Severos mensajes

Por Eduardo Anguita 

(TELAM).

Los tres llamados de Fernando Abba al 911 en la noche del jueves último son un alerta, severo, para quienes tienen la responsabilidad de tomarle el pulso a la Nación. Abba estaba por tomar el colectivo para ir a Diario Popular, donde trabaja, y se topó con Enrique Alfonso Severo, maniatado y en estado de shock. Este último se había constituido en el mayor problema del país en lo que corría del día: Severo, ex gerente de Ferrobaires, testigo clave en el asesinato de Mariano Ferreyra, con una valentía poco común, debía presentarse al día siguiente a los tribunales para dar detalles sobre el asesinato del militante del PO, y no aparecía desde la noche anterior. El agravante del jueves era que su auto sí había aparecido esa mañana, confirmando que el grupo secuestrador quería dar señales de la impunidad con la que se manejaban. Horas después, sin ninguna comunicación oficial que permitiera inferir que las fuerzas de seguridad estuvieran pisándoles los talones a los secuestradores, Severo fue liberado en el partido de Avellaneda, el mismo donde había sido secuestrado, el mismo que por esas horas debía ser objeto de una saturación de fuerzas policiales en cualquier esquema de búsqueda de su paradero. Sin embargo, los llamados de Abba revelan que además de la impunidad del grupo secuestrador, y sin ninguna relación con ella, hubo una lentitud notable por parte del Ministerio de Seguridad Bonaerense. Abba hizo el primer llamado no bien vio a Severo maniatado con las manos atrás, descalzo y con gesto desencajado sin saber quién era. En ese primer llamado dejó claro que se había topado con Severo. Desató a la víctima y reiteró el llamado al 911. Después volvió a llamar desde el mismo teléfono y se topó con un contestador automático. Gracias a que Severo le dio el teléfono de la remisería de su propiedad, al rato sus familiares se abrazaban con el testigo que muchos pensaban que podría haber corrido el mismo destino que Jorge Julio López, desaparecido el 18 de octubre de 2006.

Como Abba dio entrevistas contando esto y los teléfonos de los responsables del Ministerio de Seguridad no funcionaban –al menos para este cronista y los productores de su programa de radio–, la Bonaerense contestó por la tarde y a través de sus medios elegidos. Allí podían escucharse las conversaciones entre Abba y las personas que recibieron los mensajes. Con un detalle: los periodistas de los medios amigos aclaraban que la policía había llegado “11 minutos” después y que se habían encontrado con que Severo ya estaba con sus familiares. Lo sospechoso para estas versiones era que la familia hubiera llegado tan rápido. De allí que el viernes por la noche empezaban a sembrarse las dudas sobre la víctima y no sobre los victimarios. Dudas que relativizaban si Severo había sido realmente secuestrado, dudas porque Severo agradeció a la Bonaerense o porque algunos medios empezaron a tirar supuestos antecedentes penales. Las seis horas de declaración de Severo ante un equipo de fiscales terminaron sin que ninguno de los investigadores pusiera en duda que el testigo fue realmente secuestrado.

Las primeras palabras de Severo ante la prensa –antes de ver a los fiscales– fueron de valentía y de angustia. Se manifestó dispuesto a declarar todo –cosa que hizo menos de 12 horas después de volver a vivir y que repetirá ante el juzgado por el crimen de Ferreyra– y agregó algo que resuena como un desafío a propios y ajenos: pidió a gritos que alguien hiciera algo. Agregó que esas patotas –las que mataron a Ferreyra– siguen actuando y contando con recursos materiales. Es más, lo habrían tenido secuestrado en un lugar que no es ajeno a la infraestructura de Ferrobaires, una empresa pública que depende de la Agencia Provincial de Transportes. Pero esta historia es mucho más inquietante que aquellas aristas que se vinculan con el territorio bonaerense. La lista Verde ferroviaria y sus negocios con la privatización de los ferrocarriles a principios de los noventa parece una imagen congelada en el tiempo ya que, veinte años después, no encontró un nuevo esquema de funcionamiento para algo vital para la locomoción de los sectores populares. El desplazamiento de grupos como Taselli y Cirigliano dejaron en la escena no sólo el mismo sistema de concesión pública –que permite las tercerizaciones y el trabajo precario contra el que peleaba Mariano Ferreyra–, sino que deja a Benito Roggio (Metrovías) y a Gabriel Romero (Ferrovías) en un lugar equivalente. Pese al avance del juicio y a la identificación de los negocios generados por estos esquemas de privatizaciones, pese a la tragedia de Once del 22 de febrero pasado, el sistema de explotación del transporte ferroviario es un testigo inconveniente de todo lo que falta por cambiar en la Argentina y que no encontró ninguna decisión política para las modificaciones de fondo.

Esta semana, compleja, plagada de rumores sobre los motivos del conflicto de Prefectura y Gendarmería, requiere también ir a fondo en los análisis. No alcanza con señalar algo que por cierto no puede convertirse en una venda para ver la complejidad de los acontecimientos: no hay dudas de que el Grupo Clarín y otros medios opositores quieren dañar la imagen presidencial, pero hay infinidad de otros aspectos que muestran las fallas de gestión y también los bastiones que, al parecer, están en manos de gente con poder real y que no contribuyen con la marcha hacia un mejor funcionamiento de las instituciones.

Centinelas, guardacostas y avión sanitario.

La reacción temprana del Gobierno Nacional en reconocer que los decretos 1.305 y 1.307 sobre liquidación de haberes del personal militar y de fuerzas de seguridad fueron un error, sirvió para distender la airada protesta de los pocos efectivos de Prefectura y Gendarmería que se agolparon desde el martes en los edificios de mando de esas dos fuerzas. El posterior desplazamiento de los jefes de ambas fuerzas sirvió para llevar tranquilidad a los levantiscos. Sin embargo queda claro que los echados no fueron enemigos políticos del Gobierno ni funcionales al Grupo Clarín sino gente que tenía que liquidar sueldos y tenía la capacidad de manejarse con un alto grado de arbitrariedad. Es decir, no pagar de acuerdo con escalas salariales más antigüedad más horas extras reales, sino con esos sistemas prebendarios de “plus” que pueden ser por vivienda, por hijo o simplemente por simpatía. No alcanza con decir que esos jefes eran discrecionales o que eran las propias fuerzas las que liquidaban salarios y no el Ministerio de Seguridad. Esa explicación es, por lo menos, ingenua. No importa qué dependencia paga sino los criterios y, sobre todo, los sistemas de control a efectos de evitar o corregir arbitrariedades.
Es obvio que sobre una protesta de una fuerza de seguridad se van a montar voces canallas como las de Aldo Rico, que es nostálgico de los levantamientos carapintadas. Es comprensible que aparezcan los que recuerdan el intento de golpe en Ecuador y las políticas del Pentágono para valerse de las policías latinoamericanas con vistas a futuras irrupciones anticonstitucionales. Pero no todo queda bajo ese paraguas. Se necesita gestión pública correcta y sometida a todos los mecanismos normales. Los funcionarios públicos deben ser probos y eficaces. Ambas cosas. Y cuanto antes se termine la protesta de los uniformados mejor, pero es falso que señalar los errores sea sumar argumentos a la protesta o a los voceros de la derecha nostálgica.

No todas las voces fragoteras salen de Clarín o La Nación. El caso más triste es el de Eduardo Feinmann, periodista de Radio 10 y C5N –que no se sabe si son medios de Daniel Hadad o de Cristóbal López, ambos en sintonía con el oficialismo–, que acusó a Nilda Garré de querer destruir las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Feinmann tributa a un periodismo de ultraderecha, tiene un protagonismo destacado en dos medios de audiencias masivas y elegidos por los mismos funcionarios de gobierno para brindar sus entrevistas. No es para escandalizar sino para tomar dimensión de que los medios son mucho más complejos de lo que pretende la idea de que hay un grupo mediático que complica todo. La realidad de los medios es más compleja y las noticias de los medios que algunos creen oficialistas pueden disparar para lados muy diferentes. Y no siempre mintiendo. Fue el diario Crónica, ahora en manos del Grupo Olmos, vinculado a la obra social de los trabajadores metalúrgicos, el que el viernes pasado puso en tapa la foto de la niña Morena con su hermana gemela de diez meses que murió el día anterior en el Hospital Italiano. El padre de la pequeña que había sufrido una bronqueolitis y que era un caso conocido en Tucumán denunció que el viaje de esa provincia a Buenos Aires se hizo en un avión que no tenía las condiciones sanitarias para el traslado. A su vez, señaló que ese viaje debía haberse realizado en un avión de la gobernación que sí está preparado para eso. Desde ya, el dolor de un padre no es un diagnóstico médico y no puede cargarse la responsabilidad a los funcionarios de la gobernación tucumana de esa desgracia. Pero en los medios de prensa tucumanos –incluyendo a periodistas de Radio Nacional Tucumán– circula que ese avión oficial es usado por la familia Alperovich para viajes particulares.

El grito desgarrador de Severo, comentado al principio de esta crónica, en el sentido de que alguien tiene que escuchar y tomar medidas frente a situaciones como la de las bandas que mataron a Ferreyra, ese grito, valiente y desesperado a la vez, puede servir para señalar a los enemigos de siempre pero también para buscar responsabilidades en la gestión y el buen funcionamiento de las instituciones. Aunque suene desagradable, no todo es culpa de las campañas mediáticas ni de algunos monopolios. El debate plural, que no señale antes a propios que a ajenos, parece una utopía en la Argentina de hoy. Una utopía que puede concretarse con responsabilidad, seriedad y valentía cívica.

Fuente: Miradas al Sur