La Policía impone sus exigencias a De la Sota y, de paso, se carga el ‘ajuste’
El conflicto de la Policía de Córdoba contra el gobierno provincial ha desembocado en la peor crisis política y social desde la dictadura militar. Se suceden los saqueos y hechos delictivos a lo largo y ancho de la ciudad. Se entremezclan sectores empobrecidos con bandas organizadas. Los comerciantes se han armado en resguardo de sus establecimientos. Los enfrentamientos han dejado decenas de heridos y por lo menos un muerto.
De la Sota dejó que la situación se pudriera. Niega que se haya producido una situación de explosión social y atribuye los saqueos a una mano negra, sin mencionar a los responsables. Asimismo, ha solicitado la intervención de la Gendarmería de Berni.
El gobierno nacional, en boca de Capitanich, se negó a intervenir, aduciendo que se trata de un reclamo salarial de la fuerza policial y que debe respetarse la autonomía provincial.
La crisis se desarrolla en el marco de una disputa al interior de los aparatos represivos, nacional y provincial, por el manejo del narcotráfico y del delito (“narcoescándalo”).
El jefe del Ejército, Milani -que aún espera su designación legal-, es parte activa en esta disputa, a partir de la denuncia de un miembro de su servicio de inteligencia, que desató el narcoescándalo y terminó con la renuncia de la anterior cúpula policial y el ministro de Seguridad, y con toda la dirección de Drogas Peligrosas en cana. Milani mantiene una disputa con Caserio, jefe del PJ provincial y diputado nacional de De la Sota, por el control del PJ en el departamento Punilla, una vía destacada del paso de la droga.
Entre los reclamos de los policías acuartelados aparece, en primer lugar, la consigna: “no sanción a policías que participan de la protesta por escrito y no cuestionamiento al jefe o al subjefe policial”, lo cual prefigura una cobertura a la jefatura de la policía provincial.
De la Sota abordó la crisis como un cuestionamiento a la continuidad de su gobierno. Llamó a una reunión a los parlamentarios nacionales y provinciales, las cámaras empresariales y la CGT regional.
El gobierno se encuentra a la deriva y, a
último momento, aceptó la exigencia de máxima de la asonada policial:
un básico de ocho mil pesos y un conformado de trece mil pesos. La
victoria de la rebelión es total y, por una vía indirecta, es un golpe a
los planes de ajuste y devaluación que ha abrazado el kirchnerismo -en
Córdoba se anuncian suspensiones y despidos en la industria automotriz.
Asimismo, agrava la crisis que se vive en el sistema sanitario,
educativo, judicial y administrativo.
El acuerdo alcanzado refuerza el aparato policial, que ha puesto sus mejores energías en reprimir las luchas populares y de los trabajadores, y que ha sido denunciado por su entrelazamiento con el delito organizado.
El acuerdo alcanzado refuerza el aparato policial, que ha puesto sus mejores energías en reprimir las luchas populares y de los trabajadores, y que ha sido denunciado por su entrelazamiento con el delito organizado.
Los trabajadores debemos hacernos una
idea precisa del carácter de la crisis que ha sacudido a la provincia, e
incluso al país, para desarrollar una mejor preparación de las luchas
que se vienen por el trabajo y el salario.
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1 comentario:
obviamente si Capitanich enviaba a los gendarmes, podía llegar a producirse un
enfrentamiento entre ambos aparatos represivos.
Sin embargo, al enviarlos, la intervención de ambos en el control de la lucha llevada a
cabo por judiciales y municipales, manifiesta de forma explicita el camino abierto por la detención de la población pobre que participara de los saqueos, mientras se avanza hacia la protección de las bandas organizadas.
tanto la población empobrecida como la lucha de judiciales y municipales corren en la misma dirección:la represión.
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