Tres partidos opositores

Clarín, La Nación y la familia judicial

El Poder Judicial y Papel Prensa son los dos frentes que unen al grupo Clarín y al diario La Nación en defensa de sus intereses comunes.

Por E. Anguita y F. Balázs
política@miradasalsur.com

El Poder Judicial y Papel Prensa son los dos frentes que unen al grupo Clarín y al diario La Nación en defensa de sus intereses comunes. Con los nervios desatados en las últimas semanas, Julio Saguier, presidente del directorio de La Nación y de Papel Prensa, y el periodista Luis Ventura, vocero de la familia judicial en el diario fundado por Bartolomé Mitre, lanzaron una virulenta campaña en defensa de jueces que fallen contra leyes sancionadas contra el Congreso. La Nación, utilizando una metáfora futbolera, es al Poder Judicial lo que el diario Olé a los hinchas de fútbol.
Algunos jueces hablan a través de sus sentencias…y de Adrián Ventura. Como prueba de este andamiaje, Ventura da muestras de expresar en sus columnas las opiniones corporativas de la familia judicial. En más de una ocasión, anticipa o adelanta fallos. En la edición del jueves 25, bajo el título La crisis institucional, publicó que "La discusión sobre el pago de la deuda, podrían desbloquear las reservas (…) Se espera un inminente fallo de cámara en favor del Gobierno y un segundo tribunal está cerca de decidir lo mismo".
Por su parte, y alineado con la defensa de los intereses de ambos medios en Papel Prensa, Joaquín Morales Solá publicó el miércoles que "(Guillermo) Moreno instruyó a los directores estatales de Papel Prensa para que hicieran lo posible y lo imposible para devaluar la empresa hasta que el Estado pudiera comprarla a precio de oferta o para crear las condiciones de una intervención. Es eso lo que ha hecho durante seis meses. Papel Prensa sería inviable si La Nación y Clarín decidieran no comprarle papel para diarios".
Volviendo a Ventura, el viernes reprodujo la carta que el presidente de la Cámara Federal de Mendoza, Otilio Romano, le envió al titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo: "Las presiones de los organismos de derechos humanos comenzaron el 28 de diciembre, cuando recibí la causa de la ley de medios; yo las atribuyo a presiones para que votara en favor de la norma. Además, extraños ingresaron en mi casa y en un operativo comando, en apenas siete minutos, supieron desactivar la alarma y me robaron sólo la computadora y documentos, cuando podrían haberse llevado cosas de mucho valor". Ventura se hace eco de una burda maniobra que carga sospechas sobre los organismos de Derechos Humanos, en vez de aclarar que Romano fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por sus manifiestas dilaciones para juzgar a los genocidas en su provincia.
Otra muestra de la cruzada judicial de La Nación es la defensa de la jueza María José Sarmiento, quien se ampara en que su padre, el coronel Luis Sarmiento, nunca había sido citado por los tribunales misioneros por su actuación en 1976. Jamás publicaron que la justicia federal misionera lo citó varias veces desde 2006. Ventura escribió: "A partir de hoy, el Gobierno está dispuesto a entrometerse en el arcón de los recuerdos para hurgar en cualquier desaguisado que haya cometido un abuelo o un tío, cualquier cosa que pueda manchar, salpicar o arruinar una carrera judicial, por efecto contagio".

Mendoza.(la provincia mas conservadora y reaccionaria del país?)
La Nación no tiene un interés particular en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como sí lo tiene Clarín. Sin embargo, salió a ensalzar el fallo de la Cámara que sin fundamentos ratificó la maniobra urdida por el grupo Vila-Manzano y el diputado amigo del grupo Enrique Thomas, para que la jueza Olga Pura de Arrabal tomara la iniciativa de negar legalidad a la norma que el Congreso votó para cambiar la comunicación audiovisual en la Argentina. La ratificación de Cámara llevó a que los abogados de la nueva autoridad de aplicación, a cargo de Gabriel Mariotto, preparen la fundamentación de la apelación ante la Corte Suprema. Aunque es prematuro aventurar el dictamen del alto tribunal, fuentes cercanas a varios ministros de la Corte consideran inviable que los supremos den pie al reclamo –por cuestiones de procedimiento dentro de la Cámara de Diputados- y entren en conflicto con el Congreso que votó una ley con un procedimiento normal.
Vale la pena detenerse en la trayectoria de los miembros de la Cámara Federal de Mendoza. Todos ellos juraron por los estatutos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

Otilio Roque Romano, fue designado fiscal entre 1974 y 1975. Durante la dictadura fue ascendido a juez federal. Jamás escuchó denuncias de los familiares de desaparecidos ni las condiciones en las que estaban los detenidos "legales". Por el contrario, colaboró con los militares en la persecución penal de quienes lucharon contra la dictadura.

Julio Petra, fue denunciado "por su vinculación con los intereses del grupo Vila-Manzano" al favorecer al grupo empresario sobre la Universidad Nacional de Cuyo, en litigio por los terrenos de esta institución pública" .

Alfredo López Cuitiño, fue miembro de una composición anterior de la Cámara junto a Carlos Pereyra González y, junto a él, liberó a los represores Cardello, León y Mirota, acusados de asesinar a los estudiantes Amadeo Sánchez Andía y Romano Rivamar. También dejaron en libertad al coronel Oscar Orlando Dopazo.

Luego, con el voto positivo de Julio Petra y Carlos Pereyra González (Alfredo López Cuitiño votó en contra), dieron la libertad al sargento del Ejército Osvaldo Benito Martel, acusado gravísimas torturas contra Margarita Rosa Camus, nieta del entonces gobernador de San Juan, Eloy Camus. Esos camaristas también dispusieron la libertad de los ex comisarios Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, procesados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el homicidio del escritor y periodista Francisco Paco Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy".

Luis Francisco Miret, tercer camarista junto a Romano y Petra, también fue fiscal y ascendió a juez durante la dictadura. Se declaró amigo confeso del general Teofilo Saa, ex jefe militar de la provincia de San Luis, acusado de crímenes de lesa humanidad e indultado por Carlos Menem. Miret era procurador Fiscal Federal en San Luis mientras Saa dirigía la represión. Esa es la "amistad" de la que se hace cargo para no meterse con crímenes de lesa humanidad.

Por último, la jueza federal Olga Pura de Arrabal no registra antecedentes en relación a la represión. Pero vale la pena ver su pasado para entender su "imparcialidad" en el caso de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tuvo actividades como abogada a favor de la empresa mendocina de Supercanal (Grupo Vila-Manzano). Vive en el barrio Dalvian, un conjunto habitacional perteneciente a Daniel Vila. Su primer antecedente en materia de medios audiovisuales fue el 25 de enero de 2008, cuando sacó del aire al canal público. Pura de Arrabal hizo lugar a un amparo de un personero del Grupo Vila Manzano y durante dos meses dejó a los mendocinos sin la posibilidad de recibir Canal 7.

La verdad me alegro que no hayan prosperado las negociaciones que intentaron estos jueces de la dictadura cómplices de haber avalado crímenes aberrantes que querían negociar su protección a cambio de fallar a favor de la Ley de medios SCA 26522/09 , la verdad es que la ley de medios podrán postergar su puesta en marcha unos meses pero nunca podran frenar la ley y al puevblo que la apoya en cambio a estos jueces los tiene que echar igual que a todos los que fueron jueces en la dictadura .