El traslado de la devaluación a precios y tarifas transforman a las paritarias en un terreno decisivo para la clase obrera. La deliberación crece en los lugares de trabajo. Entre la burocracia sindical nadie quiere ser el Papagno de 1975, que firmó a un tercio de la inflación por orden de Isabel y quedó escrachado. Así las cosas, hablan de “unidad”, mientras la división toma nuevos contenidos.
Los oficialistas advierten un gobierno en demolición y algunos de sus alfiles se pasaron de bando; como Fernández, de UTA, y Maturano, de La Fraternidad. Caló forzó una reunión con Cristina para evitar más desbande. Yasky salió con un proyecto de ley sindical para cotizar su subordinación.
El moyanismo se muestra políticamente
activo, pero no en movilizar a la clase obrera. Su eje es enhebrar
acuerdos con la burguesía opositora, en torno a sus reclamos de “un plan
integral”, “que restituya la confianza”, lo que lo puso en alianza con
el golpista redomado Barrionuevo, y en una escenificación con Macri.
Nada de esto tiene que ver con el salario, responde al santo y seña de
llevar la política de devaluación y ajuste hasta el final.
Con el poder adquisitivo del salario en caída libre, toda idea de concertación, a lo que apunta la UIA y en la que machaca Binner, servirá a la línea del Rodrigazo: una brutal transferencia de ingresos mediante aumentos a la mitad de la inflación. Ese fue el sentido estratégico del “aumento” del 11,3% a jubilados con el que Cristina pretende retomar la iniciativa, por derecha, con un ataque en regla a las masas.
En resumen, todas las alas de la burocracia sindical apuntan a liquidar las paritarias, en un marco de crisis política. Pero, como operan en la cornisa respecto de las tendencias combativas del movimiento obrero, han ideado las “sumas puente”. Con ellas aceiteros, bancarios, UTA y petroleros, patearon a marzo-abril las paritarias, para firmar luego en un marco de conjunto. Sumas previas a otras paritarias que vencen más adelante tienen el mismo sentido.
Por abajo se han producido huelgas por
2.000 pesos en varios gremios municipales, el paro aceitero y el
papelero fueron importantes. Las posibilidades de que esto cierre sin
una irrupción huelguística dependen de la más criminal política de
contención: una recesión que “modere” la inflación e inhiba a los
trabajadores.
Ese proceso ya empezó: suspensiones en
Fiat, Renault, corte de extras en GM, suspensiones en autopartistas y
rumores agudos de centenares de despidos en VW Pacheco.
Al servicio de los “ajustes” patronales se han producido despidos de activistas y trabajadores en Celomat, Kromberg, Ecotrans, ESPN y Editorial Perfil, entre otras. Por ello hubo paros y conciliaciones, pero las patronales vienen por más y el ministerio mira para otro lado. Es claro que al lado del reclamo salarial, hay que exigir la prohibición de despidos.
En este marco, la paritaria docente será
un primer round decisivo. El “dúo dinámico”, Capitanich-Kicillof,
pretende plazos largos, cuando la burocracia quiere escapar por la
tangente de acortarlos. Los Suteba combativos han fijado un reclamo de
salario mínimo equivalente a la canasta familiar, Ademys en 6.000 pesos y
las propias burocracias pejotistas en 5.500 pesos. El punto es reunir
en asambleas a los docentes en cada escuela, y que un congreso general
de delegados, mandatados por asamblea de toda la docencia del país,
unifique un reclamo.
El movimiento obrero no puede enfrentar
estas paritarias como una más. La defensa del salario (y las
jubilaciones) tiene que ser el puntapié de un giro para que la crisis la
paguen los capitalistas, mediante un plan económico discutido por los
trabajadores. Reclamemos aumento de emergencia de 3.000 pesos para
salarios y jubilaciones, mínimo de 8.500 pesos, actualización mensual,
prohibición de despidos y suspensiones. Impulsemos asambleas y
convocatorias de delegados en gremios y zonas, presentemos la
perspectiva de un Congreso de Bases para abrir un rumbo a los
trabajadores ante la crisis.
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