Por estas cosas es que se hace imprescindible reformar la constitución argentina

Entre las peores cosas que nos legó el maldito Pacto de Olivos que firmaron en 1993 los ex nefastos presidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsin esta el paso de los recursos naturales de la nación a las provincias . Por eso hoy será muy dificultoso para cualquier gobierno hoy y en el futuro propiciar una política nacional de preservación del medio ambiente .

Ojalá tuviésemos algún día la correlación de fuerzas necesaria para volver a lo que decía en este aspecto la constitución de 1949 :

Art. 40 - La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución.

Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.

El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido

Los gobernadores de provincias mineras desconocerán la ley de glaciares

Si el Senado la convierte en ley la presidenta no la vetará y delegará la resistencia en los gobernadores de las provincias afectadas, quienes ya planearon su contraataque: la desconocerán a la norma alegando que la Constitución les asigna el control de los recursos naturales de su territorio. En San Juan ya hay una ley que rechaza la iniciativa nacional.

El jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, lo confirmó por la red social Twitter, uno de sus foros preferidos para expresarse: “El proyecto de Glaciares en tratamiento acarreará complicaciones a las provincias. No lo compartimos. Si se vota, no se vetará. Se promulgará”, aclaró.

La presidenta ya le había adelantado esa posición a los legisladores, que no se modificó ante la aprobación del proyecto en la Cámara baja. Pero eso no significa que esperará plácida que las explotaciones mineras se suspendan, en caso de que el proyecto pase el filtro del Senado: si eso ocurre, serán los gobernadores de las provincias mineras quienes liderarán la embestida para bajar esa ley en la justicia.

Así lo pautaron el pasado 6 de julio en la Casa de Salta los gobernadores de esa provincia (Juan Manuel Urtubey), La Rioja (Beder Herrera), Catamarca (el radical Eduardo Brizuela del Moral), San Juan (José Luis Gioja), Mendoza (Celso Jaque) y Walter Barrionuevo (Jujuy).

Allí también estuvo el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de las provincias de Río Negro, Neuquén y Catamarca.

Los gobernadores acordaron impulsar proyectos en sus legislaturas que defiendan las explotaciones mineras en sus provincias siempre que se haya comprobado que no dañan el medio ambiente.

Es decir que paguen la cometa correspondiente las empresas extranjeras que luego se llevarán libremente el 150% de sus inversiones , girándolas sin control oficial alguno como ninguna otra actividad económica , a sus países de origen y sin garantizar el desarrollo regional , a la vez que al no haber controles adecuados las consecuencias ambintales pueden ser nefastas . Debemos tener en cuenta que hoy toda la minería en el país representa alrededor del 4% del PBI y es inmenso el poder de lobby que tienen estos grupos económicos , especialmente frente a los gobiernos locales .

Una semana después, la mayoría acompañó a la presidenta a la sede de la empresa canadiense minera Barrick Gold, con concesiones para explotar la minería en la cordillera sanjuanina.

El gobernador Gioja fue justamente el primero en impulsar en su Legislatura un proyecto en defensa de la actividad minera. Se basa en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional.

El primero es el que habla de la protección y la preservación de los recursos naturales, delega en la Nación la facultad de “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección” y a las provincias “las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.

El último párrafo del 124 señala que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. También prevé la creación del Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, que en un sería el organismo de control que dispondría la norma en San Juan.

Proyectos similares debatirían pronto en La Rioja y Catamarca. Y sería el paso previo a la judicialización del tema.

Fuente : La Política Online