana Rusia, la revolución se proyectaba al mundo entero. Empezaba el camino de la emancipación definitiva del hombre, respecto de toda forma de explotación.

Lenin y Trotsky, protagonistas de la gesta, proclamaron la toma del poder como “el primer paso de la revolución mundial”.

La burguesía se empeñó febrilmente en frenar esa extensión. Al precio de guerras y masacres sociales a escala mundial. Y de imponer, al interior de la propia revolución, a una burocacia restauradora.

Pero nada de esto pudo borrar la impronta de Octubre. El capitalismo ha mostrado, una y otra vez, y cada vez con mayor agudeza, sus límites insuperables.

Los que pregonaban “el fin de la historia” y la perennidad del régimen de explotación asisten hoy a la bancarrota del capital, a la devastación de las guerras imperialistas, a la polarización social creciente.

Pero también, al escenario de las crisis políticas, de la irrupción de los explotados y las revoluciones.

La revolución de octubre está vigente también en sus grandes conclusiones políticas.


Los que la dirigieron condensaron en un programa, una estrategia y una organización las lecciones de décadas de lucha. O sea, en un partido.

Esa es la tarea gigantesca que tenemos por delante -la reconstrucción de un partido de la revolución mundial, para liderar una salida que sigue siendo obrera y socialista.
 
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viernes, 10 de noviembre de 2017

[Editorial] Un pacto contra los trabajadores y jubilados

La presencia de los jefes de la CGT y los gobernadores en la presentación del “plan de guerra” de Macri contra trabajadores, jubilados y las provincias ha sido mucho más que un acto ceremonial. En estas horas, todos ellos avanzan junto al gobierno en la aprobación de este paquete reaccionario, cuyo núcleo, naturalmente, se encuentra en la reforma laboral.

El diario Ambito Financiero de este lunes alude a “un rápido acuerdo entre el gobierno y la CGT”, y detalla con pelos y señales la hoja de ruta de ese acuerdo. A pedido de la burocracia, el gobierno aceptaría modificar en su proyecto la redacción que presenta al “trabajo” como una “cooperación igualitaria” entre obreros y patrones -lo que aportaría la letra para que la Justicia laboral descarte cualquier principio compensatorio favorable al trabajador. Si el gobierno cede en este punto, es porque al mismo tiempo prepara una purga contra los actuales jueces laborales, para volcar a este fuero a resoluciones abiertamente propatronales sin necesidad de un cambio en la norma. Adicionalmente, el gobierno podría ceder en los plazos para la prescripción de los juicios laborales, que el proyecto original pretende acortar. La CGT podría “conseguir” también que se modifique el cronograma de reducción de los aportes patronales, en un marco general de apoyo a este amplio perdón a los empresarios. A cambio de estos cambios menores, la burocracia dejará pasar el corazón de la reforma, entre otros puntos, el recorte sustancial de las indemnizaciones, en cuyo cómputo no entrarían las horas extras, premios y otros beneficios, así como la puerta abierta a “fondos voluntarios” donde el trabajador termine pagándose de su salario su propia indemnización. El gobierno tampoco cedería en la posibilidad de que un trabajador acepte un contrato individual inferior al de su convenio, así como la rienda suelta a que la tercerización de actividades se extienda sin responsabilidades de la empresa principal.
Moyano, quien tampoco ha cuestionado a la reforma en su conjunto, está pugnando para eximir al transporte de este punto. El gobierno, por ahora, lo extorsiona con posibles carpetazos.

La negociación con la burocracia, sin embargo, no ha empezado ahora. En las reuniones previas a la publicación del proyecto oficial, ya estaban trazadas las líneas de fondo del acuerdo. A cambio de dejar pasar la andanada de medidas flexibilizadoras, la burocracia se llevaba dos cuestiones sustanciales: primero, la preservación del unicato sindical, que el gobierno ha salido a refrendar con una escalada contra los sindicatos simplemente inscriptos. Segundo, la creación de una “agencia evaluadora” de las prestaciones en las obras sociales, cuya misión será la de restringir los tratamientos más costosos y complejos. De este modo, el gobierno de la “anticorrupción” permitirá que la burocracia sindical le traslade a sus afiliados las costas del vaciamiento que perpetraron contra las obras sociales. Ese fue el acuerdo de fondo que la burocracia preparó, en todo el período previo, entregando conquistas fundamentales en varios convenios colectivos por gremio. La discusión de estos días es sólo la “letra fina” del acuerdo.

Gobernadores


Por cuerda separada, el gobierno también ha salido a asegurarse el acuerdo de los gobernadores y sus representantes parlamentarios, del Pejota, el FpV o el massismo. El anuncio simultáneo de todas las reformas -laboral, impositiva, jubilatoria- no ha sido casual. Las negociaciones en curso entrelazan a todas ellas, pero para sus participantes, el corazón de este paquete es la reforma laboral.

El gobierno, por eso, ya le adelantó a los lobbies capitalistas relacionados con la industria del vino u otras bebidas -y a los gobernadores o diputados asociados a ellos- su disposición a morigerar la carga de los impuestos internos anunciados con la reforma impositiva. La moneda de cambio será, naturalmente, el apoyo de todos ellos a la ley antiobrera en el Congreso. Del lado del gobierno, se va a compensar largamente esa concesión con otro mazazo -la modificación en el cálculo de los aumentos jubilatorios. La expresión política de este acuerdo de fondo no sólo involucra al massismo y al Pejota, sino que se extiende también al Frente para la Victoria. Alicia Kirchner, que estuvo presente en los anuncios del CCK, lleva adelante un brutal ajuste provincial en Santa Cruz en un acuerdo con el gobierno de Macri. En medio de semejante ofensiva, Cristina y los suyos han salido a invocar el “estado de derecho” en su propia defensa. Los que habían prometido ‘ponerle un freno’ al ajuste oscilan entre el desbande y la capitulación. En los antecedentes de flexibilización laboral “por gremio” se inscribe Atilra, cuya directiva se encuentra hegemonizada por la Corriente Federal del kirchnerismo.

El “plan de guerra” oficial ha servido para mostrar la completa sumisión al macrismo por parte de la oposición de cuño capitalista. Más allá de los roces menores con el gabinete, los mandantes de esa oposición, la UIA y la Asociación de Bancos han ordenado cerrar filas con el gobierno, en aras de imponer la reforma laboral.

Política de lucha

El cuadro que aquí presentamos destaca la responsabilidad del clasismo y de la izquierda para oponerle un programa (ver páginas centrales) y una política de lucha a este pacto en curso contra la clase obrera y sus conquistas históricas. Lo que tenemos planteado, en primer lugar, es un enérgico llamado a la deliberación en los lugares de trabajo y en todos los sindicatos, sobre los alcances de la reforma, sus implicancias en cada gremio y cómo la enfrentamos. Los Daer y compañía no tienen mandato para entregar, en la mesa de los ‘arreglos’ con el ministro Triaca, nuestros convenios colectivos, los derechos indemnizatorios, el salario y la estabilidad laboral. Junto al reclamo de asambleas en todas las organizaciones obreras, es necesario articular una política de movilización contra la parálisis y el pacto de los burócratas con el gobierno. La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, que ha puesto en marcha una campaña contra la reforma antiobrera, ha comenzado una ronda de reuniones con sindicatos y centrales obreras para discutir un programa y una primera respuesta de lucha. La ofensiva oficial, y el compromiso de burócratas y seudoopositores con ella, abre un amplio terreno para sumar a los activistas y luchadores obreros a la pelea por una nueva dirección en los sindicatos y por una alternativa política de los trabajadores.
 

jueves, 9 de noviembre de 2017

ZAFFARONI OFRECE UN PACTO AL MACRISMO, DISIMULADO COMO DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO

http://noticias.perfil.com/wp-content/uploads/2015/06/Zaffaroni-un-juez-de-la-dicradura-624x446.jpg


Un conjunto de dirigentes del kirchnerismo, encabezados por Zaffaroni y Estela de Carlotto, ha lanzado una convocatoria para “defender un piso mínimo de acuerdos por la democracia y el pluralismo”.

Se trata de un llamamiento curioso. El reclamo de un ‘piso mínimo’ de democracia significa la admisión de una complicidad con todo el espacio de cercenamiento de la democracia que va de ese piso al techo. Significa, en esa medida, una propuesta de pacto político en el sentido inverso al que se propone en forma literal, o sea un acuerdo de convivencia con el gobierno de turno que estaría violando el estado de derecho en todo lo que va del ‘mínimo’ al ‘máximo’. En otros términos, Zaffaroni y sus correligionarios está ofreciendo un ‘pacto de no agresión’ al macrismo, a cambio de ‘un piso mínimo’ de garantías. Cuáles son esas garantías las exponen todos los días: la intangibilidad de los fueros parlamentarios y el levantamiento de las prisiones preventivas hasta que se complete el proceso judicial que afecta a los acusados por corrupción. El kirchnerismo ha descubierto la violación al estado de derecho solo cuando los jueces comenzaron a saltarse las normas procesales ‘habituales’ con un conjunto de ex funcionarios. Este es el ‘piso mínimo de democracia’ que reclama Eugenio Zaffaroni – algo que no reivindicó cuando trabajó bajo el régimen militar.

Rechazamos, como cabe esperar, cualquier violación al debido proceso, pero no aceptamos reducir la democracia a la vigencia de este principio. El Congreso nacional se apresta, en un tiempo no muy largo, a votar la liquidación de numerosos derechos de los trabajadores, incluidos los jubilados, y la derogación de la jornada de ocho horas, y a beneficiar con reducción de impuestos a los explotadores. Esta supresión de derechos irrenunciables no será obtenida por vía democrática, aunque tampoco sería aceptable cualquiera sea la vía que se elija. Lo que el Congreso va a votar está siendo empaquetado fuera del Congreso por medio de las llamadas ‘conversaciones’ con una dirección sindical corrupta y con patronales evasoras que colman las fojas de los Panamá y Paradise Papers. Va a ser impuesta por medio de la presión y la exacción – incluida la amenaza de una fuga de capitales y de una cesación de pagos. Hoy mismo, un presidente no electo del Banco Central está produciendo, por fuera de toda norma de derecho, o sea arbitrariamente, una gigantesca transferencia de riqueza en beneficia de la clase capitalista. Estamos ante la expresión absoluta de la arbitrariedad social y política, sin que esto mosquee a los parlamentarios, ni a los kirchneristas - que se manejaron en el gobierno con la misma arbitrariedad.

La derogación absoluta de todas estas medidas violatorias a los derechos de los trabajadores y la lucha por echar del poder a sus perpetradores, ¿forma parte del ‘piso mínimo’ de los K? Claro que no; lo que dicen Zaffaroni y sus secuaces es que a partir del acuerdo ‘mínimo’ y el cese la prisión preventiva, cada uno conserva el derecho a quejarse o no, a protestar o no, y votar en contra o no de los ataques del capital, su estado y su gobierno a los trabajadores - ¡sin afectar la llamada ‘gobernabilidad’!. El ‘acuerdo mínimo’ se revela así como una propuesta de pacto al gobierno macrista, no como un llamamiento a la lucha contra este gobierno. Entre los patrocinadores del ‘mínimo’ figuran sectores de la misma burocracia sindical que firman ‘acuerdos sectoriales’ de flexibilización laboral y tercerización, y que se ponen de acuerdo con las patronales para despedir activistas en las empresas, y tantos otros atropellos. Los impulsores del ‘piso mínimo de democracia’ han votado los Presupuestos 2016 y 2017, que han viabilizado el gigantesco endeudamiento internacional de estos años. El no pago de esta deuda, ¿figura en el acuerdo 'mínimo'?

La defensa misma del estado de derecho es una defensa del atropello clasista de las patronales, pues ampara la obligación de pagar la deuda externa usuraria, la inamovilidad de un poder judicial al servicio del capital y de las instituciones represivas del gatillo fácil; supone el amparo de “instituciones democráticas” corruptas, que remumeran a sus funcionarios ejecutivos, judiciales y parlamentarios con ‘dietas’ y sueldos extravagantes. Bajo el ‘estado de derecho’ (no sólo bajo la dictadura) se ha operado en la Argentina (y en todo el mundo) la mayor confiscación social de toda la historia. Los paraísos fiscales se ajustan al ‘estado de derecho’, ¿o no? Todo el encanto de esos paraísos reside en la posibilidad que ofrecen de robar en forma legal.

Más allá si los funcionarios del kirchnerismo tienen autoridad para reclamar un pacto de ‘democracia mínima’, lo que se destaca en el planteo es la superchería. El ‘acuerdo mínimo’ es una propuesta para defender el pellejo de un puñado de corruptos a cambio de un ‘pacto de gobernabilidad’ con el gobierno macrista y el capital financiero internacional.
La derrota de la guerra de clase que ha desatado el gobierno actual contra la clase obrera, incluyendo la guerra contra los derechos políticos del pueblo que vive de su trabajo, solamente será derrotada mediante la organización, la acción directa, la huelga y la lucha de clases de los trabajadores.

Jorge Altamira

Fuente:https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/830892570424939
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