Piedra libre para la impunidad del poder político / Perpetua a los trabajadores que luchan

Por Alberto Amato

El fallo que ayer absolvió a todos los acusados por el escándalo de las coimas en el Senado, consagra de algún modo la impunidad del poder político en la Argentina. Es una sensación, por supuesto. No hay por qué dudar de la integridad de los miembros del Tribunal, dos de ellos también absolvieron a los acusados de la conexión local por el atentado a la AMIA, que han fallado en virtud de una “duda razonable”. Ya se sabe: vale más un delincuente en libertad que un inocente preso.

Pero ocurre que el fallo presenta al menos una arista cuestionable: ordena investigar al denunciante confeso del delito, pone en duda su calidad de “arrepentido”, echa un manto de sombras sobre el juez de la causa y descalifica la actuación de los fiscales, que consideraron probados muchos de los hechos que investigaron. O esa gente es tonta, o los jueces dudaron en demasía.
De ahora en más, quien tenga que denunciar un átomo de la corrupción endémica argentina, se lo va a pensar dos veces. Y fiscales y jueces encargados de deshilar el entramado de las trampas, también se lo van a pensar dos veces. El cohecho, la coima, es un delito muy difícil de probar. O a usted lo agarran con las manos en la masa y los billetes marcados, o siempre habrá una duda razonable que lo libere de las rejas. Nadie dice yo pagué o yo fui coimeado. En este caso, sí. Es cierto que Mario Pontaquarto es un personaje difícil de asir y sembrador de dudas razonables. Pero confesó un delito que según los jueces del Tribunal Oral Federal 3, es dudoso, si existió. Si la duda razonable no puede ante un delito confeso, ¿qué queda entonces para el inabarcable lavado de dinero por el que hoy investigan a un íntimo del matrimonio Kirchner que, lejos de confesar, promueve la censura de prensa para que nada se sepa?

Las coimas en el Senado hicieron que un vicepresidente renunciara después de exponerlas en público. El gobierno de la Alianza, que caería víctima de sus errores y de su aislamiento, empezó a tambalearse por esa denuncia. Un grupo de senadores admitió haberse enterado de aquella Banelco para la sanción de la ley laboral. Hubo testimonios que desnudaron cómo, cuándo y dónde se repartió el dinero; hubo triangulaciones telefónicas que desenmascaraban casi el delito y que figuran en la causa judicial. Nada de eso existirá ya después del fallo absolutorio de ayer y del “Este juicio ha terminado”, con el que se cerró la audiencia. Es rigurosa y cierta la parábola del delincuente libre y el honrado preso. Tiene, eso sí, una variante que alguna vez debería contemplarse: que quien delinque, page sus culpas.

Fuente : http://www.clarin.com/politica/Piedra-libre-impunidad-poder-politico_0_1053494649.html

Esta es la justicia del estado burgues que tenemos , a la dirigencia  polìtuca que presta sus servicios a los dueños del capital impunidad para que los siga sirviendo y  a los trabajadores que reclamaban por el impuesto al salario cadena perpetua . Nunca estuvo mas clara la funcion de este estado .

Condenaron a los trabajadores de Las Heras  
Partido Obrero

En Caleta Olivia, la Cámara del Crimen terminó condenando con severas penas a diez trabajadores de Las Heras.

Los condenados habían sido llevados a juicio por el asesinato del oficial Sayago, en el marco de una pueblada provocada por la detención de un referente petrolero en 2006. La movilización petrolera reclamaba por la derogación del impuesto al salario y por la situación de trabajadores petroleros tercerizados, que revistaban bajo el convenio de Uocra.

La Cámara condenó a los trabajadores Cortez Rosales y González a cadena perpetua por homicidio agravado, por el carácter de policía del muerto. También condenaron al joven Padilla, quien en el momento de los hechos era menor. Sólo por eso, difirió la fijación de la pena a una evaluación del tribunal de menores.

También se condenó a cinco años a Darío Cuatrihuala por lesiones graves, y la misma pena a los cinco imputados por coacción agravada.
Varias de las condenas no fueron por unanimidad: la presidente del tribunal voto por la absolución de Cortez y de Padilla, quienes fueron condenados por el voto de la mayoría, integrada entre otros por el juez Olivera -del grupo progubernamental “Justicia legítima”.

Apremios y espionaje

Esta condena, arbitraria por donde se la mire, tuvo que recurrir para su fundamentación a testimonios vertidos en la instrucción, que no fueron ni incorporados por lectura ni ratificados en el juicio. Ello torna a la condena sin sustento jurídico alguno, y sólo es explicable por su sentido político.

En primer lugar, pretende respaldar al aparato represivo de Santa Cruz. Todos los jueces desestimaron los apremios y las torturas efectuados en la investigación, al igual que las acusaciones de apremios presentadas contra los investigadores. Los jueces rechazaron explícitamente que la utilización de fotografías de los petroleros obtenidas en conflictos anteriores, para el reconocimiento de supuestos autores del asesinato, haya violado la prohibición de realizar inteligencia previa. En cambio, consideraron a esa actividad de espionaje como una atribución preventiva de las fuerzas policiales. En ese marco, la condena constituye un apoyo claro a cualquier acción de espionaje y represión del pasado y del futuro de la policía provincial.

La condena, por otra parte, es un ataque directo a todo el movimiento petrolero que combate por sus reivindicaciones y por la recuperación de sus organizaciones de lucha, contra las corporaciones petroleras y la burocracia sindical. La condena es un tiro por elevación a la lucha de los petroleros por la eliminación del impuesto al salario y en contra de la tercerización laboral, los ejes de la huelga de febrero de 2006 que dio origen a los hechos juzgados, pero que están plenamente vigentes.

La nutrida marcha que se concretó en Caleta, con la presencia de los diputados nacionales del Frente de Izquierda, los organismos de derechos humanos, delegaciones de comisiones internas y de trabajadores que viajaron de Buenos Aires, y los militantes del Partido Obrero de Santa Cruz, repudió la condena, y ayudó a establecer los pilares de una gran campaña nacional para su absolución.

Claudia Ferrero (Apel)

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