No voy en tren, tampoco en subte

Los subterráneos de Macri

Por Eduardo Anguita Periodista y Director de Miradas al Sur.

Es lógico que La Scalabrini decida salir a la superficie para evitar que la Argentina –o al menos la Ciudad de Buenos Aires– vuelva a la época de una colonia mal disimulada para favorecer intereses de una oligarquía asociada a empresas extranjeras.

Raúl Scalabrini Ortiz es sinónimo de política de transportes. O, mejor dicho, de soberanía y ferrocarriles. Más de medio siglo después, y a caballo de esta moda de feminizar a algunos prohombres de la Patria, además de La Cámpora, surgió La Scalabrini. Se trata de una agrupación –todavía reducida– de la Ciudad de Buenos Aires compuesta por jóvenes militantes, la mayoría con una experiencia previa en filas de Proyecto Sur y ahora sumados al kirchnerismo porteño. ( Perdon yo conocía la Scalabrini de Filo ) Lo interesante es que emergen para hacer notar que algo no funciona bajo tierra. Concretamente, los subtes que prometió el jefe de gobierno Mauricio Macri. Además de estudiantes y profesionales, La Scalabrini tiene actividades de base con trabajadores e ingenieros del subte. Una serie de documentos suyos describen con precisión las múltiples falencias del PRO en la materia. Como muchos recuerdan, en la campaña de 2007 prometió sumar diez kilómetros anuales en transporte bajo tierra. Un aporte imprescindible para disminuir el caos de tránsito de la Ciudad.

“No sólo faltó a su palabra –afirma La Scalabrini– sino que cuando asumió frenó las obras en marcha” (líneas A, B y H). Además, “planea desmantelar Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) para transferir la línea G al consorcio CREC (de capitales chinos) asociado con la constructora Roggio. La G, planeada para empezar este año, debería unir Retiro con Caballito (el monumento al Cid Campeador, que dicho sea de paso es una afrenta al multiculturalismo, ya que bajo la estatua ecuestre habla del “homenaje a la raza”). Macri, en 2009, tomó la decisión de endeudar al Estado porteño en 300 millones de dólares “y destinó la mitad de ese dinero a otras partidas”. Para sumar perversiones, el PRO toma deuda a más del 10% anual y no invierte todo, de modo que coloca en cuentas del Banco Ciudad con un rendimiento que no llega a la mitad, con lo cual agranda el endeudamiento sin generar obras. Claro, la licitación del nuevo edificio corporativo del Banco Ciudad fue ganada por Foster & Partners, un famoso estudio de arquitectos con sede en Londres que acá construyó, por ejemplo, el Hotel Faena.

CUESTIÓN DE PESO (PESADO) Y DE PRECIO.

Al frente de SBASE está Juan Pablo Piccardo, quien tuvo que dejar abruptamente el Ministerio de Espacio Público con que debutó en la gestión pública en 2007. Allí había llegado de la mano de José Torello, de la mesa chica de Macri, los tres ex estudiantes del Colegio Cardenal Newman. Más allá de un pasado conocido como rugbier, apenas asumió fue denunciado por directivos de la cervecera Isenbeck. De allí había sido “despedido con causa y ante escribano público después de haber ocupado la gerencia general y de haber sido casi el encargado de fundar la cervecera, la primera del grupo Warsteiner fuera de Alemania. La defraudación por la que es acusado sería por “una suma varias veces millonaria” (diario Perfil, 24-11-07). Al tiempo de iniciarse en el ministerio, Piccardo creó la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), que fue denunciada por cartoneros y personas en situación de calle como un grupo de matones que aterrorizaban a los trabajadores informales o indigentes.

El fiscal de Instrucción Martín Niklison lo calificó como “autor mediato” y “la cabeza visible de un aparato de poder estructurado verticalmente” que posibilitó las agresiones y presuntos maltratos a personas en situación de calle entre julio de 2008 y octubre de 2009. Concretamente, el fiscal imputó a Piccardo por organizar “una fuerza parapolicial que actuaba de noche y que no tenía otra capacitación que no fuera golpear y meter objetos en el camión de basura”. La causa tramita ante el Juzgado Correccional de Instrucción Nº 49 y se caratula “Macri, Mauricio, Piccardo, Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos”.

Con Piccardo al frente de los subtes, al inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura, Macri anunció que, finalmente, se hará la línea G. Pero, el consorcio CREC (de origen chino) + Roggio tendrían a su cargo esta obra por adjudicación directa y no por licitación. El costo inicial sería de 1500 millones de dólares para los 12,5 kilómetros de recorrido. El estudio de La Scalabrini –basado en informes de profesionales no PRO de carrera de SBASE– estima los precios finales de obra no deberían pasar los 837 millones de dólares. Esto surge del cálculo histórico de la construcción de subtes en Buenos Aires (50 millones el kilómetro).

HECHA LA LEY...

En 2001, cuando Cecilia Felgueras estaba al frente de la Legislatura y Fernando de la Rúa ocupaba el edificio de Bolívar 1, se sancionó la Ley 670, que autorizaba la construcción de nuevas líneas (F, G y también la I) para lo cual establecía los llamados a licitación correspondientes para “concesión o gerenciamiento” a través de SBASE. Para controlar esos procesos (licitatorios y no de contratación directa) habilitaba una comisión donde intervinieran legisladores y directivos de subtes. Muy bien, todo quedó en papeles. En 2008, con Macri en Bolívar 1 y Gabriela Michetti al frente de la Legislatura, se votó la Ley 2710, que no modifica el fondo de la anterior. En diciembre de 2009, otra ley, la 3380, volvió sobre el tema. Esta vez para autorizar la emisión de títulos públicos (por 300 millones de dólares) y para permitir que el Estado contrajera deuda con la Corporación Andina de Fomento (otros 300 millones). Es decir, un gobierno que subejecuta presupuesto de ingresos ordinarios impulsa una norma para crear instrumentos financieros y endeudar artificialmente la Ciudad. Como si todo esto fuera poco, en vez de abrir un proceso licitatorio ordenado y transparente, negocia con un consorcio un preacuerdo. Es lógico que La Scalabrini decida salir a la superficie para evitar que la Argentina –o al menos la Ciudad de Buenos Aires– vuelva a la época de una colonia mal disimulada para favorecer intereses de una oligarquía asociada a empresas extranjeras.

Debe tenerse presente que SBASE es una empresa fundamental, tanto para los 3 millones de porteños como para otros 3 millones de bonaerenses que llegan desde el Conurbano a diario. Además del presidente Piccardo, su vice es Luis Jahn, desarrollador inmobiliario. Jahn había ocupado antes de Piccardo la presidencia de SBASE, y en su gestión se habían paralizado muchas de las obras en marcha. Es decir, en vez de construir diez kilómetros por año, Macri mandaba a frenar las obras ya otorgadas y con compromisos de pago. La consecuencia fue que, una vez que las empresas retomaban las actividades, les reclamaron –y cobraron– las multas millonarias que le imponían los contratos al Estado. En el directorio hay otros dos financistas inmobiliarios además de Jahn. Uno es Daniel Dubinsky y, tal como lo advierte su curriculum oficial, antes de llegar a SBASE “ha gerenciado su propia actividad empresarial, destinada a la construcción de emprendimientos inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El otro es Carlos Araujo que, también según la versión oficial, “cuenta con una importante trayectoria, tanto en el rubro agropecuario como en el inmobiliario. Presidió empresas agroindustriales y dirigió proyectos inmobiliarios de envergadura en el país y en el exterior. Durante cinco años condujo en Europa empresas de márketing, replicando en el país las campañas que alcanzaron mayor éxito. En el año 2002 fundó el Partido Recrear con Ricardo López Murphy.

Quedan dos directores más al frente de esta empresa estratégica de la Ciudad. Uno es Alberto Gowland, de una camada más reciente del Cardenal Newman y también originalmente del partido de López Murphy. Gowland no tiene ningún antecedente en temas de transportes, es abogado especialista en temas de familia. Como si fuera una broma de mal gusto, SBASE hizo donaciones a una fundación presidida por la madre de Gowland, mientras que su esposa fue contratada para ocuparse de los murales de la línea H. El último miembro del directorio es Darío Ruiz, y en la página oficial de SBASE no es posible entrar a ver su curriculum. Un dato revelador es que llegó de la mano de Diego Kravetz, ex kirchnerista y con fuertes vínculos con el macrismo desde que asumió su banca de legislador.

Kravetz siempre me dio asco , me repugna la existencia de personas como Kravetz que cabe aclarar va con otro traidir de mkierda macrista HDOP de la derecha peronista menemista como Telerman

Fuente : Tiempo Argentino