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lunes, 5 de junio de 2017

A escondidas, la burocracia pacta la reforma laboral

1 de junio de 2017 | #Prensa Obrera 1460 | Por Christian Rath

El mensaje del Presidente en la inauguración de un centro hospitalario maternal del Smata, planteando que recién luego de las elecciones habría una nueva negociación con la burocracia sindical, fue sólo un ardid. Los diarios informan de reuniones no dadas a conocer de funcionarios del gobierno con la plana mayor de la CGT. ¿O acaso la discusión sobre los convenios de productividad que siguen el ejemplo de Vaca Muerta en la fabricación de motos y en biotecnología -ambos “a la firma” al igual que los avances en el acero, el aluminio (La Nación, 21/5) -o de la Uocra para las centrales nucleares se hacen al margen de un acuerdo con la burocracia?

Existe una actividad febril del gobierno junto a la conducción de la CGT que está profundizando la reforma laboral cada minuto que pasa. Luego de la marcha de marzo y el paro de abril, la CGT volvió a sentarse con el ministro Jorge Triaca en secreto, para discutir la futura ley de prevención de accidentes (Clarín, 28/5).

Lo de la Uocra por las centrales nucleares ha sido bautizado por el subsecretario de Energía Nuclear como “el Vaca Muerta de la Uocra” y fue llevado como ofrenda por el presidente en su viaje a China, donde se pactó la concesión de dos nuevas centrales nucleares, una en Zárate y otra en Río Negro. Fue precedida por el acuerdo de productividad en la central Embalse, que permitió que “lleváramos ocho meses sin conflicto” según el presidente de la estatal Nucloeléctrica Argentina (Na-Sa), la operadora de las centrales.

El acuerdo prácticamente deroga el derecho de huelga en las obras. “Previo a cualquier medida de acción directa por parte de la Uocra que pudiera afectar el desarrollo de la obra, las partes deben ir al diálogo de manera privada comprometiéndose a concurrir y a participar de todas y cada una de las reuniones que en dicho proceso se fijen”. Si no hubiese acuerdo, pasará a competencia de la autoridad laboral. Si finalmente hubiese conflicto sólo pueden adoptarse medidas de acción directa en el marco de la ley 23.551, lo que supone un plazo próximo a los 30 días entre la declaración de inicio del conflicto y una posible medida de fuerza. Eufóricos, los titulares de Na-Sa explican que el procedimiento “abre un amplio escenario de soluciones sin que se pare la obra”. La contracara es una bonificación que se abonará semestralmente mientras dure la obra y cuyo monto no se especifica.

Privatización y obras sociales


En esta agenda de pactos, también estará en debate el salario mínimo, que el gobierno pretende aumentar sólo un 20% (de 8.060 a 9.600 pesos) en línea con los arreglos salariales firmados por la burocracia en Comercio, Uocra, estatales (UPCN) y Estaciones de Servicios (Acuña, Frente Renovador). Sin embargo, “al menos para la CGT, más que el salario mínimo preocupa la creación por decreto de una Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud, un organismo planteado como instancia para contener los juicios iniciados por afiliados de prepagas y obras sociales para la obtención de tratamientos médicos no brindados” (Ambito, 24/5). Una iniciativa en el mismo sentido fue planteada en el Senado a fines del año pasado, como parte de un acuerdo entre Cambiemos, la CGT y el peronismo para determinar qué medicamentos y procedimientos deberían ser parte de la oferta del sector público, las obras sociales y el Programa Médico Obligatorio. No es necesario hilar muy fino para darse cuenta que es una agencia orientada a recortar prestaciones y a profundizar la privatización de la salud, a través de la derivación de tratamientos complejos a centros privados y la participación de corporaciones de medicamentos en la definición de que ingresa o no al PMO, en connivencia con el gobierno y la burocracia sindical.

El manejo de las obras sociales entre el gobierno y la burocracia, al margen de todo control de los afiliados, se ha convertido en pieza clave del “pacto social” no escrito que pretende inmovilizar los sindicatos. El gobierno, a través de la Superintendencia de Seguros y Riesgos de Trabajo autorizó a la burocracia petrolera de Pereyra, firmante del acuerdo de Vaca Muerta, a crear la primera ART petrolera de Latinoamérica. No por casualidad, el reparto de recursos del Fondo Solidario de las obras sociales benefició en particular a Comercio, Uocra y UPCN, firmantes de las paritarias al 20 por ciento. Si de la burocracia depende, las luchas en curso y las paritarias pendientes quedarán libradas a su suerte. Es necesaria una deliberación en los lugares de trabajo y los sindicatos. Para reclamar un 35% como piso salarial. Para organizar la ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Para impulsar un plan de lucha y un paro activo de 36 horas de todo el movimiento obrero. Para construir una alternativa política de los trabajadores.
 



Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1460/sindicales/a-escondidas-la-burocracia-pacta-la-reforma-laboral

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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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