La “letra chica” del pacto político entre Macri y los gobernadores
recién se conoció cuando éstos se habían subido al avión, rumbo a sus
provincias. Por caso, una gran confiscación a los jubilados financiará
parte de la reducción generalizada de impuestos provinciales a los
capitalistas. El acuerdo plantea, en los hechos, un aumento de la edad
jubilatoria a los 70 años para hombres y mujeres. El carácter ‘optativo’
con que se presenta esta extensión es otro fraude, puesto que la
miseria jubilatoria -que la ‘reforma’ acentúa- obligará al trabajador a
extender su vida laboral si no quiere cobrar una jubilación de
indigencia. Precisamente, y en relación con los aumentos de haberes, el
plus “por encima de la inflación” -que los gobernadores anunciaron como
gran conquista- representará sólo el 5% de lo que crezca la economía -o
sea, entre 10 y 15 pesos por semestre. Más grave aún es la decisión de
barrer con los regímenes jubilatorios especiales -docentes, judiciales,
provinciales, luz y fuerza- que verán recortadas sus conquistas en
nombre de que constituirían… “jubilaciones de privilegio”. Finalmente,
la reforma prevé pagarle por debajo de la jubilación mínima a quienes se
acogieron a las moratorias de los últimos años -o sea, una suerte de
prestación asistencial. La firma de este despojo por parte de
gobernadores de toda laya retrata la bancarrota política de la
pretendida “oposición” al macrismo. Este derrumbe incluye al FpV: aunque
Alicia Kirchner mandó a su vice para evitar el bochorno de esta firma,
Macri exigió en las últimas horas que este pacto -que va a fondo contra
los trabajadores santacruceños- tenga la rúbrica personal de la
“cuñada”. En un reportaje a Clarín, el ‘socialista’ santafesino Miguel
Lifschitz acaba de elevar a Macri a la estatura de un estadista con
‘sentido federal’. El ‘pacto federal’ es la piedra basal de una
coalición política no declarada, pero con claro programa: un rescate
capitalista a costa de la masacre de conquistas laborales y jubilatorias
de las masas.
Reforma laboral
La coalición ‘de facto’ se extiende, naturalmente, al triunvirato
cegetista que puso su gancho al proyecto oficial de reforma laboral.
Entre otros atropellos, la firma dejó intactos al recorte de las
indemnizaciones -sin aguinaldo ni bonificaciones-, a la precarización
juvenil bajo la forma de pasantías y a la tercerización generalizada.
Pero lo que supuestamente se sacó de la ley vendrá con los acuerdos por
rama: “el gobierno apuesta ahora a que la ‘gran reforma laboral’ se
materialice en las paritarias de 2018” (La Nación, 21/11). Ello implica
meter en los acuerdos paritarios cuestiones como la implementación del
“fondo de cese laboral”, que obligará al trabajador a financiar su
propio despido. Pero también “la baja de aportes patronales para obras
sociales y la revisión de cláusulas de antigüedad” (ídem). El gobierno
quiere paritarias a la baja y con techos salariales, por un lado, y
acompañadas por la modificación de los convenios colectivos, por el
otro. Al igual que ocurre con los gobernadores, el compromiso de la
burocracia sindical con el gobierno se extiende mucho más allá de las
votaciones del Congreso. Al mismo tiempo, esta guerra contra la clase
obrera abre todo un período de deliberación y luchas en los sindicatos y
lugares de trabajo, en torno de la defensa de conquistas históricas.
La lucha contra la reforma
Es muy claro que la reforma ha desatado una conmoción en los
sindicatos, lo que se advierte incluso en aquéllos más regimentados o
colaboracionistas con el gobierno. Para resumirlo en una hipótesis: si
la CGT convocara hoy un paro con abandono de tareas a las 10 de la
mañana contra el paquete antiobrero, habría un millón de obreros y la
ofensiva recibiría un golpe mortal. Eso no ocurrirá, precisamente,
porque la CGT es parte activa en la elaboración y aval del paquetazo.
Nuestra política es contribuir a la maduración en la masa de
trabajadores, para que un rumbo de lucha se abra paso contra la
dirección oficial del movimiento obrero.
La izquierda y el clasismo han tomado la delantera en articular una
respuesta de lucha, que tendrá lugar cuando el proyecto antiobrero
comience a tratarse en el Congreso. El Sutna, convocante e impulsor de
esta iniciativa de movilización, ha resuelto también un paro general
para ese día. En este cuadro, y en ocasión de esa misma jornada, una
fracción de la burocracia de la CGT ha anunciado una movilización. La
convocatoria está encabezada por Pablo Moyano, secretario gremial de la
central, y Palazzo, de bancarios y de la kirchnerista Corriente Federal.
La reunión donde se anunció este reagrupamiento estuvo tutelada por el
obispo Sánchez Sorondo, revelando hasta qué punto el Vaticano ha
decidido intervenir en la cuestión. Precisamente, una reunión en Roma,
en los próximas días, reunirá a los “rebeldes” con Héctor Daer -uno de
los responsables del pacto con el gobierno. Bergoglio y los suyos están
articulando un frente de contención de la reacción obrera ante a la
reforma oficial. La burocracia moyano-kirchnerista acompaña este
propósito, detrás de acciones aisladas que, en el mejor de los casos,
buscaría arrancar alguna concesión para sus gremios. Esa misma
burocracia opositora, por otra parte, ya ha pactado convenios
flexibilizadores, como ocurrió en Atilra, en la UOM fueguina o en
petroleros de Santa Cruz.
Para la masacre social que plantea el paquete oficial -con despidos y
mayor precarización-, el Vaticano no tiene otra receta que la de
extender el dispositivo asistencial. Con ese objetivo, el avión a Roma
se ha cargado también al otro triunvirato -el de la ‘economía popular’,
que ha pactado su propia tregua indefinida con el gobierno macrista.
Nuestra política
La fractura de la burocracia cegetista, en cualquier caso, es una
expresión distorsionada del mar de fondo que está recorriendo al
movimiento obrero. Lo mismo ocurre con las CTA, en vísperas de un fin de
año que podría estar acompañado por miles de despidos estatales. Para
la izquierda y el clasismo está planteado un amplio escenario de
intervención política y sindical, que puede explotarse favorablemente a
condición de que desarrollemos un programa de lucha y delimitación
respecto del pacto antiobrero y de sus cómplices políticos y sindicales.
En esta tarea, el Frente de Izquierda tiene una importante
responsabilidad: el 1.200.000 votos cosechados en octubre es un mandato
para impulsar una campaña de lucha y de denuncia contra el pacto
antiobrero de Macri, los gobernadores y la burocracia, en defensa de
todas las conquistas amenazadas y para que el ajuste lo paguen los
ajustadores. Ese programa plantea la defensa incondicional de las
conquistas de los convenios y de los derechos indemnizatorios, junto a
la lucha por el 82% móvil, contra el aumento de la edad jubilatoria y
por una reorganización social dirigida por la clase obrera. Como parte
de esta acción común, es necesario articular una gran columna de la
izquierda y el clasismo para cuando se debata la ley antilaboral en el
Senado.
Además del programa, el método con el cual preparemos e intervengamos
en esa movilización debe ser todo un factor de delimitación con la
burocracia, en particular, de la que posa de opositora. Reclamemos la
convocatoria a asambleas y plenarios de delegados en todos los gremios,
para votar la concurrencia y reforzarla con un paro activo en esa
jornada, como ya lo han resuelto el Sutna, la AGD y también el sindicato
del Subte. Impulsemos la coordinación zonal de todas las internas y
organizaciones de lucha, para promover la concurrencia y el paro en
todos lados, incluso allí donde la burocracia resuelva no movilizarse.
Por un confederal de delegados de base mandatados de todo el movimiento
obrero, para que la burocracia no resuelva por nosotros. Votemos la
ocupación de toda fábrica o repartición que despida masivamente, y una
estrategia de apoyo activo por parte del movimiento obrero combativo de
la zona.
La lucha contra el paquete antiobrero recién ha comenzado y abre un
amplio campo de desarrollo político y sindical para el clasismo y para
la izquierda revolucionaria.
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