Por Eduardo Blaustein
Foto : 21
de octubre de 2009, La Plata. Ese día Cristina anunció el envío de la
ley de medios al congreso.
/ Juego de tapas blancas. Intentando remontar
el espanto que suscitó la portada dedicada al presunto “goce de poder”
presidencial, la revista Noticias publicó a la semana siguiente una tapa
en blanco, “la que quiere el Gobierno”. No fueron nada originales.
La postulación de Martín Sabbatella para el Afsca
anticipa la discusión sobre lo que hará el Gobierno para aplicar la ley
de medios. Clarín dice internamente que “no pasará nada”, pero ya se
habla de planes de desinversión.
Según dice su currículum, Martín Sabbatella recibió en 2008 un premio
de Clarín por las virtudes de su gestión al frente del municipio de
Morón. Esta semana fue a ver a la Presidenta para intercambiar ideas
acerca de cómo continuarán las estrategias oficiales de cara a la
aplicación de la ley de medios. Clarín está en el centro emblemático del
asunto, pero no es el único actor involucrado. Por lo que pudo saber
este medio, al proponerle encabezar el Afsca, Cristina Fernández de
Kirchner habló de aplicar la ley en toda su extensión, no sólo “contra
la Corpo”. Eso cuentan fuentes cercanas al hoy diputado y dicen que el
ex intendente le planteó dos asuntos a la Presidenta: interlocución
directa con ella y no tener que sonreír ante ciertos grupos
comunicacionales para enseñarles los dientes a otros. Un relato
complementario que trascendió es que Cristina valoró ante Sabbatella su
capacidad de gestión, su compromiso con la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual y que subrayó la importancia de esa norma para
el proyecto kirchnerista. Le habría dicho más: “Sé que no te vas a
doblar, tenés las manos libres para trabajar”.
Una tercera reconstrucción acerca del por qué de la propuesta de
designación de Sabbatella viene de funcionarios vinculados con las
políticas de comunicación oficial. Se trataría de una apuesta a favor de
una figura política sin manchas, prestigiosa, vinculada con la defensa
de la libertad de expresión. Más otra consideración menos bella: una
cierta reevaluación de la gestión desarrollada desde el Afsca que
incluye debilidades en la construcción de esa “otra zona de emisión”
democrática a la que se aspiraba con la sanción de la ley, incluyendo la
marcha atrás con aquel llamado a licitación de 220 licencias que
resultó fallida, y en la que presuntamente buena parte de los que se
presentaron eran fantasmas de empresas suficientemente fuertes como para
aspirar a más.
Agarrate.
Sabbatella tiene por delante una tarea bien dura y
se supone que su designación tiene que ver con la capacidad política que
tenga para manejarse. No será sólo la complejidad y la intensidad de lo
que vaya a suceder a partir del 7 de diciembre (cuando en principio
todos los grupos comunicacionales deberán adecuarse a la ley, tema que
se retomará más abajo) sino de los relacionamientos que deberá mantener
en el sistema mismo del gobierno kirchnerista. Hoy las estrategias sobre
la aplicación de la ley de Medios pasan por un equilibrio cambiante en
un trípode: el secretario Técnico y Legal, Carlos Zanini; el Jefe de
Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el más “operativo” en la estructura
comunicacional del Gobierno, Alfredo Scoccimarro. Ser titular del Afsca
dentro de ese sistema o de cualquier otro implica dejar de ser
“referente” de un espacio que hasta hace algún tiempo se manejaba con
cierta autonomía para pasar a ser funcionario y tener que jugar entre
los movimientos y opiniones de quienes eventualmente, sea por razones de
imperioso realismo político o de acoso mediático, presionen para
flexibilizar los vínculos con algún grupo comunicacaional dispuesto a la
amistad.
No es un lugar fácil y más teniendo en cuenta la previsible velocidad
con que Clarín pasó de premiar a Sabbatella a pegarle. Ejemplos de lo
publicado en el diario: “Al frente del organismo que controla los medios
quedará un cristinista de alto perfil político y ningún antecedente en
la materia”… “Nuevo Encuentro en una pata del cristinismo duro”. Se suma
un dato entre jurídico y político que tiene algo de controversial. La
definición del Gobierno acerca de lo que se viene quedó clara en una
contundente frase presidencial: “La cadena ilegal del desánimo tiene
fecha de vencimiento: el 7 de diciembre”. Existen, sin embargo,
especialistas muy vinculados con el impulso y sanción de la ley de
Medios que entienden que, según el último fallo de la Corte Suprema, el
próximo 7 de diciembre no es que las corporaciones mediáticas deban
estar ya adecuadas a la norma, sino que ese día deben comenzar a
proponer los planes de lo que llaman “desinversión”.
El origen de la discrepancia interpretativa parece radicar en la
ambigüedad deliberada en ciertos párrafos del último fallo de los
supremos. A su vez, ese fallo (firmado por seis de los siete jueces,
María del Carmen Argibay por esos días estaba internada) fue todo un
avance, especialmente si se considera que en algún momento sus señorías
se tentaron por quitarse de encima el problemón de “la guerra con
Clarín”. Finalmente, los supremos fueron muy claros y duros con Clarín
(firmaron entre otras cosas que de ningún modo el Grupo demostró que se
afectaran las libertades) y contra la cultura de las cautelares. Tampoco
faltó el párrafo destinado a la Afsca que decía que la autoridad de
aplicación “no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de
implementación de la normativa”. La duda acerca de cuándo vence o
comienza el plazo de adecuación tiene que ver con el hecho de que la
medida cautelar por el artículo 161 presentada inicialmente por Clarín
ante el juez Edmundo Carbone (ya jubilado) no fue definitivamente
levantada. Hasta hoy el holding no pidió prórroga de esa cautelar. A la
vez, y mientras cacerolea con furia redoblada, su comunicación pública y
semiprivada (ver recuadro) se muestra confiada en que todo está bajo
control. Esa impresión es al menos la que transmitió uno de los cerebros
del grupo, Martín Etchevers, en una reunión con gerentes de
programación y conductores de programas el miércoles pasado. En sentido
contrario, parece que la posición de Clarín al frente de Adepa, donde
deben renovarse autoridades, está en riesgo.
Entre Macri y Clarín.
Una de las primeras respuestas del Grupo ante la propuesta de designación de Martín Sabbatella apareció publicada no en Clarín sino en La Nación.
La firmó alguien llamado Fabián Rodríguez Simón. El artículo sostiene
que “La Corte, pese a reducir el plazo de vigencia de la cautelar, no
modificó lo dicho por la Cámara respecto de sus alcances: ‘Vigente el
efecto de la traba de la medida cautelar, la parte actora no tenía
obligación de adecuar su conducta a la reglamentación del artículo 161’.
En consecuencia, si la sentencia de primera instancia no sale antes del
7 de diciembre y ese día cesa la suspensión del art. 161 para Clarín,
éste todavía tendrá un año más para obtener el fallo a su favor o para
diseñar y presentar el plan de adecuación que menos perjudicial le
resulte”.
Parte de lo interesante del artículo tiene que ver más con la estrategia
política que con lo estrictamente jurídico. Rodríguez Simón plantea que
de un 7 de diciembre al siguiente “podrá ocurrir que la vertiginosa
dinámica de la política nacional, de mano de las elecciones legislativas
de mediados de 2013, produzca algún cambio de escenario con
consecuencias favorables para las libertades de imprenta, prensa y
expresión, que de alguna forma beneficien a Clarín. Pero, incluso en el
peor caso, salvo que lo haga voluntariamente, parece improbable que
Clarín pierda ninguna de sus licencias audiovisuales antes de que
termine 2013”.
Es una admisión de que las eventuales apuestas de Clarín tendrán
relación con la posible presentación de nuevas chicanas judiciales, con
un eventual cambio del clima político, o con respaldarse en el
“tiempismo” de los jueces, conocidos por leer cautelosamente cada
escenario antes de decidir nada. Es igualmente interesante saber quién
es la persona que firmó en La Nación, cosa que el diario no
aclaró. En Linkedin, Rodríguez Simón aparece como asesor del jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, formado en la Harvard Law School y
la UBA. Hay quienes dicen además que Pepín Rodríguez Simón fue armador
de la célebre UCEP (la brigada macrista encargada de golpear y expulsar
indigentes del espacio público) y que es uno de los estrategas jurídicos
del gobierno porteño en temas tales como el eventual traspaso de la
Justicia y los subtes. Y sobre todo, según publicó Perfil, el ex
integrante del estudio Llerena & Asociados trabajó con el Grupo
Clarín para trabar la ley de medios. Curioso: en la página web de ese
estudio, un link que dice “clientes” lleva a esta frase: “No damos
información sobre nuestros clientes”.
Interpretando la ley.
Gustavo López, además de ser
subsecretario general de la Presidencia, es periodista, abogado, fue
responsable del Comfer y es un veterano militante de lo que hoy se
conoce como ley de medios. Antes de opinar aclara sabiamente que las
interpretaciones sobre los fallos las hace la Justicia y no los
ciudadanos. Pero entiende que la cautelar presentada por Clarín
efectivamente “cae el 7 de diciembre”, particularmente teniendo en
cuenta algunos considerandos del fallo de la Corte. “Es obvio que Clarín
hace su propia interpretación”, enfatiza también López, y reitera que
si el Grupo no inicia alguna nueva acción legal, acaso ante el juez
subrogante de Carbone, “la cautelar se cae automáticamente”. De más está
decir que Clarín se cuida de informar acerca de cuál será su estrategia
exacta, aunque bastante se insinúa en el artículo antes citado y en la
comunicación interna.
Otro veterano militante de la democratización del mapa de medios y
reconocido especialista es el docente de la Unqui, Martín Becerra. El
investigador respondió de esta manera ante la consulta de Miradas al Sur:
“Si bien la Corte en mayo dijo que a partir del 7 de diciembre el
artículo 161 se le aplicará a Clarín plenamente, considero que es
difícil que el Gobierno haga prevalecer su interpretación en la
Justicia, toda vez que el 161 suspendió el proceso de adecuación para el
Grupo y cuando caduque esa suspensión (la cautelar) se iniciaría un
proceso que dura, al menos, un año. Además, es posible que se agreguen
otras dilaciones administrativas o judiciales, vinculadas a ciertas
ambigüedades que ofrece el texto de la ley en cuanto a los límites
establecidos para la concentración, lo que otorga discrecionalidad a una
autoridad de aplicación en la que aún no se permitió su constitución
plena, con la inclusión de los representantes de partidos de la
oposición”.
Julio Raffo, legislador de Proyecto Sur y un abogado que trabajó mucho
en los temas de las industrias infocomunicacionales, opina que el 7 de
diciembre recién se inicia el plazo de desinversión aunque a la vez,
algo cáustico, dice que “yo, si fuera ellos (por los grandes grupos),
iría desinvirtiendo”. También advierte que antes de que llegue el 7 de
diciembre podría haber novedades judiciales sobre el asunto de la
constitucionalidad de la ley, lo que llevaría a nuevas dilaciones por
vía de la apelación.
Hay quienes añaden otros elementos de juicio, como que Clarín, tras los
repetidos retos de la Corte, ya no podría presentar otra cautelar, pero
en cambio podría pedir algún tipo de prórroga. También están los que
alertan acerca de la necesidad de que la ley se cumpla por y para todos
los grupos concentrados. Ya no sólo para ser consecuentes con la ley de
medios, sino porque si un grupo violara alguno de los límites de
audiencia previstos en las normas o incumpliera aspectos que tienen que
ver con el origen del capital, esa eventual discriminación podría
convertirse en un excelente argumento para que Clarín presentara, por
ejemplo, un recurso ante la Corte Interamericana. Otro análisis posible
que suman los conocedores: aún si la Justicia interpretara que Clarín u
otros grupos tienen un año más para adecuarse, eso implicaría a la larga
“el imperio de la ley”, la aceptación de una nueva realidad por parte
de las empresas, sólo que con demora. Sería tal vez ese escenario de
reconocimiento de la vigencia de la ley que sugiere Fabián Rodríguez
Simón cuando habla de “presentar el plan de adecuación que menos
perjudicial le resulte” al Grupo Clarín.
Fantasmas de tanquetas.
El Grupo Clarín ya hizo circular en
alguna de sus señales un nuevo y extenso spot, muy bien elaborado, en el
que se cuestiona la ley como si ésta no hubiera sido ya aprobada tres
años atrás. El spot, titulado “La ley de medios: del slogan a la
realidad”, tiene casi cuatro minutos de duración y puede verse en la
página corporativa del Grupo. También desplegó sus recursos hace cinco
semanas ante las instalaciones de Cablevisión. Seguidos por las cámaras
de TN y Telenoche, empleados y directivos de esa empresa se
movilizaron “en defensa de los puestos de trabajo” y aparecieron
hablando con el discurso de “somos una gran familia”, si bien muy
creíbles ante la audiencia.
En ambos casos (el spot y el episodio de Cablevisión) media una extrema
habilidad a la hora de defender las propias posiciones; es lógico que
así sea porque se trata de una empresa que sabe manejar la comunicación.
La pregunta es qué escenarios podrían esperarse según el tipo de
medidas o acciones que despliegue el Gobierno dada su interpretación del
fallo de la Corte. En el país del post-cacerolazo, ¿cuáles podrían ser
esas acciones? ¿Intimaciones legales? ¿Nuevas vías judiciales?
¿Intervención de empresas? ¿El empleo de la Gendarmería? Es previsible,
dicen los que saben de batallas judiciales, una radicalización de
posturas, nuevas dilaciones, pero no necesariamente un escenario con
tanquetas en avance. Uno de los razonamientos además es que las
eventuales negociaciones que puedan iniciarse no tienen por qué referir a
“un todo a tomar”, sino a regateos en cuotas más pacíficas: empresa por
empresa, territorio por territorio, licencia por licencia. Alguna
versión indemostrable, quizás interesada y nacida del Grupo Clarín,
habla de una movida de Marcelo Tinelli para quedarse con Canal 13. Esta
podría ser una expresión de otras versiones que dicen que el Grupo
Clarín desinvertiría “hacia adentro”, en una operación que consistiría
en desmontar la actual ingeniería societaria en beneficio de sus propios
accionistas y no vendiendo a terceros.
Martín Becerra, respecto del escenario que pueda darse en diciembre,
hace un llamado de atención cauteloso: “El fallo de la Corte Suprema de
mayo último contiene un enorme respaldo a la implementación de la ley,
golpea a Clarín en su principal argumento que es que la ley lesiona la
libertad de expresión, reconoce legalidad en el objetivo de
desconcentrar el sector y amonesta al Gobierno por su letargo en la
aplicación de la norma. Creo que violentar un proceso que tiene el aval
de la Corte Suprema podría quitarle legalidad y legitimidad al mismo. Al
revés, considero que lo mejor que puede hacer el Gobierno al respecto
es cumplir con la integración plena de Afsca y de la Comisión Bicameral e
intimar a todos los grupos (no sólo a Clarín) a que se adecuen a la
norma”.
Qué dicen en Clarín
“No debe suceder nada, ni fáctica ni jurídicamente, con los medios del Grupo”
El comunicado circuló firmado por la Gerencia de Recursos Humanos del
Grupo Clarín y está dirigido “a todo el personal”. “A raíz de diversas
consultas e inquietudes recibidas del personal” –dice la carta interna–,
la gerencia traza un cuadro de situación descripto prolijamente en seis
puntos. El sexto dice así: “El Grupo Clarín dispondrá de todo el año
2013, como mínimo, para que se dicte una sentencia de
inconstitucionalidad en el juicio de fondo”. Y el primer punto del
listado asegura que el 7 de diciembre próximo “no debe suceder nada –ni
fáctica ni jurídicamente– con los medios del Grupo”.
Todo el comunicado busca trasuntar el tipo de discurso empleado por
Martín Etchevers y otros voceros del Grupo Clarín que sostienen algo así
como “Tranquilos, acá no pasa nada”, basado en la idea de que la
“interpretación oficial” sobre el fallo de la Corte Suprema “carece de
sustento legal”. El punto 3 del comunicado asegura que en la estrategia
judicial del Grupo la medida cautelar “fue concebida para acompañar un
juicio de fondo y proteger los derechos” mientras se lleva a cabo el
juicio. “Por eso, del fallo surge que el 7 de diciembre es un plazo
razonable para que la Justicia pueda resolver ese juicio de fondo, en el
que Clarín planteó la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de
la ley”. El punto 4 agrega que “Si dicho juicio de fondo no estuviese
resuelto para esa fecha, podría ampliarse la medida cautelar, tal como
dijo la propia Corte en el fallo, ya que el sentido de las cautelares es
proteger los derechos mientras éstos se discuten en la Justicia”. Y el 5
asegura que “Si para el 7-12 no hubiera ni sentencia de fondo ni
ampliación de la cautelar, recién entonces entraría en vigencia el
artículo 161. Y a partir de esa fecha comenzaría a correr el plazo de un
año que establece la ley para la llamada ‘adecuación’”.
Finalmente, la carta remata diciendo que “la empresa seguirá llevando
adelante todos sus proyectos en materia de televisión, manteniendo y
generando nuevos puestos de trabajo, invirtiendo para renovar su
liderazgo en contenidos y su apuesta a la vanguardia tecnológica”.
Fuente: Miradas al Sur
domingo, 23 de septiembre de 2012
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2 comentarios:
Javier, me parece que si después del 7 de Diciembre, se sigue extendiendo con tramollas judiciales la Ley de Medios iría perdiendo fuerza y la desinversión no llegaría nunca.
Noto demasiada tranquilidad en el grupo clarín
y tienen suficiente poder, como lo demostraron hasta ahora para manejar la justicia.
Abrazo.
El poder ejecutivo nacional, es el encargado de hacer cumplir las leyes...Si la cornetita incumple la ley de medios, sencillamente a mi entender ¡Gendarmería y dos tanquetas! ¡Basta Clarin!.
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