Por Demián Verduga El proyecto de ley del Gobierno confirmó la participación accionaria de los distritos productores en la futura empresa mixta. A raíz de esto, los gobiernos provinciales evalúan devolver a la empresa las áreas revertidas.
El Gobierno Nacional y las provincias productoras de hidrocarburos tienen sintonía fina frente al futuro de YPF. Una alta fuente del gobierno de Santa Cruz le dijo a Miradas al Sur que se está evaluando la posibilidad de devolverle a la petrolera las áreas que se le habían revertido desde mediados de marzo. Este no es un dato menor. En esa provincia está el 30% de la producción de crudo de la futura empresa mixta, y sólo una de las últimas áreas que se le habían revertido, Los Perales-Las Masetas, representa el 11%.
Alguien podría pensar que esta posibilidad es la prueba de que hubo una suerte de conspiración para quitarle yacimientos a Repsol. La explicación, por cierto, es mucho más simple. El proyecto final que presentó la Presidenta el lunes pasado distribuye alrededor del 24% de las acciones de la petrolera entre los distritos productores. Es decir que son dueños directos de la empresa. “No tiene sentido explotar esos yacimientos con nuestras compañías provinciales si tenemos una participación tan concreta en YPF”, explicó la fuente.
Flamantes dueños. Todo el proceso de lo que se acaba de contar fue así: la noche del jueves 12 de abril, pocas horas antes de partir hacia Colombia para la Cumbre de las Américas, Cristina Fernández se reunió en la Casa Rosada con los gobernadores de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Durante la tarde de ese día, se había filtrado a varios medios de comunicación un supuesto proyecto de ley, sin sellos ni membretes, en el que se proponía la expropiación del 50,01% de las acciones que la empresa Repsol tenía de YPF. En ese clima, los mandatarios provinciales llegaron a la Rosada con varias dudas. La principal era que aún no estaba claro cuál sería su lugar en la empresa. Algunos le plantearon a la Presidenta la posibilidad de no devolverle a YPF las áreas que ya se habían revertido, una vez que se concretara la declaración de interés público. Estos mandatarios sugirieron que esos yacimientos podrían quedar en manos de las petroleras provinciales y que éstas harían alianzas con compañías privadas. Pero el proyecto de ley que finalmente presentó Cristina el lunes, en el que las provincias productoras tienen algo más del 24% de las acciones, cambió el panorama, al menos en el caso de Santa Cruz. Allí –se dijo más arriba– está el 30% de la producción de crudo de YPF.
Otro punto pendiente es cómo se distribuirán las acciones entre los distritos productores y qué lugar tendrán en el futuro directorio. “Supongo que se tomará en cuenta el aporte que cada provincia hace desde el punto de vista de los recursos –remarcó el funcionario santacruceño–. En ese sentido, nosotros suponemos que tendremos un lugar preponderante por la cantidad de petróleo que aportamos.”
Recuerdos de Repsol.
La misma fuente rememoró cómo fue que se decidió quitarle a Repsol el yacimiento Los Perales-Las Masetas. La anécdota sirve como un elemento más para entender por qué la situación de la multinacional se volvió inviable en la Argentina. Hay un dato central que se debe poner sobre la mesa antes de contar este episodio particular. En Santa Cruz, Repsol-YPF (ahora sólo YPF) tenía 10 mil pozos de explotación. ¿Cuántos están funcionando? Solamente la mitad. “De los 5.000 que están parados, hay 400 que ya se deben abandonar. Pero los demás no funcionan por falta de inversión, reparaciones que no se hicieron, maquinaria que falta incorporar.”
El proceso de quita de Los Perales-Las Masetas sucedió del siguiente modo. El ejecutivo español Tomás García Blanco, jefe de exploración y producción de la ex Repsol-YPF, fue el encargado de presentar el plan de negocios en la autoridad de aplicación santacruceña. El plan contemplaba una inversión de unos 400 millones de dólares para el 2012. Luego de la presentación, llegaron las señales de disgusto por parte del Estado provincial. El gobernador Daniel Peralta declaró públicamente: “Tienen que invertir mucho más de lo que proponen para recomponer la desinversión de los últimos seis años”. El martes 10 de abril, veinticuatro horas de que se confirmara la quita del yacimiento, la multinacional presentó un nuevo plan que proponía invertir el doble que el primero. Ese escrito, de todos modos, tenía puntos oscuros. Uno era que planteaba la finalización de las inversiones dentro de cinco años, mientras muchas áreas que la multinacional tenía estaban concesionadas sólo hasta el 2016. “Proponían terminar en un momento en el que no se sabía si iban a tener el yacimiento.” Otro punto negro fue la forma en que se presentó. “Lo trajeron de apuro en dos hojitas escritas en computadora. Nosotros ya no aceptamos que se presenten así. Les estamos pidiendo a las empresas un plan específico, que nos digan en qué se va a ir cada dólar.” La provincia, se sabe, terminó revirtiendo el yacimiento, el mismo que hoy está evaluando devolverle a la futura empresa mixta, de la cual también es dueña.
“Era necesario retomar el control de YPF –destacó el funcionario, refiriéndose al proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento–. Es absolutamente estratégico.” Señaló que la mayoría de los países tienen una empresa pública testigo con preponderancia en el mercado. “Es muy importante porque es la herramienta real para poder imponer en el sector las políticas que se proponga el Estado. Es el instrumento para bajarlas al campo de acción.”
Los otros petroleros.
“La Argentina se ha pegado un tiro en el pie.” Esta fue la frase que pronunció el canciller español José Manuel García-Margallo para describir los efectos que, según él, tendrá sobre el país la declaración de interés público del 51% de YPF. La metáfora, que se suele utilizar para señalar que alguien se hecho daño a sí mismo, fue dicha en el marco de una conferencia de prensa en la que el canciller sostenía que la decisión del Gobierno ahuyentaría las inversiones que el país necesita para poder producir más hidrocarburos. Hay demasiados datos, por cierto, que contradicen la afirmación de Margallo. Aquí se contarán algunos.
Dos fuentes que trabajan en empresas petroleras multinacionales que están en la Argentina hablaron con Miradas al Sur. Ambas pidieron estricta reserva. Sobre cómo cayó la decisión del Gobierno en el sector tuvieron coincidencias. Señalaron que “ningún empresario se sorprendió. La caída de la producción y reservas de YPF no es novedad para nadie, aunque hay que señalar que no es la única empresa a la que le ha sucedido”. Uno de ellos además sostuvo que en las empresas petroleras no se visualiza un “riesgo político”, refiriéndose a la posibilidad de una ola de estatizaciones.
El tema de la inversión es clave en la actividad petrolera porque sus costos son monumentales. Ejemplo: el desarrollo del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en Neuquén, considerado la tercer reserva de sheil gas del mundo, necesita una inversión de unos 25 mil millones de dólares. Respecto de este punto central, con el que se regodeaba García-Margallo, uno de los ejecutivos expresó: “Los empresarios van a los lugares donde hay negocios para hacer. La Argentina tiene todavía mucho para dar en materia de hidrocarburos”.
Quizás eso explique por qué la empresa norteamericana Exxon, (Esso en Argentina), la petrolera más grande del mundo, le está vendiendo al grupo Bridas su área de refinación y comercialización para abocarse exclusivamente a la extracción de sheil gas en Vaca Muerta. “Exxon lleva ocho años explotando hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos y Canadá –remarcó uno de los ejecutivos–.Tienen el conocimiento y los recursos económicos. Están muy interesados en Vaca Muerta.” Otro caso es el de la empresa francesa Total, que anunció esta semana que aumentaría la producción de gas en dos yacimientos ubicados de Neuquén. Lo mismo sucedió con Petrobras el viernes pasado, que anunció que invertiría 500 millones de dólares más en la Argentina este año. Menos conocido, pero igualmente importante, es el interés de la compañía petrolera noruega Staitoil, otro gigante del sector, controlado mayoritariamente por el Estado noruego, que según los ejecutivos está sondeando la situación para venir a invertir en la Argentina.
La pregunta inexorable es por qué si la presencia del Estado supuestamente ahuyenta a los empresarios (algo con lo que machacan día y noche los medios de derecha), estas compañías no han dicho una sola palabra sobre la decisión del Gobierno. La respuesta está en una parte del discurso presidencial del día lunes, en la que se mencionó una lista muy larga de países, México, Rusia, Ecuador, Noruega, Venezuela y Brasil, entre otros. La Presidenta los enumeró esos países porque tienen una empresas pública preponderante, y a veces monopólica, en el sector de hidrocarburos. “Las multinacionales están acostumbradas a convivir con presencia y regulación fuerte por parte del sector público –dijo uno de los ejecutivos–. No es algo que las asuste.”
Lo que sí debería asustar a una sociedad como la Argentina, que ha conocido hasta los huesos los efectos del neoliberalismo, es que el Estado no esté presente en el control de los recursos naturales estratégicos.
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