Una reforma para terminar con la timba

Por Gabriel Bencivengo

“Lo que está en juego es el rol del estado”, señala Wierzba. (TELAM).

Hoy entró al Congreso el proyecto oficial para avanzar con una profunda reforma del mercado de capitales. Las claves de la iniciativa.

Los cambios que se vienen son importantes. Lo central es que la Comisión Nacional de Valores pasará a ser lo que siempre debió ser: el ente de supervisión, regulación y control. Con la legislación vigente esas facultades están muy delegadas en actores que se autorregulan”, explica Guillermo Wierzba, director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. La observación hace referencia al proyecto anunciado por el Gobierno nacional para reformar la Ley 17.811 de 1968, norma que regula el funcionamiento de los mercados de capitales y las atribuciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La iniciativa, que hoy ingresó en el Congreso, implica fortalecer la capacidad de regulación y supervisión del Estado. En el organismo que conduce Alejandro Vanoli agregan que facilitará la apertura del mercado, aumentará la competitividad entre sus actores y permitirá orientará ahorros hacia la producción.
“Lo que está en juego es la concepción sobre el rol del Estado. Los mercados no deben autorregularse. En un mercado cerrado como el actual lo que se estimula es la colusión. No la competencia”, afirma Wierzba.

En la Argentina, como en la mayoría de los países en desarrollo, en la década del ’90 se introdujeron reformas en el sistema bancario y en el mercado de capitales enmarcadas en procesos de liberalización. Una consecuencia fue la modificación de las regulaciones prudenciales y el progresivo debilitamiento de las normas que separaban los mercados. Fue así que aparecieron conglomerados financieros y empresarios.
Reducción de costos y menor riesgo por la diversificación de las operaciones fueron los argumentos justificaron el proceso. Sin embargo, la situación no sólo disparó riesgos morales –el famoso “too big to fail”–, sino también conflictos de intereses. Los conflictos entre los objetivos dentro de los conglomerados se expandieron con la multiplicación de los instrumentos financieros. Un caso clásico: la recomendación de adquirir acciones de empresas deudoras de la entidad financiera, o la compra por parte de una firma de títulos a valores artificialmente altos.

“Otra operación típica, que se registró con las AFJP, fue la asignación de pérdidas por operaciones con acciones a los fondos de pensión, mientras que las ganancias se derivaban a otras empresas del grupo”, dice Wierzba.
Su visión, coincidente con la reforma, pondera la posibilidad que tendrán los organismos de supervisión (Banco Central, Superintendencia de Seguros y la Unidad de Información Financiera) de cruzar información. Se trata, en definitiva, de avanzar en la resolución de los problemas que en materia de control y supervisión impiden darles mayor transparencia a los mercados.
En el contexto de la liberalización, las calificadoras de riesgo –Moody’s y Standar & Poor’s, entre otras– ganaron espacio y, en muchas ocasiones, terminaron agudizando las condiciones en que se desenvolvieron las sucesivas crisis. “Son la cara más dura del neoliberalismo. Surgieron cuando el paradigma neoliberal estaba en pleno auge. Son firmas con patentes de corso. Los Estados cedieron en forma paulatina su capacidad de supervisión y evaluación sobre empresas y títulos. La cuestión llegó a tal punto que lo único importante terminó siendo lo que la calificadora decía”, recuerda Wierzba.

En este punto, la iniciativa propone la creación de la categoría de Agentes de Calificación de Riesgo. “Un giro copernicano”, dice Wierzba. Su sanción rompería con la exclusividad que detentan las actuales calificadoras. “Que no deban ser necesariamente sociedades anónimas abre el juego para que instituciones, como las universidades nacionales, participen de la actividad”, agrega Wierzba.
En el organismo que conduce Vanoli afirman que las modificaciones aplican estándares internacionales y promueven una mejora de las prácticas de regulación, como las promovidas por la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el G-20 y el GAFI. No es extraño, en este contexto, que se establezca que el único organismo de control de la oferta pública pase a ser la CNV, en detrimento de las facultades de autorregulación que tienen hoy, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado de Valores.
“Seguramente, veremos una Comisión Nacional de Valores mucho más activa, con más herramientas. Es el final de una oligarquía de agentes. Que cualquiera con la solvencia técnica pueda actuar como agente del mercado bursátil es otro giro copernicano. Hoy, se requieren cinco millones de pesos de inversión para poder entrar”, puntualiza Wierzba.

Argentina, como el resto de la región, no quedo a salvo de las tendencias que se verificaron en los mercados internacionales. En este marco, la creciente similitud de los instrumentos financieros ofertados y el peso creciente de los conglomerados financieros y empresarios alentó la desintermediación financiera. Dicho de otra forma: los bancos perdieron la centralidad que históricamente tuvieron en la canalización del ahorro hacia las actividades productivas. “No es simplemente buscar mecanismos que resuelvan las fallas del mercado. Las medidas están pensadas para mejorar el vínculo entre el ahorro y las empresas”, finaliza Wierzba.

Texto del proyecto ingresado al congreso 

Fuente : Miradas al Sur