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domingo, 11 de septiembre de 2011

Para frenar el remate del futuro

Ley de tierras


Lo verdaderamente significativo del proyecto del Ejecutivo es que cambia la concepción de lo que es la tierra para la legislación argentina, entendiéndola como un recurso natural no renovable y por ende de interés público.

Siendo la tierra un recurso estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano y social, se impone una legislación tuitiva, para impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo y la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables.”

“Las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscribe dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales.”

Estos párrafos dan comienzo a los fundamentos del proyecto de ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. La importancia de estos preceptos es tan grande que sin dudas están destinados a quedar registrados como un hito en nuestra historia.

En primer lugar lo verdaderamente significativo del proyecto del Ejecutivo es que cambia la concepción de lo que es la tierra para la legislación argentina, entendiéndola como un recurso natural no renovable y por ende de interés público. Esto no hace más que dar verdadera dimensión a la importancia estratégica de este recurso fundamental.
La prohibición de venta a extranjeros de tierras ubicadas en zonas de frontera, una medida que apunta directamente a robustecer nuestra soberanía territorial; el ejercicio de la soberanía económica y alimentaria, priorizando el interés nacional en la explotación de nuestros suelos; la tutela del uso responsable de nuestros recursos naturales para preservarlos para nuestras generaciones futuras, tal como manda la Constitución Nacional en su Art. 41, son apenas algunos de los aspectos centrales que se desprenden del principio mencionado.
Resulta sumamente relevante señalar además que este reconocimiento del valor estratégico de la tierra permite disponer que su compra por parte de extranjeros no sea considerada como “inversión”. De esta manera, la Argentina no queda alcanzada por los Tratados Bilaterales de Inversión, firmados durante los ’90 para proteger los capitales foráneos que vinieron al país, y que significaron una ignominiosa cesión de soberanía, al permitir que Argentina se sometiera a tribunales supranacionales. Con la sanción de esta ley, no sólo nuestro país recupera su plena soberanía en cuanto a la regulación del uso de tierras, sino que se sienta un precedente para denunciar la caducidad de estos tratados cuando afecten otras áreas estratégicas como el agua, los hidrocarburos, etcétera.

Son muchos los aspectos que se podrían destacar de esta iniciativa, que contiene ideas previstas en los muchos proyectos que existían sobre el tema y otras que se van sumando a lo largo del debate. Ante todo, la realización de un censo que permita saber a ciencia cierta cuál es la situación respecto de la propiedad de la tierra en la Argentina, especialmente de tierras en manos extranjeras, un dato que no se conoce con precisión. De esa manera se confeccionará un Registro Nacional de Tierras que será un instrumento central para las políticas públicas que se tomen en el futuro.

Desde ya que el límite al porcentaje del territorio nacional que pueda quedar en manos extranjeras es uno de los puntos nodales del proyecto. Pero tan importante como ello es la limitación a la concentración de la tierra que se imponga a partir de regular la cantidad de tierras que podrá adquirir cada persona extranjera física o jurídica en particular. La inclusión de las sociedades anónimas con capital accionario extranjero entre los sujetos alcanzados por la ley; la creación de un Consejo Interministerial de Tierras y el fomento de un uso productivo de la tierra, desincentivando su compra con fines especulativos, son otros de los aspectos de la iniciativa que estamos discutiendo.

Y por las dudas digamos –nunca falta algún confundido– que esta medida no busca espantar capitales y aislarnos del mundo. Al contrario: nos permitirá salir de un atraso legal, ya que muchos países tienen leyes que limitan la compra de tierras a extranjeros, como por ejemplo Estados Unidos, la mayoría de los países europeos y en nuestra región Brasil, México y Perú.
Cuando en el año 2002 presenté el proyecto que buscaba limitar la venta de tierras a personas extranjeras, se daba por aquellos años el desembarco de millonarios como Benetton, Lewis, Tompkins, Soros y Turner, empresas canadienses en la zona cordillerana o emprendimientos empresarios chilenos en el litoral que impulsaban proyectos para forestación. Una moneda depreciada, una economía devastada y una legislación subordinada a los patrones impuestos por el modelo neoliberal permitieron que las hectáreas de tierra se ofrecieran en los diarios de los Estados Unidos con la suspicaz frase de “compre una hectárea de tierra en Argentina por el valor de una hamburguesa”. Así fue como al final de la década del ’90 las tierras en poder de extranjeros llegaron a ser unos 300 mil km², aproximadamente la superficie de Italia.

Veamos sólo algunos ejemplos:

Familia Benetton (italiana), dueña de 900 mil has. distribuidas en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y en el Partido bonaerense de Balcarce.
Ted Turner (estadounidense), dueño de la estancia La Primavera de 4400 has, cercanas a Bariloche y de otras 37 mil hectáreas próximas a la localidad neuquina de Junín de los Andes, por las que sólo habría pagado 5,4 millones de dólares.
Giuseppe Nettis (italiano y presidente del holding Nettis Impiante), que en 1990 pagó un peso por cada una de las 340 mil hectáreas ubicadas en la localidad riojana de Jagüe y, poco después otras 76 mil hectáreas en Catinzaco, un valle situado a pocos kilómetros de Nonogasta en la misma provincia. Estas últimas las compró a 8 dólares cada una, pero en 1997 se cotizaban a 200 dólares.
George Soros (húngaro), a través de Cresud SA: es dueño de 460 mil hectáreas de campos distribuidos en siete provincias argentinas.

Hoy las condiciones económicas de nuestro país cambiaron radicalmente. La hectárea de tierra ha tomado un valor mucho mayor y se ha convertido en uno de los sectores dinamizadores de nuestra economía. Pero los grandes grupos del poder financiero internacional, pensando en el futuro, comienzan a cambiar las inversiones que hasta hoy hacían en activos financieros por activos físicos, entre los cuales la tierra destaca especialmente por ser la condición esencial para producir alimentos, la gran demanda que tendrá a futuro el mundo, como así también contiene las fuentes de agua, ya sea en su superficie o en su subsuelo. Si esto es así, es legítimo que nuestro país tome las medidas necesarias para cuidar, proteger y preservar este recurso para las generaciones futuras de argentinos.

Fuente: Tiempo Argentino

1 comentario:

Luciano Martínez dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

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