La histórica huelga de los docentes abrió una nueva etapa política en Salta. Por de pronto ha sido un revulsivo salarial para el resto de los estatales, sobre todo para los municipios. En la propia docencia, Docentes Unidos reclama el cómputo del aguinaldo sobre el salario conformado o de bolsillo, pues de otro modo queda reducido a una cuarta parte. Es un reclamo que afecta al conjunto de los estatales, que incidirá en la lucha que acaban de iniciar los trabajadores judiciales. En la agenda se encuentra también la reducción del tope horario de profesores secundarios y terciarios, que es el doble de la media nacional, y la titularización anual, esto para acabar con la precariedad de miles de maestros. Estas reivindicaciones se encuentran plasmadas en el proyecto de reforma del Estatuto del Educador, presentado por el Partido Obrero en Diputados.
La agenda reivindicativa que dejó plasmada la gran huelga de la docencia, tiene un alcance más amplio, como la derogación de la Ley antihuelgas 6.821. El Partido Obrero presentó un proyecto de derogación lisa y llana. La ley introduce un estado de excepción en el derecho constitucional. El ex gobernador Romero la usó para despedir a 5.000 empleados públicos. Desautoriza los acuerdos paritarios que incluyan el pago de los días de huelga. La asamblea docente se movilizó, el martes 6 pasado, a la Legislatura para reclamar su derogación.
La victoria docente ofrece un marco favorable a la huelga de los obreros del Ingenio San Isidro y al inicio de las paritarias del San Martín del Tabacal -unidos en reclamo de un salario mínimo de 9.000 pesos. La vigencia de una norma antihuelga choca en forma violenta con la realidad de un sindicalismo que ha establecido la soberanía de decisiones de la asamblea general y ha dejado en la congeladora a la burocracia sindical. La nueva realidad en Salta es la vigencia de la asamblea, como órgano de deliberación, de revocatoria y de decisión. El aparato del Estado y los medios de comunicación han salido a denunciar a este nuevo cuadro político-sindical como “un caos” -en un clara confesión de incompatibilidad entre el Estado capitalista, por un lado, y la democracia política, por el otro. El régimen político en Salta -prohibitivo, confesional y camarillesco- está asentado en normas de excepción incompatibles con un sistema constitucional.
La mujer de Lot (inmovilismo)
Urtubey está muy lejos de haberle soltado la mano a la burocracia de la ADP y al conjunto de las direcciones sindicales de la Intergremial burocrática (ADP, ATE, Amet, Sadop y UPCN). Tampoco ha abandonado la cooptación de Gamboa, de Sitepsa, el cual ha sido repudiado por la mayoría de la docencia en lucha. La burocracia de ATE y Amet; sin embargo, ha advertido a Urtubey ¡que reclaman los mismos acuerdos que le fueron arrancados por los Docentes Unidos! La burocracia sindical es perfectamente conciente del golpe que le ha asestado la huelga victoriosa de la docencia, en especial su relato de que los reclamos docentes eran ‘extremos’ e ‘inalcanzables’. Todo el ‘establishment’ político como el sindical es asimismo conciente de que no está frente a un fenómeno episódico, en primer lugar porque la rebelión docente tiene ya una década de desarrollo. En segundo término, descuenta que asiste a una tendencia de fondo, que se ha manifestado como tal en las cuatro elecciones generales de 2013 -entre julio y octubre. Para asegurar el derrocamiento definitivo de la burocracia del sindicato estatizado de Ctera en Salta, la ADP, será necesario desarrollar un gran trabajo de elección de delegados de escuela y departamentales de Docentes Unidos (la Asamblea Autoconvocada) y organizar a los sectores más activos de la gran lucha popular en el Partido Obrero. La cuestión de la independencia y democracia de los sindicatos no se puede alcanzar sin una lucha política, por la simple razón de que la regimentación de los gremios y el sostén de la burocracia de los sindicatos no es otro que el Estado mismo y las patronales.
Desde el principio, el gobierno de Urtubey y los medios de comunicación buscaron descalificar a la huelga docente, como una conspiración urdida por el Partido Obrero. Es una técnica macartista y antiobrera más vieja que ñaupa. La falta de sofisticación del oficialismo para encarar el conflicto es la consecuencia de su inmovilismo político, o sea que no tiene nada que ofrecer al pueblo de Salta. Incluso quemó su último fusible, el quintacolumnista Gamboa, quien había armado una pseudo oposición a la burocracia oficial. El PCR y el MST, que jugaron históricamente como segundo violín de Gamboa, se fueron despegando de éste a medida que la asamblea de autoconvocados comenzaba a confrontar con él. Pretender descalificar una lucha cuya justicia era admitida por toda la población, ligándola al partido que acaba de ganar las elecciones en la capital por una diferencia de doce puntos, es una demostración de torpeza incurable. Este latiguillo no logró aislar a la docencia ni al Partido Obrero. Gamboa planteó la expulsión de los compañeros de Tribuna Docente, solamente para acabar siendo expulsado él mismo y su cohorte por negociar al margen de la asamblea y carnerear sus decisiones. El gobierno perdió su correa de transmisión al interior de la docencia autoconvocada. La asamblea mandató a los legisladores del PO a defender el pliego docente en la Legislatura y apoya el proyecto que deroga la ley antihuelgas.
Como ya ocurriera en la gran huelga de abril de 2004, el oficialismo y parte de la oposición plantearon la sanción contra los legisladores del Partido Obrero, incluso su expulsión. El pretexto de estos ‘demócratas’ es que los representantes del pueblo no deben salir del recinto de la Legislatura y mucho menos unirse a las luchas populares, arengar asambleas o movilizaciones, ni acompañar el ‘abrazo’ a la Legislatura para que los que fueron votados por el pueblo voten como se los pide el pueblo. El ‘lobby’ de los petroleros, sojeros, banqueros y azucareros es aceptable; el ‘apriete’ popular, no. En Salta han vuelto a chocar y seguirán chocando dos tendencias antagónicas respecto a la democracia: la de la oligarquía capitalista y la que reivindica la soberanía popular.
Las urnas, ‘piano, piano’
El hostigamiento político-mediático al papel del Partido Obrero en las huelgas en Salta, tiene un objetivo que no por más sutil es menos relevante. Busca vaciar de contenido social a las luchas populares y de contenido político a la lucha social. En resumen, esas luchas no serían la consecuencia de la explotación y el sometimiento al que el capitalismo somete a las mayorías que trabajan, ni serían una protesta contra el Estado que respalda por medio del despotismo de su aparato a los explotadores. El oficialismo quiere convertir a la lucha de clases en una querella partidocrática que no tiene connotación histórica. Rechazamos la oferta. No estamos ante una riña entre Urtubey y el pejotismo-K, por un lado, y el PO, por el otro, sino ante una lucha social, a la cual se vincula cada vez más nuestro partido, que labora por el fin de la explotación social, contra la oligarquía agraria-petrolera-industrial-financiera de Salta, que encarna el gobierno de turno.
La victoria de la huelga docente y de su método asambleario no anuncia una polarización electoral prematura, como se apresuran en escribir los ‘futurólogos’ provinciales, sino una ampliación enorme de las posibilidades de acción del movimiento popular -desde los estatales y los azucareros hasta los petroleros, mineros y madereros, los campesinos criollos y aborígenes, la juventud, el movimiento estudiantil, el movimiento de la mujer contra el clericalismo y la violencia y la trata, y todos los movimientos por los derechos civiles. Esta extensión del radio y alcance de la lucha del pueblo, es el objetivo de nuestro partido en esta nueva etapa.
Julio Quintana
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