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martes, 19 de enero de 2010

“Hay que desarmar el andamiaje de los 90”

El legislador insiste en que presentará su proyecto de ley de Entidades Financieras, apoya con matices lo hecho por el gobierno con el central y desmitifica cuestiones sobre la deuda externa.

Heller sostiene que la utilización de reservas para cancelar deuda libera fondos del Presupuesto.

Por Matías Castañeda
política@miradasalsur.com

Tras una vida dedicada al movimiento cooperativo, el legislador electo Carlos Heller dice estar muy entusiasmado ante la idea de ocupar por primera vez un cargo dentro de la estructura estatal. Ya conformó junto a los diputados Martín Sabbatella, Ariel Basteiro, Jorge Rivas y Vilma Ibarra el bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, desde donde buscarán articular desde “una mirada progresista” proyectos que puedan llegar a convertirse en ley. También aspira a “articular espacios comunes con otros sectores, creando consensos más amplios”. Heller, presidente del Banco Credicoop, es sin duda una voz autorizada para hablar sobre los asuntos de fondo ligados al debate de estos días sobre el rol del Banco Central, los mitos sobre su autonomía, las competencias del Ejecutivo en relación con las políticas monetarias y económicas y la necesidad de discutir el modelo financiero. Por si esto fuera poco, Heller desmitifica la discusión histórica sobre la revisión de la deuda externa.

¿Cuál es la posición de su bloque respecto de los decretos firmados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación con el Banco Central y el pago de la deuda?


Sacamos un comunicado firmado por los cinco integrantes del bloque que básicamente dice que estamos de acuerdo con los dos decretos de necesidad y urgencia, tanto para el que crea el Fondo del Bicentenario como para el que plantea la remoción del presidente del Banco Central. Creemos, asimismo, que tiene que ser tratado en el marco del Parlamento y en ese sentido apoyamos la idea de convocatoria para efectuar sesiones extraordinarias, porque creemos que es la única manera en que se puede lograr una resolución. Creemos también que la utilización de reservas para cancelar deuda libera fondos que están en el presupuesto nacional, recursos fiscales, y que sería lógico que el Parlamento decidiera tratar su destino. Porque hoy en el presupuesto están incluidos recursos para el pago de deuda y, por lo tanto, de quedar liberados; sería interesante que el conjunto de la sociedad tenga plena conciencia sobre qué se va a hacer con esa plata.

Es decir, apoyan el uso de reservas para el pago de deuda pero piden participar en la discusión sobre el destino de los fondos ya aprobados en el presupuesto a ese fin...

Algunos plantean que hay que atender con las reservas el tema de la deuda interna, nosotros decimos que se pueden usar las reservas para atender el pago de deuda externa y que con los fondos que quedan liberados, aprobados en el presupuesto, se puede perfectamente destinar esos montos a programas sociales, a desarrollar nuevas propuestas de inversión, a infraestructura. Creemos que todo eso debe ser propuesto y tratado por el Parlamento. Sería una salida correcta y ordenada para el interés nacional.

–Esta semana se discutió en favor y en contra de la necesidad de respetar la autonomía del Banco Central, ¿cuál es su opinión?


–Nos parece bien la creación del Fondo y también que se produzca un cambio en la presidencia del Banco Central, porque no aceptamos la idea de que se trata de un conflicto de poderes.
En la Argentina hay tres poderes, no cuatro. Hay un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial. El Banco Central no es un poder, es una entidad que tiene un determinado grado de autonomía.

También se planteó el debate sobre la necesidad de una modificación de la Carta Orgánica del Bcra...

–Esa autonomía es producto de la reforma que en el año ’93 llevó adelante el gobierno de Carlos Menem, mientras Domingo Cavallo era su ministro de Economía, y que en realidad responde a las más profundas exigencias del Consenso de Washington.
La idea de las autonomías de los Bancos Centrales es uno de los ejes del concepto neoliberal. Entonces, cuando uno dice que está en contra de la idea neoliberal, y de lo que en la década del ’90 se construyó, también debe buscar desarmar aquellos instrumentos jurídicos que se constituyeron en esos años. El Banco Central debe tener la responsabilidad de la ejecución de la política monetaria, pero la política monetaria deber ser parte de la política económica.

–¿Qué opina de la actitud de Martín Redrado de resistirse a abandonar la dirección del organismo?


–Más allá de la figura de Martín Redrado creo que debería encararse una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Si se mira la Carta anterior, que rigió entre el ’73 y el ’93, el Banco Central tenía asignadas un conjunto de funciones que iban mucho más allá del control del valor de la moneda. Tenía que ver con la creación de empleo, con la mejora de la distribución del ingreso, con la defensa de las economías provinciales, de las pequeñas y medianas empresas...

–Tenía una función más social...


Tenía una función muchísimo más social. La reforma de Cavallo y Menem del ’93 dice, casi textual, que el control monetario está por encima incluso de los temas que tienen que ver con la mejora de la distribución de la riqueza. Cuando uno dice que hay que dejar atrás el modelo neoliberal, repito, no debe solamente repudiar lo hecho en aquel momento, sino que además debe buscar desarmar la estructura jurídica, todo el andamiaje ideológico, cultural, que se instaló en esa época.

–¿En qué estado está el proyecto de reforma de la actual Ley de Entidades Financieras que promovió usted tan fuertemente en la última campaña electoral?


Estoy trabajando en esa nueva Ley. El objetivo es tener un proyecto terminado para cuando se comience el período ordinario de sesiones, para los primeros días de marzo, que es cuando podemos como diputados presentar proyectos.

–¿Cuales serían los puntos más salientes de ese proyecto?

Hay dos ejes. El primero tiene que ver con la actividad financiera en sí, que debe ser considerada un servicio público. Cuando decimos eso no decimos que la actividad debe ser prestada sólo por entes públicos, sino que se tiene que prestar un servicio esencial. Algo que es tan importante para la gente, para las empresas, para los países, no puede quedar librado a decisiones de mercado. Debe ser algo que tenga profundas regulaciones a partir de considerar lo esencial para el desarrollo y las mejoras para la calidad de vida y la distribución del ingreso. El segundo eje se detiene en que la ley debería partir de las necesidades de los usuarios, definir las necesidades en materia de servicios financieros, y a partir de allí reglamentar cuáles son los roles, los servicios, que la actividad debe brindar. Prioridades como la inclusión máxima. En la Argentina el servicio bancario no llega a la mitad de su población. Hay que crear condiciones para una mayor cobertura geográfica, hay muchísimas ciudades que carecen de servicios financieros en la Argentina. Tenemos que crear mecanismos que prioricen u obliguen a destinar parte de los recursos al financiamiento de actividades productivas, de la economía social, de los sectores de la pequeña y mediana empresa.

–¿Qué puede decir entonces sobre la ley que hoy rige las actividades financieras?

–La ley argentina es una ley absolutamente de mercado, termina diciendo algo así como que los bancos podrán realizar todas las acciones que deseen salvo aquellas que estén estrictamente prohibidas. Queremos ir a una ley donde diga: los bancos pueden realizar esto. La que tenemos es una ley de la Dictadura, del año ’77, de Videla. Acá volvemos a lo de la Carta Orgánica: Martínez de Hoz en su discurso de presentación dijo “es la ley más importante de nuestro proceso y está destinada a marcar el rumbo económico del país por lo que resta del siglo”. Si queremos salir de ese esquema, y repudiamos esa ideología, tenemos que cambiar los instrumentos en los que esa ideología se sustentó y no caer en la trampa de decir: “Ah, pero está la ley, tenemos que dar seguridad jurídica”. ¿Qué seguridad jurídica? ¿La seguridad jurídica que mantiene los privilegios? ¿La seguridad jurídica que impide mejorar la distribución del ingreso? ¿La seguridad jurídica que mantiene la falta de inclusión social? Nosotros queremos otra seguridad jurídica. La seguridad jurídica que dice el artículo 14 bis de la Constitución, que todo el mundo tiene derecho a un trabajo decente, a una vivienda digna. Ésa es la seguridad jurídica que nosotros queremos.

–En una reciente entrevista que le hizo Horacio Verbitsky, el ex presidente Néstor Kirchner habló sobre la posibilidad de sancionar esta ley pero no se mostró del todo entusiasmado...

Estoy trabajando en ese proyecto autónomamente, y no tiene por qué comprarse a libro cerrado. No deseo hacer un proyecto testimonial. Voy a intentar conseguir los apoyos necesarios, y si puedo contar con el apoyo del Ejecutivo y de los legisladores que conforman el espacio oficialista, bienvenido sea. Y mejor si puedo obtener el apoyo de otros sectores, como el de la centroizquierda, que son imprescindibles para que el proyecto pueda convertirse en ley. Particularmente cuando leí lo que dijo Kirchner, lo leí como una buena noticia.

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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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