TIERRA DEL FUEGO
El acuerdo de congelamiento salarial en la UOM
La UOM fueguina suscribió un acuerdo con Afarte (cámara patronal de fabricantes de electrónica) que congela los salarios durante dos años (junio 2018-junio 2020) a cambio de un compromiso de paz social, que entrañaría que no se produzcan despidos ni suspensiones en el sector. El uso de los potenciales es importante porque hasta estas horas el contenido del pacto no ha sido dado a conocer, lo que plantea la exigencia de su difusión. El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, reconoció -luego de firmar el pacto junto al titular nacional Antonio Caló- que “no hay garantías frente al acuerdo” lo que es particularmente grave en relación con el “compromiso” de no producir despidos y suspensiones (FM del Sur, 14/11).
El acuerdo de congelamiento salarial fue tejido por el gobierno provincial de Rosana Bertone, las patronales y la burocracia sindical como una ofrenda al gobierno de Macri en las negociaciones para que éste diera marcha atrás con el plan de eliminación de los impuestos internos a algunos productos electrónicos (de 17 a 0%), que en vez de ser suprimidos de un solo golpe ahora se quitarán gradualmente en un plazo que culmina en 2023.
En palabras de La Nación, “Con la baja escalonada del impuesto interno, las empresas perderán un diferencial competitivo que, en parte, compensarán con el congelamiento salarial” (14/11). Es evidente que las negociaciones han tenido como variable de ajuste a los trabajadores, que son sometidos a una gigantesca extorsión con la amenaza de pérdida de sus puestos de trabajo.
La dirección de la UOM ha actuado como una correa de transmisión de los planteos extorsivos de las patronales en las asambleas obreras. Martínez presentó el acuerdo como una alternativa más benigna al planteo original de Afarte, que consistía en una reducción nominal del 30% del salario.
Es una línea de ataque que estos sectores ya venían desarrollando en los últimos años, por medio de los contratos basura introducidos en el sector y de miles de despidos.
Al conocerse los anuncios oficiales, la directiva de la UOM anunció un conjunto de medidas (jornadas de propaganda, una movilización el 20, e incluso un paro el 28), pero siempre actuando como un segundo violín de los planteos empresarios.
El ataque no se restringe a los obreros metalúrgicos. Federico Hellemeyer, presidente de Afarte, ha expresado su intención de que el acuerdo se replique en los otros gremios de la actividad industrial de la isla. El ministro jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, no descartó a su vez un “efecto arrastre” en el sector público.
“Difícilmente podamos pensar en un aumento salarial en estas condiciones” (Sur 54, 14/11), dijo.
“Reconversión”
Ante los anuncios de eliminación de los impuestos internos a los productos electrónicos (televisores, monitores, celulares), que funcionan como una protección frente a la producción extranjera, Bertone dijo que implicaban una “disolución territorial de la provincia”. En el sector hay 9.400 puestos de trabajo directos y 1.600 indirectos. El gobierno nacional sostiene que se trata de una industria artificial, de bajo valor añadido, y que la eliminación de las barreras redundaría en un abaratamiento de los productos. Propone una difusa “reconversión” de la isla hacia el turismo, la pesca y otras actividades, que no garantiza la reubicación de los trabajadores.
Bertone advirtió al gobierno sobre el impacto explosivo de un desmantelamiento violento del régimen de promoción industrial. Dijo que atiza la “conflictividad social en un distrito que ha logrado pacificarse” (Cadena 3, 1/11). La gobernadora conoce de estas conmociones: el año pasado, su propio plan de ajuste (aumento de la edad jubilatoria, congelamiento salarial para estatales, etc.), desató meses de movilizaciones populares. El gobierno nacional también es consciente de este peligro.
Carrió elogió a Macri por el avance sobre la industria de ensamblaje fueguina al señalar que estaría perjudicando así a empresarios amigos suyos “que son los que están en ese negocio”. Pero según un artículo de La Política Online (11/11), su amigo Nicky Caputo, “fiel a su olfato para los negocios, ya [corrió] el foco de Mirgor [uno de los principales fabricantes isleños] a Central Puerto y la industria energética”. Otros artículos señalan que estas empresas tienen licencia de importadoras de las firmas para las cuales ensamblan, por lo que ante el cambio de viento podrían simplemente reacomodarse como importadoras (El Nuevo Día, 9/11).
Mientras los capitalistas discuten sus alternativas, a los trabajadores se los condena a pagar los platos rotos.
En lo inmediato, está planteado el rechazo de este acuerdo que podría servir inclusive de modelo a nivel nacional “para otros sectores en crisis” (La Nación, ídem). Cualquier reconversión de Tierra del Fuego, a su vez, debe ser debatida por los trabajadores y costeada íntegramente por las patronales que han amasado fortunas durante décadas.
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1482/sindicales/tierra-arrasada
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