Empresa estatal

Por Marcos Rebasa *

La integración energética sudamericana ha tenido importantes avances en los últimos tiempos. Ello no es ajeno a una voluntad política de sus gobiernos en una época especial de grandes acuerdos en todos los ámbitos. En el terreno de los hidrocarburos encontramos luces y sombras con intercambios importantes entre países y proyectos de largo alcance todavía sin concretar. Eso nos lleva a considerar el tema desde nuestro propio desarrollo en el sector. Podemos destacar líneas generales y desafíos particulares y concretos. Como pauta general deberá reconocerse el esfuerzo realizado por el Gobierno desde el 2003 para abastecer adecuadamente al mercado y a la sociedad de los insumos derivados de estos combustibles. Sobre todo a partir de la crisis de oferta de gas del 2004, de la que no fueron ajenas las empresas productoras, con obras públicas de refuerzo en los gasoductos y políticas especiales para garantizar el abastecimiento. De igual manera en los derivados del petróleo, con importaciones momentáneas cuando fue necesario, y planes promocionales para alentar la producción de ambos hidrocarburos.

El desafío del sector proviene hoy de la necesidad de ir sustituyendo progresivamente las importaciones de gas y de algunos derivados del petróleo, por razones presupuestarias pero principalmente por motivos estratégicos. Somos conscientes de que esta problemática exige pasos medidos y ponderados, ya que su resolución no es simple, por el contrario está cargada de complejidades de todo orden y las definiciones al respecto implican consecuencias de mediano y largo plazo. Sin embargo, en tren de simplificar las alternativas, y a riesgo de reducir la cuestión, podemos pensar que enfrentamos dos caminos principales, con bifurcaciones posibles.
El primero de ellos es conceder precio a los productores, otorgarles algo más que el aliciente para producir con beneficios razonables, en una industria acostumbrada a grandes riesgos pero también a importantes ganancias y superrentas considerables. Esto no es una suposición: recientemente el gobierno de Neuquén, una de las provincias con mayor producción de hidrocarburos y con expectativas crecientes, abogó por precios equivalentes a los de importación de Bolivia, alrededor de 10 dólares el millón de btu, cuando el promedio del plan Gas Plus para nuevos yacimientos o exploración de shale gas es de 5 dólares el millón de btu. Esta alternativa posiblemente promueva la exploración que se requiere urgentemente, aunque los tiempos los controlarán las empresas de acuerdo con sus intereses y conveniencias circunstanciales.
Los inconvenientes de esta solución radican en dos órdenes de cuestiones: la primera está vinculada con el impacto de esos precios en la evolución de nuestro crecimiento económico, en una etapa delicada del favorable proceso ocurrido hasta el presente, debido a la situación de la economía internacional. Si bien todavía el gas que se consume proviene mayormente de yacimientos anteriores, a precios promedio de 2 dólares y medio el millón de btu, lo que afianza nuestro desarrollo, el agotamiento de las cuencas hace necesario recurrir cada vez más a gas nuevo, con los valores que hemos referido. La otra consecuencia de esta vía es la consolidación de un esquema de producción empresario totalmente privado, en un insumo estratégico para el país, con las consecuencias de todo orden que ello implica para el país. Camino que no han recorrido los otros países con recursos hidrocarburíferos importantes en Sudamérica.

La otra ruta posible en esta cuestión reside en insuflar fondos públicos para acelerar el proceso de exploración y, finalmente, de explotación de estos combustibles. No se trata de prescindir de la inversión y actividad privada, por el contrario de acompañarla, alentarla, limitar los riesgos y cuellos de botella (como el equipamiento nuevo y muy caro para la exploración de shale y tight) que enfrenta. Porque el tiempo es un factor esencial para la sustitución antes comentada.

Esta senda tiene sus ventajas: en la medida que la empresa nacional que se cree a tal fin, que en nuestro pensamiento debe contener una importante participación privada, con control estatal, logre apresurar la actividad exploratoria, el país podrá acceder a suficientes recursos de gas y petróleo para respaldar su economía, pero a precios razonables. Y al mismo tiempo nuestra sociedad podrá volver a contar con una herramienta estratégica de desarrollo. Al mismo tiempo lo público no será antagónico de lo privado, sino su colaborador en una cuestión de alto interés nacional. Valor estratégico que adquiere una nueva perspectiva en la medida en que los yacimientos no convencionales de la cuenca neuquina, que últimamente son la atracción empresaria, son un hecho parangonable en nuestro país, salvando algunas distancias, con los extraordinarios yacimientos del presal brasileño.

*Especialista en servicios públicos (UBA).

Pregunta: Y Enarsa en que anda ?

Fuente: Página 12