La Justicia , el poder diseñado para defender al establishment funciona bien aceitado

La Corte Suprema tal como era previsible, garantizo que el monopolio Clarin y otros grupos que violan la ley bajo el amparo de los gobiernos anteriores y los jueces ( y no solo violan la ley 26522/09 que fija el tope de 10 licencias para un mismo titular sino que ya venían también violando la 22285/80 al superar el tope de 24 licencias) siga siendo el monopolio y no se adecue a las leyes argentinas durante al menos los próximos tres años.

Cinco jueces confirmaron su vigencia ( que no estaba en discusión porque fue sancionada por amplias mayorías por el poder legislativo), salvo en el artículo 161 que dispone la desinversión ( pequeñísimo detalle) y requirieron al juez Edmundo Carbone ( El juez de la dictadura, nombrado por el genocida dictador Videla censor de la ultima tentación de Cristo en 1996 y empleado de Magnetto que había supuestamente renunciado luego de sacar el fallo para Clarin ) que defina un plazo de resolución del fondo de la disputa. Argibay y Petracchi se limitaron sólo a ratificar la cautelar que frenó la aplicación de ese inciso

Los jueces de la Suprema resolvieron esta mañana ratificar en la disputa por la Ley de Medios la medida cautelar dispuesta por el juez de primera instancia Edmundo Carbone. Si bien los siete magistrados coincidieron en dejar firme la medida, cinco de los ministros unificaron su posición al reclamar al magistrado que fije un plazo máximo para resolver el fondo del reclamo, que no podría ser indefinido y que sería de hasta dos años. Los mismos jueces supremos definieron que en caso de que el juez no confirmara el plazo de definición de la cuestión de fondo, el Estado podrá requerirle que lo defina. Se trata del presidente Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni.

En tanto, los jueces Carmen Argibay y Enrique Petracchi, sólo se limitaron a ratificar la medida del juez de grado Carbone, sin otra precisión.

Según el texto de la sentencia:La presente medida, si bien no adelanta decisión sobre la obligación de desinvertir fijada por el artículo 161 de la ley 26.522, suspende el plazo de un año fijado por dicha norma. Al tiempo, aclara que: "Se considera conveniente la fijación de un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar. Si el tribunal de grado no utilizara ex oficio este remedio preventivo, la parte recurrente podría promover la solicituda de la fijación de un plazo".

La conclusión que yo saco es que con esto se les garantiza mínimo dos años mas sin cambio alguno en la titularidad de las licencias cuando se viola la ley y luego otro par de años mas entre apelaciones y burocracia judicial con lo cual se posterga unos 4 o 5 años el tema de tal manera que al vencer la licencias extendidas lamentablemente durante la presidencia de Nestor el tema sea practicamente abstracto dependiendo de quien sea presidente en 2015 cuando el establishment sueña con su restauracion conservadora garantizando las posiciones dominantes actuales y postergando in límite sus posiciones dominantes .


Fuentes cercanas al proceso judicial confirmaron a Infobae.com que los magistrados firmaron la decisión sobre la disputa surgida en torno al artículo 161 de la norma. La medida cautelar había sido resuelta por el magistrado de primera instancia a fines del año pasado y ratificada en mayo por la Cámara Civil y Comercial Federal.

En su fallo de hoy, los jueces de la Corte Suprema coincidieron en que la medida cautelar debe permanecer firme hasta que se resuelva el fondo de la polémica. En ese sentido, los ministros establecieron que el juez Edmundo Carbone debe resolver la disputa en un plazo concreto.(2 años)

Yo pensaba que este impresentable de Carbone había luego de su dictamen a favor del Grupo Clarin renunciado . Pero el establishment evidentemente tiene sus garantias siempre en la justicia y veo en realidad que sigue estando como juez aun a pesar de su renuncia .

El reclamo había sido presentado por los abogados del Grupo Clarín, que rechazaron el plazo de un año que estableció la Ley de Medios para desprenderse de sus activos. La "desinversión" implica que el multimedios debería vender sus empresas para adecuarse a los nuevos (y viejos) requisitos legales.