Cacerolas, trabajo rural y doméstico

Para pensar el 8N
Ciertos sectores de altos recursos, está claro que no quieren bajar su calidad y sus niveles de consumo.

Por:  Eduardo Anguita

Buena parte de las capas medias y altas acomodadas reclaman mejor trato por parte del gobierno. En el listado de reclamos que pueden leerse en los portales y redes sociales de los que convocan al Cacerolazo del jueves próximo, se quejan por no poder comprar dólares, se identifican con la línea editorial del Grupo Clarín ante la pelea por el 7D y, en general, se muestran hartos del estilo de la presidenta, a la que consideran, por lo menos, intolerante. Algunos hacen extensivos sus disgustos a muchos otros dirigentes políticos opositores. El tono de los breves mensajes de estas redes es tan intemperante que llevan a cualquiera, sin ser especialista en comunicación o análisis de discurso, a percatarse de que estos mensajes están involucrados con un grado de intolerancia que hace muy difícil reparar en cuánto de la intolerancia o el maltrato que denuncian no es más que su propio enojo y no un análisis sereno de las debilidades del discurso de la dirigencia kirchnerista. Esta salvedad no pretende relevar de responsabilidades ni a las políticas ni al estilo de algunos dirigentes kirchneristas, incluida la propia presidenta. Por ejemplo, algunos de los reclamos por informes de control de gestión, sobre prioridades de políticas de transporte o de explicación de los criterios del envío de las remesas de partidas presupuestarias a las provincias, entre otros dineros públicos, deberían ser parte prioritaria de la gestión. No sólo del gobierno nacional sino en todos los niveles y ámbitos. El contraste existe entre programas sociales de tipo universal con control de gestión y aquellos programas sectoriales creados en tiempos de crisis y que están siempre sospechados de poder ser utilizados de modo discrecional.

El asunto es diferenciar las políticas para mejorar la gestión pública y sus programas de auditoría y control de las conveniencias o no de dar respuesta a los reclamos enojosos de sectores sociales abiertamente opositores. La política puede –y debe– atender a ambos aspectos. Es decir, ningún político puede desatender la magnitud de una protesta cacerolera. Si los enojados son pocos, posiblemente el asunto no entre en las prioridades de la agenda. Si, en cambio, son una masa importante, es preciso tratar de entender en qué medida la política puede ayudar al cambio de humor de esa parte de la sociedad. Al menos, para no crear frentes de tormenta. Lo que no puede confundirse es que la agenda de mejor gestión pública sea fijada por los indignados de derecha. Y esto es una cuestión ideológica seria. Pero no dicha en el sentido de querer tirar leña al fuego y blandir el latiguillo de que cacerolas es igual a antipatria o golpismo. Es algo más delicado. Parece necesario poner la mira en ciertos hábitos laborales y educativos de quienes socialmente descreen que el Estado y el bien común tengan algún punto en común. Y, sobre todo, en sectores sociales cuyo discurso es abiertamente evasor en materia impositiva y de desprecio por el trabajo registrado y los derechos laborales. En el mismo rango de importancia, se trata de sectores sociales que tienen la casi certeza de que la movilidad social ascendente no tiene que ver con el conocimiento adquirido en los distintos niveles educativos sino en el roce social que da el hecho de mandar a los chicos a escuelas privadas o de estudiar en universidades pagas.

LA CRUDA REALIDAD. 

Como en cualquier caso, este cronista puede estar influido por sus propios prejuicios en las apreciaciones precedentes. También puede estar condicionado por la defensa de sus propios intereses por trabajar en los medios de comunicación en los que trabaja y por la –supuesta– prédica de dirigir palabras y conceptos que sean música para los oídos de quienes están identificados con el kirchnerismo. Haciendo un esfuerzo para dejar las pasiones de lado, hay algunos datos que conviene tener en cuenta para reflexionar con seriedad sobre hábitos que no le hacen bien a una sociedad que, mayoritariamente, se identifica con la lucha contra la pobreza y la disminución al menos de la vergonzosa brecha que separa a ricos muy ricos y con muchas influencias en la toma de decisiones y pobres a los que todavía les cuesta mucho creer firmemente en que saldrán de las injusticias que viven a diario.

Hay quienes se enojan con el uso del concepto oligarquía terrateniente. Puede ser que lo tomen como un insulto. Sin embargo, para muchos dueños de tierras que se enojan con el aumento de los impuestos inmobiliarios y para muchos sectores acomodados que ponen sus dineros en los pooles de soja para tener una renta mensual, conviene tener en cuenta algunas cifras sobre el empleo rural asalariado. La informalidad –o trabajo en negro– es una situación generalizada entre los asalariados agrícolas. Al menos la mitad no se encuentra cubierto por el sistema de protección social. La encuesta de Hogares Rurales sobre Niveles de Vida y Producción de 2010 reveló que en Mendoza la informalidad llega al 73,4%, en Misiones al 77,5%, en Salta al 57%, en Santa Fe al 53,8% y en Río Negro al 46,7%. En aquellas actividades donde los asalariados son temporarios, el trabajo en negro es prácticamente la regla. En cambio, en los que hay estabilidad, crece bastante el trabajo registrado. Pero lo delicado de esto es que la precariedad laboral no tiene nada que ver con la incapacidad de los empleadores sino con la voracidad del capital. Los que contratan mano de obra en negro tienen gerentes laborales y financieros a quienes jamás los accionistas les piden que se pongan en el lugar del empleado. Eso sí, contratan agentes de marketing para incluirse en programas de responsabilidad social o para hacer los aportes rigurosos a Caritas o a los templos judíos o a las iglesias protestantes o a clubes de fútbol o crean fundaciones para mejorar las imágenes de sus productos. Cabe destacar que los beneficiados por las ganancias o las rentas de las actividades agropecuarias viven en una proporción muy alta en centros urbanos y destinan parte de sus ganancias no a la reinversión productiva sino a la especulación inmobiliaria o mueven sus dineros en negro para ponerlos en el colchón, verbigracia de cajas de seguridad y paraísos fiscales a los que llegan en la mayoría de los casos a través de bancos o casas de cambio legales. En cuanto a la relación entre informalidad y pobreza, con la excepción de Río Negro, la pobreza crece un 20% si se comparan trabajadores rurales no registrados con los que sí están formalizados. Por caso, en Mendoza, el 63,4% de los no pobres son informales y el 83,8% de los pobres son informales.
Podrá decirse que muchos de quienes invierten sus ahorros –médicos o contadores o comerciantes urbanos– en el circuito de negocios agropecuarios no saben qué relación existe entre su dinero y la cosecha de limón o de ajo, y que eso los libera de la culpa que crea el contacto directo con la injusticia social. Para tomar dimensión, se sabe que el total de trabajadores rurales registrados es de alrededor de 265 mil. Los no registrados son una cifra difusa, que oscila entre 800 mil y un millón según estimaciones de fuentes del Ministerio de Trabajo.
Pues bien, el otro sector donde la informalidad laboral es pronunciada es el de trabajadores de casas particulares, lo que comúnmente se llama empleo doméstico. En total, según un estudio del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo, coordinado por Estela Díaz, hay cerca de un millón de personas que viven de trabajar en casas de familias o haciendo quehaceres de limpieza, la mayoría son mujeres, la mayoría están fuera de encuadres de trabajo formal. Acá vale la pena un inciso. Podrá decirse que la Ley 26.727 de Trabajo Agrario –propiciado por la presidenta– entró en vigencia recién el primer día hábil de este año 2012 y que en consecuencia muchos empleadores se van a ir poniendo en regla a partir de ahora. Eso no es cierto. El trabajo en negro es un delito. Lo saben los empleadores pero, claro, un nuevo encuadre legal, que crea nuevas herramientas de promoción e inspecciones ayudará a que los empleadores se pongan en regla.
En cuanto a la posibilidad de que las empleadas de casas particulares estén en regla, existe un sistema que permite a los empleadores, con muy bajas contribuciones, poner en regla a quienes trabajan en sus casas. El régimen incluye a quienes realizan actividades de mucamas, niñeras, cocineras, jardineros, caseros, amas de llaves, damas de compañía o institutrices que trabajen como mínimo seis horas semanales. La información está disponible en la página web del ANSES o en cualquiera de las filiales. Con sólo 95 pesos al mes –entre aportes y contribuciones– un empleador puede hacer que el trabajador o trabajadora domésticos accedan a una obra social y a una futura jubilación. Hay también en trámite parlamentario otra propuesta de la presidenta. Se trata del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y que recibió en marzo de 2011 media sanción de Diputados. Luego pasó al Senado, donde en mayo se aprobó en general pero no en particular. A 15 meses de aquello, y cuando todo indicaba que la reforma allí se extinguiría, la misma presidenta retomó las riendas para bregar por la sanción de la norma. La norma implica que todas las trabajadoras estarán en relación de dependencia, trabajen una o 45 horas, la indemnización pasará de medio salario a uno por año trabajado, se obliga al empleador a contratar un seguro por accidentes laborales y se le concede a la trabajadora una serie de licencias que hoy no gozan, a cargo del empleador, como casamiento, enfermedad, fallecimiento de familiares o estudio. La de mayor peso –los 90 días por embarazo– será asumida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como sucede hoy con el resto de las trabajadoras, públicas y privadas. Eso sí, como en Europa o en Estados Unidos, lugares de referencia de muchos caceroleros, el empleo doméstico será más caro.

Es feo que alguien se sienta acusado o salpicado por los golpes de Estado. Pero el régimen de empleo doméstico, en tiempos de Juan Perón, era velado por las autoridades. Tenía un estatuto, que no siempre se cumplía, pero existía. Fue derogado por la dictadura de Pedro Aramburu y de Isaac Rojas. Del mismo modo que el Estatuto del Peón Rural, también impulsado por Perón, fue derogado por otra dictadura. Aunque parezca raro, recién antes de que José Martínez de Hoz dejara el Ministerio de Economía en 1980, cuando Jorge Videla era el dictador, se modificó el régimen de trabajo agrario para hacerlo "más liberal" como les gusta decir a quienes no les gusta hablar de trabajo en negro, que también es un eufemismo para no decir las cosas como son: dejar afuera del Derecho a las personas que viven en un Estado de Derecho. Negar el derecho es negarse a ver al otro como un igual, al menos frente a la ley.
Sólo un párrafo sobre Educación. El distrito de la Ciudad de Buenos Aires es el que tiene mayor coeficiente de estudiantes –en todos los niveles– que van a establecimientos públicos de gestión privada. Porque llamar a las cosas por su nombre es también aclarar que esos colegios están bajo la órbita de las autoridades provinciales o nacionales, pero autoridades públicas y no de los dueños de colegios. Además, la Ciudad de Buenos Aires destina un altísimo coeficiente de dinero público para subsidios de escuelas de gestión privada. En los barrios de mayores ingresos, suelen identificarse muchas escuelas de ese tipo porque son aquellas donde los autos de alta gama están en segunda y tercera fila, a los horarios de entrada y salida de chicos, e impiden el tráfico de vehículos normal.
La diferencia entre derechos y privilegios es muy clara frente a las leyes. Sin embargo, frente a la propia percepción, suele ser incomprensible. Ni un accionista de un ingenio azucarero, ni alguien que contrate una mucama, ni alguien que vaya a buscar el chico a la escuela se va a sentir complacido con estos párrafos. Desde ya, sería bueno que tampoco se sientan complacidos quienes tienen una responsabilidad pública y manejan partidas de dinero en forma discrecional o estén pensando en nombrar auditores que firmen cualquier informe sin investigar lo que firman. Es posible que aunque los funcionarios públicos sean austeros y superhonestos, los caceroleros prefieran creer que se trata de una patraña o de un artilugio para mantenerse indefinidamente en el poder. Lo mismo, vale la pena tener un Estado cuyos funcionarios sean día a día mejores y más eficaces en la gestión, lo cual incluye promoción por capacitación y herramientas de control.
En cuanto a los privilegios de ciertos sectores de altos recursos, está claro que no quieren bajar su calidad y sus niveles de consumo. Pero, si se persevera en el cumplimiento de las leyes y algún día se avanza en un sistema impositivo de tipo progresivo, van a poder lograr que ellos o sus hijos sientan algún día que cuando hablen de la Argentina no digan "este país" sino nuestro país.

Fuente: Tiempo Argentino