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viernes, 9 de julio de 2010

Los mismos derechos con los mismos nombres

Por Vilma Ibarra, Nuevo Encuentro Popular y Social

Publicado en la Revista Debate, julio 2010.

El eje central del debate acerca del matrimonio para personas del mismo sexo es la igualdad. La pregunta central que debemos respondernos es ¿por qué una institución civil que otorga protección legal a la familia, debe discriminar a las personas según su orientación sexual? ¿Por qué, una persona que comparte su vida y su familia con una persona de igual sexo debe tener menos derechos, menos protección legal, que una persona que lo hace con alguien de distinto sexo? Hay aquí, sin dudas, una cuestión que se vincula a la discriminación y a la desigualdad.
Esto explica que el debate no quede saldado con la sanción legislativa que regule una institución distinta, llamada “unión civil” reconociendo “algunos” derechos a las familias homoparentales, constituyendo así una suerte de “legislación especial” para quienes en definitiva serán tratados como “diferentes”. Impedir el acceso al matrimonio, en igualdad de derechos y responsabilidades, para todas las personas, es el único camino que permite consagrar la plena igualdad.

Desde siempre en la historia de la humanidad existen las familias homoparentales. En nuestro país, a raíz del debate abierto sobre la modificación de la ley civil, esto se ha visibilizado. Descubrimos entonces, como sociedad, que la ley de adopción vigente hoy permite la adopción de niños sin atender a la orientación sexual del adoptante. Ello ha dado lugar a que ya existan cientos de niños adoptados por un padre o madre homosexual que cría su hijo con su pareja. Existe hoy, ha existido siempre y es una realidad que no inventa la ley en tratamiento. No habrá, de sancionarse la ley, más o menos niños criados o adoptados por parejas homosexuales. La ley, lo que sí permitirá, será saldar la injusticia a la que la actual legislación somete a esos niños, adoptados sólo por uno de sus padres, sin que el otro pueda ser co-adoptante, por no poder contraer matrimonio. Al figurar sólo uno de sus padres como adoptante, sólo a éste puede heredar el niño, sólo a éste puede exigirle alimentos, y sólo de éste puede gozar la obra social, para tomar algunos ejemplos. Esta situación es la que repara la ley, que sólo innova en tanto protección de los derechos de estos niños, que de otro modo quedan discriminados a causa de la discriminación que viven sus padres.

Quienes se oponen a la sanción de la ley invocan que lo “natural” es la existencia de un hombre y una mujer para constituir un matrimonio. Vivimos en una sociedad plural, que conformamos diferentes personas, con distintas religiones, etnias, opiniones políticas, orientaciones sexuales, y lo único que permite la existencia armónica y pacífica, es la existencia de normas, que todos debemos respetar y frente a las cuales somos tratados en pie de igualdad, independientemente de nuestras diferencias. El problema se instala cuando un sector quiere imponer a todos su mirada acerca de la institución matrimonial y la familia.
El mismo argumento de la “naturalidad” se usó, en otros tiempos, para justificar, por ejemplo, el sometimiento de la mujer a la voluntad del hombre. No dudo que cada vez que se invoca la “naturalidad” para justificar que unos gocen de derechos que a otros se les niega, se esconde la discriminación. Así sucede, por ejemplo, con el racismo.

La palabra “matrimonio” no es “naturalmente” el vínculo entre hombre y mujer, porque la palabra nombra aquello que culturalmente las personas adoptamos como concepto. Somos las personas, en tanto cultura, las que damos permanentemente sentido a las palabras. El valor de la palabra es tal que ellas mismas crean realidad. Hubo un tiempo en que la libertad tenía un sentido restringido, igual que el voto. Ampliar los conceptos para que abarquen a todas las personas es, precisamente, el recorrido hacia la igualdad. Si perpetuamos las palabras con su contenido en un sentido restringido, estaremos ratificando la desigualdad y la discriminación.

Por eso el reclamo es que todas las personas, independientemente de nuestra religión, nuestra orientación sexual o nuestra etnia, podamos acceder en igualdad a la institución civil que protege a la familia en un Estado laico.

Fuente : Página de Vilma Ibarra

Y para que quede bien claro , bajo ningún concepto se va a aceptar la segregación social o Apartheid al que pretenden someter a un sector de nuestra población los sectores ultraconservadores de nuestra sociedad que viven aún en la edad media y a los que todavía restan 2000 años de evolución humana :

Trampa legislativa, no a la unión civil y basta de presión de la iglesia

En la Comisión de Legislación General del Senado se ha concretado una verdadera trampa legislativa que tiene por objetivo rechazar el proyecto de reforma del código civil, impedir que la cámara baja insista con el tratamiento de la Ley del matrimonio igualitario durante el próximo año y medio y en ese lapso intentar imponer un régimen de segregación, que denominan “Unión Civil”. Ese es el plan que la Senadora Negre de Alonso ha pergeñado al servicio de la cúpula de la Iglesia Católica.

Para derrotarlo debemos lograr que los senadores y senadoras voten con libertad e información el próximo 14 de julio y derrumbar el lobby de los fundamentalistas, que nuevamente – como ya hicieron cuando se debatió el divorcio- han desarrollado una monumental manipulación del debate, mintiendo y utilizando a los niños y niñas para justificar su oposición a la igualdad de derechos.

Para explicarlo de manera sencilla, han reunido dos temas diferentes: la reforma del código civil para consagrar la igualdad jurídica y la creación de un nuevo “instituto” que no estaba en debate. Los 15 integrantes de la comisión debían aprobar la modificación del código civil, rechazarla o introducirle modificaciones a la reforma propuesta para que las considere la cámara de origen – es decir, diputados- , la mayoría de la comisión firmó un dictamen que rechaza la media sanción y la minoría firmó otro que propone su aprobación. Además, esa misma mayoría firmo también otro dictamen de un proyecto de “unión civil” para barrer por un año y medio cualquier intento de consagrar la igualdad jurídica para lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Así el 14 de julio se deberá votar primero el rechazo al “dictamen de mayoría” de la comisión, para luego considerar el dictamen de la minoría de la comisión y que los 72 senadores/as puedan votar por si o por no al matrimonio igualitario. La trampa ha sido gestada en la comisión por la senadora Liliana Negre de Alonso, que ya ha demostrado ser peón del Opus Dei, una poderosa secta fundada por el cura franquista José María Escrivá de Balaguer para respaldar a la dictadura española, aliada del nazismo y el fascismo. Fue la dictadura de Franco y Balaguer la que encarceló, torturó y asesinó a homosexuales, o los expulsó del país.

Así lo echaron de España a Miguel de Molina y lo fusilaron a Federico García Lorca por ser homosexuales. La estafa apunta a interrumpir arbitrariamente el debate sobre el código civil. En su lugar quieren imponer la discusión no consensuada de un nuevo instituto que nada tiene que ver con la igualación de derechos para todas las personas independientemente de su género y orientación sexual y que no garantiza los mismos derechos para todas las familias.

Claro que si solo se oponen al proyecto con media sanción sin “ofrecer” algunos derechos para la comunidad LGBT se exponen más claramente ante la opinión publica como lo que realmente son: discriminadores. Pero lo son de todas maneras. Han inventado este engendro ilegal e inconstitucional de “unión civil”, que en esta versión no solamente no garantiza la igualdad de derechos para las familias con dos padres o madres porque desconoce la existencia de este tipo de familias al negar los derechos a herencia de los hijos e hijas de parejas LGBT; sino que pretende “regular transferencia de bienes” entre parejas del mismo sexo, pero en el fondo no garantiza ni ese derecho ni ninguno otro. En su articulo 24 este proyecto de “unión civil” establece la “objeción de conciencia” (!!!???). Le “garantiza el derecho a la objeción de conciencia de cualquier persona que tuviere que intervenir en actos jurídicos o administrativos vinculados con las regulaciones de la presente ley”.

Es decir que aun la ciudadanía de segunda que ofrecen a millones de ciudadanos y ciudadanas queda librada a la “conciencia” de los funcionarios y/o empleados que intervengan en el acto “jurídico o administrativo”. En absoluto el ejercicio de ningún derecho puede quedar librado a la “conciencia” de cualquier funcionario. Reclamamos igualdad jurídica y que los derechos para la comunidad LGBT estén garantizados por la fuerza del Estado.

Pero lo más alarmante es la creciente embestida del fundamentalismo del episcopado católico que persiste en subordinar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas a su intolerancia. Están presionando sin descanso para impedir la sanción de una norma que no viene restringir los derechos de nadie sino reconocer los derechos de personas y familias injustamente discriminadas. En el marco de un Estado laico, la Honorable Cámara de Senadores está siendo acosada – y algunos de sus miembros extorsionados – por los verdaderos enemigos de la libertad, la igualdad y por ende, de nuestra constitución.

Desde 100% Diversidad y Derechos sostenemos una posición a favor de la igualdad, no aceptamos la unión civil! La justicia nos esta dando la razón y ya ha trascendido la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil, por impedir el matrimonio a las parejas del mismo sexo.

No nos vamos a resignar ni aceptar un régimen de segregación. Llamamos a redoblar los esfuerzos para obtener la sanción definitiva del matrimonio igualitario. Le pedimos a los senadores y senadoras que el próximo 14 de julio no le den la espalda al pueblo al que deben su representación, y les recordamos que su verdadero y auténtico compromiso es no someterse a los caprichos de fundamentalismos y sectas, sino velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas de la república independientemente de la ideología, género, religión, orientación sexual.

Rechazamos también el intento de algunos sectores por presentar la Ley del matrimonio igualitario como una Ley K, para reproducir una disputa oficialismo/ oposición que nada tiene que ver con esta Ley. Esta reforma del código civil tiene un montón de papás y mamás… Se han expresado a favor de esta reforma, además del ex presidente Néstor Kirchner, Ricardo Alfonsín, Gerardo Morales, Ricardo Gil Lavedra, Eugenia Estenssoro, Felipe Solá, Hugo Moyano, Hugo Yasky, Hermes Binner, Fabiana Ríos, Martín Sabbatella, Vilma Ibarra, Margarita Stolbizer, Pino Solanas, los socialistas, la a FUA, los organismos de derechos humanos, entre tantos sectores. También se han expresado a favor los Consejos Directivos de las Universidades de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis y los rectores de las universidades de San Juan, Rosario, entre otros/as.

Esta Ley tiene un gran consenso político y social, aún más que la mayoría de las leyes que se han discutido en los últimos tiempos. Estamos convencidos que el camino hacia la igualdad es inevitable y será pronto una realidad en la Argentina. Sigamos en la lucha!

Fuente : Blog 100% Diversidad y Derechos

2 comentarios:

Daniel dijo...

Excelente.

Javier dijo...

Esperemos el próximo miercoles Argentina sea el primer pais sudamericano en igualar los derechos para todas y todos nuestros compatriotas.

Un abrazo

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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