Para la oposición, tal como hoy está constituida, la derrota del gobierno es la única posibilidad de victoria.
Yo diría la judicialización de la política , la resolución de cuestiones políticas por la vía judicial , la intención de dilatar las decisiones , las presiones a los jueces y los límites del poder real - o sea los dueños de los bienes de producción y dentro de eso los límites del propio sistema republicáno
Por: Alejandro Horowicz
Con la derogación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con el restablecimiento de la relación entre los delitos y las penas, con la igualdad ante la ley, en suma, se iniciaban las condiciones de posibilidad para marchar en otra dirección. El programa del partido del estado confeccionado en 1975 por el bloque de clases dominantes volvía a ser susceptible de transformación. Ya no se trataba de Martínez de Hoz y Cavallo a perpetuidad. Si a esto se añade un cambio en las relaciones de fuerza globales, determinado por una crisis general del capitalismo como no se tiene memoria, y la emergencia de un bloque sudamericano cuyo peso no se le escapa a nadie, el escenario termina siendo claramente otro; entonces, el capítulo correspondiente a la democracia de la derrota podía quedar definitivamente atrás. Es decir, la voluntad popular volvía a ser un instrumento político. El debate recuperaba su aptitud para influir sobre la conducta política de la ciudadanía; por tanto, sustituir la experiencia personal por un único relato mediático dejaba de ser posible. La polifonía quedaba restablecida y en ese sentido la continuidad estaba rajada.
Esta hipótesis, que sigo sosteniendo, no supone que el derecho a
gobernar y el poder hacerlo sean una misma cosa. Esa contradicción
fundante del liberalismo político no se resuelve nunca en el terreno
puramente discursivo. En rigor de verdad, toda la literatura
especializada existente (desde Carl Schmitt hasta Norberto Bobbio)
subraya que la calidad de los argumentos, del fundamento jurídico del
orden imperante, vive a la sombra (en ese punto divergen las lecturas
doctrinarias), o de un hecho extrajurídico como el poder constituyente, o
de la naturaleza misma del fundamento del derecho: la fuerza capaz de
imponerlo.
El conflicto campero de 2008 escenificó esta situación. Un instrumento diseñado por el Poder Ejecutivo para limitar la renta agraria extraordinaria (los crecientes precios de la soja en el mercado mundial, a resultas de una burbuja inducida por el sistema financiero), tenía por objeto evitar la modificación de toda la estructura de precios relativos. Dicho con sencillez: una tonelada de soja de 2008 compraba en el mercado mundial bienes industriales en una proporción increíblemente mayor que una del '98. Entonces, se trataba de saber a qué se destinarían esos ingresos extraordinarios. Si tan sólo irían a parar a los bolsillos de los dueños del campo, directos o indirectos, o si la sociedad argentina podía utilizarlos con objetivos de otra calidad política.
El gobierno fue derrotado primero en la lucha de calles, en los cortes y la movilización impulsada por la militancia de la Federación Agraria, para ser vencido más tarde en la tapa de los diarios y finalmente terminar siendo arrasado en su propia estructura política. Conviene recordar la hemorragia parlamentaria tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, hasta que la fuerza propia dejó de serlo, y cómo el vicepresidente K huyó de la toldería. Las consecuencias no se hicieron esperar y en las elecciones de medio tiempo, el gobierno fue batido incluso en su bastión: la provincia de Buenos Aires.
Entonces, se vio obligado a dar marcha atrás, recomponer sus fuerzas. En esas condiciones el Congreso se transformó en el eje del enfrentamiento. Y la incapacidad de la oposición terminó sellando su destino en 2011. Una cosa es poner palos en la rueda, y otra gobernar una sociedad compleja desde la mirada de la Sociedad Rural. Con una observación clave: el gobierno no fue capaz de utilizar esa renta extraordinaria para un objetivo superior. Pero aun así, la política de desendeudamiento modificó el peso específico de la gigantesca deuda externa en el Producto Bruto Interno, y por tanto la capacidad de los organismos financieros internacionales de incidir sobre la economía nacional se había modificado. Esa autonomía relativa hinchó las velas del oficialismo. Sin embargo, la misma aptitud hacia el interior de la sociedad argentina no se ensanchó. Dicho de un tirón, los dueños del poder local siguen siendo exactamente los mismos.
LA BATALLA CON CLARÍN.
Desde el momento en que para inteligir la marcha de las diferencias políticas es preciso ser un experto en derecho procesal estamos en problemas. Al tiempo que un gobierno que se propone dar vuelta una página como la de la democracia de la derrota, y juega todos sus naipes a las patas de un dictamen de la Suprema Corte, de la aplicación de instrumentos puramente legales, sin guardar en la manga medidas extraparlamentarias, confunde la naturaleza de sus enemigos. Cuando se observa desapasionadamente el plazo que los supremos otorgaron al Grupo Clarín para desinvertir (36 meses) se entiende parte del desaguisado. Una cosa es no obligar a nadie a deshacer su patrimonio de apuro y otra darle un tiempo que equivale a tres cuartas partes de un mandato presidencial.
Desde el momento en que para inteligir la marcha de las diferencias políticas es preciso ser un experto en derecho procesal estamos en problemas. Al tiempo que un gobierno que se propone dar vuelta una página como la de la democracia de la derrota, y juega todos sus naipes a las patas de un dictamen de la Suprema Corte, de la aplicación de instrumentos puramente legales, sin guardar en la manga medidas extraparlamentarias, confunde la naturaleza de sus enemigos. Cuando se observa desapasionadamente el plazo que los supremos otorgaron al Grupo Clarín para desinvertir (36 meses) se entiende parte del desaguisado. Una cosa es no obligar a nadie a deshacer su patrimonio de apuro y otra darle un tiempo que equivale a tres cuartas partes de un mandato presidencial.
Por si esto fuera poco, el Poder Judicial ahora, como antes lo
hiciera el Congreso, cree que puede ser el punto de recomposición para
otra política. Si algo quedó claro entre 1930 y 1976 es que la Suprema
Corte no intentó primeriar nunca. Y la única vez que trató de hacerlo,
cuando la oposición al gobierno militar de Edelmiro Farrell y Juan
Domingo Perón se propuso retomar las riendas a través de la Corte, el
plebeyo 17 de octubre fue la respuesta popular y la Corte fue rehecha,
tras las elecciones del '46, una vez más sin demasiados inconvenientes.
Nadie creía entonces en la independencia del Poder Judicial, y para
corroborarlo, sus integrantes no tuvieron en general ninguna dificultad
en acompañar las políticas más antipopulares. El '76, a modo de
ilustración, nos exime de mayores aportaciones.
Desde el momento en que uno de sus integrantes tiene legítimas
aspiraciones políticas, al tiempo que funciona como una suerte de
garante de la inédita "autonomía" judicial, "autonomía" que linda con la
posibilidad de no rendir cuentas a nadie, el aire político vuelve a
enrarecerse. Sobre todo, porque la lógica de la justicia y la lógica de
la oposición no son de ningún modo tan conciliables. Para la oposición,
tal como hoy está constituida, la derrota del gobierno es la única
posibilidad de victoria. Para la Suprema Corte (foto) conservar su
prestigio, y por carácter transitivo el de sus integrantes, supone
atenerse a una interpretación razonable de derecho. Transformar una ley
aprobada "normalmente" en letra muerta, no puede ser presentado como una
victoria "legal". En consecuencia, las aspiraciones políticas de su
presidente – más allá de contar con la mayoría de los integrantes de la
judicatura– le imponen límites. Pero cuidado, esos límites varían a la
misma velocidad que las demás relaciones de fuerza. Contado
epigramáticamente, si las calles siguen en manos de los caceroleros, y
si la protesta de los trabajadores sigue siendo contra el "gobierno", el
oficialismo corre el riesgo de astillarse. Y si en el conflicto campero
Daniel Scioli resolvió quedar de un lado de la barricada, nadie puede
asegurar que vuelva a suceder, y no son pocos los que esperan otra
resolución a caballo de una nueva rearticulación del cuarto peronismo.
Claro que esa no es la solución que beneficia el proyecto Lorenzetti.Fuente : Tiempo Argentino
Aca la declaración del colegio de abogagos
Declaracion del CPACF por la situacion generada en el expediente por la Ley de Medios
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal llama a la reflexión de la clase dirigente argentina y de los grupos económicos, en orden a las lamentables declaraciones e imputaciones cruzadas que son de dominio público; las que han puesto en jaque a la forma de gobierno republicana establecida el art. 1º de la Constitución Nacional.
Si bien es cierto que no es función de nuestra Institución el defender magistrados, de quienes sabemos y conocemos muchas de sus particulares características, las que hemos venido criticando durante todos estos años; como tampoco es nuestra función defender a los grupos económicos que eventualmente resultaren justiciables; no lo es menos que, "sí" constituye nuestra obligación y compromiso el bregar por la división tripartita de poderes, por la independencia del Poder Judicial y por la vigencia irrestricta de la Supremacía de la Constitución.
De allí que provoca la más honda de nuestras preocupaciones el descrédito en que los comportamientos señalados han sumido al Poder Judicial, comprometiéndose severamente así su credibilidad de cara a la sociedad; pulverizando así la confianza de los argentinos en uno de los pilares de la República.
Aunque parezca una verdad de Perogrullo, tanto la clase política como los grupos económicos deben entender que dentro del Estado de Derecho "todos" debemos sujetarnos a la autoridad de los fallos judiciales y que, la única vía para su impugnación son los métodos recursivos que la ley determina, en orden a las garantías de igualdad y debido proceso previstos por los arts. 16 y 18 de la CN y los Pactos Internacionales referidos en su art. 75 inc. 22.
Urgentemente deben cesar las presiones y descalificaciones mediáticas a las que los argentinos asistimos azorados, provenientes tanto desde uno como del otro sector.
A 29 años de su recuperación, es tiempo que la Democracia Argentina comience a pagar una deuda aún pendiente: La consolidación de la forma republicana de gobierno, léase el conseguir de una vez por todas y para siempre el equilibrio y control recíproco e independiente entre los tres poderes del Estado, como lo describiera Montesquieu en "El espíritu de las leyes".
Por todo ello, nuestro recuperado CPACF exhorta a la reconciliación, exigiendo de todas las partes en pugna, el acabado respeto por los mecanismos institucionales que nuestro ordenamiento jurídico prevé para la solución de conflictos, en aras a la reconstrucción de la credibilidad y la real independencia del Poder Judicial Argentino.
Jorge Rizzo
Presidente
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