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viernes, 9 de septiembre de 2011

A 8 años del fin de la impunidad

Juicios de lesa humanidad



En esos días, sancionada la ley que declaraba nulas la obediencia debida y el punto final, los organismos de Derechos Humanos aguardaban expectantes el envío de la extradición por parte de España contra decenas de represores arrestados a pedido de Baltazar Garzón.

Finalmente, ese día el juez que tenía a su cargo el pedido del juez español dispuso la libertad de las personas requeridas. La contrariedad por la noticia no duró más que unos minutos, porque ese día la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires ordenó la reapertura de los procesos por los crímenes cometidos en la ESMA y en los centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron bajo la órbita del I Cuerpo de Ejército. Días después, la Cámara Federal de San Martín adoptó una decisión similar que la de su par porteña y reabrió la causa de Campo de Mayo.

Durante los días previos a la sanción de la ley, fueron numerosas las entrevistas y reuniones con legisladores y dirigentes políticos para sostener el reclamo de acabar con las leyes de impunidad. Años de lucha de los organismos de Derechos Humanos, de familiares y sobrevivientes, de un sector importante de la sociedad argentina, se estaban plasmando, con cierta sorpresa pero sobrada convicción, en una decisión política que podría cambiar el rumbo, no sólo de los juicios de lesa humanidad, sino fundamentalmente de la vida política argentina. Se debía tomar conciencia que la institucionalidad y el sistema constitucional estaban íntimamente emparentados con esa lucha, que la impunidad generaría poderes estatales miopes, débiles y funcionales a las grandes estructuras criminales; que los dirigentes políticos podían dejar de ser amanuenses de torturadores y asesinos; que los medios de comunicación deberían dar explicaciones; que el sistema judicial, la Iglesia y los partidos políticos deberían quitarse de encima a los cómplices y encubridores. Se estaba avanzando y se lograba, poco a poco, un consenso mayor para cristalizar la idea. Finalmente, llegó el día, la noche, del debate en el recinto. Una muchedumbre rodeaba el Congreso de la Nación, que irrumpió en gritos y cantos cuando se escuchó la noticia de la aprobación de la ley, que se fueron mezclando con abrazos y llantos. El anhelo de años y de muchos se había convertido en letra, en decisión de Estado. El proyecto de ley de Patricia Walsh había sido tomado, con modificaciones, por la bancada mayoritaria, que obtuvo la aprobación de sus pares, con la oposición de algunos conocidos.

Aunque la decisión política que permitió sancionar la ley de nulidad no fue acompañada por medidas técnicas que facilitaran el avance de los procesos, ni de decisiones rápidas para designar jueces y fiscales, de inmediato los funcionarios judiciales comenzaron a estudiar la compleja trama de crímenes cometidos dentro de cada CCD. Uno de los secretarios dijo con cierta candidez “es increíble que esto haya pasado en la Argentina y que tan poco se haya conocido”, reconociendo que la impunidad se sostiene con decisiones institucionales, pero también con el silencio y el encubrimiento de los que debieron informar, y que fueron muchos los que colaboraron para que esa madeja se solidificara y diera forma a una herida lacerante.
Los organismos de Derechos Humanos, abogados, sobrevivientes y familiares se dieron a la tarea de organizar el modo en que se presentarían en los procesos. Desconocían cuánto duraría esa primavera, con qué tiempo se contaba, hasta dónde se llegaría. Mucho menos conocían las fuerzas con las que contaban para mantener el logro obtenido. Pero sabían que los obstáculos no tardarían en llegar. Y así fue. De inmediato, algunos marinos se opusieron a la reapertura de la causa ESMA y contaron con jueces de la Cámara de Casación Penal que abrieron sus recursos y congelaron buena parte de la investigación. Diarios como La Nación patalearon por lo que vivían como una venganza. Se conformaron equipos de trabajo, se tendieron puentes entre los distintos actores, se trató de coordinar la labor de las acusaciones. La algarabía de la victoria tuvo que ceder paso al intercambio de ideas. Varias de las decisiones fueron fruto de ese momento, visto más cercano a la fugacidad que a lo permanente.
Luego de que la Cámara de Casación Penal paralizara el proceso de la ESMA, varios de sus jueces fueron denunciados y finalmente apartados de sus cargos; entre ellos, Alfredo Bisordi, uno de los máximos exponentes de la complicidad judicial con la dictadura. Después tocó el turno de los jueces de Mendoza, dos de ellos ya separados –Miret y Romano– y un tercero –Julio Petra– que debe correr la misma suerte. Los obstáculos tomaron forma de crimen cuando Jorge Julio López desapareció luego de ser testigo en el juicio oral en La Plata. La complicidad civil comenzó a discutirse en los procesos. Llegó la anulación del indulto a Martínez de Hoz, la investigación de lo sucedido con Papel Prensa y el rol de Clarín y La Nación, la responsabilidad de empresas como Ingeniero Ledesma, Mercedes Benz, entre tantas.

A ocho años, aquellas primeras ideas, debates y acciones apresuradas quedaron lejos, como lejos quedó la sensación de fugacidad de una primavera que en cualquier momento sería eclipsada por sectores con mucho poder. Hoy el proceso de justicia no tiene marcha atrás y poco a poco sus efectos llegan a los países hermanos que padecieron dictaduras.

Fuente: Tiempo Argentino

1 comentario:

Daniel dijo...

Venganza! ja. Todos los 24 de marzo, los milicos y fachos de la zona del Hospital Militar pintan las paredes con la leyenda:
-"24 de marzo, día de la venganza subversiva".
Les cayó dura la historia en sus cabezas enfermas.

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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