El gobierno apresuró la votación de la “reforma previsional”, porque teme que el repudio popular creciente termine poniendo en peligro a
su proyecto.
No es para menos: la ley oficial prevé sacarle a los jubilados 100.000 millones de pesos sólo en el año 2018.
Pero, además, admite el aumento de la edad jubilatoria a 70 años, para hombres y mujeres. Y una reducción de aportes patronales que agravará todavía más el vaciamiento de la Anses.
La “republicana” Carrió, supuesta abanderada de los jubilados, ha salido a apoyar sin reservas este despojo. También están en ese campo los gobernadores y diputados que, del pejota a Alicia Kirchner, pasando por el “socialista” Lifschitz, han firmado el acuerdo fiscal que se financia con la plata de los jubilados.
Lo mismo vale para la burocracia de la CGT, partícipe necesaria de este ajuste contra las masas.
En oposición a ellos, comienza a despuntar un fuerte movimiento por abajo, que ya se expresó en las movilizaciones del 29 y el 6 contra el paquetazo oficial.
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