Por Norma Giarracca * y Enrique Viale **
De las entidades corporativas del agro, la Sociedad Rural Argentina (SRA) es la
que se ha ganado el peor prestigio por las conductas económicas y políticas que
desarrolló a lo largo de su historia. Sin embargo, pocos saben que sus
fundadores tuvieron objetivos de tecnificación del ganado ovino, que se sentían
productores de “punta” y que el primer socio honorario fue Domingo Faustino
Sarmiento, quien profesaba una gran admiración por el espíritu “tecnológico
emprendedor” de este grupo de ganaderos.
Por esta admiración que sentían los gobiernos liberales de la época, entre las
presidencias de Sarmiento y Avellaneda se le entregó temporariamente el predio
de Palermo –que era parte del Parque 3 de Febrero– para “celebrar exposiciones y
ferias”, según enuncia el contrato de cesión temporaria. Las sucesivas prórrogas
de esta cesión fueron llevadas a cabo por el Congreso de la Nación o por los
gobiernos dictatoriales dando cumplimiento a la medida donde se subrayaba un
lugar “situado en el parque de Palermo”.
El poder económico y político que fueron capaces de generar estas pocas miles de
familias ganaderas, que obtuvieron fundacionalmente sus territorios de manera
espuria en el saqueo iniciado por Julio A. Roca, se enfrentó con los gobiernos
democráticos y terminaron culpando de su propia decadencia relativa a la
intervención del Estado a partir de las primeras décadas del siglo XX. La
agricultura había encontrado su lugar tanto en el mercado internacional como en
el interno a medida que se lograba la industrialización sustitutiva de
importaciones. Los ganaderos se comportaron siempre como una elite que podían
marcar las políticas públicas mientras que los agricultores –inmigrantes y
criollos– reclamaban por la tierra que les arrendaban.
La SRA mantuvo una conducta antidemocrática durante toda su existencia y eso
queda registrado en su intervención en los grupos golpistas que derrocaron el
gobierno del tercer peronismo, por ejemplo. Se habían sentido amenazados por las
políticas del presidente Perón y el secretario de Agricultura ingeniero Giberti
y prepararon la política para mantener sus privilegios con uno de sus mayores
representantes, José Martínez de Hoz, como ministro de Economía en los primeros
años de la ominosa dictadura militar de 1976-1983.
No regresaron a la democracia en 1983 con el fervor y alegría de casi todo el
país. La relación con el presidente Alfonsín fue tensa, con momentos de mucha
gravedad. Pero con Carlos Menem y el “ex procesista” Domingo Cavallo, sus
problemas se fueron solucionando poco a poco. El gobierno de Menem,
desconociendo todos los antecedentes, procedió a efectuar una “venta” por
decreto; es decir un parque público de 12 hectáreas lo vendió como un “inmueble
de dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gestión”. Fue el 20
de diciembre de 1991 –poco tiempo después del decreto nacional de desregulación
económica que tanto complicó a los agricultores argentinos– cuando “vendió” ese
predio a un precio ridículo de 30 millones de dólares y en cuotas, gran parte de
las cuales siguen impagas. La resistencia a este acto de corrupción vino de la
mano de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, que denunció penalmente esta
acción que derivó en un proceso penal, que aún subsiste, contra directivos de la
SRA y decenas de funcionario públicos, incluyendo al ex presidente de la década
de los ‘90 y su ministro de Economía Domingo Cavallo. El fiscal de la causa
consideró que la operación era un “vergonzoso fraude”.
Mientras tanto, la SRA se apuró en sus negocios violando el Código de
Planeamiento Urbano que zonifica al predio en Urbanización Parque (UP); es
decir, “destinada a espacios verdes y parquización de uso público”. En 1997/1998
el GCBA autorizó obras prohibidas y en el año 2004 se firmó un convenio con la
SRA mediante el cual se pretendía autorizar nuevas obras también en franca
contradicción del Código de Planeamiento Urbano. Como señala el abogado Pedro
Kesselman, pionero en esta lucha, los sucesivos gobiernos porteños convirtieron
al predio de La Rural en una suerte de territorio extranjero que manejaba sus
propias normas, sin respetar ninguna de las normativas de uso del suelo. Allí se
hicieron recitales, carreras de autos, fiestas, casamientos, en suma toda clase
de eventos, ninguno de ellos permitidos por la zonificación que el predio posee.
Seguridad jurídica no es sólo para las grandes empresas o para los que detentan
el poder, también lo es para la ciudadanía en general de no ver consolidado en
el tiempo una situación jurídica irregular, con un grave perjuicio colectivo al
patrimonio público y al interés general. Su recuperación es una reivindicación
histórica del país digno, trabajador, agricultor, campesino, de pueblos
indígenas, estudiantes, etcétera. Por ello es que, sin perjuicio de la
conservación de sus pabellones históricos, deben eliminarse las construcciones y
actividades ilegales, integrando este predio al Parque 3 de Febrero –como nunca
debió dejar de serlo– con una real, activa y amplia participación de quienes
lucharon durante estos más de veinte años por la defensa del patrimonio público.
* Titular de Sociología Rural de UBA.
** Abogado ambientalista.
Fuente: Página 12
jueves, 27 de diciembre de 2012
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1 comentario:
-"sin perjuicio de la conservación de sus pabellones históricos, deben eliminarse las construcciones y actividades ilegales, integrando este predio al Parque 3 de Febrero"
Este es un punto básico que vi burlado por esta gente de una manera... de la manera a la que desde siempre han estado acostumbrados: -Me cago en todo.
Comisiones de vecinos que durante años lo denunciaron y no recibieron ni cinco de pelota.
Y el cuadro patético de las Bullrich y otros arrastrados de la oposición que hoy levantaran una vela con la Sociedad Rural.
Si tenés que defender a la SRA estás más que listo, sos un cadáver en alta descomposición.
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