Por Gerardo Szalkowicz.
Tras más de seis meses de negociaciones, las FARC y el gobierno colombiano anunciaron este domingo el acuerdo en el primero de los seis puntos de la agenda, referido al desarrollo agrario. Sigue pendiente la participación popular en el proceso de diálogo.
La declaración conjunta que hicieron pública la insurgencia y el gobierno en el Palacio de Convenciones de La Habana se denomina "Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral" y, según el texto, supondrá "el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia".
El acuerdo se refiere al acceso y uso de la tierra, lo que incluye aspectos relacionados a las tierras improductivas, la formalización de la propiedad y la protección de las zonas de reserva. Se propone que “una mayor cantidad de habitantes del campo, sin tierras o con tierras insuficientes, pueda acceder a ellas mediante la creación de un Fondo de tierras para la paz”.
Además, el gobierno se compromete a formalizar progresivamente “todos los predios que ocupan o poseen los campesinos”, a impulsar planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. En tanto, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental.
De todas maneras, estos convenios se implementarán sólo si se logra un consenso sobre la totalidad de la agenda, ya que uno de los principios que guía la negociación es que "nada está acordado hasta que todo esté acordado". Según expresó el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, “no hay aplicación parcial de los acuerdos, estos solamente se aplicarán una vez tengamos el acuerdo completo para el fin del conflicto”. De la Calle además reiteró que en caso de lograrse un acuerdo integral, “el documento será sometido a la ratificación de los ciudadanos por medio de un mecanismo de refrendación popular”. Las FARC-EP, en cambio, proponen la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Voces que no se escuchan
Con posterioridad a la lectura de la declaración conjunta, el vocero de las FARC Iván Márquez leyó un comunicado en el que expresan: "Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales, que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción final de un acuerdo".
La insurgencia también aprovechó para reiterar cuestionamientos al modelo económico vigente en Colombia: “Preocupa que mientras las mayorías reclaman reconciliación y expresan sus anhelos de justicia, el país tenga que seguir soportando la inclemencia de medidas políticas y económicas que entregan nuestro territorio a la voracidad de las trasnacionales, se siga profundizando la desigualdad y continúen cayendo compatriotas de lado y lado en una guerra que urge una salida política”.
Márquez resaltó además la importancia de la participación del pueblo en la búsqueda de los caminos hacia la paz. “Estamos abriendo una senda para que el pueblo actúe, se movilice en defensa de sus derechos y siga haciendo escuchar su voz como protagonista principal de la construcción de la paz”, sostuvo.
Precisamente la negativa del gobierno colombiano a incluir en este proceso las voces y propuestas de las organizaciones sociales y comunidades campesinas e indígenas –principales víctimas del conflicto- sigue siendo el mayor déficit de la iniciativa.
Bajo ese reclamo se vienen desarrollando infinidad de actividades que intentan visibilizar la voz del pueblo organizado, como la multitudinaria marcha del pasado 9 de abril, impulsada por Marcha Patriótica, o el Congreso para la Paz que reunió a unas 20 mil personas en la Universidad Nacional en Bogotá del 19 al 22 de abril, convocado por el Congreso de los Pueblos.
También en otros países se vienen realizando actividades para sumar apoyos en ese sentido, como el “Foro por la Paz en Colombia” realizado recientemente en Porto Alegre, Brasil. En la declaración final, se expresa que: “Así como apoyamos el diálogo del gobierno con las insurgencias, también señalamos la imperiosa necesidad de incluir a todo el pueblo colombiano en la construcción de los acuerdos, encaminando todos los esfuerzos a construir una realidad llena de justicia social como baluarte de reconciliación entre las y los colombianos a través de la participación popular como muestra de ampliación de la democracia”.
Lo que viene…
Después del cierre de este noveno ciclo de conversaciones, que culminó con este primer acuerdo, la mesa de diálogo se reanudará el 11 de junio. Allí las delegaciones comenzarán a debatir el segundo punto de la agenda referido a las garantías para la participación política de la guerrilla. Los temas que seguirán son el problema de las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y la refrendación de lo pactado en la mesa.
También se espera que próximamente se anuncie el inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El proceso de negociaciones que busca culminar con el conflicto armado que lleva más de medio siglo se anunció en octubre pasado en la ciudad de Oslo (Noruega) y se instaló formalmente el 19 de noviembre en La Habana, Cuba. Los gobiernos de estos dos países vienen participando como garantes del proceso, mientras que los gobiernos de Venezuela y Chile lo hacen como acompañantes.
El presidente Juan Manuel Santos espera que el proceso llegue a buen puerto antes de fin de año (cosa bastante improbable) y tenerlo como su principal carta de campaña para buscar la reelección en mayo de 2014.
Que tema si las FARC llegaran en algun momento a entregar las armas y después los paramiliatrees empiezan a matarlos a todos como hicieron con el M19 en el pasado y con varios participantes de la marcha patriotica asesinados
* Hacé click aquí para leer el texto completo del acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano.
La declaración conjunta que hicieron pública la insurgencia y el gobierno en el Palacio de Convenciones de La Habana se denomina "Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral" y, según el texto, supondrá "el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia".
El acuerdo se refiere al acceso y uso de la tierra, lo que incluye aspectos relacionados a las tierras improductivas, la formalización de la propiedad y la protección de las zonas de reserva. Se propone que “una mayor cantidad de habitantes del campo, sin tierras o con tierras insuficientes, pueda acceder a ellas mediante la creación de un Fondo de tierras para la paz”.
Además, el gobierno se compromete a formalizar progresivamente “todos los predios que ocupan o poseen los campesinos”, a impulsar planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. En tanto, el acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental.
De todas maneras, estos convenios se implementarán sólo si se logra un consenso sobre la totalidad de la agenda, ya que uno de los principios que guía la negociación es que "nada está acordado hasta que todo esté acordado". Según expresó el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, “no hay aplicación parcial de los acuerdos, estos solamente se aplicarán una vez tengamos el acuerdo completo para el fin del conflicto”. De la Calle además reiteró que en caso de lograrse un acuerdo integral, “el documento será sometido a la ratificación de los ciudadanos por medio de un mecanismo de refrendación popular”. Las FARC-EP, en cambio, proponen la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Voces que no se escuchan
Con posterioridad a la lectura de la declaración conjunta, el vocero de las FARC Iván Márquez leyó un comunicado en el que expresan: "Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales, que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción final de un acuerdo".
La insurgencia también aprovechó para reiterar cuestionamientos al modelo económico vigente en Colombia: “Preocupa que mientras las mayorías reclaman reconciliación y expresan sus anhelos de justicia, el país tenga que seguir soportando la inclemencia de medidas políticas y económicas que entregan nuestro territorio a la voracidad de las trasnacionales, se siga profundizando la desigualdad y continúen cayendo compatriotas de lado y lado en una guerra que urge una salida política”.
Márquez resaltó además la importancia de la participación del pueblo en la búsqueda de los caminos hacia la paz. “Estamos abriendo una senda para que el pueblo actúe, se movilice en defensa de sus derechos y siga haciendo escuchar su voz como protagonista principal de la construcción de la paz”, sostuvo.
Precisamente la negativa del gobierno colombiano a incluir en este proceso las voces y propuestas de las organizaciones sociales y comunidades campesinas e indígenas –principales víctimas del conflicto- sigue siendo el mayor déficit de la iniciativa.
Bajo ese reclamo se vienen desarrollando infinidad de actividades que intentan visibilizar la voz del pueblo organizado, como la multitudinaria marcha del pasado 9 de abril, impulsada por Marcha Patriótica, o el Congreso para la Paz que reunió a unas 20 mil personas en la Universidad Nacional en Bogotá del 19 al 22 de abril, convocado por el Congreso de los Pueblos.
También en otros países se vienen realizando actividades para sumar apoyos en ese sentido, como el “Foro por la Paz en Colombia” realizado recientemente en Porto Alegre, Brasil. En la declaración final, se expresa que: “Así como apoyamos el diálogo del gobierno con las insurgencias, también señalamos la imperiosa necesidad de incluir a todo el pueblo colombiano en la construcción de los acuerdos, encaminando todos los esfuerzos a construir una realidad llena de justicia social como baluarte de reconciliación entre las y los colombianos a través de la participación popular como muestra de ampliación de la democracia”.
Lo que viene…
Después del cierre de este noveno ciclo de conversaciones, que culminó con este primer acuerdo, la mesa de diálogo se reanudará el 11 de junio. Allí las delegaciones comenzarán a debatir el segundo punto de la agenda referido a las garantías para la participación política de la guerrilla. Los temas que seguirán son el problema de las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y la refrendación de lo pactado en la mesa.
También se espera que próximamente se anuncie el inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El proceso de negociaciones que busca culminar con el conflicto armado que lleva más de medio siglo se anunció en octubre pasado en la ciudad de Oslo (Noruega) y se instaló formalmente el 19 de noviembre en La Habana, Cuba. Los gobiernos de estos dos países vienen participando como garantes del proceso, mientras que los gobiernos de Venezuela y Chile lo hacen como acompañantes.
El presidente Juan Manuel Santos espera que el proceso llegue a buen puerto antes de fin de año (cosa bastante improbable) y tenerlo como su principal carta de campaña para buscar la reelección en mayo de 2014.
Que tema si las FARC llegaran en algun momento a entregar las armas y después los paramiliatrees empiezan a matarlos a todos como hicieron con el M19 en el pasado y con varios participantes de la marcha patriotica asesinados
* Hacé click aquí para leer el texto completo del acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano.
Fuente : Marcha
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