Caso Tognoli: el decálogo de la novela policial

Narcotráfico en Santa Fe

Reducir la investigación a un ataque personal contra Binner termina siendo funcional a los narcos rosarinos. Por:   Alejandro Horowicz

Carlos Gamerro escribió hace años un decálogo sobre la novela policial argentina. La primera regla reza así: El crimen lo comete la policía. La crisis política que atraviesa el gobierno socialista radical de Santa Fe, tras la renuncia del jefe policial local, y su posterior arresto por presunta complicidad en la protección de un empresario del narcotráfico, no hace otra cosa que confirmar esta regla tácita. Con un agravante, no se trata de literatura. Los hombres y mujeres de a pie, las víctimas sociales de los narcos, saben siempre más que las autoridades. Y cuando digo las autoridades, me refiero tanto a las provinciales como a las nacionales. 

No cabe ninguna duda que la responsabilidad política del nombramiento del comisario general Hugo Tognoli, al igual que su mantenimiento en el cargo en condiciones inenarrables, le corresponde al socialismo santafesino. Como tampoco cabe ninguna de que la frontera por la que ingresan las toneladas de cocaína que se consumen en el mercado interno, en parte, y se transportan hacia Europa, todo el resto, resultan responsabilidad de las autoridades nacionales. 

El sonado caso del avión detenido en enero del 2011 en Barcelona, por citar un ejemplo que no pasó exactamente desapercibido, ilustra el tema. Gustavo Adolfo y Eduardo Antonio Juliá, dos hijos del fallecido ex jefe de la Aeronáutica menemista, el brigadier José Juliá, y Gastón Miret, hijo del brigadier José Miret, ex secretario de Planeamiento durante la dictadura burguesa terrorista, fueron detenidos en el aeropuerto de El Prat, por tráfico de cocaína. Nunca se aclaró cómo un avión particular salió sin mayores inconvenientes de un aeródromo militar, y qué relación tenía el despegue con el transporte de una tonelada de droga pura. 

No se trata por cierto de vincular lo que no está per se vinculado. Ni de creer que una cosa, el avión a Barcelona, y la otra, protección de narcos en Rosario, forman parte del mismo paquete. Eso sí, esto permite pensar que el control público sobre lo que ingresa y egresa del territorio nacional no es tan estricto como debiera, y que el estado de salud de la policía de Santa Fe tampoco es maravilloso. 

No resulta políticamente posible que el gobernador de Santa Fe intente tapar el cielo con un harnero, y sostenga muy suelto de cuerpo que el problema pasa porque el gobierno nacional no le avisó que el jefe de la policía provincial estaba siendo investigado por la PSA, cuando una jueza federal relató al La Nación, 29 de octubre, una lapidaria síntesis de la biografía profesional del uniformado y de la fuerza que integraba: "Perdí la cuenta de cuántas denuncias hice contra policías por enriquecimiento ilícito. También perdí la cuenta de cuántas denuncias surgieron a partir de sentencias que se dictaron en el tribunal en el que estoy para que se investigue la supuesta relación entre narcos y policías. Pero todo sigue igual, aunque me parece que esa vinculación nunca se dio de manera tan clara e impune como en la actualidad."

Laura Inés Cosidoy, que integra el Tribunal Oral Federal N° 1, sostuvo que la relación entre policías y traficantes en Rosario se originó hace muchos años, de forma tal que el narcotráfico parecería enquistado en la hoy cuestionada fuerza de seguridad. En su despacho la magistrada concluyó que las guerras entre narcos por el manejo del negocio de la droga tienen su correlato en la propia policía. Y remató Cosidoy: 

"Hace cuatro años, Tognoli vino a verme cuando era jefe de la División Antidrogas en Rosario. Se lo notaba muy nervioso e inquieto. Parecía preocupado. Me confesó que sus jefes le habían exigido que recaudara para ellos. Entonces hice la denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos, que, 24 horas después, inició un sumario. A raíz de esa investigación, Tognoli fue llamado a declarar, pero se desdijo de todo. En su declaración agregó que nunca lo habían presionado." A pesar de aquel incidente, Tognoli llegó a ser jefe de la policía de Santa Fe, y Hermes Binner junto con Antonio Bonfatti no dejan de hablar de su intachable foja de servicios, como si lo que no formara parte del bibliorato no fuera parte del problema.

Un problema, la debilidad de la fuerza de seguridad nacional, no exime del otro, calidad institucional de la policía provincial, y si se quiere ambos terminan siendo concurrentes, ya que la corrupción es un fenómeno eminentemente generalizado.  

Una somera historia de los delitos significativos de las últimas tres décadas nos recuerda inmediatamente la segunda regla sobre la novela policial argentina, de Gamerro. Dice el decálogo que si el delito "lo comete un agente de seguridad privada o –incluso– un delincuente común, es por orden o con permiso de la policía". Una vez más la evidencia sobreabunda ya que nos informan la tercera y cuarta regla del decálogo, el propósito de la investigación policial es ocultar la verdad y la misión de la justicia es encubrir a la policía.

Recordemos, desde que la "comunidad de inteligencia" a partir de 1976 puso en el centro de todos los problemas de seguridad "combatir la delincuencia subversiva", las pruebas perdieron sus carácter de tales. Las pistas e indicios materiales nunca son confiables, sostiene Gamerro, dado que la policía llegó primero. No hay, por lo tanto, base empírica para el ejercicio de la deducción. Recordemos, no había nada que deducir, porque se sabía de entrada la identidad del asesino y averiguar la de la víctima nunca formó parte de los objetivos de esta "investigación", dado que el principal sospechoso –para la policía– era y es la víctima.

UNA INADECUADA LECTURA POLÍTICA. 

La crisis del sistema político nacional no puede eludirse más. El costo de semejante comportamiento resulta intolerable, social y políticamente intolerable. Es preciso depurar las lacras que el ciclo 1975-2001 impuso a la sociedad argentina. Lacras en su sistema de seguridad, lacras de un poder judicial que aceptó sin más el abandono del estado de derecho, adecuándose a la doctrina militar imperante, lacras de un orden político que convalidó y alentó ese funcionamiento, y lacras de una sociedad que transformó a las FF AA en los únicos responsables de todo lo sucedido. 

Civiles inocentes, militares culpables, dos demonios  terroristas asolaron la patria; y una vez destruidos ambos todo volvía a ser como debía. La teoría de los dos demonios no sólo es una operación de encubrimiento, es mucho más grave, es un horroroso error que impide la reconstrucción de una sociedad elementalmente democrática. 

Mientras no se entienda que no se trata de una investigación sobre el pasado histórico, sino de cómo ese pesado pasado descompone hoy la cohabitación nacional, impidiendo la imprescindible renovación de sus instituciones, no seremos capaces de remontar la cuesta. Mientras cualquier investigación seria sea equiparada a "persecución política" (por qué Binner sí y Amado Bodou no), el problema seguirá siendo insoluble. 

Reducir la investigación a ataque personal contra Binner termina siendo funcional a los narcos rosarinos. Ahora bien, creer que en esa investigación termina el problema, no supone menor cortedad. Es cierto que el candidato presidencial socialista de las pasadas elecciones tiene la posibilidad de un importante crecimiento político; si así fuera, el actual mapa del poder podría modificarse. Ahora bien, si ese crecimiento sólo resultara en un reagrupamiento electoral que, a caballo de una cara "limpia", intentara retroceder hasta el orden imperante en 2001, otro estallido nos aguardaría.

Fuente: Tiempo Argentino