Los mismos nazis que generaron la censura previa de "La última tentación de Cristo " , los mismos nazis que impidieron continuar con la muestra de Leon Ferrari .Abel Parentini Posse no esta ahí con ellos tambien ? Y Elisa Carrio esta ocupada con sus hijos apropiados por Ernestina o nadando con sus patitos en Punta del Este y contenta porque acaba de comer asado antes del apocalipsis?
Campaña fascista contra la gobernadora de Tierra del Fuego
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Disparen contra Fabiana Ríos
Alejandro Freyre y José María Di Bello deberían haberse casado hace un mes en Buenos Aires. Un fallo judicial los había autorizado, pero el alcalde porteño, luego de no apelarlo, decidió desobedecerlo, motivo por el cual la jueza Gabriela Seijas, del fuero contencioso administrativo, pidió a la justicia penal que determine si Macri cometió un delito. Ante esa situación irregular, la pareja decidió cambiar su domicilio a Tierra del Fuego, confiando en que la gobernadora de esta provincia sería respetuosa de la decisión de la justicia.
Y así fue. El casamiento de Freyre y Di Bello no debería haber sido un hecho excepcional, ya que la norma debería ser que la Constitución se cumpla en todo el territorio nacional, no sólo en Tierra del Fuego. No debería ser necesario que las personas se muden a Usuahia para ejercer sus derechos y hacer valer un fallo judicial.
Sin embargo, luego la boda, los mismos que habían conspirado durante años contra los derechos de gays y lesbianas –con una extraña obsesión que resulta difícil de entender– comenzaron una campaña de desinformación y ataques contra la gobernadora. Si los argumentos esgrimidos por este coro rozan en algunos casos el ridículo, las trayectorias antidemocráticas de algunas de sus voces destacadas podrían explicar las verdaderas razones ideológicas de su ensañamiento contra Fabiana Ríos y su obsesiva militancia contra los derechos humanos de las personas homosexuales.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el obispo Romanín, quien sostuvo que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo “cambiaría radicalmente lo que hoy entendemos como familia” e implicaría además “la redefinición del matrimonio”. No es así. El reconocimiento legal de los derechos de las familias formadas por parejas del mismo sexo no cambia lo que es una familia, sino que incluye a familias que hoy están excluidas. La Constitución Nacional garantiza la protección integral de todas las familias, no sólo de las que le gusten al obispo. Tampoco se plantea ninguna redefinición el matrimonio –que seguirá teniendo las mismas características y efectos que hasta ahora–, sino la eliminación las barreras discriminatorias que les impiden a las parejas formadas por personas del mismo sexo contraerlo.
Los obispos católicos llevan más de cien años sin entender la diferencia entre la ley civil y sus dogmas: en 1887, cuando el gobierno de Roca envió al Congreso la ley de matrimonio civil, se opusieron con los mismos argumentos que ahora usan contra el matrimonio entre personas del mismo sexo: decían que “destruiría” la familia –lo mismo dijeron, cien años después, sobre la ley de divorcio– y que los matrimonios civiles serían “falsos matrimonios”, porque los únicos válidos eran los celebrados por los curas. Al igual que Alex y José ahora, varias parejas formadas por personas no católicas habían recurrido entonces a la justicia porque querían casarse y la legislación de la época no se los permitía. Fue el caso de Benancio Perdía y Josefa Pando, que eran bautistas y querían casarse por civil. La ley finalmente se aprobó y un obispo de entonces llegó a decir que era “una obra maestra de la sabiduría satánica”, culpa de “la gran prostituta de la historia, que fue la Revolución Francesa”.
Pero el más significativo de los argumentos del obispo Romanín contra el matrimonio de Alex y José fue advertir que “los niños crecerán pensando que esta conducta homosexual es natural”. Tiene razón: los niños de las generaciones venideras crecerán sabiendo que homosexuales y heterosexuales tienen la misma dignidad y merecen el mismo respeto y los mismos derechos, y que ni unos ni otros son más o menos normales o “naturales”, ni mejores ni peores. En la década del ’60, en Estados Unidos, quienes se oponían a los matrimonios interraciales argumentaban que Dios había puesto a negros y blancos en continentes diferentes para que no se juntaran. También decían que los negros eran “naturalmente” inferiores. Por suerte, los niños de hoy crecen sabiendo que el racismo es un crimen y que ni Dios ni la naturaleza tienen la culpa de que algunas personas estén enfermas de odio.
En la misma línea de Romanín, la UCA acusó a la gobernadora Ríos de cometer “una maniobra jurídico-política en fraude a la ley argentina vigente, que establece clara e imperativamente que el matrimonio es la unión estable y permanente entre un hombre y una mujer (art. 172 del Código Civil), con el fin de fundar una familia y abierta al don de la transmisión de la vida”. Todo mentira. En primer lugar, lo que hizo la gobernadora fue acatar un fallo judicial que había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 172 y 188 del CC y autorizado a Freyre y Di Bello a casarse, de modo que citar uno de esos artículos para acusar a la gobernadora de violar la ley es no entender cómo funciona el control de constitucionalidad de las leyes en una república. En segundo lugar, el art. 172 no define lo que el matrimonio sea, sino que establece formalidades protocolares para su celebración. En tercer lugar, ni ese artículo ni ningún otro del código establece que la finalidad del matrimonio sea la procreación, como insistentemente afirma la iglesia católica. Si así fuera, no podrían casarse las personas estériles, ni los ancianos, ni los que por una u otra razón deciden no tener hijos.
Argumentos similares a los de la UCA fueron usados por el presidente de la Corporación de Abogados Católicos, Eduardo Sambrizzi, una de las voces estables del coro antigay. Sin explicar por qué, Sambrizzi sentenció que el matrimonio de Alex y José María era “nulo” y lo calificó como “un show”.
Además de actuar como vocero habitual de la mencionada “Corporación”, Sambrizzi pertenece al autodenominado Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una pequeña entidad entre cuyos “socios honorarios” se encuentran José Alfredo Martínez de Hoz (h), Eugenio Aramburu (h) y Roberto Durrieu, ex presidente del grupo, quien fuera secretario de Justicia de la dictadura de Videla. También son socios de este “Colegio” los abogados de Astiz y Etchecolatz y otros defensores de militares que están presos o bajo proceso por torturas, asesinatos y robo de bebés. La “Corporación” y el “Colegio” suelen actuar juntos cada vez que se trata de oponerse a los derechos de los gays o a los juicios contra los represores. De hecho, el presidente de la Corporación, Eduardo Bieule, integra un grupo que participa de las marchas de Cecilia Pando. Los recursos judiciales contra el matrimonio gay fueron promovidos por Sambrizzi y otros abogados de estos grupos, que actuaron conjuntamente con el letrado Pedro Andereggen, quien tuvo su minuto de fama años atrás al promover la censura contra una exposición del artista plástico León Ferrari. En aquella movida, Andereggen hizo causa común con la agrupación “Custodia”, un grupo violento liderado por los dueños de una librería que vende bibliografía fascista. Los “custodios” firmaban las convocatorias a las protestas contra Ferrari junto al director de la revista Cabildo, en cuyo blog se pueden encontrar fotos del Benito Mussolini y Francisco Franco, junto a varios textos antisemitas.
Pero el que más lejos fue en su ataque contra la gobernadora Ríos fue el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, quien le pidió –no formalmente, sino de la boca para afuera– un juicio político. Pese a su condición de presidente del Colegio Público, Rizzo aclaró que hablaba a título personal. Destacados miembros de la entidad, como el constitucionalista Daniel Sabsay, habían respaldado públicamente la decisión de la gobernadora. También debe haber sido a título personal que, dos años atrás, Rizzo le hizo el saludo nazi en una asamblea de la entidad a un abogado judío, que lo denunció por ello ante el INADI.
Es probable que, en unos años, nadie recuerde a estos personajes. Pero cuando los libros de historia hablen de estos años, los niños del futuro, tal como le preocupa a Romanín, no entenderán por qué en esta época se les negaba a gays y lesbianas el derecho a casarse, como hoy no entendemos por qué hubo una época en que las mujeres no podían votar o los negros, en algunos países, no podían comer en los mismos restaurantes que los blancos. Y habrá seguramente una página en esos libros del futuro dedicada a una gobernadora progresista que, en el fin del mundo, el principio de todo, fue fiel a sus principios y ayudó a que el país diera un paso adelante en el respeto a la dignidad y los derechos de sus habitantes.
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