Entre quienes aplauden la iniciativa de Obama de normalización de las
relaciones con Cuba se encuentran desde políticos del Partido
Republicano a grupos de presión conservadores. Este giro confluye con el
interés de las empresas norteamericanas, que no quieren quedarse
rezagadas en este viraje.
De ahí que dos de los lobbies más activos en favor del deshielo sean la
Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Federación de Oficinas
Agrícolas Americanas. La primera es el principal lobby empresarial
enfrentado a Obama en cuestiones como la reducción de las emisiones
contaminantes y la reforma sanitaria. La segunda es el lobby rural, y su
respaldo refleja la esperanza de que la nueva etapa permita aumentar
las exportaciones de productos agrícolas.
Desde la automotriz General Motors Co. hasta el gigante de la
agroindustria Cargill Inc. y el minorista de muebles para el hogar Ethan
Allen Inc. aplaudieron el anuncio de la Casa Blanca.
¿Significan estos apoyos que Obama tiene el camino allanado para
imponer el acercamiento a La Habana? No. Obama puede reanudar las
relaciones diplomáticas, sacar a Cuba de la lista de "países que
patrocinan el terrorismo" y facilitar los viajes y el comercio. "Pero el
Congreso posee la llave del embargo comercial. Y no parece dispuesto a
levantarlo en lo que le queda a Obama de mandato, hasta enero de 2017"
(El País, 24/12).
Nuevas concesiones
El gobierno cubano plantea que ha puesto en marcha el "modelo chino",
en relación al proceso de restauración capitalista que pegó un salto con
el nuevo paquete de medidas lanzado a comienzos de año. La "nueva ley
de regulación de las inversiones extranjeras" autoriza la inversión
foránea en prácticamente todos los sectores de la economía. Los
"incentivos" eximen a los inversores del pago de impuestos sobre
ganancias durante ocho años y se elimina el impuesto al uso de mano de
obra. Los inversores pueden importar y exportar equipos sin
intermediación estatal. Se han establecido una zona franca, en el puerto
de Muriel. Previamente se aprobaron las disposiciones que permitieron
el despido de miles de empleados públicos, la autorización a la
compraventa de inmuebles y autos y el aliento, como contrapartida, de
emprendimientos y explotaciones privadas.
Pero hasta el momento, "aún no se ha producido un sólo acuerdo" de
inversión (New York Times, 24/12). Las empresas inversoras no tienen
libertad para contratar en forma directa al personal ni para despedirlo.
El Estado obra como intermediario, proveyendo la mano de obra y
quedándose con las divisas por ese servicio, mientras los trabajadores
cubanos siguen cobrando sus salarios en pesos cubanos, equivalentes a
unos 20 dólares. Del mismo modo, el diario neoyorquino destaca el
crecimiento de un sector privado que involucraría ya a medio millón de
personas. Pero advierte que "las autoridades cubanas parecen tener una
actitud inconstante respecto a este franja nueva: los burócratas están
poniéndole trabas a los negocios particularmente exitosos y obligando a
convertirse en cooperativas administradas conjuntamente con el Estado"
(ídem).
A partir del panorama expuesto, está claro que el levantamiento del
embargo estará condicionado a mayores garantías por parte del régimen
cubano y nuevas concesiones leoninas a favor de los inversores. El gran
capital pretende la libre contratación de fuerza de trabajo, para
apropiarse de una plusvalía extraordinaria que se potencia por la
elevada calificación laboral. Del mismo modo, se reclama extender la
libertad para importar, exportar y negociar libremente, sin
interferencia del Estado, para ese naciente sector privado. La "madre de
todas las batallas" será, sin duda, la unificación de la moneda, porque
supone una devaluación gigantesca de la moneda que determina los
salarios y los precios de consumo. La unificación cambiaria es un
instrumento estratégico de la colonización capitalista de la isla, pero
tendrá como consecuencia una conmoción social.
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