Por Publicado: abril 19, 2014
Por: Alejandro Guerrero (@guerrerodelPO)
La presentación al Congreso, por parte del Ejecutivo, de un proyecto de ley que en la práctica prohíbe los piquetes —los cortes de calles o de rutas— se produce apenas unos días después del enorme papel que ese método de lucha cumplió en el paro masivo del 10 de abril. Es una confesión de parte: el peronismo ha perdido el control de la calle, que le es hostil, y anuncia su decisión de echar mano a la represión policial contra la lucha callejera. En esta nota intentaremos abordar el problema de la legitimidad de los modos de acción directa, por lo tanto de los piquetes o de las ocupaciones de fábricas, desde el punto de vista histórico y político, y repasar su papel en las conquistas democráticas, de condiciones de vida y de trabajo y, sobre todo, en los avances de las formas de organización política de las sociedades.
París, 1793. La Asamblea Nacional se empantanaba en la discusión sobre la forma que debía tener el juicio al que sería sometido el rey preso.
Robespierre, erguido ante la Asamblea, dijo:
“Ciudadanos, esta Asamblea se equivoca si considera que hemos de juzgar al rey. Si se tratara de un juicio, como en todo proceso judicial, estaría presente la posibilidad de que el reo fuera considerado inocente. Pero si Luis es inocente, la revolución es culpable. Ciudadanos, esto no es un juicio, esto es un ajusticiamiento revolucionario”.
He ahí una lección implacable de derecho aplicado.
Esa revolución y aquella guillotina que decapitó a Luis XVI fueron un hiato entre la culminación de una época y el comienzo de otra. Si en determinado momento del surgimiento de la economía mercantil, de la burguesía y, en fin, del capitalismo, el nuevo modo de producción necesitó consolidar el poder del Estado frente a la dispersión de los feudos, de las satrapías del señor, y para eso bien le vino la instauración de la monarquía absoluta, ahora, en cambio, ese mismo poder absoluto se constituía en un obstáculo que debía ser derribado. El poder absoluto del monarca y el poder del rey de reyes, el Papa de Roma.
La guillotina de Robespierre permitiría llevar a la práctica, transformar en fuerza material las viejas ideas de John Locke (1632-1704), que habían dado al absolutismo los primeros grandes golpes ideológicos y armado en ese sentido a la burguesía cuando esta ya no pudo conformarse con compartir el poder con la nobleza feudal y necesitó desplazarla, revolución mediante. Los que hoy claman el elogio a la democracia parlamentaria deberían recordar que se la deben a la guillotina de Robespierre, al terror jacobino.
Citamos a Locke y no a alguno de sus grandes continuadores, como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) porque él fue, precisamente, el primero en desarrollar un sistema de ideas para el gobierno parlamentario, para el gobierno ideal de la burguesía.
El carácter burgués del pensamiento de Locke es explícito. En su Ensayo sobre el gobierno civil distingue entre el poder paternal, que debe ejercerse cuando la minoría de edad impide al niño “cuidar por sí mismo de su propiedad”; el poder político, una instancia superior, existente allí donde los hombres “pueden disponer de su propiedad”; y el poder despótico, que “no existe sino sobre aquellos hombres que no tienen ninguna propiedad”.
Cuando se llega a la instauración de esa forma superior de gobierno que es el poder político, continúa Locke, rige “el derecho de hacer leyes que estén sancionadas con la pena capital y, en su consecuencia, de las sancionadas con leyes menos graves, para la reglamentación y protección de la propiedad; y el de emplear la fuerza del Estado para imponer la ejecución de tales leyes…”
La fuente de ese poder, explica, es el acuerdo, el consenso. Pero, como añade que el derecho de propiedad “indica el derecho natural que abarca en sí a todos los demás” (el derecho natural más importante, el que designa a todos los otros) queda sobreentendido que el acuerdo al cual se refiere es el acuerdo entre los propietarios. Por lo tanto, si invertimos los términos, tenemos que el derecho de propiedad conculca cualquier otro derecho.
Locke añade que el gobierno civil debe protegerse del peligro que significa entregar el poder a un hombre que tiene bajo su mando “a 100 mil hombres armados”, con lo que puede someter por la fuerza a la ciudadanía. Esto es: la población civil, la ciudadanía, debe protegerse del poder del Estado. Por eso, agrega, es indispensable que se gobierne por medio de leyes, no de decretos. Si esto se vulnera, los ciudadanos tienen la obligación de ejercer el mayor de sus derechos, el derecho a la resistencia, a la rebelión. Dice Locke:
“Si el hombre inocente y honrado tiene que entregar por amor a la paz todo cuando posee y no ofrecer resistencia a quien le pone violentamente las manos encima, yo aconsejo que, quienes tales dicen, piensen qué clase de paz sería la que reinaría en el mundo si la paz consiste en la violencia y la rapiña y ha de ser mantenida únicamente en favor de los ladrones y los opresores”.
Ese viejo principio fue inscripto en la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en 1789, que dice: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”. El derecho a la resistencia, a la rebelión, se constituye por lo tanto en el derecho que hace posibles todos los demás.
La cuestión de la violencia (de eso se trata, en definitiva) tiene raíces antiguas. Sin contar la historia anterior, repasemos brevemente su papel en la constitución del modo de producción capitalista. El capital, sabido es, produce plusvalor y este, a su vez, más capital. “Con todo —dice Marx— la acumulación del capital presupone el plusvalor, el plusvalor la producción capitalista y esta la preexistencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los productores de mercancías”. Eso supone una acumulación primitiva originaria, “que no es el resultado del modo de producción capitalista sino su punto de partida”.[i]
Para explicar el proceso por el cual una parte minoritaria de la sociedad acumula riquezas y el resto queda desposeída de todo, salvo de su fuerza de trabajo (eso es el proceso de separación del productor y los medios de producción) se han contado infinidad de leyendas. La más común es que unos pocos emprendedores habrían podido enriquecerse, mientras el resto, de vagancia empedernida, habría por eso mismo perdido todo. Contra esas leyendas, “en la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia”.[ii]
A fines del siglo XVII, en ese proceso de formación de capitales, Inglaterra combinaba el colonialismo, la deuda pública y el proteccionismo con un moderno sistema de impuestos. “Estos métodos, como por ejemplo el sistema colonial, se fundan en parte sobre la violencia más brutal. Pero todos ellos recurren al poder del Estado, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad, para fomentar como en un invernadero el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista, y para abreviar las transiciones. La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica”.[iii]
Se podrá rebatir esto con el argumento de que se trata de una violencia antigua, de la brutalidad originaria del modo de producción capitalista, de algo viejo y superado. Aun si así fuera, tendríamos que el capitalismo construyó sus cimientos sobre sangre y crímenes atroces. Pero no es así. En la Argentina de hoy, un gobierno que se dice “nacional y popular” le entrega los recursos hidrocarburíferos del país a la norteamericana Chevron mediante un contrato leonino, que le permite incluso girar divisas libremente al exterior. Para eso, el gobierno rompió la supuesta alianza “bolivariana” que tenía con el gobierno ecuatoriano, al rechazar la Corte argentina un pedido de embargo presentado por Quito contra Chevron debido a los daños ambientales que ese pulpo produjo en la Amazonía ecuatoriana. Daño ambiental que, por cierto, se repetirá aquí, porque para extraer el mineral no convencional se utilizará el sistema llamado de “fractura hidráulica”, o “fracking”, que inevitablemente envenenará el agua en una extensa región. Entrega, destrucción ambiental y muerte a plazos. Paralelamente, se le pagan 10 mil millones de dólares a Repsol en concepto de indemnización por haber vaciado YPF desde la década de 1990. Repsol, en aquellos años, era apenas una gasolinera de Madrid. Se convirtió en un pulpo internacional gracias al saqueo de la Argentina. Ahora, para pagarles, se mantiene a los jubilados, por citar solo un caso, apenas por encima del nivel de la indigencia. He ahí la violencia organizada del Estado para asegurar la entrega de los recursos y la miseria de las masas trabajadoras. Es la violencia que ahora se propone “dispersar” con la guardia de infantería cualquier acción directa de la población contra ese atropello.
Marx, en El Capital, cita al filósofo inglés, católico, William Howitt (1792-1879), quien dice: “Los actos de barbarie y los inicuos ultrajes perpetrados por las razas llamadas cristianas en todas las regiones del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar, no encuentran paralelo en ninguna era de la historia universal y en ninguna raza, por salvaje e inculta, despiadada e impúdica que esta fuera”. Howitt añade que la administración colonial holandesa del siglo XVII “expone ante nuestros ojos un cuadro miserable de traiciones, asesinatos e infamias”. Holanda, en el siglo XVII, era la economía capitalista más desarrollada.
¿Y ahora? ¿No asesinó George Bush a 700 mil iraquíes con sus bombardeos para controlar el petróleo de Oriente Medio? ¿No sostienen, con el mismo fin, campos de concentración como los de Abu Graib y Guantánamo, además de las cárceles clandestinas de la CIA en medio mundo? Y en la Argentina ¿no vemos a los terratenientes de Formosa detener, torturar y asesinar a tiros a pueblos originarios para defender las plantaciones de soja? ¿No vemos cómo permiten que Rosario se transforme en campo de batalla de narcotraficantes, con centenares de muertos, en defensa de los bancos que lavan el dinero de la droga y de la policía vinculada orgánicamente con ese negocio infame?
Marx ofrece una clave en el siguiente comentario: “Debe estudiarse este asunto en detalle, para ver qué hace el burgués de sí mismo y del trabajador donde puede moldear el mundo sin miramientos, a su imagen y semejanza”.[iv]
Si el burgués no puede moldear la Argentina sin miramientos, a su imagen y semejanza, si la barbarie no se impone en plenitud, si el grado de civilización de este país se sostiene en determinados niveles, eso se debe, exclusivamente, a la lucha obrera, a la lucha campesina, a las huelgas, a los piquetes, a los cortes de rutas, a la toma de fábricas y de campos.
Es cierto que la pura violencia, la violencia directa de los primeros tiempos del capitalismo, fue relativamente reemplazada luego por el llamado “consenso”, por el “contrato social”. La norma de los tiempos modernos ya no es el látigo, el hierro candente, el tormento, para imponer la disciplina del trabajo asalariado, de la desocupación, de la miseria social del régimen de explotación. Eso se impone, idealmente, mediante la coerción sorda de las relaciones económicas, cuando la clase trabajadora, por educación, tradición y hábito acepta las exigencias de la explotación asalariada, al decir de Marx, “como leyes naturales, evidentes por sí mismas”. La violencia directa, el garrote policial, es el recurso de última instancia, cuando el consenso se quiebra, cuando se resquebraja el consentimiento del esclavo hacia su amo.
Pero eso es, precisamente, lo que empieza a suceder ahora, en la Argentina y en el mundo. No son tiempos de tranquilidad. La crisis financiera, que rápidamente se transformó en crisis política, muestra un mundo de papel que se derrumba. Es época de guerras y revoluciones, de grandes conmociones sociales. El consenso, entonces, vacila o directamente se rompe. Y los “nacionales y populares” acuden entonces a esa violencia directa, a la coerción ya no de las relaciones económicas sino del garrote policial, para imponer sus ajustes, sus tarifazos, sus ataques al salario. En la Argentina esto denuncia, al mismo tiempo, el derrumbe final del nacionalismo burgués, del peronismo.
Ya Walter Benjamin (1892-1940) señaló que el estado de excepción —esto es, la violación de la ley por la propia ley, por el Estado— dejaba de ser excepcional para transformarse en norma. Es una ley de hierro: la democracia parlamentaria, conquistada por la guillotina de los jacobinos franceses, es cosa del pasado, un trasto histórico. Esa democracia fue la forma política que se correspondió con el capitalismo de la libre competencia, del libre juego de la oferta y la demanda. Esta es, en cambio, la época de la dictadura mundial de los grandes monopolios, de las corporaciones internacionales que imponen su diktat en nombre de “los mercados”. La época del imperialismo, de la etapa superior y última del capitalismo, de la catástrofe permanente.
Ahora, en la Argentina, el gobierno aplica un ajuste económico brutal, combinado con una inflación elevada. Sin embargo, la ruina de los trabajadores fue evitada por los trabajadores mismos. En principio, por la huelga docente en la provincia de Buenos Aires, que durante 17 días ocupó las calles, las cortó y marchó por ellas. Ahora, la nueva ley habría declarado “ilegítimas” esas manifestaciones porque, obviamente, no podían pedir permiso con 48 horas de anticipación en medio del conflicto. Ahora bien ¿qué habría hecho el gobierno? ¿Habría mandado a la policía a reprimir esas movilizaciones masivas de maestros y de padres? ¿En qué punto se propone el gobierno colocar el conflicto? ¿Hasta dónde está dispuesto a llevar la violencia? O mejor ¿hasta dónde puede hacerlo? En su agonía, el kichnerismo trastabilla hacia el absurdo.
En este punto se debe subrayar, sin embargo, que no se trata de cualquier absurdo sino del intento de conculcar o suprimir el derecho de huelga. O, en todo caso, de hacer que las huelgas sean siempre pasivas, domingueras, materas, que no salgan a la calle, que no se vuelvan piquete ni ocupen lugares de trabajo. No por nada la burocracia sindical no ha dicho esta boca mía sobre la ley antipiquetes. Esto se combina con la intención de declarar “esenciales” determinados servicios públicos para prohibir las huelgas en ellos, tal como José Mujica hizo en Uruguay (los gobiernos “progres” suelen ser los represores antiobreros más entusiastas).
El argumento presidencial, junto con Massa, Macri y todo el coro de la derecha, habla de defender el “derecho a la circulación”, y los alcahuetes recuerdan aquello de que “el derecho propio termina donde empieza el ajeno”. Es una tontería tautológica, una tilinguería repetida con ignorancia insistente por casi todos los medios de prensa, en especial después del paro del 10 de abril. Todos los derechos reconocidos se afectan recíprocamente, el ejercicio de cualquier derecho implica suprimir o limitar, siquiera temporalmente, un derecho ajeno. Por lo tanto, es preciso establecer una jerarquía.
Como decía Napoleón, todos somos iguales ante la ley pero algunos son más iguales que otros. Por ejemplo, la Presidenta se quejó porque, según ella, los jueces permiten que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por la otra”, pero ese no fue el caso de los trabajadores petroleros de Las Heras, Santa Cruz, a quienes se dictó prisión preventiva (medida reservada a criminales peligrosos) por luchar por salario y condiciones laborales.
La supuesta igualdad jurídica es una contradicción insoluble, porque todo el régimen judicial se sustenta en la desigualdad histórica, en la explotación. El derecho —reaccionario en sí mismo porque tiene por función proteger la permanencia de aquella desigualdad— no tiene un carácter general; es necesario, por eso mismo, tener en cuenta la condición social de las partes en litigio. Pero, si eso se hace, el tribunal deja de cumplir un papel jurídico y pasa a cumplir una función histórica, lo cual es otro contrasentido porque un juicio histórico solo puede ser hecho por los pueblos, por las acciones históricas de los trabajadores en movimiento. No es algo que pueda hacerse en el despacho de un juez.
Los derechos sociales, los derechos llamados “de segunda generación”, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al esparcimiento, tienen en la Argentina rango constitucional (artículo 14 bis de la Constitución Nacional). Sin embargo, esas conquistas han conocido en la Argentina un retroceso continuo durante cincuenta años. Medio siglo de retroceso no habla de “imperfecciones” ni de políticas erradas de este o aquel gobierno, sino del agotamiento de todo un régimen social. Pero siempre, en todos los casos, la conquista de esos derechos ha sido producto de la protesta, de la movilización, de luchas reprimidas muchas veces de manera sangrienta. Es decir, se obtuvieron afectando derechos ajenos (a la circulación, por ejemplo, o el derecho patronal a emplear como se le antoje las mercancías que compra, entre ellas la fuerza de trabajo). El entonces coronel Juan Perón, en 1944, al hablar en la Bolsa de Comercio ante la élite patronal, lo dijo claramente: si no se hacían concesiones importantes a los trabajadores, sobrevendría “el comunismo”. En 1912 se aprobó aquí la ley de sufragio universal, impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña, cuando la lucha obrera se había vuelto más peligrosa que la democracia; antes, no.
En definitiva, la lucha de masas por afuera de los “canales institucionales” ha sido un motor del progreso social y del régimen político y, en general, ha impedido que las condiciones de vida y hasta el grado de civilización retrocedieran más allá de cierto punto. He ahí la legitimidad del piquete, como la de toda forma de lucha popular, incluido, llegado el caso, el derecho al levantamiento insurreccional contra la opresión y la explotación.
Ahora, un gobierno autoproclamado “nacional y popular” intenta arremeter contra ese derecho por medio de una ley acordada con lo peor de la derecha (había, en otros tiempos, quienes decían que oponerse al gobierno kirchnerista era “hacerle el juego a la derecha”). Y recuerdan que el Código Penal prohíbe los cortes de calles. En efecto los prohíbe en su artículo 194, promulgado de facto en 1967 por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Nos hablan de las leyes, cuando la mitad de las que están en vigencia fueron impuestas por dictaduras militares, que gobernaron, dicho sea al pasar, en favor de los mismos intereses que gobiernan hoy.
En 2007, en un foro debate en la Facultad de Derecho con Néstor Pitrola, el juez Eugenio Zaffaroni explicó que el derecho penal sirve “para decidir en conflictos de carácter individual, pero cuando los conflictos tienen un carácter social, el poder punitivo no sirve para resolver y ni siquiera para decidir el conflicto; no hace más que complicarlo”.
Es una batalla perdida. La burguesía no puede gobernar —esto es, subordinar a todas las clases oprimidas— sin el Código Penal, sin la represión. Aníbal Fernández fue explícito en ese sentido cuando dijo que el kirchnerismo se propone gobernar “con el Código Penal en la mano”. Con el Código Penal en la mano la burguesía argentina cometió masacres atroces en 1919, 1921, 1989 y 2001 (todas ellas, obsérvese, bajo gobiernos radicales). Y cuando el Código Penal no alcanzó para reprimir a los trabajadores, Perón creó la Triple A en 1973.
El proyecto de ley contra los piquetes es en verdad una avanzada contra el derecho de huelga, contra el derecho a la protesta; por lo tanto, contra el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de opinión y de asociación. Se intenta aplicarla para impedir la lucha contra el ajuste que este mismo gobierno aplica, contra el Rodrigazo que le permita “volver a los mercados” para llegar como sea a 2015.
Si esta ley se aprobara, y si luego se intentara aplicarla, el conflicto social en la Argentina quedaría colocado en otro plano. El asunto tiene su lógica: el peronismo, nada menos que el peronismo, ha perdido el control de las calles. Un movimiento político que llenó calles y plazas con multitudes imponentes, que hizo frente a la Libertadora con piquetes, cortes de rutas y de vías, y hasta con bombas y toma de cuarteles, ha quedado reducido al puñado de funcionarios que, prendidos de la teta del Estado y sus prebendas, apenas pueden llenar el Patio de las Palmeras cuando habla la Presidenta. Les queda, entonces, el recurso represivo.
Quedará entonces a la vista de todo el mundo que el derecho a la rebelión es condición de todo derecho. El Frente de Izquierda, a no dudarlo, estará a la altura de lo que demanden las cosas.
[i] Marx, C. y Engels, F.; “El Capital”, Siglo XXI, México, 1988, T I, vol. 3, p. 891.
[ii] Ob. cit., p. 892.
[iii] Ob. cit., p. 940.
[iv] Ob. cit., p. 940.
Fuente : http://revistaelotro.wordpress.com/2014/04/19/la-legitimidad-historica-del-piquete/
Robespierre, erguido ante la Asamblea, dijo:
“Ciudadanos, esta Asamblea se equivoca si considera que hemos de juzgar al rey. Si se tratara de un juicio, como en todo proceso judicial, estaría presente la posibilidad de que el reo fuera considerado inocente. Pero si Luis es inocente, la revolución es culpable. Ciudadanos, esto no es un juicio, esto es un ajusticiamiento revolucionario”.
He ahí una lección implacable de derecho aplicado.
Esa revolución y aquella guillotina que decapitó a Luis XVI fueron un hiato entre la culminación de una época y el comienzo de otra. Si en determinado momento del surgimiento de la economía mercantil, de la burguesía y, en fin, del capitalismo, el nuevo modo de producción necesitó consolidar el poder del Estado frente a la dispersión de los feudos, de las satrapías del señor, y para eso bien le vino la instauración de la monarquía absoluta, ahora, en cambio, ese mismo poder absoluto se constituía en un obstáculo que debía ser derribado. El poder absoluto del monarca y el poder del rey de reyes, el Papa de Roma.
La guillotina de Robespierre permitiría llevar a la práctica, transformar en fuerza material las viejas ideas de John Locke (1632-1704), que habían dado al absolutismo los primeros grandes golpes ideológicos y armado en ese sentido a la burguesía cuando esta ya no pudo conformarse con compartir el poder con la nobleza feudal y necesitó desplazarla, revolución mediante. Los que hoy claman el elogio a la democracia parlamentaria deberían recordar que se la deben a la guillotina de Robespierre, al terror jacobino.
Citamos a Locke y no a alguno de sus grandes continuadores, como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) porque él fue, precisamente, el primero en desarrollar un sistema de ideas para el gobierno parlamentario, para el gobierno ideal de la burguesía.
El carácter burgués del pensamiento de Locke es explícito. En su Ensayo sobre el gobierno civil distingue entre el poder paternal, que debe ejercerse cuando la minoría de edad impide al niño “cuidar por sí mismo de su propiedad”; el poder político, una instancia superior, existente allí donde los hombres “pueden disponer de su propiedad”; y el poder despótico, que “no existe sino sobre aquellos hombres que no tienen ninguna propiedad”.
Cuando se llega a la instauración de esa forma superior de gobierno que es el poder político, continúa Locke, rige “el derecho de hacer leyes que estén sancionadas con la pena capital y, en su consecuencia, de las sancionadas con leyes menos graves, para la reglamentación y protección de la propiedad; y el de emplear la fuerza del Estado para imponer la ejecución de tales leyes…”
La fuente de ese poder, explica, es el acuerdo, el consenso. Pero, como añade que el derecho de propiedad “indica el derecho natural que abarca en sí a todos los demás” (el derecho natural más importante, el que designa a todos los otros) queda sobreentendido que el acuerdo al cual se refiere es el acuerdo entre los propietarios. Por lo tanto, si invertimos los términos, tenemos que el derecho de propiedad conculca cualquier otro derecho.
Locke añade que el gobierno civil debe protegerse del peligro que significa entregar el poder a un hombre que tiene bajo su mando “a 100 mil hombres armados”, con lo que puede someter por la fuerza a la ciudadanía. Esto es: la población civil, la ciudadanía, debe protegerse del poder del Estado. Por eso, agrega, es indispensable que se gobierne por medio de leyes, no de decretos. Si esto se vulnera, los ciudadanos tienen la obligación de ejercer el mayor de sus derechos, el derecho a la resistencia, a la rebelión. Dice Locke:
“Si el hombre inocente y honrado tiene que entregar por amor a la paz todo cuando posee y no ofrecer resistencia a quien le pone violentamente las manos encima, yo aconsejo que, quienes tales dicen, piensen qué clase de paz sería la que reinaría en el mundo si la paz consiste en la violencia y la rapiña y ha de ser mantenida únicamente en favor de los ladrones y los opresores”.
Ese viejo principio fue inscripto en la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en 1789, que dice: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”. El derecho a la resistencia, a la rebelión, se constituye por lo tanto en el derecho que hace posibles todos los demás.
La cuestión de la violencia (de eso se trata, en definitiva) tiene raíces antiguas. Sin contar la historia anterior, repasemos brevemente su papel en la constitución del modo de producción capitalista. El capital, sabido es, produce plusvalor y este, a su vez, más capital. “Con todo —dice Marx— la acumulación del capital presupone el plusvalor, el plusvalor la producción capitalista y esta la preexistencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los productores de mercancías”. Eso supone una acumulación primitiva originaria, “que no es el resultado del modo de producción capitalista sino su punto de partida”.[i]
Para explicar el proceso por el cual una parte minoritaria de la sociedad acumula riquezas y el resto queda desposeída de todo, salvo de su fuerza de trabajo (eso es el proceso de separación del productor y los medios de producción) se han contado infinidad de leyendas. La más común es que unos pocos emprendedores habrían podido enriquecerse, mientras el resto, de vagancia empedernida, habría por eso mismo perdido todo. Contra esas leyendas, “en la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia”.[ii]
A fines del siglo XVII, en ese proceso de formación de capitales, Inglaterra combinaba el colonialismo, la deuda pública y el proteccionismo con un moderno sistema de impuestos. “Estos métodos, como por ejemplo el sistema colonial, se fundan en parte sobre la violencia más brutal. Pero todos ellos recurren al poder del Estado, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad, para fomentar como en un invernadero el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista, y para abreviar las transiciones. La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica”.[iii]
Se podrá rebatir esto con el argumento de que se trata de una violencia antigua, de la brutalidad originaria del modo de producción capitalista, de algo viejo y superado. Aun si así fuera, tendríamos que el capitalismo construyó sus cimientos sobre sangre y crímenes atroces. Pero no es así. En la Argentina de hoy, un gobierno que se dice “nacional y popular” le entrega los recursos hidrocarburíferos del país a la norteamericana Chevron mediante un contrato leonino, que le permite incluso girar divisas libremente al exterior. Para eso, el gobierno rompió la supuesta alianza “bolivariana” que tenía con el gobierno ecuatoriano, al rechazar la Corte argentina un pedido de embargo presentado por Quito contra Chevron debido a los daños ambientales que ese pulpo produjo en la Amazonía ecuatoriana. Daño ambiental que, por cierto, se repetirá aquí, porque para extraer el mineral no convencional se utilizará el sistema llamado de “fractura hidráulica”, o “fracking”, que inevitablemente envenenará el agua en una extensa región. Entrega, destrucción ambiental y muerte a plazos. Paralelamente, se le pagan 10 mil millones de dólares a Repsol en concepto de indemnización por haber vaciado YPF desde la década de 1990. Repsol, en aquellos años, era apenas una gasolinera de Madrid. Se convirtió en un pulpo internacional gracias al saqueo de la Argentina. Ahora, para pagarles, se mantiene a los jubilados, por citar solo un caso, apenas por encima del nivel de la indigencia. He ahí la violencia organizada del Estado para asegurar la entrega de los recursos y la miseria de las masas trabajadoras. Es la violencia que ahora se propone “dispersar” con la guardia de infantería cualquier acción directa de la población contra ese atropello.
Marx, en El Capital, cita al filósofo inglés, católico, William Howitt (1792-1879), quien dice: “Los actos de barbarie y los inicuos ultrajes perpetrados por las razas llamadas cristianas en todas las regiones del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar, no encuentran paralelo en ninguna era de la historia universal y en ninguna raza, por salvaje e inculta, despiadada e impúdica que esta fuera”. Howitt añade que la administración colonial holandesa del siglo XVII “expone ante nuestros ojos un cuadro miserable de traiciones, asesinatos e infamias”. Holanda, en el siglo XVII, era la economía capitalista más desarrollada.
¿Y ahora? ¿No asesinó George Bush a 700 mil iraquíes con sus bombardeos para controlar el petróleo de Oriente Medio? ¿No sostienen, con el mismo fin, campos de concentración como los de Abu Graib y Guantánamo, además de las cárceles clandestinas de la CIA en medio mundo? Y en la Argentina ¿no vemos a los terratenientes de Formosa detener, torturar y asesinar a tiros a pueblos originarios para defender las plantaciones de soja? ¿No vemos cómo permiten que Rosario se transforme en campo de batalla de narcotraficantes, con centenares de muertos, en defensa de los bancos que lavan el dinero de la droga y de la policía vinculada orgánicamente con ese negocio infame?
Marx ofrece una clave en el siguiente comentario: “Debe estudiarse este asunto en detalle, para ver qué hace el burgués de sí mismo y del trabajador donde puede moldear el mundo sin miramientos, a su imagen y semejanza”.[iv]
Si el burgués no puede moldear la Argentina sin miramientos, a su imagen y semejanza, si la barbarie no se impone en plenitud, si el grado de civilización de este país se sostiene en determinados niveles, eso se debe, exclusivamente, a la lucha obrera, a la lucha campesina, a las huelgas, a los piquetes, a los cortes de rutas, a la toma de fábricas y de campos.
Es cierto que la pura violencia, la violencia directa de los primeros tiempos del capitalismo, fue relativamente reemplazada luego por el llamado “consenso”, por el “contrato social”. La norma de los tiempos modernos ya no es el látigo, el hierro candente, el tormento, para imponer la disciplina del trabajo asalariado, de la desocupación, de la miseria social del régimen de explotación. Eso se impone, idealmente, mediante la coerción sorda de las relaciones económicas, cuando la clase trabajadora, por educación, tradición y hábito acepta las exigencias de la explotación asalariada, al decir de Marx, “como leyes naturales, evidentes por sí mismas”. La violencia directa, el garrote policial, es el recurso de última instancia, cuando el consenso se quiebra, cuando se resquebraja el consentimiento del esclavo hacia su amo.
Pero eso es, precisamente, lo que empieza a suceder ahora, en la Argentina y en el mundo. No son tiempos de tranquilidad. La crisis financiera, que rápidamente se transformó en crisis política, muestra un mundo de papel que se derrumba. Es época de guerras y revoluciones, de grandes conmociones sociales. El consenso, entonces, vacila o directamente se rompe. Y los “nacionales y populares” acuden entonces a esa violencia directa, a la coerción ya no de las relaciones económicas sino del garrote policial, para imponer sus ajustes, sus tarifazos, sus ataques al salario. En la Argentina esto denuncia, al mismo tiempo, el derrumbe final del nacionalismo burgués, del peronismo.
Ya Walter Benjamin (1892-1940) señaló que el estado de excepción —esto es, la violación de la ley por la propia ley, por el Estado— dejaba de ser excepcional para transformarse en norma. Es una ley de hierro: la democracia parlamentaria, conquistada por la guillotina de los jacobinos franceses, es cosa del pasado, un trasto histórico. Esa democracia fue la forma política que se correspondió con el capitalismo de la libre competencia, del libre juego de la oferta y la demanda. Esta es, en cambio, la época de la dictadura mundial de los grandes monopolios, de las corporaciones internacionales que imponen su diktat en nombre de “los mercados”. La época del imperialismo, de la etapa superior y última del capitalismo, de la catástrofe permanente.
Ahora, en la Argentina, el gobierno aplica un ajuste económico brutal, combinado con una inflación elevada. Sin embargo, la ruina de los trabajadores fue evitada por los trabajadores mismos. En principio, por la huelga docente en la provincia de Buenos Aires, que durante 17 días ocupó las calles, las cortó y marchó por ellas. Ahora, la nueva ley habría declarado “ilegítimas” esas manifestaciones porque, obviamente, no podían pedir permiso con 48 horas de anticipación en medio del conflicto. Ahora bien ¿qué habría hecho el gobierno? ¿Habría mandado a la policía a reprimir esas movilizaciones masivas de maestros y de padres? ¿En qué punto se propone el gobierno colocar el conflicto? ¿Hasta dónde está dispuesto a llevar la violencia? O mejor ¿hasta dónde puede hacerlo? En su agonía, el kichnerismo trastabilla hacia el absurdo.
En este punto se debe subrayar, sin embargo, que no se trata de cualquier absurdo sino del intento de conculcar o suprimir el derecho de huelga. O, en todo caso, de hacer que las huelgas sean siempre pasivas, domingueras, materas, que no salgan a la calle, que no se vuelvan piquete ni ocupen lugares de trabajo. No por nada la burocracia sindical no ha dicho esta boca mía sobre la ley antipiquetes. Esto se combina con la intención de declarar “esenciales” determinados servicios públicos para prohibir las huelgas en ellos, tal como José Mujica hizo en Uruguay (los gobiernos “progres” suelen ser los represores antiobreros más entusiastas).
El argumento presidencial, junto con Massa, Macri y todo el coro de la derecha, habla de defender el “derecho a la circulación”, y los alcahuetes recuerdan aquello de que “el derecho propio termina donde empieza el ajeno”. Es una tontería tautológica, una tilinguería repetida con ignorancia insistente por casi todos los medios de prensa, en especial después del paro del 10 de abril. Todos los derechos reconocidos se afectan recíprocamente, el ejercicio de cualquier derecho implica suprimir o limitar, siquiera temporalmente, un derecho ajeno. Por lo tanto, es preciso establecer una jerarquía.
Como decía Napoleón, todos somos iguales ante la ley pero algunos son más iguales que otros. Por ejemplo, la Presidenta se quejó porque, según ella, los jueces permiten que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por la otra”, pero ese no fue el caso de los trabajadores petroleros de Las Heras, Santa Cruz, a quienes se dictó prisión preventiva (medida reservada a criminales peligrosos) por luchar por salario y condiciones laborales.
La supuesta igualdad jurídica es una contradicción insoluble, porque todo el régimen judicial se sustenta en la desigualdad histórica, en la explotación. El derecho —reaccionario en sí mismo porque tiene por función proteger la permanencia de aquella desigualdad— no tiene un carácter general; es necesario, por eso mismo, tener en cuenta la condición social de las partes en litigio. Pero, si eso se hace, el tribunal deja de cumplir un papel jurídico y pasa a cumplir una función histórica, lo cual es otro contrasentido porque un juicio histórico solo puede ser hecho por los pueblos, por las acciones históricas de los trabajadores en movimiento. No es algo que pueda hacerse en el despacho de un juez.
Los derechos sociales, los derechos llamados “de segunda generación”, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al esparcimiento, tienen en la Argentina rango constitucional (artículo 14 bis de la Constitución Nacional). Sin embargo, esas conquistas han conocido en la Argentina un retroceso continuo durante cincuenta años. Medio siglo de retroceso no habla de “imperfecciones” ni de políticas erradas de este o aquel gobierno, sino del agotamiento de todo un régimen social. Pero siempre, en todos los casos, la conquista de esos derechos ha sido producto de la protesta, de la movilización, de luchas reprimidas muchas veces de manera sangrienta. Es decir, se obtuvieron afectando derechos ajenos (a la circulación, por ejemplo, o el derecho patronal a emplear como se le antoje las mercancías que compra, entre ellas la fuerza de trabajo). El entonces coronel Juan Perón, en 1944, al hablar en la Bolsa de Comercio ante la élite patronal, lo dijo claramente: si no se hacían concesiones importantes a los trabajadores, sobrevendría “el comunismo”. En 1912 se aprobó aquí la ley de sufragio universal, impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña, cuando la lucha obrera se había vuelto más peligrosa que la democracia; antes, no.
En definitiva, la lucha de masas por afuera de los “canales institucionales” ha sido un motor del progreso social y del régimen político y, en general, ha impedido que las condiciones de vida y hasta el grado de civilización retrocedieran más allá de cierto punto. He ahí la legitimidad del piquete, como la de toda forma de lucha popular, incluido, llegado el caso, el derecho al levantamiento insurreccional contra la opresión y la explotación.
Ahora, un gobierno autoproclamado “nacional y popular” intenta arremeter contra ese derecho por medio de una ley acordada con lo peor de la derecha (había, en otros tiempos, quienes decían que oponerse al gobierno kirchnerista era “hacerle el juego a la derecha”). Y recuerdan que el Código Penal prohíbe los cortes de calles. En efecto los prohíbe en su artículo 194, promulgado de facto en 1967 por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Nos hablan de las leyes, cuando la mitad de las que están en vigencia fueron impuestas por dictaduras militares, que gobernaron, dicho sea al pasar, en favor de los mismos intereses que gobiernan hoy.
En 2007, en un foro debate en la Facultad de Derecho con Néstor Pitrola, el juez Eugenio Zaffaroni explicó que el derecho penal sirve “para decidir en conflictos de carácter individual, pero cuando los conflictos tienen un carácter social, el poder punitivo no sirve para resolver y ni siquiera para decidir el conflicto; no hace más que complicarlo”.
Es una batalla perdida. La burguesía no puede gobernar —esto es, subordinar a todas las clases oprimidas— sin el Código Penal, sin la represión. Aníbal Fernández fue explícito en ese sentido cuando dijo que el kirchnerismo se propone gobernar “con el Código Penal en la mano”. Con el Código Penal en la mano la burguesía argentina cometió masacres atroces en 1919, 1921, 1989 y 2001 (todas ellas, obsérvese, bajo gobiernos radicales). Y cuando el Código Penal no alcanzó para reprimir a los trabajadores, Perón creó la Triple A en 1973.
El proyecto de ley contra los piquetes es en verdad una avanzada contra el derecho de huelga, contra el derecho a la protesta; por lo tanto, contra el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de opinión y de asociación. Se intenta aplicarla para impedir la lucha contra el ajuste que este mismo gobierno aplica, contra el Rodrigazo que le permita “volver a los mercados” para llegar como sea a 2015.
Si esta ley se aprobara, y si luego se intentara aplicarla, el conflicto social en la Argentina quedaría colocado en otro plano. El asunto tiene su lógica: el peronismo, nada menos que el peronismo, ha perdido el control de las calles. Un movimiento político que llenó calles y plazas con multitudes imponentes, que hizo frente a la Libertadora con piquetes, cortes de rutas y de vías, y hasta con bombas y toma de cuarteles, ha quedado reducido al puñado de funcionarios que, prendidos de la teta del Estado y sus prebendas, apenas pueden llenar el Patio de las Palmeras cuando habla la Presidenta. Les queda, entonces, el recurso represivo.
Quedará entonces a la vista de todo el mundo que el derecho a la rebelión es condición de todo derecho. El Frente de Izquierda, a no dudarlo, estará a la altura de lo que demanden las cosas.
[i] Marx, C. y Engels, F.; “El Capital”, Siglo XXI, México, 1988, T I, vol. 3, p. 891.
[ii] Ob. cit., p. 892.
[iii] Ob. cit., p. 940.
[iv] Ob. cit., p. 940.
Fuente : http://revistaelotro.wordpress.com/2014/04/19/la-legitimidad-historica-del-piquete/
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