TEGUCIGALPA — A dos meses del golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya, la solución negociada a la crisis institucional parece cada vez más lejana, mientras la polarización social crece y aumentan los riesgos de una confrontación violenta, estiman analistas locales.
El fracaso de la misión de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que estuvo a principios de semana en Tegucigalpa, redujo la esperanza de quienes veían en la mediación internacional un camino hacia la recuperación institucional, perdida el 28 de junio con el golpe de Estado.
El gobierno de facto, encabezado por Roberto Micheletti, y sus grupos afines siguen dispuestos a no permitir el retorno a la presidencia de Zelaya, principal demanda de la comunidad internacional y de los hondureños opuestos al golpe, pese a las crecientes presiones internacionales.
El departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión de visas a los hondureños no inmigrantes, como medida de presión para el régimen.
"No le tememos al embargo de nadie... podemos salir adelante sin la ayuda de ustedes y de otros países", dijo Micheletti a los siete ministros de Exteriores de la OEA y al secretario general del organismo, José Miguel Insulza, a quienes recibió el martes en la Casa Presidencial.
Pero ciertamente, hay nerviosismo entre los grupos empresariales.
El presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ADIN), Adolfo Facussé, dijo a AFP que el principal temor es que se cierren a Honduras las fronteras comerciales de Centroamérica y Estados Unidos.
"Si quedamos fuera del CAFTA (tratado de libre comercio regional) eso sí sería la ruina para el país", como ha solicitado República Dominicana, admitió Facussé, aunque cree que tal escenario es improbable.
Pero incluso ante esa posibilidad, "los empresarios hemos decidido que no vamos a presionar al gobierno a que acepte, sólo para que no se nos afecte, preferimos comer tortilla y frijoles por un tiempo, es un asunto de dignidad", afirmó.
Facussé aseguró que "nadie en Honduras tiene confianza" en que la propuesta del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, respaldada por Estados Unidos y la OEA, y que prevé el retorno de Zelaya, vaya a impedir al presidente tomar represalias contra los que lo depusieron y continuar con su proyecto político.
La solución al problema es celebrar las elecciones el 29 de noviembre y que se elija un nuevo gobierno, lo que hará bajar las presiones internacionales, estimó el industrial.
Del otro lado, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, que aglutina a diversos sectores sociales, promete incrementar la lucha en las calles.
"Si algo ha logrado este golpe es unir a todo el movimiento social en torno a un tema que para nosotros es la vida: retornar al orden institucional, pero no para quedarnos ahí sino para avanzar hacia la refundación de la república hondureña", afirmó una de las dirigentes del Frente, Berta Cáceres.
Tal refundación, según este movimiento, pasa por convocar a una Asamblea Constituyente, que redacte una nueva Constitución "al servicio de los más humildes y no de las diez familias que se han apoderado del país", añadió.
Para el movimiento de resistencia, el proceso electoral que arranca el próximo sábado, carece de legitimidad mientras no se restablezca el orden constitucional.
Berta Oliva, presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), opina que la prolongación de la crisis política podría llevar a indeseables situaciones de violencia.
"El gobierno (de Micheletti) quiere llevar el país a una guerra civil, porque de esa manera se desarticularía el cerco internacional, además de que sería un gran negocio para los traficantes de armas y pertrechos y para las mismas Fuerzas Armadas", aseguró.
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