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jueves, 5 de agosto de 2010

El fin de la dictadura de los bancos

ENTREVISTA A CARLOS HELLER

Por Héctor Bernardo

El martes la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados comenzó el tratamiento de los dos proyectos presentados para modificar la ley impulsada por Martínez de Hoz durante la dictadura cívico-militar. Un proyecto pertenece al diputado Gerardo Milman (GEN) y el otro lo confeccionó Carlos Heller, Diputado Nacional por Nuevo Encuentro con el aval del oficialismo.

Cuando en 1976 José Alfredo Martínez de Hoz -uno de los principales ideólogos de la dictadura- aseguraba que se había “dado una vuelta de página” y que se había “acabado el intervencionismo estatizante y agobiante”, sólo estaba haciendo el preludio del modelo económico que había venido a implantar el sangriento gobierno cívico-militar.

Una de las piedras fundamentales de aquel modelo fue la Ley de Entidades Financieras, que regula hasta la actualidad la actividad bancaria. Pero, así como la lucha de diversos sectores y la voluntad política del actual Gobierno logró que la Ley de Radiodifusión fuera modificada por una norma de la democracia, ahora parece que le llega el turno a la actividad bancaria que también debe ser democratizada.

En este sentido, el economista y diputado nacional por Nuevo Encuentro Popular y Solidario, Carlos Heller, charló con Revista Zoom sobre su proyecto Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social que propone para remplazar a la ley de regulación bancaria de la dictadura.

-¿Por qué es necesario cambiar la Ley de Entidades Financieras?

La ley 21.526 aplicó una fuerte desregulación sobre el sistema y durante su vigencia se produjeron varias crisis financieras y la desaparición de una gran cantidad de entidades, situación que, asociada a la liberalidad para el ingreso de bancos de capitales extranjeros, determinó una fuerte concentración y extranjerización de la actividad bancaria.

Esta ley es parte del núcleo duro del neoliberalismo y fue la herramienta principal de la estrategia de la dictadura militar para arrasar con el anterior modelo de sustitución de importaciones e instalar un nuevo modelo de valorización financiera, sobre la base de la liberalidad de la ley, en la medida en que los bancos pueden hacer todo lo que quieran excepto lo que se les prohíbe.

A lo largo de todos estos años se fueron introduciendo al texto original una gran cantidad de modificaciones, algunas de las cuales significaron avances, pero ninguna cambió los aspectos esenciales de la ley y de sus implicancias. El artículo que permite a los bancos comerciales realizar toda operación que no esté expresamente prohibida, se mantuvo incólume.

Los datos macroeconómicos indican que la excesiva permisividad no deriva en un beneficio para la sociedad. Si bien el sistema financiero emergió sano de la crisis de 2001, en 2009 el total de crédito al sector privado no financiero apenas llegó al 11.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un valor que se repitió estos últimos años y que es el más bajo de América Latina. Pero además, los bancos mantienen una liquidez excesiva que alcanza al 35 por ciento de los depósitos, cuando gran parte de ese dinero debería utilizarse para dar crédito.

-¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el proyecto de Ley de Servicios Financieros y la Ley de Entidades Financieras vigentes?

El Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, que presenté conjuntamente con los diputados del Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, al cual pertenezco, cambia conceptualmente el espíritu de la Ley de Entidades Financieras 21.526. Se pasa de una ley para bancos, a una ley pensada en los usuarios de los servicios financieros. De allí que en el proyecto se define a la actividad financiera como un servicio público, se establecen nuevas regulaciones a los bancos, hay un capítulo dedicado a la democratización de los servicios financieros, que entre otras regulaciones, coloca cupos mínimos de cartera para prestarle a las micro, pequeñas y medianas empresas. También se establece una tasa de interés máxima para préstamos a micro y pequeñas empresas en base a una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento, como así también para préstamos personales inferiores a 100.000 pesos. Se encomienda al Banco Central establecer un listado de “Servicios Esenciales” que las entidades deberán ofrecer dirigidos hacia los sectores de menores ingresos de la población, para los que se fijarán pautas operativas determinadas y un nivel adecuado de comisiones. También se le dedica especial atención a la “Protección del usuario de los servicios financieros”, por la cual se obliga a las entidades a dar tratamiento y resolver los reclamos que presenten sus usuarios, a través de un Departamento de Atención a Usuarios. Se crea la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central, cuya misión consiste en la defensa y protección de los intereses de los usuarios financieros, entre otras medidas protectivas.

-¿Por qué es importante fomentar la actividad financiera en localidades del interior del país?

Porque en muchas localidades, con la actual normativa, la atención bancaria no genera la rentabilidad apropiada para sostener las sucursales. Por ello se requieren medidas amplias y creativas que fomenten la instalación de los bancos en estas ciudades. Precisamente, nuestro proyecto de ley instaura un fuerte fomento a la actividad financiera en las localidades de menor desarrollo relativo del interior del país. A las habituales ponderaciones de clase, naturaleza jurídica y otros parámetros utilizados para establecer regulaciones y exigencias diferenciadas, por este proyecto el BCRA deberá tener en cuenta también el origen del capital de las entidades y las características económicas y sociales de los sectores y regiones atendidos. La política de autorizaciones de filiales deberá guiarse por el objetivo de ampliar la cobertura geográfica del sistema financiero de modo de facilitar el acceso de los usuarios a sus servicios, así como evitar una excesiva concentración de filiales en las diferentes plazas, en particular en los centros urbanos densamente poblados.

Y también permitir que los bancos puedan delegar, por ejemplo en una cooperativa de servicios públicos, operaciones con el respaldo del banco pero a través de la operatoria de la cooperativa, lo cual mejoraría sustancialmente la posibilidad de llegada de los servicios bancarios a muchas localidades.

-¿Qué diferencia existe entre un país que fomenta mega-industrias y uno que financia al sector de la micro, a la pequeña y mediana empresa como propone este proyecto?

Tiene que ver con el modelo de desarrollo que decide cada país. Pero podemos decir que en general las grandes empresas no tienen problemas para conseguir crédito, tienen además la posibilidad de acceder a los mercados internacionales y a los mercados de capitales. En el caso de las pymes, históricamente han tenido dificultades para obtener crédito, y por esta cuestión el proyecto se preocupa especialmente en orientar el crédito a este sector, más allá de las políticas públicas que se deben aplicar para fomentar a las pymes, entre otras medidas, los regímenes de subsidio de tasas de interés.

-¿Por qué puede ser útil un mecanismo de regulación de tasas para que ninguna entidad pueda cobrar a este segmento de micro y medianas empresas una tasa superior al 5 por ciento de la media que cobra el sistema?

Para evitar que haya micro y pequeñas empresas que por esa característica, se les apliquen tasas excesivas, como sucede actualmente, independientemente de la posibilidad de repago que tenga cada empresa. Ser chico en muchos bancos ya califica negativamente. Por esa razón la aplicación de una tasa máxima beneficiará a gran cantidad de micro y pequeñas empresas.

-¿En qué influye que la garantía de depósitos esté a cargo del Estado?

El objetivo es generar un sistema más protectivo desde el punto de vista del depositante. En la actualidad el régimen de garantía no es obligatorio, adhieren sólo los bancos que lo desean y protege un importe muy pequeño de hasta 30.000 pesos. En nuestro proyecto la garantía es Estatal, todos los bancos están obligados a aportar a un fondo compensador. Pero en situaciones de crisis, y valga el ejemplo de la que está enfrentando Estados Unidos, los fondos acumulados de garantía se podrían agotar rápidamente. Al ser el Estado el garante, se amplía el poder de fuego para combatir la crisis. Ayuda también, como proponemos en el proyecto, que no haya “bancos demasiado grandes para salvar” y por eso se establece un límite del 8 por ciento en la participación de mercado de cada banco en el segmento de depósitos y préstamos del sector privado.

-¿La ley podría ser la base para fomentar un círculo virtuoso favoreciendo la inversión para aumentar la producción?

Sin duda, pero aquí debe hacerse una salvedad. Nuestro proyecto regula el sistema financiero, un sistema que históricamente contó con depósitos de cortísimo plazo, situación que persiste hoy día y se estima que continuará por un largo período. Con estas características, el sistema financiero no está en condiciones de otorgar préstamo a largo plazo, indispensable para la inversión, más que en una pequeña cuantía. Se requiere entonces recrear un mercado de fondos a largo plazo, como lo son los ahorros provisionales, entre otros, y canalizarlos a través de un Banco Nacional de Desarrollo, de carácter público, que asigne los créditos en función del modelo de desarrollo que se desea para la economía del país.

Un Banco Central Autista

-¿Es necesario cambiar la Carta Orgánica del Banco Central?

Yo creo que sí. Ya lo vivimos con la remoción del anterior presidente, Martín Redrado, cuando se hablaba del Banco Central como si fuera otro poder de la República. La actual Carta Orgánica, sancionada en 1992, establece un Banco Central autista que sólo tiene como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda, sin ninguna injerencia del Poder Ejecutivo. Con esta definición los planes del gobierno pueden ir hacia el fomento a la actividad económica, y el Banco Central los puede comprometer seriamente no generando la cantidad de dinero que se necesite para el crecimiento de la producción deseado.

En la mayoría de los países los bancos centrales tienen otros objetivos, como mantener el máximo nivel de empleo, estabilidad de precios y bajas tasas de interés de largo plazo (Reserva Federal de EEUU), así como varios países incorporan también otros objetivos de contribución al desarrollo. Yo creo que sería muy importante volver a las objetivos fijados en la anterior Carta Orgánica, de 1973 y que funcionó por cerca de veinte años, en los cuales se establecía que “El banco tendrá por objeto: Regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda”.

La vinculación y colaboración entre los bancos centrales y los gobiernos de los distintos países es un hecho innegable y demuestra que es la estrategia más adecuada para formular la política monetaria.

Fuente : Revista Zoom

3 comentarios:

Daniel dijo...

Fundamental Javier.
Justo ayer estaba pensando que estaba pasando con este proyecto.
No sabía que el Gen presentaba uno a su vez.
Habrá que ver similitudes y diferencias.

Ricardo dijo...

Hay que ponerle el cuerpo a esta pelea también.
No creo que la Banca se lo tome con soda.
Hubiera sido mejor hacerlo antes, también.

Abrazo.

Javier dijo...

Ojalá tengamos mucho apoyode todos los sectores nacionales y populares para poder lograr este importante cambio , recuerdo al Dr Reckade hablar de la sagrada trinidad de las leyes de la dictadura medios , entidades financieras y recuperar la ley de contrato de trabajo que la dictadura masacro y que la derecha cuando reaclade logra recuperar algunos pocos derechos dice que es antiempresa siempre . Vamos logrando hitos y vamos por mas

Un abrazo a ambos

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Politica Obrera