¿Quién le tiene miedo a la juventud?

Por Edgardo Mocca

El nuevo capítulo de la saga mediática opositora es el del peligro de la radicalización del Gobierno y las terribles consecuencias que ese curso puede aparejar en términos de violencia e intolerancia política.

La paranoia se apoya en una visión fantasmal de las movilizaciones callejeras de homenaje a Néstor Kirchner en los días posteriores a su muerte. Creen haber visto una plaza atravesada de fanatismo y de rencores. Dicen creer que los tópicos de lucha que tocaron las consignas juveniles son remedos de la histeria nacionalsocialista durante la república de Weimar. ( eso dijo el hijo de puta escriba y cómplice de la dictadura genocida Mariano grondona )

Lo más “violento” que se escuchó en la Plaza de Mayo fue el reclamo de la renuncia del vicepresidente Julio Cobos, claro que en las formas tribuneras, con “epítetos irreproducibles” incluidos. La verdad es que se trata de una demanda política comprensible y profundamente democrática: a esta altura, la permanencia del mendocino en el cargo, para el que fue elegido en una fórmula junto a la Presidenta, tiene más de provocación desestabilizadora que del buen gusto republicano que suele esgrimir la oposición de derecha.

Por si faltaban argumentos para el repudio callejero, Cobos opinaba en esas horas que Kirchner había sido un “gran presidente”, lo que en el contexto de su sistemática deslealtad hacia el Gobierno no puede sino entenderse como un acto de hipocresía más.

Claro que no es a los tiempos de Hitler a lo que quiere apelar el sonsonete de la juventud fanatizada y potencialmente violenta. La remisión es más cercana: es la juventud militante de los años setenta en nuestro país, a la que se considera indiferenciadamente promotora y protagonista de la violencia política de esos años. Ese tramo de nuestra historia ha merecido ríos de tinta en los que se han defendido las más diversas perspectivas. Muy razonablemente, la deriva sectaria y militarizada de las conducciones de algunas de esas expresiones políticas juveniles ha recibido duras críticas desde que, con el retorno de la democracia, la inmensa mayoría de la sociedad argentina tomó conciencia de la barbarie dictatorial y de los trágicos enfrentamientos que la prologaron.

Sin embargo, no parece ser ése el espíritu de la alarma que se pretende instalar alrededor de la renovada y masiva militancia juvenil de estos días.
Las luchas de los años setenta reaparecen en una caricatura grotesca en la que una etapa de extraordinaria activación popular aparece reducida a un puñado de exaltados que decidieron tomar las armas. El sentido de ese retaceo a inscribir el proceso de movilización juvenil en su contexto de época, nacional e internacional es muy claro: una mirada al cuadro social y político de la época y un examen de sus referencias históricas mostrarían el contraste entre aquellas condiciones y las que hoy vivimos.

Una discusión seria del tema enfocaría la historia argentina de los años que van desde 1955 a 1973 iluminando la saga de asesinatos, persecuciones, proscripciones y usurpaciones del poder que jalonan el período. Quienes hoy se desvelan por la supuesta reaparición del fantasma de la violencia harían bien en poner su atención en la herencia de los bombardeos a la Plaza de Mayo en junio de 1955, en la Noche de los Bastones Largos y las leyes de proscripción ideológica del onganiato, el adoctrinamiento de las fuerzas armadas en la doctrina de seguridad nacional y en la densa trama cívico-militar que aniquiló la convivencia democrática en defensa de intereses que hoy están, tal vez como nunca, a la vista.

Despojada de esa referencia histórica y de los vientos revolucionarios agitados por la Revolución Cubana, la radicalización política juvenil de los años setenta aparece como un desvarío infantil y sectario o como efecto exclusivo de la manipulación política.
El operativo ideológico en marcha tiene un sentido no muy difícil de descifrar. De lo que se trata es de identificar valores de transformación social con caos y violencia. Ya se había insinuado esta ola cuando ante el asesinato de Mariano Ferreyra, algunos escribas de los accionistas mayoritarios de Papel Prensa pusieron en la misma bolsa los conflictos que, según ellos, había desatado el gobierno con la violencia y el asesinato.

La ecuación es fácil: paz social y estado de derecho solamente se llevan bien con la moderación y el “centrismo” en la política; en cambio la activación de las controversias trae inevitablemente la sangre. De modo cristalino se ven en este montaje las huellas de una práctica política que atravesó buena parte del tiempo de nuestra democracia recuperada en 1983.

Para conservar la democracia hay que morigerar los conflictos y si es posible obturarlos definitivamente; nada de ataques a las corporaciones, nada de discutir con el catolicismo aunque esté en juego el principio constitucional de la igualdad, nada de juzgar a los terroristas de Estado porque eso enfrenta a nuestra sociedad. Si es posible, menos conflictos gremiales y más activismo policial para evitar bloqueos de calles o de fábricas. Si hay tomas en las escuelas, listas negras de alumnos y padres.

Así es el mundo feliz de los demócratas alborotados por el torrente de militancia juvenil.Ese modelo de democracia fue el que estalló en diciembre de 2001. Es el modelo del vaciamiento de la palabra política. Es el que dice que no importa lo que se promete en una campaña, lo que importa es la gobernabilidad. El que sostiene que detrás de la política no hay intereses sociales, no hay clases, no hay valores colectivos; hay meramente ciudadanos televidentes que confían o rechazan, apoyan o se retiran, según el efecto que les provoque el espectáculo político. Es, claro está, una utopía.

La década del 90, para no ir más lejos, no fue una época de pacificación política. Fue una época de avances prepotentes sobre derechos sociales, de pérdidas masivas de empleos, de exclusión y marginación que cimentó los guetos de anomia y violencia que hoy nos perturban bajo la forma del “problema de la seguridad”. En esa época hubo multitud de huelgas y conflictos gremiales, casi unánimemente resueltos contra los trabajadores e invisibilizados ante la opinión pública. Y todos sabemos en qué desembocó esa “época de oro” sin partidos populares ni militancia juvenil. Terminó en una explosión inorgánica e intensa, que fue salvajemente reprimida y que costó (¡otra vez!) muchas muertes. Terminó con una sociedad abatida y desmoralizada, alejada de la política y vacía de esperanzas y de sueños.

Realmente es un debate muy interesante el de la relación entre democracia y conflicto, entre Estado de derecho y luchas políticas y sociales. Por lo pronto, hay que convenir en que el país vive un momento muy propicio para esa deliberación. Este año, hubo grandes multitudes en las calles. Las hubo en las celebraciones del Bicentenario y en la despedida de Kirchner. Y también hubo grandes estadios deportivos repletos de gente e infinidad de reuniones menos multitudinarias pero expresivas de una reactivación política. Con excepción del asesinato de Mariano por la patota sindical del gremio ferroviario -cuyo pleno esclarecimiento es una necesidad perentoria para la democracia- no hubo violencia en esos actos.

¿Por qué se instala, entonces, esta amalgama entre militancia y violencia? ¿Qué tipo de régimen auspician quienes siembran irresponsablemente la alarma ante miles de jóvenes llorando a su líder, y marchando con un espíritu pacífico que no puede desconocer nadie que haya pasado por el lugar? Parece que el miedo se ha convertido en el último argumento de la derecha política en la Argentina. Y conociendo la escasa filiación democrática de algunos de sus voceros eso sí que es motivo de preocupación.


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Debate 5/11/2010