La batalla federal

Por Gabriela Cerruti
Diputada de la Ciudad por Nuevo Encuentro.

El debate electoral en torno a la seguridad

Algo quedó claro esta semana. La Policía Metropolitana, que se transformó en el refugio de los oficiales echados de la Federal, apoyada por los funcionarios y punteros de Eduardo Duhalde y Miguel Ángel Toma –que inundan el gobierno de Mauricio Macri y la política porteña–, más los sindicatos alineados en los sectores que responden al histórico Amadeo Genta, serán el mayor punto de concentración de la reacción al Plan Integral de Seguridad impulsado por el gobierno nacional.

La Policía Metropolitana nació bajo un signo malo, como herramienta de espionaje político y refugio de policías federales exonerados por faltas graves de la Federal. Tentados por los salarios que ofrece la administración macrista, muchos federales han optado y optan por el pase a esta policía de proximidad de funciones ambiguas: un día capacitan a escasos agentes contra el terrorismo internacional, otro día no pueden hacerse cargo de la custodia de los edificios públicos.

La Metropolitana fue forjada por Jorge “El Fino” Palacios y su sucesor Osvaldo Chamorro, uno preso, el otro procesado. No obstante, ni esa orientación inicial ni la presente, marcada por la pasividad y la elusión de la responsabilidad en la jurisdicción, implican estigmas que una gestión política eficiente no pueda remontar. Lo que sin duda ocurrirá a partir de la derrota del PRO en las próximas elecciones porteñas.

Desde enero, los policías que fueron pasados a retiro o a disponibilidad en la Federal por orden de la ministra Nilda Garré, en el marco del ajuste indispensable al nuevo escenario de seguridad que está llevando adelante, fueron inmediatamente reclutados por la Metropolitana.
El caso más paradigmático es el de Ricardo Pedace, que pasó de ser relevado de su cargo de secretario general de la Federal a ser designado como subjefe de la Metropolitana. Pedace fue convocado como custodia presidencial por Duhalde y removido por el ex presidente Néstor Kirchner, pero se mantuvo siempre como uno de los oficiales vínculo entre la Federal y el ex secretario de Seguridad de Duhalde, Miguel Ángel Toma. Algunos tuvieron que irse por el escándalo de las escuchas telefónicas, como los hermanos Ontivero, que pasaron de la Secretaría de Inteligencia de la Federal a armar la Dirección de Investigaciones de la Metropolitana. Otros tienen hoy cargos jerárquicos importantes, como Eduardo Martino y Esteban Sanguinetti, miembros de la plana mayor de la policía porteña que fueron echados de la Federal en la purga del año 2004 junto a otros 105 oficiales.

Según el informe de la Comisión de Evaluación de legajos, más de la mitad de los nuevos oficiales de la Metropolitana tiene en su curriculum cursos sobre lucha antiterrorista, guerrilla urbana y antiterrorismo dictados en países extranjeros por los convenios de la Federal con el gobierno de los Estados Unidos. Esta orientación, que más tiene que ver con las aspiraciones megalómanas de quienes fueron apartados de la Federal por su baja performance, resulta absurda para una fuerza metropolitana de proximidad. En la Argentina y en cualquier otro país.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el 83% de los altos mandos de la Metropolitana proviene de la Federal, en donde habían ingresado durante la dictadura militar, ese es otro dato que no debe pasar desapercibido.

Todos estos datos, que fueron analizados durante sus audiencias, y en su informe final por la Comisión Investigadora de la Legislatura, explican que cuando en 2009 se quitaron los adicionales por falta de pago, el gobierno de la Ciudad los cubrió con seguridad privada sin chistar. Pero ahora, justo en medio de la campaña electoral y la reforma de la Policía Federal, el tema se convirtió en un escándalo de dimensiones. Si pudiéramos creerle al jefe de Gabinete Rodríguez Larreta, a partir de este año no habrá más cupos para policías con experiencia anterior. Todos surgirán de la academia propia de la Ciudad. Quizás esto contribuya a compensar.
Mientras tanto, la mayor parte de los funcionarios que aconsejan a Macri sobre cuestiones de seguridad, formaron parte desde la justicia, el Ejecutivo o algunas fundaciones de las gestiones de Duhalde y Toma.

Conservan muchos y férreos vínculos con los diferentes estamentos de la Federal que han resistido durante años cualquier intento de reforma y democratización. En cambio, paradójicamente, la mayor parte de los expertos que asesoraron a la Legislatura para la sanción de la ley de creación de la Metropolitana hoy forman parte del equipo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa ley, que prohíbe los adicionales, crea una jefatura civil para la fuerza, pone pautas de formación en Derechos Humanos y postula la creación de una fuerza policial moderna y democrática fue tergiversada hasta convertirla en su opuesto cuando se puso en marcha.

Apenas sancionada la ley, el jefe de gobierno decidió convocar a Jorge “Fino” Palacios para estructurar la fuerza y la mayor parte de los artículos pasó a ser letra muerta. Palacios está hoy preso y Macri procesado con confirmación de la Cámara Federal, acusados de formar parte de una asociación ilícita que usó al Estado para espiar a los ciudadanos.
Una anécdota que muestra la dimensión del contrasentido entre los postulados de la ley y su puesta en marcha, es que el anuncio sobre el final de los adicionales se hizo en el lanzamiento de los Foros de Participación Ciudadana. El jefe de gobierno porteño vetó en la Ciudad la ley que los creaba y que había sido sancionada como complemento del nacimiento de la Metropolitana.
El dato más llamativo y más ocultado de la presencia del Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro en la Legislatura es que todo el arco político de la oposición en la Ciudad (desde el kirchnerismo hasta el Proyecto Sur de Pino Solanas) reivindicó y defendió la valentía con que la ministra Garré está llevando a cabo la reforma de la Federal. Y con igual vehemencia, el macrismo se preocupó de atacar a la ministra. Sólo así se explica que un hecho administrativo menor como fue la supresión de los adicionales –que en nada afectará los ingresos de los agentes policiales que ahora realizarán horas extras en las calles, incluidos frentes de escuelas y hospitales– se haya convertido en un ataque de histeria colectivo impulsado desde el gobierno de la Ciudad y algunos medios.
El gobierno que gasta 518 millones de pesos en la Metropolitana y 170 millones en seguridad privada, decidió generar un clima de terror e inseguridad en la población por no hacerse cargo de resolver la custodia en 31 hospitales y 9 escuelas. Algo que le demandaría por cierto mucho menos que los 40 millones que pagaba en adicionales. La razón está, sin dudas, mucho más vinculada a la reforma policial que a los adicionales. Entre las muchas distorsiones que sufrió la Policía Federal durante años, hay una no menor: dejó de ser una policía federal para convertirse en la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sus vasos comunicantes con la política y el sindicalismo porteños son múltiples, variados y oscuros.
La batalla por su democratización se librará entonces en las comisarías, pero también en las guardias de hospitales, los CGP y los locales de algunos viejos punteros de la autodenominada “nueva política”.

Fuente :Tiempo Argentino