La reforma del Código Procesal Penal se inscribe en la batalla de fondo
que el gobierno libra en el frente judicial. Se ha publicitado
largamente su propósito de garantizar la impunidad de la camarilla
oficial, agobiada por denuncias de corrupción. Pero no ocurrió lo mismo
con sus ataques a las libertades democráticas, en la línea de las leyes
antiterroristas y otras disposiciones represivas que la oposición, de un
modo general, apoya.
Corrupción
El Código de Procedimientos regirá en todo el país para los delitos
federales -como narcotráfico, falsificación de moneda y defraudación fiscal- y a los que involucran a funcionarios públicos -como
enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, entre otros. El
cambio más significativo radica en que serán los fiscales quienes
estarán a cargo de impulsar la investigación y recabar las pruebas en el
proceso. De ese modo, queda limitado el papel de los jueces de
instrucción, quienes tendrán prohibido realizar actos de investigación o
impulsar la persecución penal. En la instancia del juicio oral, tampoco
podrán realizar preguntas ni suplir la actividad de las partes.
El impulso y la calidad de la acusación son depositados, por lo tanto,
en los fiscales. Actualmente, la jefa de los fiscales es una ultra K, la
procuradora Alejandra Gils Carbó, protagonista en el freno a las causas
que involucran al poder político.
Gils Carbó nombró fiscales sub-rogantes a diestra y siniestra, lo que
le valió una denuncia que fue desestimada por un juez amigo de los K,
Sebastián Casanello. Antes de fin de año, serán designados por este
"método" diecisiete nuevos fiscales. El nuevo código permitirá que la
procuradora asigne causas discrecionalmente, sin sorteo.
Es cierto que el fiscal no podrá desestimar la acción penal cuando haya
funcionarios públicos involucrados, algo que el oficialismo argumenta
para responder a las críticas de la oposición. Lo que no dice es que los
fiscales podrán dejar caer las causas por corrupción si no existe
denuncia o limitar los pedidos de prueba.
Libertades democráticas
Entre sus nuevas atribuciones, los fiscales podrán solicitar a los
jueces allanamientos y requisas en forma oral, lo cual podrán
fundamentar por escrito luego de realizados. En un extremo, estas
medidas se presentarán como hechos consumados, sin control por parte del
imputado ni de las víctimas.
Un artículo del nuevo código faculta al fiscal a realizar
investigaciones genéricas para esclarecer "alguna forma especial de
criminalidad". Es un verdadero cheque en blanco que puede ser utilizado
para criminalizar la protesta social, en la línea de las leyes
antiterroristas contra las organizaciones populares. Del mismo modo, se
ha redactado el artículo que regula la prisión preventiva con términos
indefinidos, como "la gravedad de las circunstancias" y "la conmoción
social del hecho", cuyos alcances quedan a criterio de quien juzga.
Llamativamente, se excluye la aplicación de la prisión preventiva para
los delitos de abusos sexuales, incluso a menores, si no existieran
lesiones graves o muerte de la víctima. Esto impacta directamente en los
casos de violencia de género, en las que el violador puede actuar sobre
las víctimas mediante amenazas con el propósito de evitar el proceso.
En relación a la participación de la víctima, no se ha avanzado más
allá de la jurisprudencia existente. En cambio, se consagra el derecho
del sector público a constituirse como querellante. El gobierno había
intentado hacerlo en el juicio por la masacre de Once para encubrir sus
propias fechorías, pero el tribunal se lo denegó.
La posibilidad de expulsar a los extranjeros del país, prevista en los
casos de indocumentados que incurran en delitos menores, podría
constituirse en un nuevo recurso para la criminalización de la protesta
-por ejemplo, contra las ocupaciones de terrenos federales, los cortes
de vías o calles o cualquier otra medida de lucha. Medio siglo después
de su derogación, el kirchnerismo ha reflotado una versión propia de la
Ley de Residencia, que la Unión Industrial exigió a principios del siglo
XX contra la organización obrera que emprendían los inmigrantes de
filiación socialista o anarquista. El nuevo código no sólo está
redactado a la medida de los Boudou y Jaime: es la letra y el puño
(represor) de Sergio Berni. Oponemos a estos planteos reaccionarios la
elección de jueces y fiscales por el voto popular, así como el cierre de
las causas y la anulación de las condenas de todos los perseguidos por
luchar.
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