HIDROCARBUROS
Los K pretenden generalizar el acuerdo con Chevron. Apuntan a remover “la interferencia” de los gobiernos provinciales. La mentada lluvia de inversiones no ha llegado y están en la agenda nuevas concesiones.
La nueva ley de hidrocarburos que será girada al Congreso apunta a ordenar la explotación petrolera y gasífera en función de las exigencias de los grandes pulpos. Los K pretenden generalizar el acuerdo con Chevron. Para ello, Galluccio y su equipo plantean que es necesario superar “la interferencia” de los gobiernos provinciales.
Por caso, las concesiones que tiene YPF en Vaca Muerta caducan en 2027, lo que choca con un proyecto de explotación a largo plazo como el que exigen Chevron u otras corporaciones petroleras. La “provincialización” de los recursos petroleros -que bajo el menemismo y también los K fue un vehículo para la entrega de los recursos- se ha convertido ahora en un obstáculo.
El nuevo marco regulatorio del gobierno nacional y Galluccio va dirigido a dejarle a YPF el terreno despejado para negociar con los pulpos, sin intermediarios locales.
El proyecto de la Casa Rosada plantea que la participación de las provincias en la renta petrolera sólo podría concretarse mediante la percepción de regalías, que en la actualidad tienen un techo del 12%. Eso elimina la participación de las empresas petroleras provinciales (como las que funcionan en Neuquén y en otras jurisdicciones) en el negocio, a través del denominado “carry” (acarreo). En ese régimen, la compañía provincial aporta el área a cambio de mantener un porcentaje en el negocio, sin hacerse cargo de las inversiones. El proyecto oficial también extiende los plazos de las concesiones a las empresas que se dediquen a la explotación de recursos no convencionales.
Las provincias vienen adaptándose a la presión oficial. Han aceptado los lineamientos centrales del proyecto K, a sabiendas que está en sintonía con las pretensiones de las grandes petroleras internacionales. La resistencia actual se circunscribe a regatear en el monto de las regalías y en algunos mecanismos compensatorios por el desplazamiento de las empresas petroleras provinciales. En el caso de la petrolera neuquina, habría un principio de acuerdo en torno del reconocimiento de los “derechos adquiridos”, a cambio de que se aprueben las nuevas reglas del juego de ahora en más.
El proyecto oficial reduce a 250 millones de dólares la inversión mínima para acceder a sus beneficios, en lugar de los actuales 1.000 millones. Las pretensiones se han achicado, con la esperanza de atraer inversiones. Es una confesión de que el panorama es menos alentador del que se pinta. Hasta el día de hoy, y pese a la alharaca sobre el potencial de Vaca Muerta, la explotación de petróleo no convencional sólo representa un 10 por ciento de la producción neuquina. El cuadro es más incierto en el gas, que demandaría una costosa infraestructura en transporte y almacenamiento. A fines de 2013, la producción de shale gas de Vaca Muerta contaba con sólo cuatro pozos y correspondía mayoritariamente a Total -no a la “nac&pop” YPF SA.
El gobierno nacional y provincias, en cambio, coincidieron por completo en la creación de “nuevas modalidades laborales”; es decir, la liquidación del convenio colectivo de petroleros y la generalización del régimen de trabajo fuera de convenio -o sea, la reducción del salario y de las condiciones laborales. Es un ataque abierto a los obreros petroleros, que las empresas reclaman como “baja del costo laboral”.
La mentada lluvia de inversiones no ha llegado y están en la agenda nuevas concesiones. Esta cuestión ya se ha asomado también en las discusiones de la nueva ley. Por lo pronto, los gobernadores incorporaron “la necesidad de crear un sendero de precios y garantizar el giro de utilidades para las empresas extranjeras, casi dos temas tabú para el kirchnerismo” (La Nación, 21/6).
Las cuestiones fundamentales de Vaca Muerta siguen en la oscuridad: costo de la explotación, en un marco de descenso de precios internacionales; la carga por el pasivo ambiental; el costo de la exportación, que requiere instalaciones de licuación y regasificación del combustible; monto de las inversiones netas -con exclusión de reinversión de beneficios.
La disputa para copar las concesiones de explotación en beneficio de los pulpos no resuelve la crisis de energía en Argentina.
Pablo Heller
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