Nuevo fallo sobre los “fondos buitres”, otro capítulo de la Deuda ilegal e ilegítima.

Deuda con los bonistas "holdouts".

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que ratifica que la Argentina debe pagar a los bonistas holdouts el 100% de sus créditos, es una muestra más de que mientras la Argentina no repudie su deuda pública ilegal e ilegitima seguirá sometida a los intereses del capital trasnacional.


Por ATTAC Argentina - CADTM



En esta oportunidad, fondos de inversión que luego del default de 2001 compraron sus bonos a un 20% de su valor nominal, y que luego rechazaron la propuesta del Canje 2005 y su reapertura en 2010, demandaron a la Argentina ante un Juez neoyorquino, haciendo uso de todos los derechos que el Estado Nacional concedió a los acreedores al momento de emitir los bonos, entre ellos, la prórroga de jurisdicción a Nueva York, la renuncia a oponer la inmunidad soberana o la cláusula de acreedor más favorecido. Esta es una constante, ya sea respecto del endeudamiento de los 90 como del de la década kirchnerista.

Limitado por sus propios actos, el Gobierno frente al fallo se limita a reafirmar su vocación pagadora, tratando de congraciarse con la justicia norteamericana y con el sector financiero internacional. Con ese fin, se acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley que, por un lado, reabre el canje para el 7% de los bonistas holdouts, con las mismas condiciones de pago del Canje 2005/10, y que por el otro, ofrece a los bonistas que sí canjearon mudar el lugar de pago a nuestro país, para así garantizarles que se seguirá pagando puntualmente, evitando eventuales embargos que puedan caer sobre fondos argentinos a raíz del fallo en Nueva York.

En tanto el endeudamiento de diversos organismos estatales para cancelar deuda está llegando a límite (BCRA, ANSES, Banco Nación, etc), el Gobierno, dentro de su lógica, necesita retornar a los mercados de capitales internacionales para continuar con el ciclo de endeudamiento. Pero para ello, el poder mundial exige que nuestro país regularice el cien por cien de su deuda. Esto es, arregle con todos los bonistas holdouts y con el Club de París.

Sin dudas, cualquier bonista intentará extraer siempre el máximo posible de rentabilidad, como lo están haciendo los holdouts en Nueva York, pero eso no implica que la oferta del Gobierno de pagar en las mismas condiciones que las otorgadas en el Canje 2005/10 no constituya también para ellos un negocio fabuloso. Porque si bien en el Canje 2005/10 hubo una quita inicial del 43,3%, la misma fue compensada con creces en pocos años, en especial a través de los pagos de los cupones ligados al crecimiento del PBI. Sólo por este concepto se habrían pagado a los bonistas hasta el momento unos 15.000 millones de U$S, sobre un total estimado de 40.000 millones de U$S. A ello se le deben sumar la capitalización de intereses, los Bonos Ajustados por el CER y la recompra de títulos acordada.

Estos enormes desembolsos explican en parte el desequilibrio de las cuentas fiscales que viene sufriendo el país y, las medidas de ajuste aplicadas en consecuencia Porque más allá del discurso oficial del “desendeudamiento”, la deuda pública sigue siendo el gran condicionante de nuestra economía. Como lo acaba de reconocer la Presidenta, desde 2003 se pagaron 173.733 millones de U$S. Esta increíble cifra prueba que para financiarnos podríamos prescindir del endeudamiento externo o de las inversiones extranjeras, o que existen, por ejemplo, fondos para garantizar el 82% móvil a los jubilados. Existen los recursos, sólo necesitan ser re-direccionados.

Pero lo que no dijo la Presidenta, es que en 2002 la deuda pública era de 144.212 millones de U$S, mientras que la actual (registrada) asciende a la suma de 209.000 millones de U$S. En el medio, se pagaron los 173.733 millones de U$S mencionados. Las cifras demuestran que la deuda es una gigantesca estafa, un mecanismo de succión de recursos producidos por trabajo argentino. Su origen es ilegal e ilegitimo y, ya la hemos pagado varias veces.

Urge entonces, como primera medida, suspender los pagos hasta tanto una Auditoria determine qué tramos de la misma son ilegales e ilegítimos. Ejemplo de ello es el emblemático camino marcado por Ecuador, cuando en 2007 por decreto 472 el presidente Rafael Correa dispuso una Auditoría de la Deuda Pública, llevada adelante por una comisión especial (CAIC) que permitió calificar de “ilegal, ilegítima y corrupta” a parte de la deuda externa. Y en nuestro país, contamos para esta medida, con el invalorable aporte hecho por Alejando Olmos en la denominada causa “Olmos”, donde en la sentencia se dieron por probada la ilicitud de la Deuda Externa contraída durante el período 1976/82 y, se estableció la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura que la contrajeron y la corresponsabilidad de los organismos internacionales como el FMI, que aprobaron prestamos ilícitos y fraudulentos. Dicha deuda, a través de las sucesivas reestructuraciones, continua vigente. Por ejemplo, parte de la deuda que reclama el Club de París.

Pero la deuda es además, y sobre todo, el instrumento de dominación privilegiado del capital trasnacional para imponer su agenda liberalizadora desde la década del ´70 hasta hoy. Repudiar la deuda es también deshacer la estructura económico – jurídica de un modelo productivo extractivista, que favorece los intereses del capital trasnacional, construido durante los últimos 35 años.

Por eso, estamos por una Auditoría de la Deuda Pública, por la salida del CIADI, por la construcción de una nueva arquitectura financiera regional (Banco del Sur, SUCRE, Banco del ALBA) como pasos indispensables para la construcción de un proyecto anticapitalista, que ponga el centro en la satisfacción de las necesidades populares.

No hay caminos alternativos. Como decía Alejandro Olmos: “O se está al servicio del pueblo contra la deuda, o se está contra el pueblo al servicio de la deuda”.
 
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013