Hay que prohibir los despidos y suspensiones
Las últimas cifras oficiales sobre la situación del empleo dan cuenta de la gravedad de la crisis, más allá del enorme esfuerzo por encubrir la verdadera situación de los trabajadores. Según el Indec la desocupación alcanza al 7,5% de la población, casi un millón y medio de personas, registrando un leve aumento respecto al primer trimestre del año, mientras que la subocupación trepó al 9,5%. El impacto es mayor en las regiones industriales del país como el conurbano bonaerense, Rosario, el cordón industrial de San Lorenzo o Tierra del Fuego. El punto más alto es la Gran Córdoba que supera el 10,7% de desocupados y un 11% de subocupados.
La verdadera dimensión del problema
La situación es mucho más grave porque las cifras del gobierno son engañosas. En primer lugar, porque en el último año, tal como admite el Indec, hubo un marcado descenso de las tasas de empleo y actividad, es decir que hay mucha menos gente trabajando respecto al total y mucha menos gente buscando trabajo. La consultora de Claudio Lozano calculó en alrededor de 482 mil los puestos de trabajo perdidos desde junio de 2013, 404 mil en lo que va del año.
La estadística oficial no mide el “desempleo oculto” de unas 200 mil personas a las que considera “inactivas” porque en el último período dejaron de buscar trabajo, la mayoría de ellos desmoralizados por una búsqueda infructuosa (ala que habría que agregar, tal como hicieron algunos observadores, los tarifazos en el transporte). Según diferentes especialistas, si se tomara la población económicamente activa de los últimos años la cifra se ubicaría hoy entre el 9 y el 11%.
Las estadísticas oficiales tampoco incluyen como desocupados a quienes reciben planes sociales nacionales, provinciales o municipales a cambio de alguna contraprestación. Esto explica las ridículas cifras de regiones como el Chaco (0,6%), Formosa (1,9%) y Posadas (2,9%). Lo mismo ocurre con el trabajo marginal, la venta callejera y otras formas de trabajo ocasionales.La CGT ha difundido un informe en el que “bien medido” el desempleo real rondaría el 20% de la población en condiciones de trabajar.
El cuadro se completa con otras variables que tampoco entran en la cuenta como el crecimiento en el último período de las suspensiones, adelanto de vacaciones, recortes de horas extras y la eliminación de turnos en varias industrias, que junto a la inflación reducen el poder adquisitivo del salario. La situación es especialmente grave en el tercio de la fuerza laboral que se encuentra “en negro” bajo distintas formas de precarización e inestabilidad laboral.El cierre de 311 mil cuentas sueldos en el último trimestre que informó el Banco Central, más allá de los fenómenos estacionales, indica tanto la pérdida de un puesto como un “corrimiento” hacia la informalidad de un sector de trabajadores.
Agendas
Frente al escenario de la recesión y crisis, el jefe de la UIA advirtió que la agenda de los capitalistas pasa por la devaluación, un vehículo para avanzar sobre las conquistas, los salarios y los puestos de trabajo. El gobierno K se ha limitado al anuncio de un aumento de los Repro, un subsidio de la Anses que paga parte de los sueldos de los trabajadores de empresas que acrediten crisis.
Ahora, el gobierno promete duplicar los miserables 400 pesos de seguro de desempleo que mantuvo congelado durante ocho años. Un monto ruinoso que en lugar servir para la recomposición transitoria del trabajador desocupadolo condena a depender en forma permanente de asignaciones y subsidios sociales. Los K siguen aquí el histórico libreto del Banco Mundial de separar los ingresos de trabajadores jubilados o desocupados del salario de la clase trabajadora en actividad con el objetivo de construir una malla de contención con las migajas de la asistencia estatal.
La agenda de los trabajadores es otra: hay que prohibir los despidos y suspensiones, reclamar el reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, terminar con el trabajo en negro e imponer un seguro de desempleo universal, financiado por las patronales, equivalente al último salario del trabajador despedido.
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