El trabajo indecente

Las formas laborales no registradas

Por Liliana Chiernajowsky
Licenciada en Comunicación- UBA.

No se trata de anomalías o excesos que se escaparon de tiempos precapitalistas, sino prácticas encuadradas en la producción capitalista. En organismos y foros internacionales se promueve el llamado ‘trabajo decente’.

El fenómeno no es nuevo ni exclusivo de la Argentina. Se trata de modalidades de explotación laboral que en el contexto de la globalización recurren a mano de obra migrante o instalan sus factorías en zonas de extrema pobreza en pos de una ecuación anhelada: costos laborales casi inexistentes y altos rendimientos. Para ello disponen de poblaciones vulnerables que se ven compelidas a ofrecer su fuerza de trabajo y la de su grupo familiar a una oferta que recurre a la trata de personas, la reducción a servidumbre y la violación de todos los Derechos Humanos.

La persistencia de altas tasas de desempleo a escala mundial permitió consolidar las llamadas flexibilizaciones laborales extendidas en los años ’80 y ’90, con reducción salarial; prolongación de la jornada; inestabilidad; alza del trabajo no registrado; etcétera. El llamado “trabajo esclavo” y las “zonas francas” que se pueden encontrar en Asia, América Latina e incluso en algunos países europeos como Turquía, son la máxima y más perversa expresión de ese proceso.

En la Argentina y la región, a pesar del crecimiento de los últimos años, el boom agrícola, la caída del desempleo y los intentos por reducir las cifras de trabajo informal, los niveles de pobreza continúan vinculados a la degradación de las condiciones laborales antes señalada. Su persistencia hace que el empleo no sea garantía de erradicación de la pobreza y la generación de “trabajo decente”, una pretensión todavía alejada de las prácticas laborales arraigadas en nuestros países. La reciente cumbre regional de la OIT celebrada en Chile expuso la resistencia empresarial con las advertencias sobre injerencias a la propiedad privada y el clásico reclamo de seguridad jurídica para la sustentabilidad de las empresas. Las más recientes declaraciones de Hugo Biolcati (SRA) y la Mesa de Enlace a propósito de las condiciones laborales en el “campo” son aun más nítidas.

Desempleo, trabajo en negro, tercerización, precarización y extrema pauperización de las condiciones laborales, trata, trabajo infantil, son términos que designan situaciones diferentes pero vinculadas entre sí. Además, se encuentran presentes en distintos sectores de la economía, aunque es evidente que algunas formas de neoesclavitud y reducción a servidumbre encuentran el terreno propicio en el trabajo rural por las altas tasas de informalidad, la modalidad del trabajo “golondrina”, (En diciembre pocos días antes de que se hicieran públicas las primeras denunias de la justicia por la trata de personas y reducción a la servidumbre en la multinacional Nidera , justo había anunciado Cristina que los trabajadores temporarios conocidos como golondrina cobrarían los aportes familiares durante todo el año) la venalidad sindical y la ausencia de una legislación adecuada.

La seguidilla de procedimientos encabezados por el fiscal de la UFI 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio, junto al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en diferentes establecimientos agrícolas abrió una caja de Pandora que los grandes medios decidieron prácticamente no cubrir, retacear y en algún caso refutar. Es que el tema involucra y compromete los más diversos estamentos de la sociedad y del estado. La intervención articulada del gobierno nacional, provincial y el Ministerio Público inaugura un modelo promisorio que debe extenderse a todo el territorio nacional, en especial aquellas zonas desde donde se recluta la población sometida a estas prácticas. Si el gobierno de Santiago del Estero sigue eludiendo su responsabilidad y poder de policía del trabajo, el problema sólo se habrá agravado. Mientras los trabajadores rescatados en los operativos eran trasladados a Santiago del Estero, otros peones rurales oriundos de Atamisqui estaban siendo reenviados por las empresas desde diferentes puestos de trabajo con el propósito de hacer desaparecer toda huella de explotación laboral, clandestinamente, sin remuneración y desprovistos de toda protección.

EL PRECEDENTE DE NUESTRA HUELLA S.A. Antecedente público de estas intervenciones en establecimientos rurales fue el caso Nuestra Huella, la empresa avícola líder en el mercado que en abril de 2008 había sido allanada por denuncias de reducción a servidumbre y explotación de trabajo infantil, incluso de niños muy pequeños. “La estancia de los niños esclavos”, tituló Página/12 del 17-4-08; la empresa fue multada por el Ministerio de Trabajo provincial; la fundación La Alameda hizo circular el video de un niño de cinco años, Ezequiel Ferreyra, que mostraba su trabajo diario en el establecimiento y la manipulación de guano y agroquímicos.

Después de la difusión del caso, la empresa trasladó a la familia a otra granja donde continuó sus actividades ilegales. En noviembre del 2010 el niño fue llevado al Centro Gallego en el tramo final de un cáncer probablemente vinculado al contacto con esos productos químicos. Los dueños de Nuestra Huella S.A. están investigados en el Juzgado Federal II por trata de personas y posible envenenamiento por agrotóxicos y en la justicia ordinaria por reducción a servidumbre y trabajo infantil. Los abogados de la familia apelaron a la antigua ley 11.317 que condena el trabajo de niños y mujeres en lugares en contacto con sustancias químicas. La Alameda responsabilizó a ambos juzgados por la salud de las familias que aún viven en las granjas de Nuestra Huella y solicitó la revisión médica de los 200 niños que continúan trabajando en sus dependencias.

EL NEGREO EN EL SECTOR MANUFACTURERO.

En marzo de 2006 se produjo el incendio de un taller ilegal ubicado en la calle Luis Viale 1269, Caballito, donde murieron cinco niños y un adulto de nacionalidad boliviana que trabajaban y vivían en el lugar en condiciones infrahumanas. Ese acontecimiento tuvo como consecuencia, entre otras, la visibilización de una organización que ganó un reconocimiento por su lucha contra el trabajo esclavizante, la trata de personas y el trabajo infantil. Desde 2007 La Alameda se constituyó en una fundación que preside Gustavo Vera, y de la que participan entre otros, el abogado Mario Ganora (vicepresidente); Néstor Escudero, militante de la Unión de Trabajadores Costureros; Alejandro Pereyra, ex Subsecretario de Trabajo porteño que en la administración de Jorge Telerman impulsó la investigación contra le empresa Kosiuko y el abogado Rodolfo Yanzón, que patrocinó una causa en la que se formularon cargos contra los propietarios de 85 marcas de indumentaria de primer nivel. Entre ellas las muy conocidas Kosiuko, Montagne, Lacar, Rusty, Adidas, Awada, Graciela Naum, PortSaid, Akiabara, Puma, Topper, Yagmour, Duffour, 47 Street, Cheeky, Brugston, Chorus Line, By Simons, Bensimon, Tavernitti, Adidas, Leed’s, Eagle, Le Coq Sportif, Top Design y Soho.

Gustavo Vera se remite a la asamblea barrial de Parque Avellaneda para explicar el origen de La Alameda. Del contacto con la situación de extrema vulnerabilidad y explotación de trabajadores −la mayoría bolivianos− en talleres textiles clandestinos de la zona surgió la Unión de Trabajadores Costureros. “Las primeras denuncias que involucraron a talleristas, dueños de las marcas y miembros de la Policía Federal se hicieron en 2005, en la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Luego del incendio, durante 2007 denunciamos a más de 80 grandes marcas. La mayoría se concentraron en una megacausa que estuvo a cargo del juez Oyarbide y luego pasó a Bonadío”.
Con algunos de los costureros y costureras que pudieron escapar de la servidumbre se pudo concretar, entre otras actividades solidarias, el sueño de un taller propio libre de trabajo esclavo. En 2007, La Alameda inauguró un programa de cooperación con el INTI que incluyó la creación del Centro Demostrativo de Indumentaria donde se instalaron cooperativas que se nutrieron en parte de las maquinarias incautadas en los procedimientos judiciales. El INTI creó ese mismo año un Programa de certificación de indumentaria que garantiza que la producción auditada haya sido fabricada en condiciones dignas.

"En el sector público logramos que el Ministerio de Defensa se comprometiera a comprar ropa fabricada en condiciones dignas a través de la certificación que hace INTI. Y entre los privados sólo firmó Pampero. Por eso en este momento le damos un crédito a Nilda Garré. Queremos hablar con ella sobre la complicidad policial en la trata, talleres clandestinos y prostíbulos”.

Mario Ganora acompaña desde el inicio las actividades de la organización y explica de este modo los fundamentos de las denuncias: “buscamos acreditar que existe un sistema de producción neoesclavista del tipo sweat-shop (talleres de sudor), expresión que refiere a las manufactureras asiáticas de Nike y Disney. El funcionamiento es el siguiente: el fabricante terceriza con talleres en negro a los que les paga una cifra irrisoria por cada prenda. De ese modo se desentiende de ese tramo de la producción y evita la relación de dependencia de un porcentaje importante de su mano de obra. Los talleres, a su vez, para sacar ganancia de ese trato leonino necesitan migrantes que traen engañados de Bolivia, Paraguay, Perú y otros países limítrofes. Se trata de una modalidad de reducción a servidumbre por deuda: les cobran el financiamiento del viaje, no se respeta el salario conversado, se les retienen los documentos. Hay toda una maquinaria en funcionamiento desde que los reclutan en sus lugares de origen y esa maquinaria requiere distintas complicidades. La causa madre que ya suma 80 cuerpos ya tiene once procesados y el año que viene se eleva a juicio oral. Luego hay otras denuncias en Mendoza por la recolección del ajo, en Lomas de Zamora, La Matanza, la provincia de Buenos Aires, todas en juzgados federales”. Hasta ahora faltó voluntad política para ir a fondo con el tema.

Fuente :Tiempo Argentino