Venezuela orilla el default: “Cumple con Wall Street, pero en casa le debe a muchas firmas”, describe el Wall Street Journal (13/2). La dilación de pagos, en una economía que importa el 70% de lo que consume, ha profundizado el desabastecimiento y el peso del mercado negro. El faltante de productos es del 30% de la oferta regular; las reservas en divisas equivalen a las importaciones de menos de tres meses. PDVSA tiene una deuda con el Banco Central de 64 mil millones de dólares. Venezuela continúa siendo una economía rentística, donde la renta es acaparada por contratistas e importadores.
Devaluación y fuga de capitales
En febrero de 2013, Maduro devaluó de 4,3 a 6,3 el bolívar. El año 2014 comenzó con una devaluación encubierta de casi el 100% para diversos sectores y servicios. Un nuevo sistema de subastas de divisas llevaría el dólar a 20 bolívares. El gobierno habilitó el Sicad II, un sistema para fugar capitales, porque los dólares se revenden luego en el mercado negro, que cotiza a 80/90 bolívares. El control de cambios estatal, que rige desde 2003, permitió a la “boliburguesía” importadora y al capital financiero internacional alimentar sus negociados a través de la liquidación de la renta petrolera. A través de maniobras de sobrefacturación de importaciones los capitalistas obtuvieron ganancias del 1185%. Los dólares salen de PDVSA, lo cual acentúa su descapitalización, así como también su dependencia de las contratistas de petróleo y de sus socios internacionales. El gobierno aumentaría, asimismo, el precio interno de la nafta, que consume una tercera parte de la producción de petróleo. Hoy se puede llenar un tanque por monedas.
La fuga de capitales, en los últimos diez años, se elevó a 150 mil millones de dólares.
Ajuste
Para paliar la fragilidad productiva de la petrolera estatal, Maduro acaba de establecer acuerdos de producción mixta con Repsol, que se suman a los acuerdos previos con Chevrón, ENI, Total, Gazprom y CNPC. Por su tendencia, se trata de una reprivatización progresiva del petróleo.
La industria automotriz paró sus fábricas, luego de una reducción interanual de su producción de un 84%. Este parate se extiende también a las empresas nacionalizadas. En el caso de las cementeras nacionalizadas, la producción cayó por debajo del 50 por ciento de su capacidad y ha obligado a importar cemento desde el Caribe, e incluso a realizar acuerdos con India para el establecimiento de pequeñas y medianas cementaras. El balance de pagos de las nacionalizadas registra un rojo elevadísimo. El gobierno acumula una deuda de 47.765 millones de dólares con los capitales expropiados. La gestión estatal de las nacionalizadas, en manos de burócratas (y no de sus propios trabajadores), ha acentudado el vaciamiento industrial.
Con un déficit fiscal del 15% del PBI, casi la mitad del presupuesto, Maduro encara un ajuste descomunal que incluye devaluaciones y tarifazos. Este es el trasfondo de la crisis política.
Devaluación y fuga de capitales
En febrero de 2013, Maduro devaluó de 4,3 a 6,3 el bolívar. El año 2014 comenzó con una devaluación encubierta de casi el 100% para diversos sectores y servicios. Un nuevo sistema de subastas de divisas llevaría el dólar a 20 bolívares. El gobierno habilitó el Sicad II, un sistema para fugar capitales, porque los dólares se revenden luego en el mercado negro, que cotiza a 80/90 bolívares. El control de cambios estatal, que rige desde 2003, permitió a la “boliburguesía” importadora y al capital financiero internacional alimentar sus negociados a través de la liquidación de la renta petrolera. A través de maniobras de sobrefacturación de importaciones los capitalistas obtuvieron ganancias del 1185%. Los dólares salen de PDVSA, lo cual acentúa su descapitalización, así como también su dependencia de las contratistas de petróleo y de sus socios internacionales. El gobierno aumentaría, asimismo, el precio interno de la nafta, que consume una tercera parte de la producción de petróleo. Hoy se puede llenar un tanque por monedas.
La fuga de capitales, en los últimos diez años, se elevó a 150 mil millones de dólares.
Ajuste
Para paliar la fragilidad productiva de la petrolera estatal, Maduro acaba de establecer acuerdos de producción mixta con Repsol, que se suman a los acuerdos previos con Chevrón, ENI, Total, Gazprom y CNPC. Por su tendencia, se trata de una reprivatización progresiva del petróleo.
La industria automotriz paró sus fábricas, luego de una reducción interanual de su producción de un 84%. Este parate se extiende también a las empresas nacionalizadas. En el caso de las cementeras nacionalizadas, la producción cayó por debajo del 50 por ciento de su capacidad y ha obligado a importar cemento desde el Caribe, e incluso a realizar acuerdos con India para el establecimiento de pequeñas y medianas cementaras. El balance de pagos de las nacionalizadas registra un rojo elevadísimo. El gobierno acumula una deuda de 47.765 millones de dólares con los capitales expropiados. La gestión estatal de las nacionalizadas, en manos de burócratas (y no de sus propios trabajadores), ha acentudado el vaciamiento industrial.
Con un déficit fiscal del 15% del PBI, casi la mitad del presupuesto, Maduro encara un ajuste descomunal que incluye devaluaciones y tarifazos. Este es el trasfondo de la crisis política.
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