Un nuevo escenario

Por Diego Pérez Roig.

El kirchnerismo vuelve al ruedo: puntos fuertes, contradicciones e interrogantes del proyecto oficial. La apuesta por los hidrocarburos no convencionales y el desafío de los sectores populares

Con la intervención de YPF decretada el lunes y la presentación de un proyecto de ley que modifica las pautas de desarrollo del sector hidrocarburífero y busca recuperar el control de la ex compañía estatal, el kirchnerismo da un cierre al conflicto de mayor envergadura desde el desatado a partir de la nueva ley de medios. De esta manera, recupera la iniciativa y vuelve a demostrar que es el único actor capaz de fijar la agenda y los términos del debate para todo el espectro político. A su izquierda, cualquier posicionamiento público -si ha de ser sensato- no tiene más remedio que saludar la medida y, en todo caso, matizar las críticas. A su derecha, el carácter inapelable de las argumentaciones contra el accionar de Repsol, obliga al rejunte opositor/mediático a adoptar posiciones que a esta altura sorprenden menos por lo rastreras y serviles que por lo desvergonzadas.

Con respecto a las posibles represalias externas, el momento no podía ser más propicio para hacer gala de vocación anticolonial. El gobierno español podrá patalear y sangrará por la herida durante un tiempo más, pero lo cierto es que no se encuentra en una posición en la cual pueda imponer condiciones: “además de que resulta difícil que haya «vendettas», tampoco puede haber impacto mayor en la economía [argentina]”. El vaticinio, vale aclarar, lleva la firma de Guillermo Laborda en Ámbito Financiero, periódico de cuyas preferencias políticas nadie puede dudar.

En un plano general, el proyecto es, en efecto, un categórico mentís para todos aquellos que identificaron linealmente “sintonía fina” con “ajuste”, y profetizaron (¡ay!) que el segundo mandato de Cristina Fernández estaría signado por un inevitable “giro a la derecha”. Podrán denunciar oportunismo y contradicciones con respecto a posicionamientos previos pero en realidad lo que se revela en los últimos nueve años es una coherencia absoluta. El kirchnerismo, como emergente de la fracción más lúcida de los sectores dominantes en la Argentina post 2001-2002, presenta una trayectoria en la que siempre privilegió la reproducción de la burguesía en cuanto clase por sobre intereses corporativos y sectoriales. “Esta es una cuestión de supervivencia del Estado”, fue el politológico análisis del gobernador de Neuquén. ¿En algún lugar, en algún momento de la historia, fue posible reproducir la relación social capitalista prescindiendo de su intervención?

Un paso adelante (que son tres)

Vale conceder al oficialismo que el proyecto es progresivo, si al mismo tiempo se señala que partimos de un piso tan bajo, que la simple declaración de intenciones firmada por el Gobierno Nacional y la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) en febrero ya constituía un avance. Hecha esta aclaración, sí debemos señalar tres puntos fuertes:

1) El (re)establecimiento de un principio rector general de la política a implementar en el sector, que concibe a los hidrocarburos en tanto recursos estratégicos –y no como simples commodities–, imprescindibles para un desarrollo socioeconómico armónico, equitativo y sustentable;

2) La (re)ubicación del Estado Nacional, a través de su Poder Ejecutivo, como la “autoridad a cargo de la fijación de la política en la materia”, retrotrayendo políticas implementadas en la década de 1990 y reafirmadas en 2003 y 2006, que promovieron la balcanización en la gestión del recurso y agigantaron la capacidad negociadora de las compañías privadas;

3) La declaración de utilidad pública y expropiación del 51% del patrimonio de YPF S.A. en manos de la multinacional Repsol. La recuperación del control de la principal empresa del sector es, sin lugar a dudas, un vector fundamental para el cumplimiento de los siguientes objetivos: la realización de una explotación racional que se ajuste a las necesidades sociales; un incremento en la refinación que permita abastecer la demanda del mercado interno; la fijación de una política de precios antiinflacionaria y acorde a los costos de producción; la recuperación de la renta y su reinversión en gastos sociales, investigación y desarrollo de formas alternativas de energía que permitan transitar hacia una matriz menos dependiente de los hidrocarburos; el fortalecimiento de la integración regional a partir de alianzas con otras compañías estatales latinoamericanas.

Sólo la más crasa miopía política puede desconocer que estos tres aspectos del proyecto oficial permiten a los sectores populares continuar la lucha desde una correlación de fuerzas más favorable.

Contradicciones e interrogantes

Dicha lógica tendiente a la satisfacción de las necesidades sociales, deberá convivir, forzosa y contradictoriamente, con un redivivo sentido común mercantil, que encuentra expresión en otros principios rectores del proyecto: la posibilidad de generar saldos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos, la continuidad de YPF como sociedad anónima abierta, la preservación de los intereses de los accionistas “generando valor para ellos”, la promoción de asociaciones con otras empresas –que pueden ser públicas, pero también “privadas o mixtas, nacionales o extranjeras”.

Hay una contradicción manifiesta en la idea de generar saldos exportables de un recurso finito –algo que muchas veces parece perderse de vista– en un país cuyos yacimientos más importantes se encuentran maduros, y al mismo tiempo garantizar una explotación racional y sustentable tendiente al autoabastecimiento. Asimismo, en un contexto en el que “el fin de petróleo fácil” tracciona al alza los costos de exploración y extracción, ¿mediante qué alquímico criterio se fijará un precio que satisfaga por igual a los accionistas y las necesidades de abastecimiento en el mercado interno?

Esta interpenetración entre las lógicas del lucro y del “recurso estratégico” no podrá existir por demasiado tiempo, y más temprano que tarde, una tenderá a (y deberá) imponerse sobre la otra. La resolución de esta contradicción dependerá, sin lugar a dudas, de la respuesta que se dé a los siguientes interrogantes:

a) Cuánto se pagará por la expropiación, variable fundamental para determinar finalmente el carácter del proyecto;

b) Qué grado de incidencia tendrán los objetivos planteados con respecto a la soberanía hidrocarburífera del país sobre el accionar de las otras empresas operando en el sector. Por su participación en el mercado, la defraudación de Repsol es sin lugar a dudas la más escandalosa. No obstante, sería una ingenuidad creer que se trata de la única oveja negra de un rebaño obediente: empresas de capitales nacionales y extranjeros, públicos y privados (incluida Petrobras), han sido denunciadas en innumerables ocasiones por llevar adelante políticas predatorias y violatorias de los derechos humanos en las áreas en las que operan.

c) Quién ocupará el lugar del Grupo Petersen en la empresa. La permanencia de los Eskenazi en YPF no deja de tener fecha de vencimiento, y sus acciones, así como las que quedan en manos de Repsol e inversores menores, podrían ser adquiridas por otras compañías del sector –Petrobras, Exxon Mobil, Pan American Energy y CNOCC, si hubiera que arriesgar candidatos.

Expectativas no convencionales

El Gobierno Nacional confía en que la explotación de grandes depósitos de hidrocarburos no convencionales –presentes sobre todo en la Cuenca Neuquina– permitirá abastecer el mercado interno y generar saldos exportables que satisfagan a los accionistas, aliviando así las tensiones de la contradicción. El problema de esta “solución” es que depende de la veracidad de los “megadescubrimientos” anunciados por Repsol los últimos dos años, y de un informe de Advanced Resources International Inc., consultora que, contratada por el Departamento de Energía estadounidense, ubicó a la Argentina como la tercera reserva mundial de gas de esquisto (no convencional). Recientemente, en Polonia un informe oficial refutó las cifras de aquella compañía, reduciendo los recursos de dicho país a un tercio; en Estados Unidos, las denuncias por las sobreestimaciones en las reservas declaradas por las operadoras coinciden en señalar que las maniobras tendrían un fin netamente especulativo.

Un antecedente mucho más grave está dado por los cientos de casos de contaminación y depredación de un recurso escaso como el agua relacionados con la fractura hidráulica. La movilización social y la generación de un clima de opinión adverso frente a sus impactos socioambientales, motivó la prohibición de esta técnica en Francia y Bulgaria, y la aplicación de moratorias en Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y el Reino Unido. Argentina se encuentra en la antesala de lo que podríamos denominar la “megaminería de los hidrocarburos”. De ahora en más, dadas las condiciones geológicas y técnicas, las posibilidades de detener el avance de este tipo de proyectos y abortar sus consecuencias económicas, sociales y ecológicas, dependerán exclusivamente de la capacidad organizativa y de respuesta de los sectores populares.

Fuente :Marcha.org.ar