EL PAPEL DEL CIADI Y LOS TRATADOS BILATERALES DE INVERSION
La cesión de soberanía no sólo se expresa en la
emisión de bonos bajo jurisdicción extranjera, sino también en la
suscripción al convenio del Ciadi. Por eso el Gobierno evalúa retirarse
del organismo y denunciar los TBI. ( Ya es un avance que despues de 9 años de gobierno recine s ecomience a evaluar . digo porque Bolivia , Ecuador y venezuela se fueron hace un año )
La
cesión de soberanía no sólo se expresa en la emisión de bonos bajo
jurisdicción extranjera que les permite a los fondos buitre litigar en
tribunales de Nueva York. La suscripción al convenio del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y
la firma de tratados bilaterales en la década del ’90 es otro talón de
Aquiles que mantiene expuesto al Estado argentino. En este caso, ante
empresas multinacionales de países desarrollados. Por ese motivo, el
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner evalúa retirarse del Ciadi e
incluso denunciar los tratados.
El Ciadi es un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial que
desde 1965 se dedica a resolver controversias entre países e inversores
extranjeros. En los hechos, su función central es ofrecerles a las
multinacionales que deciden invertir en los países periféricos una
garantía frente a las “arbitrariedades” que puedan cometer los gobiernos
de esas naciones. Eso es posible porque los dictámenes del Ciadi se
llevan a cabo sin tener en cuenta el derecho local. Los análisis se
circunscriben a las pautas establecidas entre los Estados y sus
inversores extranjeros, con abstracción de cualquier otro principio
jurídico de jerarquía superior.
Hasta la década del ’90, la intervención del Ciadi fue requerida de
modo muy esporádico. En 1972 resolvió su primer caso, en 1974 intervino
en cuatro ocasiones y luego hubo que esperar hasta 1997 para superar ese
techo anual al registrarse diez casos. El incremento se explica por la
firma de los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de
Inversiones firmados en los ’90, que reconocen al Ciadi como tribunal
arbitral ante cualquier diferendo. De hecho, más del 60 por ciento de
las demandas presentadas ante el Ciadi se corresponden con esos
tratados.
En el gobierno sostienen que el Ciadi funciona como un gendarme de
los intereses de las multinacionales y no como un árbitro imparcial para
dirimir diferencias sobre inversiones extranjeras. Para demostrarlo,
focalizan en la disparidad existente en el origen de los demandantes y
demandados. Por grandes áreas económicas, los países del Sur han sido
objeto del 59 por ciento de las demandas presentadas ante el tribunal,
las economías en transición de Europa Oriental y la antigua Unión
Soviética han recibido el 32 por ciento, mientras que el 9 por ciento ha
recaído en los países del Norte. A su vez, remarcan que el 91 por
ciento de los inversores extranjeros que reclaman indemnizaciones por
violación de algún acuerdo internacional procede del Norte y apenas un 9
por ciento de economías en desarrollo.
Según un informe elaborado por el Gobierno, en el caso argentino, el
origen de la mayoría de las denuncias fue a partir de la aprobación de
la Ley de Emergencia Pública que dispuso el fin del régimen de
Convertibilidad y la pesificación de las tarifas y las deudas. Esto
obligó a los particulares a llegar a acuerdos equitativos y al Gobierno a
renegociar los contratos con las empresas de servicios públicos cuyas
tarifas se encontraban expresadas en dólares. Para febrero de 2012, de
los 48 casos iniciados contra la Argentina, el país había ganado,
resuelto, suspendido u obtenido la anulación de 26 casos por un monto de
16 mil millones de dólares. El resto están pendientes y en conjunto
alcanzan los 20 mil millones de dólares.
La persistente inclinación de los arbitrajes del Ciadi en favor de
los inversores extranjeros y el aumento exponencial de casos, en los
últimos años han llevado a que varios países de la región decidan
retirarse oficialmente del Ciadi. Bolivia fue el primer Estado en
presentar la denuncia de la convención del Ciadi (notificada en mayo del
2007 y efectiva en noviembre del 2007), seguida por Ecuador (notificada
en julio del 2009 y efectiva en enero del 2010). Venezuela anunció
oficialmente su denuncia el pasado 24 de enero del 2012, que resultó
efectiva a partir de julio. En el Gobierno destacan además que Brasil
nunca ingresó al Convenio del Ciadi.
Fuente: Página 12
lunes, 7 de enero de 2013
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