Desmontar la jaula de hierro

TEMAS DE DEBATE: COMO REVERTIR LA HERENCIA NEOLIBERAL

Los obstáculos que impiden una transformación social no son sólo de índole económica, sino también institucional. Son “trampas” regulatorias, como la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Entidades Financieras y los Tratados de Promoción de Inversiones.

Producción: Tomás Lukin

debate@pagina12.com.ar

Por Martín Burgos *

Desconvertibilidad

Se ha generalizado en la literatura económica el rótulo de “post convertibilidad” para definir el modelo económico actual, haciendo alusión esencialmente a su ubicación cronológica posterior al modelo de la convertibilidad. Los que señalan que la piedra angular del modelo actual es el tipo de cambio competitivo podrían fijar su fecha de nacimiento el 7 de enero de 2002, ése es el día en el que se adoptó la Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario efectivizando la devaluación. Sin embargo, el cambio de un instrumento de política económica parece ser un árbol que tapa el bosque. Otros analistas preferimos entender un modelo económico como parte de una compleja construcción política. Por eso, el corte temporal respecto del modelo anterior lo ubicaríamos en una instancia política de primera relevancia: la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la República, el 25 de mayo de 2003. De ser así, resulta evidente que “post-convertibilidad” no puede referir de ninguna manera al modelo actual, en tanto y en cuanto abarca cronológicamente un período anterior (enero 2002-mayo 2003).

Además, llamar “post convertibilidad” al modelo actual pareciera vaciarlo de contenido propio, como si no tuviese características diferenciadas respecto del modelo de convertibilidad. En última instancia, también significaría que son mayores las continuidades del presente modelo respecto del anterior, reduciendo los cambios a algunas herramientas de política económica, como el abandono del tipo de cambio bajo. Desde ese punto de vista, se dejaría de lado toda consideración acerca de las modificaciones producidas en las estructuras económicas y sociales respecto del liberalismo fin de siècle.

Si bien cabe reconocer que son varios los rasgos de continuidad del presente modelo comparado con el anterior, ameritaría ponderar los obstáculos que impidieron los cambios necesarios, siendo los más obvios los de índole económica, como las herencias de pasivos. Entre éstas, podemos contar la abultada deuda externa, la desindustrialización, la destrucción del mercado de trabajo o el desguace del Estado. Estos son regularmente estudiados por los economistas, como una forma de evaluar los cambios efectuados por este modelo, y en qué medidas pudo revertir esos pasivos.

Sin embargo, los obstáculos que impiden una transformación social no son solo de índole económica sino también institucional. Estos últimos se fueron convirtiendo en verdaderas “trampas” regulatorias, tejidas por los tecnócratas neoliberales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con el objetivo de hacer más dificultoso todo cambio de rumbo económico. Así es como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y de la Ley de Entidades Financieras, fundamentales para garantizar niveles de inversiones, de producción y de empleo en esta etapa requieren una nueva ley. Y por estos tiempos sabemos lo que cuesta en términos de búsqueda de consenso y negociaciones en el ámbito legislativo. Lo mismo ocurre para las propuestas cuyo objetivo es un cambio de fondo en el sector minero o petrolero, sabiendo que los legisladores de las provincias involucradas en la extracción de esos recursos naturales votarían en contra de tales iniciativas.

Un caso extremo son las medidas impuestas por la dictadura militar, como el caso de la Ley de Entidades Financieras adoptada en 1977, dado que las mismas requieren una nueva ley, aunque no fueron votadas por ningún legislador. Asimismo, el uso de herramientas de política industrial y comercial por parte del gobierno nacional con el objetivo de lograr un proceso de reindustrialización del país se encuentra limitado por los acuerdos firmados durante los ’90. En particular, la OMC –sucesora del GATT en 1995– condiciona las medidas proteccionistas y de subvenciones a la industria nacional. Por otro lado, las nacionalizaciones y los cambios en los regímenes tarifarios de los servicios públicos son obstaculizados por instituciones internacionales como el Ciadi.

Desactivar estas leyes y compromisos internacionales es un proceso de largo aliento que requiere no sólo de voluntad política sino también de un importante consenso político. Este dato no siempre es tenido en cuenta por los economistas a la hora de evaluar las rupturas y continuidades de este modelo respecto del anterior. Por eso podríamos pensar en el rótulo de “desconvertibilidad” para dar cuenta del proceso de salida de las instituciones de la convertibilidad, que en muchos aspectos perduran e impiden el pleno desarrollo del modelo de crecimiento con inclusión social.

* Economista - Centro Cultural de la Cooperación.

Fuente :Pagina 12