La justicia en debate

Por Ulises Bosia. 

En una nueva muestra de su capacidad para dirigir el curso de la vida política nacional, el kirchnerismo volvió a marcar la agenda del debate público al relanzar sus proyectos de democratización de la justicia.

Cuando las últimas gotas de la inundación todavía no habían escurrido la presidenta decidió cambiar el eje de la agenda política. Como ya es costumbre, el kirchnerismo extrae las energías de los momentos de adversidad para encarar los debates que generan revuelo al afectar los intereses de algún factor del poder. En este caso se trata de poner en discusión al poder del Estado más conservador y aristocrático, al que está menos sometido a la soberanía popular y en el que la participación popular es más minoritaria.
No nos referimos puntualmente por el momento al contenido de los proyectos de ley que el ejecutivo mandó al Congreso para su tratamiento ( sobre los cuales sería sumamente negativo para la sustentabilidad futura de los cambios propuestos , que dichos proyectos no puedan ser debatidos ampliamente en el congreso y en foros en todo el país porque si solo se pretenden aprobaciones en tiempo record y a libro cerrado, solo demostrarían que no existe voluntad real de democratizar la justicia sino de conseguir una elección de consejereos con distrito único que permita nacionalizar la eleccion con el fin de apuntar a una sucesion futura a la actual presidencia de Cristina que culmina en 2015 ) sino más en general al debate que necesariamente se desarrolla al tomar esa iniciativa. Ese debate evidentemente es positivo, aunque nada garantiza que sus resultados también lo sean. Sin embargo, no corresponde naturalizarlo: visibilizar y cuestionar el funcionamiento del poder judicial es algo que nunca se hizo desde la vuelta de la democracia. Como en otras oportunidades, es posible criticar el alcance real de las medidas de gobierno que propone la presidenta, sus motivaciones o incluso sus intenciones, pero es indudable que con este tipo de iniciativas el kirchnerismo contribuye a politizar a la sociedad argentina.

Por otro lado, también desde la oposición vuelven a repetir conductas anteriores. En primer lugar la resurrección del tristemente célebre grupo A, con lo que la oposición parece no haber sacado conclusiones del fracaso de esa estrategia política. En segundo lugar apelar a la conservación del status quo y la retórica republicana como discurso político (“el kirchnerismo va por todo”, “van a atropellar las instituciones”, “cuestionan la división de poderes”). Y en tercer lugar, en sus variantes más descabelladas, a comparar las medidas con el golpe militar de 1976 o al actual gobierno electo con el 54% de los votos con una dictadura fascista.

Consecuentemente con estas caracterizaciones estos sectores no se presentaron en las comisiones del Congreso donde fueron presentados los proyectos, acusando al kirchnerismo de querer usar su legítima mayoría para aprobar sus proyectos. Sin embargo esta vez las expectativas están puestas en el cacerolazo del jueves próximo. Todos estos sectores disputan la misma base social antikirchnerista y ninguno quiere quedar por fuera de la presumiblemente numerosa convocatoria.

El debate por los proyectos

Fueron seis proyectos los que la presidenta envió al Congreso. Algunos de ellos tienen más consenso, como por ejemplo los que plantean una mayor transparencia de la información y el que establece el ingreso equitativo al poder judicial. Sin embargo, como suele suceder, no es claro que consigan lo que se proponen por insuficiencia de las herramientas que proponen o por la posibilidad de evadir sus consecuencias. En los otros existe un debate mayor.

La creación de nuevas Cámaras de Casación, instancias previas a la Corte Suprema, podría permitir que la Corte deje de estar saturada de causas y pueda concentrarse solamente en aquellas de mayor jerarquía, sin embargo también es cierto que una nueva instancia demoraría aún más el largo camino de un proceso por los Tribunales. El exceso de burocracia y la lentitud de la Justicia son algunas de las principales percepciones presentes en la sociedad, por lo que sus resultados serían discutibles.   http://nohuboderecho.blogspot.com.ar/2013/04/democratizacion-de-la-justicia-y.html En las otras dos es donde hay más debate.

Por un lado la forma en que el proyecto oficial plantea la regulación de las medidas cautelares para impedir que se repitan casos como el de la ley de medios fue cuestionada por el CELS. Horacio Verbitsky, su presidente, afirmó en su columna dominical de Página/12 que “no es aceptable equiparar las cautelares en casos meramente patrimoniales, en los que el Estado suele ser la parte más débil de la relación, con aquellas que pueden oponerse a ciertos actos estatales violatorios de derechos fundamentales a favor de personas o colectivos indefensos”. Ello podría hacer que la ley sea inconstitucional.

Por otro lado la reforma del Consejo de la Magistratura concentra las mayores críticas. Sin embargo, las acusaciones de un avasallamiento del poder judicial por el poder político son difíciles de sostener ante un organismo que actualmente no funciona y que depende de las corporaciones judiciales para elegir a una parte de sus miembros.

La idea de que actualmente la Justicia es independiente y objetiva no resiste el menor análisis en un mundo fuertemente desigual donde cualquier persona de a pie sabe que billetera mata galán en cualquier tribunal. Quienes se rasgan las vestiduras por el supuesto control político de la justicia habitualmente dicen muy poco sobre la influencia de las corporaciones económicas, en el marco de una cultura política argentina que suele subestimar la crítica a los actores económicos de carne y hueso, las auténticas clases dominantes de nuestro país. Por otro lado según nuestro criterio siempre es más democrática la elección popular de sus miembros que la de pequeñas camarillas de profesionales.

Otros temas quedaron afuera como el juicio por jurados que podría generar una mayor participación popular en la administración de justicia, la democratización interna del funcionamiento del poder judicial o la abolición de todos los tratos señoriales y el lenguaje elitista y abstruso con los que el sistema jurídico se intenta desmarcar de la sociedad que les dio forma.

Una primera conclusión nos conduce a valorar positivamente el debate que se abre sobre la democratización de la Justicia, sin embargo es muy difícil creer que las medidas propuestas logren alcanzar ese ambicioso cometido. En el fondo, no parece coherente creer que una sociedad caracterizada por una enorme desigualdad pueda tener una justicia democrática sin poner en cuestión sus estructuras sociales.

Fuente: Marcha